Es costumbre de estos días, atacarse entre los grupos políticos echándose en cara tener celebrados contratos con el gobierno. Salen periodicazos de ambos lados exhibiendo contratos, etiquetándose de corruptos por ello.
Venderle al gobierno no está mal, debemos estar conscientes que el principal comprador de todo el país es el gobierno, es quien más necesita comprar porque es quien más satisfactores debe proveer en beneficio de la sociedad.
La Constitución en su artículo 134 nos da los lineamientos y parámetros que se deben seguir en los procedimientos de la contratación pública y señala que lo recursos deben ser administrados con: “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” y establece la licitación pública como la forma preferente de hacer las contrataciones, señalando que para casos especiales se pueden utilizar otras formas.
El problema no es venderle al gobierno, el gran problema es la cantidad de transas que se hacen al amparo de las contrataciones públicas.
Se ha creado un tremendo contubernio entre empresarios vendedores y gobierno comprador en que a través de muchos mecanismos ya casi de librito simulan las operaciones de diversas formas en que el objetivo principal es desviar recursos.
Los famosísimos “moches” en donde el vendedor sabe que tendrá que entregar a un tercero que se le designe un porcentaje de la obra que le sea asignado, empezó siendo del 10% se le decía el diezmo ahora ya va cerca del 40%.
Para lograr salir adelante con semejante carga el empresario vendedor recurre al sobre precio, tiene que vender más caro para que le salga el moche que tiene que dar, y también mete menor calidad de la contratada, al final el moche lo pagamos los ciudadanos pagando más caro de lo necesario, una obra de menor calidad que lo contratado.
Hay casos peores en donde las compras ni siquiera se realizan, se fingen contratos y se hacen pagos a cambio de nada, operaciones fantasmas muy recurridas en el tema de servicios donde es más difícil trazar la materialidad de productos realmente entregados. Ahí la ganancia entre presunto empresario vendedor y gobierno es total, generalmente el vendedor ni siquiera es realmente un empresario real sino una empresa creada específicamente para estos obscuros fines, empresas fantasmas haciendo operaciones fantasmas y la ciudadanía no recibe nada y paga todo.
Para librar la licitación hacen muchas mañas como fraccionar la compra y entonces en lugar de hacer una compra grande que exige licitación hacen muchas compras chiquitas que pueden pasar por adjudicación directa. Otra maña es simular competencia entre empresas que ya saben quién va a ganar y se presentan las ofertas totalmente arregladas y organizadas con el gobierno sabiendo desde el principio quien es el ganador y quienes están ahí solo para “acompañar”.
Solo la transparencia en las contrataciones públicas nos puede proteger de tantas malas mañas, no es malo venderle al gobierno, lo malo son las trampas, los acuerdos previos y la falta de transparencia que generan costos enormes por todo el dinero desviado en perjuicio de la ciudadanía.
