Cuando los niños dejan de ser intocables, la sociedad ha perdido su alma, y México parece vivir hoy esa dolorosa renuncia colectiva a su último límite moral.
En días recientes, padres de familia han elevado una súplica desesperada al crimen organizado para que respete la vida de sus hijos, escena que retrata un país herido, descompuesto.
No se trata de un discurso retórico ni de una exageración alarmista, sino de la reacción de comunidades aterradas ante hechos cada vez más frecuentes.
En Sinaloa fue asesinado un niño que había salido de su casa para comprar leche para sus gatos adoptados, víctima inocente de una violencia sin sentido.
En Guanajuato y Acapulco, ataques armados han alcanzado también a menores que nada tenían que ver con disputas criminales ni con el lenguaje brutal de las armas.
Masacres en viviendas, en campos de fútbol, en parques, ataques contra transporte público y enfrentamientos en zonas habitadas han dejado entre sus víctimas a niñas, niños, bebés e incluso recién nacidos.
Si toda vida humana debería ser inviolable, respetada, la infancia representa el símbolo absoluto de inocencia, un territorio que ni siquiera en conflictos bélicos debería ser vulnerado. Ni en las peores guerras vulneran y asesinan menores como en nuestro país, sin consideración ni piedad alguna.
Sin embargo, en México ese principio elemental ha dejado de ser una certeza para convertirse en una esperanza incierta sostenida por la angustia de millones de familias.
La violencia ya no distingue edades, la barbarie no reconoce límites y el miedo se ha instalado en la vida cotidiana como una presencia constante.
Lo verdaderamente alarmante no es sólo la brutalidad de los hechos, sino la progresiva normalización social de esta tragedia que debería conmocionar a la nación entera.
Cuando los padres ruegan a los criminales clemencia para sus hijos, lo que realmente queda expuesta es la debilidad de las instituciones encargadas de protegerlos.
La súplica dirigida a los violentos es también una acusación implícita contra la incapacidad del Estado para garantizar el derecho más básico, que es el derecho a vivir.
La pregunta es, por qué la autoridad en sus tres niveles de gobierno le tiene tanta complacencia y tantas atenciones y consideraciones a los delincuentes que masacran sin pudor alguno.
La impunidad persistente, la insuficiente prevención del delito y la fragilidad y complicidad de los sistemas de seguridad han erosionado la confianza ciudadana hasta límites peligrosos.
La autoridad parece ausente en regiones enteras donde comunidades sobreviven entre el silencio, el temor y la resignación ante la violencia cotidiana.
Así, la sociedad no sólo enfrenta la pérdida de vidas inocentes, y la perdida de las instituciones protegidas en la demagogia, sumado al deterioro profundo de su confianza en las instituciones y en el futuro mismo.
La normalización del horror constituye quizá el daño más grave, pues cuando la muerte infantil deja de indignar colectivamente comienza la descomposición moral de la sociedad.
Cada noticia de un menor asesinado debería paralizar al país, provocar respuestas inmediatas y detonar acciones contundentes de investigación y castigo ejemplar.
Sin embargo, los hechos se acumulan con rapidez y el escándalo público se disuelve con la misma velocidad con que surgen nuevas tragedias.
El riesgo es evidente, acostumbrarnos a la violencia contra los más vulnerables hasta aceptar como inevitable lo que debería ser absolutamente inadmisible.
Una nación que tolera la muerte de sus niños como daño colateral está condenada a convivir permanentemente con la barbarie y la desesperanza.
Frente a este panorama, la protección de la infancia debe convertirse en prioridad nacional absoluta, con políticas públicas verificables que garanticen seguridad real para los menores.
Se requieren acciones e investigaciones inmediatas y radicales y eficaces de las fiscalías, responsabilidades claras para autoridades omisas y estrategias preventivas que reconstruyan el tejido social desde las comunidades.
El Estado debe asumir sin ambigüedades que la vida de los niños constituye un límite moral infranqueable y una obligación irrenunciable de gobierno.
No se puede negociar el derecho de la infancia a vivir ni delegar su protección a la buena voluntad de quienes ejercen la violencia criminal.
La pregunta que permanece es devastadora, si seguiremos suplicando a los delincuentes misericordia o exigiremos finalmente justicia para que los niños vuelvan a ser intocables..
