Tenemos 39 personas fallecidas, quemadas vivas y eso es solo el punto que pone a la vista pública un enorme iceberg de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción.
En las primeras líneas de la Constitución Mexicana, iniciando el artículo primero, se establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución y los tratados internacionales. Ojo, dice todas las personas, no solo los mexicanos y en forma seguida en ese mismo artículo señala que no habrá discriminación por origen étnico o nacional. Por lo que podemos entender que en México no hay personas de primera y de segunda, siendo que todos deben ser tratados respetando sus derechos humanos.
El lamentable incendio de Juárez que le costó la vida a 39 personas, no solo nos expone la desgracia de quienes perdieron la vida, sino que nos pone de manifiesto la forma en que el Instituto Nacional de Migración trata a los migrantes, se descubre las condiciones inhumanas en que se encuentran y la terrible corrupción que ronda todo el mecanismo.
Según las declaraciones que se han dado con respecto a lo que pasó aquel lunes 27 de marzo nos enteramos de que no había agua para beber ni comida, que en algún momento se dio la orden de que les dieran agua de la llave, claramente insalubre a simple vista, y que finalmente no se les dio nada y tampoco comida. Esto afecta el derecho básico a la vida, así como a la salud y a la dignidad. Lo interesante es que existen contratos millonarios asignados por el Gobierno para que empresas privadas provean de alimentos a las personas que se encuentren en estos centros, y ahí nos encontramos con la corrupción en la contratación en la que se simula una compra donde el proveedor no tiene ni siquiera la capacidad de cumplir lo contratado o de manera intencional lo cumple a medias, se compra la comida, pero no se entrega ni la calidad ni la cantidad contratada y ahí salen las mochadas.
En los videos difundidos se puede ver que no existen extintores ni aspersores de agua, ni detectores de humo, en resumen, no hay ninguna instalación preventiva para el caso de incendio. Esto afecta el derecho humano a la vida y la seguridad. Lo interesante es que existen contratos millonarios para acondicionar de manera óptima las instalaciones de estos centros. Pero igual que con los alimentos una cosa es lo que se contrata y se paga y otra muy distinta lo que se entrega.
El personal a cargo no es suficiente y no está capacitado, se ve que no tienen preparación alguna en protocolo de incendio o emergencia, y ahí vamos de nuevo, hay contrato millonario a una empresa de seguridad privada para que resguarde los centros, el personal debe estar capacitado para enfrentar las eventualidades, para contener los problemas menores y mayores y proteger la vida como una prioridad máxima. Pero se mandan muy pocos elementos sin ninguna capacitación totalmente improvisados, se cobra una cantidad de elementos con una calidad de profesionalización y se entrega otra muy diferente. Pero muy diferente, se pagan agentes de seguridad capacitados y se provee de improvisados, se contratan 500 elementos y trabajan 4.
La tragedia es una tragedia, pero no es un accidente porque no es fortuito, es el resultado de una serie de contratos corruptos en donde como mexicanos pagamos por un servicio de un buen lugar con comida, atención, cuidados médicos y de seguridad y recibimos un lugar inseguro, sin agua, sin comida y sin seguridad.
Las preguntas son: ¿Cómo están los demás centros de migrantes? ¿Los contratos de alimentos, seguridad e instalaciones que tiene el gobierno en todos los demás ámbitos, si están cumplidos o son también todos de mentiritas?
¡Corrupción en contrataciones públicas que cuesta vidas!
