Guanajuato, Gto., 28 de marzo de 2026.- En materia de recomendaciones de montos máximos de remuneraciones de integrantes de los Ayuntamientos, “la Constitución ya establece un marco claro, suficiente y obligatorio”, y mantener “recomendaciones” sin efectos jurídicos vinculantes, únicamente introduce ambigüedad y puede interpretarse como presión institucional sobre los ayuntamientos”.
En esos términos se manifestó la diputada Ruth Tiscareño a favor de una iniciativa de reforma de su autoría para que los Ayuntamientos determinen las remuneraciones de sus integrantes sin la intervención de otra autoridad, la cual pone fin a las recomendaciones que con ese propósito emitía el Congreso.
Recordó que el artículo 15 constitucional establece con absoluta claridad que el municipio es libre en la administración de su hacienda pública, y subrayó que el propio dictamen reconoce que eso es competencia es exclusiva de los municipios y que cualquier recomendación externa, aun cuando no sea obligatoria, puede interpretarse como una intromisión en su esfera
Por consiguiente, añadió, “mantener disposiciones locales que sólo generan recomendaciones sin efectos jurídicos vinculantes, no fortalece el control del gasto, sólo introduce ambigüedad y puede interpretarse como presión institucional sobre los ayuntamientos”.
Sostuvo entonces que, permitir que los ayuntamientos decidan sobre su presupuesto, dentro de los límites constitucionales y legales existentes, es reconocer su madurez institucional y su responsabilidad democrática”.
Precisó que no eliminar las recomendaciones de topes de remuneraciones a los ayuntamientos, “no elimina la vigilancia ni la transparencia” porque “los mecanismos de control permanecen intactos, la fiscalización continúa y las obligaciones de rendición de cuentas siguen vigentes”.
Tiscareño Agoitia, quien resumió que “el municipio libre no es una concesión política”, sino “un mandato constitucional”, reseñó que votar a favor del dictamen es defender la autonomía municipal, fortalecer el federalismo, evitar duplicidades normativas ineficaces, reconocer que los límites ya están en la constitución y confiar en la responsabilidad de los gobiernos locales.
