Ciudad de México, Gto., 15 de noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una alerta operativa que pone en riesgo la provisión oportuna de documentación y materiales rumbo a los comicios federales y locales de 2027. De acuerdo con diagnósticos internos expuestos en el Consejo General, al menos 57 licitaciones estratégicas se encuentran en riesgo crítico o alto debido a los retrasos administrativos y al cisma institucional provocado por el escándalo de presunta corrupción y la posterior renuncia de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Durante una sesión extraordinaria celebrada este viernes, los consejeros electorales Carla Humphrey y Martín Faz encendieron las alarmas al advertir que la parálisis en la aprobación de proyectos técnicos —sumada al freno preventivo aplicado a contrataciones bajo sospecha— redujo drásticamente los márgenes de tiempo para realizar licitaciones públicas competitivas.
El origen del atorón: 72 días de retraso bajo sospecha
El foco del problema radica en la demora injustificada para aprobar los diseños gráficos de 25 documentos electorales sin emblemas (actas, sobres, bolsas, carteles y avisos) indispensables para la instalación de casillas.
Según lo documentado por las consejerías:
-
Demora deliberada: El acuerdo pudo haberse aprobado desde el pasado 3 de septiembre, pero fue devuelto por instrucción de Taddei bajo el argumento de requerir una “revisión más profunda”.
-
Cambios mínimos: Tras 72 días de retraso, el proyecto finalmente se avaló este viernes con modificaciones marginales: 13 de los 25 modelos quedaron intactos y 11 solo tuvieron ajustes menores de color o redacción.
-
Sospecha de adjudicaciones directas: Humphrey y Faz señalaron que el tiempo perdido comprimió el calendario de adquisiciones, una maniobra que presuntamente buscaba cerrar la ventana para licitaciones abiertas y forzar adjudicaciones directas en favor de proveedores vinculados a la red investigada.
Ante la gravedad de las afectaciones reportadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, el Consejo General aprobó por unanimidad dar vista al Órgano Interno de Control (OIC) para investigar si la demora respondió a deficiencias administrativas o a una estrategia deliberada para beneficiar a terceros.
Radiografía de las contrataciones en peligro
El informe interno presentado ante el pleno detalla que las áreas neurálgicas para la operación de las elecciones de 2027 —donde se renovarán 500 diputaciones federales y más de 19 mil cargos locales— arrastran focos rojos en sus procesos de compra:
-
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: De 72 contratos previstos, 45 presentan riesgo alto y otros 20 se ubican en riesgo medio.
-
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral: De 24 contrataciones programadas, 10 entraron en periodo crítico.
-
Unidad Técnica de Servicios de Informática: Se reportan 2 proyectos clave con riesgo alto.
El contexto: La “purga” tras el escándalo Taddei
La crisis operativa es consecuencia directa de la fractura política y administrativa detonada a finales de octubre, cuando salieron a la luz reportes sobre un presunto esquema de triangulación de recursos, colusión y simulación de competencia entre al menos siete empresas proveedoras del INE y organismos locales (OPLES).
El caso escaló tras difundirse reuniones fuera del ámbito institucional entre Guadalupe Taddei y el empresario contratista José Alfredo Hernández Casillas, lo que derivó en su renuncia el pasado 26 de octubre y en el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta provisional.
Desde entonces, el instituto atraviesa una reconfiguración forzada en tres frentes:
-
Desbandada directiva: Se han concretado al menos 30 renuncias de funcionarios cercanos a la expresidenta, incluyendo titulares clave en Recursos Materiales, Informática, Comunicación Social y Vinculación con OPLES.
-
Freno a proveedores y cuentas bloqueadas: La presidencia provisional congeló contratos ligados a la red cuestionada para romper el presunto oligopolio, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Taddei y de 39 personas y empresas vinculadas.
-
Asedio fiscal y recorte presupuestal: Paralelamente a las diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INE enfrenta un recorte de 6 mil millones de pesos en la Cámara de Diputados y amenazas de paro laboral en módulos de credencialización.
Aunque la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que los procesos de compra se reencauzan bajo nuevos controles para garantizar certeza, las consejerías advirtieron que el margen de maniobra es mínimo para evitar un desabasto de insumos antes de la jornada electoral de 2027.
