Guanajuato, Gto., a 8 de diciembre de 2022.– El Pleno del Congreso aprobó las 46 leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal de 2023.
Como autor del dictamen, hizo uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que los dictámenes presentados tienen cambios importantes, dando como ejemplo la modificación de tasas fijas de impuesto predial a tasas progresivas. También comentó que las tarifas con indexación son una medida que busca que paguen los que más consumen y se administre de manera responsable el agua; además de establecer las dotaciones del agua a todas las escuelas para hacer conciencia de una cultura del ahorro del agua.
Asimismo, el legislador señaló que, en busca de fortalecer la hacienda de los municipios, se siguió con los trabajos de la Junta de Enlace en Materia Financiera, donde este año el Congreso fue directamente a todos, acciones que contribuyeron para que a principios del mes de diciembre ya se tuviera la aprobación de las leyes de ingresos y no en las últimas semanas o en la penúltima sesión de pleno, como anteriormente se venía realizando.
Finalmente, Zanella Huerta concluyó diciendo que pese a las dificultades que se han presentado en la asignación de presupuestos federales, se apostó por defender a los municipios, que es la autoridad más cercana para solucionar las necesidades de los ciudadanos y el espacio ideal para el desarrollo de nuevas formas de gobernanza.
Para hablar a favor de los dictámenes, participaron las diputadas Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Dessire Angel Rocha. Tiscareño Agoitia señaló que el trabajo fue arduo y profesional por parte de las comisiones, donde se incluyó la voluntad de escuchar la apertura al diálogo analítico, agregando que los aumentos van acorde a las recomendaciones por parte de esta soberanía.
La legisladora mencionó que los dictámenes se apegan a principios constitucionales que son parte de un análisis realizado en conjunto por todos aquellos que conforman el Congreso, lo que conlleva a proporcionar a los 46 municipios de la entidad las herramientas legales para la recaudación y la adecuada prestación de servicios públicos.
Por su parte, la congresista Dessire Angel Rocha manifestó que el Congreso del Estado ha trabajado para facilitar el ejercicio presupuestal de los municipios, a través del Sistema para la Integración y Análisis de la Iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales (SIAD), plataforma que, dijo, ha sido de gran utilidad para un análisis más ágil y detallado de las propuestas planteadas.
Angel Rocha observó que algunos municipios han realizado ejercicios de presupuestación alejados de la realidad, en donde muestran una subestimación de sus ingresos y en otros casos una sobreestimación de ingresos que pretenden obtener.
En ese sentido, puntualizó que la herramienta implementada por el Congreso las citadas discrepancias son más fáciles de detectar y son de fácil acceso para todas las y los diputados.
“Las herramientas de las que hoy disponemos las personas diputadas y el acompañamiento técnico de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso nos permiten, cada vez más, revisar los detalles, pero tener también una perspectiva amplia del comportamiento presupuestario incluso histórico para analizar esas variaciones y las decisiones que se toman ahí en la célula político-administrativa más básica del Estado”, comentó.
Todos los dictámenes fueron aprobados por unanimidad en lo general. Al ser sometidos a votación en lo particular, las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Irma Leticia González Sánchez y Martha Edith Moreno Valencia presentaron diversas reservas.
La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández reservó el artículo 14 de los siguientes municipios: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Yuriria; así como el artículo 16 del municipio de León.
La congresista solicitó que la contraprestación por el servicio de agua potable de todos los municipios mencionados se ajuste a un incremento únicamente del 5%, tomando como referencia el cobro anual de la tarifa.
Por su parte, la diputada Angélica Casillas Martínez calificó como responsables a los organismos operadores de agua que proponen una actualización de sus costos que son acorde a las disposiciones de CONAGUA que hablan de una restructuración de tarifas.
Aunado a ello, refirió que todas las leyes de ingresos respetaron las disposiciones legales establecida en ley federal que instruye a tener tarifas que deberán ser suficientes para cubrir los costos de la operación, el mantenimiento y administración de los servicios públicos, junto con la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura pública existente, siendo ejemplo de ello que 39 municipios incluyeran en sus leyes de ingresos propuestas de indexación.
