Guanajuato, Gto., 9 de septiembre de 2026.- Moverse en transporte público de forma digna, segura y sin depender de nadie deja de ser un lujo para convertirse en un derecho en Guanajuato.
En el Congreso del Estado, la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial abrió el debate para reformar la Ley de Movilidad local, con un objetivo claro: lograr que las rutas urbanas y suburbanas de la entidad se adapten para personas con discapacidad y movilidad reducida.
Sin embargo, tras una mesa de trabajo en la que participaron legisladores, funcionarios de derechos humanos, obra pública y del Poder Ejecutivo, el mensaje central fue rotundo: la inclusión es urgente, pero no debe pagarse con un tarifazo en el camión.
Inclusión real, no un pretexto para subir la tarifa
Uno de los focos amarillos encendidos durante la discusión fue el impacto económico que implicaría instalar rampas, elevadores o adaptar flotillas completas. Los especialistas advirtieron que los costos de compra y mantenimiento de estas unidades no deben cargarse al precio del pasaje, ya que el camión es utilizado mayoritariamente por sectores de menores ingresos.
Para evitar que la empatía le cueste más a los ciudadanos, la propuesta sobre la mesa apunta a que el Gobierno del Estado aplique subsidios directos, incentivos fiscales y facilidades de crédito para los transportistas que cumplan con la modernización.
A la par, se destacó la gran disparidad que existe en Guanajuato. Los 46 municipios del estado tienen geografías, rutas y presupuestos totalmente distintos, por lo que exigir una cuota rígida de “un camión adaptado por ruta” de la noche a mañana resulta técnicamente inviable. En su lugar, se plantea un proceso progresivo respaldado por estudios de demanda real y la renovación natural de las unidades.
Más allá de las rampas: una visión de accesibilidad total
La iniciativa parlamentaria busca romper con el paradigma de que la discapacidad es únicamente motriz. El proyecto para el transporte público integra adecuaciones para personas con discapacidad visual, auditiva o sensorial, así como espacios adecuados para usuarios acompañados de perros de asistencia.
Durante la sesión, el diputado Ernesto Millán Soberanes defendió con firmeza la naturaleza del proyecto, enfatizando que tener transporte digno no es una concesión, sino un derecho humano fundamental.
“Los costos de estas adaptaciones no deben trasladarse a incrementos tarifarios para la ciudadanía, al tratarse del cumplimiento de un derecho y no de una carga económica”, argumentó Millán Soberanes, respaldando que los plazos de transición sean realistas tanto para los ayuntamientos como para las concesionarias.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, señaló que la iniciativa cuenta con viabilidad para avanzar hacia su dictaminación, siempre y cuando se integren los ajustes técnicos planteados por las dependencias y se abra una consulta pública obligatoria.
Para que la reforma responda a necesidades reales y no quede atrapada en el papel, el Congreso del Estado realizará una consulta estrecha, previa e informada con organizaciones de personas con discapacidad, así como con los propios transportistas, garantizando que el diseño final garantice verdadera autonomía y dignidad al abordar.
