Durante el mes de enero, los gobiernos de México y Estados Unidos han intensificado su cooperación en materia de seguridad bajo el Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza. No obstante, cuando se comparten problemas comunes se pueden generar relaciones de amistad o peligrosas, tanto entre las personas como entre las naciones; en la primera, cuando prevalece la cooperación, acompañamiento y compartimiento de las cosas; y, en la segunda, cuando hay imposición, sometimiento y subordinación de una parte hacia la otra. Dichas relaciones están latentes entre ambos países, no solo porque comparten una frontera común sino un pasado, presente y futuro multicultural de usos, costumbres, tradiciones y modismos que se entrelazan mutuamente; sin embargo, el predominio de una u otra relación, respectivamente, nos llevan a un desenlace de libertad o esclavitud. Circunstancia oportuna, que nos motiva a preguntar: ¿Qué queremos como nación? ¿Ser una nación de personas libres o esclavas?
Desde la antigua Grecia, la fundación del Estado tiene su cimiente en las necesidades humanas, fundamentalmente, en materia de seguridad que vendrá a justificar la razón de ser del Estado moderno por diversos pensadores contractualistas o “enciclopedistas” en el “contrato social”, que van desde el “Leviatán” de Tomas Hobbes hasta la voluntad general derivada de la suma de voluntades individuales planteada por Juan Jacobo Rousseau, en donde el depositario de la soberanía es el pueblo.
Nuestro país, no ha sido ajeno a esta tendencia en su devenir histórico, así lo confirman las mudanzas de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana que han impactado en los textos constituciones hasta nuestros días. El artículo 39 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dice a la letra:
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
En este contexto, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo ha sido congruente con su postura “cooperación si, subordinación no” en la relación de México con Estados Unidos, manteniendo la defensa de la soberanía frente ante la injerencia o acciones externas, fundada en cuatro ejes: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación.
Por lo pronto, la percepción de la ciudadanía sobre la inseguridad pública en México sigue latente; así lo denota la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del cuarto trimestre de 2025 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que devela que las personas de 18 años y más que viven en las ciudades se sienten más inseguras, entre las que destacan: Uruapan con un 88.7 por ciento; seguido de Culiacán Rosales, con un 88.1; Ciudad Obregón, con 88; Ecatepec de Morelos, con 88; e Irapuato con 87.3 por ciento.
Dicha percepción se corrobora con el lamentable ataque en la comunidad Loma de Flores de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, que dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 con lesiones graves que fueron víctimas de la delincuencia organizada, mientras estaban en la cancha o participaban como espectadores de un partido de futbol.
El problema de la inseguridad pública en México debe atenderse con una visión de Estado, en virtud de que la seguridad pública es una materia concurrente y función a cargo de los gobiernos, tanto federal como de los 32 estados y 1472 municipios de la República −incluidas las 16 alcaldías de la Ciudad de México−, en donde estos últimos además la tienen asignada como servicio público; sin embargo, los municipios son el “eslabón más débil” para hacerle frente a la delincuencia organizada.
El problema del asunto no es el imperativo legal que tienen los municipios, sea asignada como función de gobierno en el artículo 21 de la Constitución federal o como servicio público en el artículo 115 constitucional, sino el imperativo racional burocrático para implementar políticas públicas efectivas y eficientes en materia de seguridad pública.
Sin duda, urge garantizar la viabilidad pragmática económica y dotar de los recursos mínimos necesarios y suficientes a los municipios para que cumplan como gobierno la función y servicio de seguridad pública a los ciudadanos, o bien, que los estados de la República asuman la función de seguridad pública. De lo contrario, seguiremos lamentando decesos como el ocurrido el domingo pasado en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
Ustedes tienen la palabra.
