Guanajuato, Gto. a 17 de octubre de 2022.– Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo tres de mesas de trabajo para analizar iniciativas en materia de procesos de designaciones públicas, derechos de migrantes y omisiones legislativas.
Regular los procesos de designaciones públicas
En primer lugar, se revisó la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, en materia de designaciones públicas.
La diputada Yulma Rocha Aguilar manifestó que el motivo de la propuesta era establecer que los procesos de designaciones públicas se realicen abiertamente, con transparencia, de manera crítica y analítica, tomando en cuenta las consideraciones de la ciudadanía.
Mencionó que la iniciativa tenía su origen de la votación que el Pleno realizó de la persona que ocuparía un cargo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, de la terna que envió el Ejecutivo.
Agregó que por la importancia que tienen las designaciones consideraban oportuno la adecuación, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica y elegibilidad para establecer los requisitos mínimos indispensables en los procesos y garantizar que sean justos y transparentes.
Finalmente, manifestó que con esto se le otorgaría a las diputadas y los diputados las herramientas necesarias para que emitan sus votos de manera informada, objetiva, imparcial y consciente, estableciendo en la ley cuatro mecanismos que se deberán implementar durante los mismos.
De manera general, los participantes consideraron que se debería definir el impacto social de la regulación existente actualmente, respetar la autonomía de los diferentes organismos, que ya sea en la Constitución o en leyes secundarias se regulan los mecanismos para designación, que el Congreso es quien aprueba, que el Poder Legislativo no hace un “check list” sino que analiza que cumplan con los requisitos y que ya están regulados los temas.
Garantizar los derechos humanos de las personas migrantes
La segunda iniciativa analizada fue la relativa a modificar la Constitución Política local. La magistrada habló de las vicisitudes a las que se enfrentan las personas migrantes y la complejidad del fenómeno migratorio; mientras que la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la referida norma reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de toda persona de gozar de los derechos humanos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, de lo cual la persona migrante no es ajena, por lo tanto, independientemente de su status migratorio, se le reconoce como sujeto de derechos, que como a todos y todas les deben de ser respetados.
Agregó que, al tratarse la propuesta de una disposición tendiente a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana, se consideraba que la misma es reiterativa de la obligación que tiene el Estado en su conjunto de garantizar el derecho de toda persona, sin excepción, de gozar de los derechos reconocidos por él, por lo que no se genera ninguna ampliación de los derechos humanos.
Finalmente, reiteró que la legislación local ya consagra, a través de la Constitución Política local, la obligación que tienen las autoridades para la promoción, respeto, protección y garantía a los derechos humanos, asimismo, en la Ley Para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato se encuentran determinadas las facultades del Ejecutivo del Estado y de los municipios para proteger los derechos de los migrantes y sus familias.
Omisión legislativa
En la tercera mesa se discutió la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Reglamentaria de la Fracción XV del artículo 88 de la Constitución local para establecer otro medio de control de la Constitución local denominada acción por omisión legislativa.
Se dialogó sobre el alcance que tendría el Poder Judicial, su participación, cuales serían en concreto la limitación o las actuaciones que se estarían cediendo a dicho Poder, que se retardaría el proceso de procuración y sería perjudicial para algunas cuestiones, entre otras cosas.
La diputada Susana Bermúdez Cano cuestionó que era importante detectar la problemática que originaba la propuesta, si se sabía cuántas materias existían de omisión legislativa, que en algunos estados que se ha regulado es letra muerta respecto a esa acción y mencionó el caso de Chiapas, en el que se cuenta con una propuesta para su derogación.
Finalmente, indicó que el sentido del dictamen se establecerá en reunión de Comisión.
En los trabajos de la mesa estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Briseida Anabel Magdaleno González, Laura Cristina Márquez Alcalá y Yulma Rocha Aguilar
Además, asistieron por parte del Poder Judicial, las magistradas Claudia Ibet Amezcua Rodríguez y Ma. Elena Hernández Muñoz; del Poder Ejecutivo, José Federico Ruiz Chávez, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco, Carlos Torres Yáñez, José Manuel Bribiesca y Ma. Graciela Contreras Martínez, todos de la Coordinación General Jurídica; de la Secretaría de Gobierno Kristian Arguelles y Adriana Zavala; de la Procuraduría de los Derechos Humanos Luis Alberto Estrella Ortega; del Tribunal de Justicia Administrativa, Isaías Arévalo Rangel y Alfredo Israel Barrón Durán; de la Fiscalía General, Elizabeth Durán Isaís y David Maldonado; del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Julio César Rodríguez Fonseca y Erik Gerardo Ramírez Serafín; de la Auditoría Superior, Omar Patiño Rodríguez; y asesoras y asesores de los grupos parlamentarios representados en la Comisión.