En respuesta, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández precisó que necesitan que los municipios entreguen los anexos técnicos para saber por qué hay aumentos de más del 5% indiquen en qué se va a gastar y ejercer el dinero y puntualicen cuál será el costo unitario por brindar el servicio.
Puntualizó que dichos documentos respaldarían con claridad el aumento y, al no contar con ellos, no existe claridad ni justificación del ejercicio del dinero, por lo que mencionó que si se hubiera respetado algún criterio en la indexación no habría disparidad en los municipios.
Las reservas no fueron aprobadas.
Por su parte, la diputada Irma Leticia González Sánchez presentó dos reservas. La primera, relativa a los descuentos en la tarifa de agua potable a las personas con discapacidad.
En ese sentido, manifestó que en la entidad existen aproximadamente 285,615 personas con discapacidad y que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 84.7% vive en situación de vulnerabilidad o pobreza, lo que equivale a que 15 de cada 100 personas con discapacidad viven en esa situación.
Agregó que una de las posibilidades que tienen para contribuir a garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, es que ese grupo social pueda acceder a bienes básicos como el agua potable con mayor asequibilidad y observando el principio de proporcionalidad.
En ese sentido, refirió que 22 de los 46 municipios contemplan algún tipo de descuento para ese sector pero que faltan 24 municipios en considerarlo, y subrayó que la reserva no vulnera la autonomía municipal ni la libre administración hacendaria.
Finalmente, propuso que se integrara un párrafo, en las Leyes de Ingresos de los municipios de Ocampo, Romita, Santiago Maravatío, Manuel Doblado, Santa Catarina, San José Iturbide, Xichú, Victoria, Salvatierra, Pénjamo, Cortazar, Apaseo el Grande, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo C.N.I., Tarandacuao, Huanímaro, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Yuriria, Acámbaro, Guanajuato, San Francisco del Rincón y Jerécuaro para establecer que las personas con discapacidad gozarán de un descuento del 50% en los cobros del servicio de agua potable.
En la segunda, se reservó el capítulo de Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales y manifestó que el acceso al servicio básico de agua es indispensable para la subsistencia de la vida humana y debe garantizarse para toda la población, pero siempre con base en el principio de proporcionalidad.
Apuntó que los municipios objeto de la reserva otorgan algunos beneficios para el pago del servicio de agua potable a determinadas personas como a las personas jubiladas, pensionadas y adultas mayores, así como a las personas con alguna discapacidad, pero que eran variables dependiendo del municipio.
“Proponemos que el beneficio que se otorgue a las personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores y con alguna discapacidad, se eleve al 50% en todos los municipios, quedando así en el umbral más alto de beneficio que se obtiene actualmente a nivel estatal”, concluyó.
Los municipios en los que incide la reserva son Abasolo, Moroleón, Salamanca, Uriangato, San Diego de la Unión, Santa Cruz de Juventino Rosas, Purísima del Rincón y Tierra Blanca.
Sus reservas no fueron aprobadas.
Finalmente, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia hizo una reserva a la fracción cuarta del artículo 25 de la Ley de Ingresos del municipio de San Luis de la Paz, por estar en contra del incremento del servicio de revisión de avalúo para su validación.
Precisó que para el 2023 existe un incremento del 92.39%, con una tarifa de $122.40 respecto a la del 2022 que fue de $63.62. Asimismo, manifestó que el municipio no incorpora información suficiente que respalde dicho incremento.
“Lo que se encuentra actualmente como justificación del iniciante es el gasto que supuestamente ha realizado para la prestación del mismo, sin desglosar mediante costos unitarios de los recursos necesarios, por lo que consideramos que la justificación es insuficiente y por ello no deberían aprobarse los incrementos desmedidos que propone el ayuntamiento”, agregó.
En ese sentido, propuso un ajuste en el aumento de la tarifa al 5%, quedando en un costo de $66.80.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se pronunció en contra de la propuesta al precisar que el citado municipio presentó con suficiencia los estudios técnicos y tarifarios para sustentar su planteamiento, dividiéndose adecuadamente todos los servicios, de tal suerte que el costo propuesto resulta menor que el prospectado en la iniciativa.
La reserva no fue aprobada.
