Guanajuato, Gto., a 26 de abril de 2023.– Convocadas por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevaron a cabo mesas de trabajo para analizar iniciativas de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Fortalecer el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
En la primera mesa de trabajo se analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato con la finalidad de fortalecer el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral
Al exponer el objeto de la propuesta, Juan Francisco Escamilla, asesor del grupo parlamentario del Partido MORENA, comentó que se plantea una integración al Fondo Estatal de Ayuda de los productos que se obtengan de la enajenación de los bienes que sean decomisados, así como aquellos productos que se hubiesen generado al resolverse por autoridad competente la extinción de dominio y los bienes que causen abandono vinculados con la comisión de delitos.
De igual manera, propone la extinción del Fondo de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito en el Estado de Guanajuato, con la finalidad de que los recursos de dichos apoyos sean parte del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, administrado por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.
En general, los participantes expusieron que la iniciativa no era viable, que existiría una afectación y regresión respecto a los esquemas complementarios de apoyo de víctimas, tenía vicios de inconstitucionalidad, que la forma en que se propone el Decreto no atiende la finalidad al tratar de fortalecer un fondo extinguiendo otro, entre otras cosas.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano comentó que cada una de las aportaciones servirá de insumo para la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Inclusión laboral para grupos de población de diversidad sexual
En un segundo momento se revisó la propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en materia de inclusión laboral de las personas transgénero, travestis y transexuales en el sector público.
Con ella se busca incorporar en la citada norma que el gobernador del estado deberá garantizar y aprobar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de inclusión laboral de las personas trans, teniendo la obligación de contratar, como mínimo el uno por ciento de la planta laboral correspondiente a personas transgénero, travestis y transexuales, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.
En la mesa se comentó que había la posibilidad de invisibilizar a orientaciones sexuales, expresiones de género, diversidades sexuales corporales distintas a las expuestas; en cuanto a la obligación de contratar un porcentaje fijo se dijo que puede llegar a ser contraproducente a la finalidad de eliminar la discriminación laboral e incluso contraria a las acciones afirmativas; y que la Ley Orgánica no era el lugar para establecer lo referente a los temas laborales porque se cuenta con leyes específicas en la materia.
La congresista Susana Bermúdez Cano comentó que las personas de género no binario son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos cuando los datos de su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no coinciden con su identidad o expresión de género.
Añadió que la propuesta fomenta tácitamente el estigma y los prejuicios contra ellas, pues para constatar ese uno por ciento que se plantea era necesario volver al superado esquema de establecer en las solicitudes de contratación el rubro de sexo o género, además de fomentar la cisnormatividad.
Bermúdez Cano enfatizó que por el contrario se deben impulsar normas que reconozcan que todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos, y crear textos normativos que propicien la inclusión.
Finalmente solicitó la elaboración del dictamen en sentido negativo.
Asistieron la diputada Susana Bermúdez Cano y el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Además, estuvieron presentes Vicente Vázquez Bustos, Carlos Alejandro Rodríguez Pacheco y Alejandro Domínguez López de la Coordinación General Jurídica; Alejandro Sierra, Mónica García Pedraza de la Secretaría de Gobierno; Elizabeth Durán Isaías y Jonathan Moreno Becerra de la Fiscalía General; Alberto Estrella de la Procuraduría de los Derechos Humanos; así como asesores de los grupos parlamentarios del PAN, MORENA, GPPVEM y GPPRI.
