México atraviesa por una crisis institucional debido a la reforma al Poder Judicial de la Federación porque, por un lado, corre el proceso para la elección de ministros, magistrados y jueces en el 2025 y, por otro, estaría detenido el proceso hasta que la SCJN revise los recursos interpuestos a la propia reforma.
Por lo que, es necesario revisar la situación actual, sus principales argumentos y los posibles escenarios de una crisis pocas veces antes vista.
EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
Tanto la presidencia como los legisladores de la 4T sostienen que está concretada la reforma constitucional por el Constituyente permanente y no existe ningún recurso legal, que impida su implementación
Por esa razón, debe darse continuidad el proceso de elección. Se debe de definir la lista de los jueces que se renovarán y abrir la convocatoria para el proceso.
Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado las leyes secundarias que detallan la elección de los jueces para el 2025 y que serían aprobadas por la mayoría simple de los legisladores en un proceso fast track.
Desde su posición la renovación del Poder Judicial de la Federación no debe detener su marcha por el respaldo que obtuvieron en las elecciones y porque se cumplió con el proceso legislativo.
JUDICIAL
Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido a trámite una queja de jueces federales y una controversia constitucional interpuesta por el entonces gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez.
En el primer caso, se consultó al pleno de la Suprema Corte si se admitía a trámite la queja y ocho ministros votaron a favor basándose en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el que se señala que deberá velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes.
Votaron en contra las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel que han asumido una posición a favor de la reforma judicial.
En el segundo caso, la ministra Norma Piña admitió la controversia constitucional en contra de la reforma al Poder Judicial de la Federación presentada por el gobierno de Guanajuato y la turnó al ministro González Alcántara quien será el encargo de resolver si se otorgan medidas cautelares.
Todavía está en el aire la definición de la Suprema Corte, pero con estos trámites pendientes el proceso debería detenerse momentáneamente.
OTRAS INSTITUCIONES
Con esta crisis institucional se vuelven relevantes las actuaciones de otras instituciones que están involucradas en el proceso, como es el caso del INE quien es el encargado de llevar a cabo el proceso de elección de los jueces.
El INE ha comenzado con el proceso encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei; sin embargo, en algún momento el Consejo General del INE tendrá que deliberar para definir cuáles decisiones van acatar.
POSIBLES ESCENARIOS
En estos momentos existe un acercamiento, que no se había dado, entre los legisladores de la 4T: Fernández Noroña, Adán Augusto e Ignacio Mier con la ministra presidente Norma Piña que podrían disminuir la tensión entre algunas de las principales partes involucradas, pero sin el reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Con lo anterior, se pueden visualizar dos escenarios posibles sin excluir otros:
En el primero, encontrarán una salida política a la crisis institucional en donde se termina por imponer la elección de los jueces, pero la ministra presidenta consigue algunas cosas como pueden ser: derechos de los trabajadores del Poder Judicial o la gradualidad de la renovación de los jueces.
En el otro escenario, la crisis se profundiza porque la Suprema Corte decide medidas contra la reforma y eso provoca una colisión entre poderes cuyas consecuencias no es posible anticipar, pero pondría a nuestro país en una situación política nunca antes vista.
En los siguientes días veremos la capacidad política de los actores principales y hasta dónde están dispuestos a llegar. México vive momentos importantes.
