El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se logró la cancelación de la mal llamada reforma educativa avalada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y anunció que una vez que 18 legislaturas locales aprobaron la propuesta, ésta se promulga el Día del Maestro, y se envía para publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es decir, cumple su palabra empeñada en campaña, y los tiempos le dan para quedar bien con los profesores y su electorado.
También prometió el Primer Mandatario que no continuará la misma política educativa que ofendía al magisterio, porque dijo, ya afortunadamente se logró la cancelación de la ley punitiva.
Y ahí precisamente está el diferendo entre la Ley Peña y la Ley López Obrador. La discusión es si evaluar a los mentores es un castigo o no.
Todos estamos de una manera u otra siendo evaluados por nuestros jefes. Si no producimos la necesario, si no cumplimos las metas de ventas, o no cumplimos con las horas que indican nuestros contratos, nos corren.
¿Por qué entonces no evaluar a los profesores del país, y de acuerdo a sus resultados que asciendan en el escalafón magisterial? ¿A poco no es mejor este sistema, que el de la venta o herencia de plazas, de acuerdo a las políticas sindicales?
No puede ser que el amiguismo, compadrazgo y la comercialización de chambas -enriqueciendo algunos líderes- sea la política educativa natural de nuestro país, en pleno siglo XXI.
El memorandum quedará para la historia, y ya no será materia de estudio de los constitucionalistas. Hoy nos tenemos que fijar en el nuevo organismo vigilante: desaparecerá el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y ahora se creará el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.
Se establecerá en la Constitución que la educación gratuita será garantizada en todos los niveles, y en el artículo tercero se hablará del “interés supremo” de formar a niños y jóvenes.
Además se agrarán en la Carta Magna los principios de integridad, equidad y excelencia. Además habrá materias obligatorias: educación cultural, civismo, valores, cultura, arte, música, respeto al medio ambiente y deporte. También quedarán establecidas las becas “Benito Juárez” para evitar la deserción de los alumnos de nivel medio superior.
También habrá diferencias por región, es decir se “tropicalizará” la educación, enfatizando la preparación indígena y bicultural. Y quizá lo más destacado -sumado a la reforma laboral- es que los maestros podrán elegir a sus líderes de manera secreta y libre.
Ojalá este nuevo acuerdo jurídico garantice el diálogo, las leyes secundarias no tiren todo al cesto de la basura, nunca más se paralicen las escuelas y el nivel educativo de las nuevas generaciones aumente. De lo contrario, todo esto habría sido un “parche político” a la gran asignatura pendiente de México.
