Entre los principales resultados destacó la regulación del uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas, la promoción y regulación de la inteligencia artificial —tema que, adelantó, continuará en la agenda durante este año—, el padrón de motocicletas y la regulación de la electromovilidad.

También mencionó iniciativas relacionadas con la unidad familiar migrante, la corresponsabilidad en materia de cuidados de la salud, el registro de personas agresoras sexuales y la atención a la salud mental, entre otras.

Romero Hicks explicó que la agenda legislativa del grupo parlamentario está integrada por cinco ejes: educación de futuro, inclusión social, posteridad en materia económica, paz y seguridad, y mujeres y familias.

“Lo que nosotros proponemos son cinco ejes: uno, educación de futuro para la gente; segundo, la inclusión, que se refiere al tema social; tercero, posteridad, que se refiere al tema económico; cuarto, paz y seguridad, que es Estado de derecho; y quinto, las mujeres y las familias”.

Aseguró que esta agenda responde a las situaciones que se viven cotidianamente en Guanajuato y que fue construida de manera transversal, debido a que existen temas que, dijo, no pueden abordarse de manera aislada.

Por su parte, Juanita de la Cruz, dirigente del PAN en Guanajuato, señaló que la agenda legislativa presentada por el grupo parlamentario surgió del trabajo territorial de las diputadas y los diputados.

“El día de hoy hacen la presentación de su agenda legislativa. Es una agenda que no nace del escritorio ni de la oficina del Congreso del Estado, sino del trabajo que está haciendo cada una de nuestras diputadas y diputados en las colonias, en las comunidades, en el campo, de acuerdo con su distrito”.

Arias Ávila manifestó que al envolverse la 4T en la bandera de la soberanía para defender dicha reforma, “busca seguir alimentando su narrativa” de que ir en contra de la doble nacionalidad es para garantizar lealtad al país.

Por su parte, legisladora afirmó que la narrativa de la defensa de la soberanía incluye la eliminación de derechos humanos “establecidos constitucionalmente”, en alusión a la reforma que exige a mexicanos con dos nacionalidades o más, optar sólo por una si se aspira a gobernar un estado o la República.

“Que no se confundan, defender la soberanía es defender la Constitución, no seguir modificándola para intereses mezquinos, destruyendo instituciones; es mantener los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, no limitarlos, menos restringirlos; es mantener la división de poderes, no la acumulación del poder”, sostuvo.

En el mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria priista afirmó que, se diga lo que se diga en el oficialismo, en la reforma constitucional en cuestión “sí hay una modificación a un derecho que ya se tenía”, y dio lectura al artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagra el derecho a la nacionalidad.

Su compañera de bancada expresó al final de su intervención que la defensa de la soberanía jamás puede ser defender a ultranza a quienes tienen relación con el crimen organizado; ni solicitar pruebas, donde abundan; ni eliminar la doble nacionalidad para cargos de elección popular; ni destruir órganos autónomos que defienden al ciudadano de los abusos del poder; ni señalar injerencias por la existencia de juicios en otros países en contra de simples delincuentes que pertenecen a un ´narco gobierno¨, entre otras cuestiones.

“Así que, para ser coherentes en la defensa de la soberanía, no sigan destruyendo los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución. El pueblo no les ha conferido ese poder y la 4T no está por encima de la Constitución”, concluyó.

Ella y el él subieron a tribuna durante la discusión de un Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a fin de que se implemente un Parlamento Abierto formal, público, plural, incluyente y con enfoque de derechos humano en torno a la reforma constitucional en cuestión.

Arias Ávila advirtió que el debate que se dio en la sesión ordinaria del Pleno, la primera del tercer y último año de ejercicio de la LXVI Legislatura, es sólo el primer tiempo y adelantó que el segundo tendrá lugar cuando el Congreso local reciba la Minuta Proyecto de Decreto correspondiente.

El legislador defendió la autonomía del Poder Legislativo local para establecer su propia agenda y definir las reformas que serán discutidas y, en su caso, aprobadas dentro de sus atribuciones constitucionales.

En este sentido, afirmó que la bancada panista mantiene sin cambios su postura a favor de la defensa de la vida desde la concepción.

“La posición es firme, no cambia, no hay manera de que hoy incurramos en un desacato, no hay un mecanismo imperativo que haya hecho”, comentó.

Espadas Galván reconoció las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque señaló que estas no sustituyen las atribuciones que corresponden al Congreso estatal en materia legislativa.

“La Corte tiene todas sus facultades y las respetamos, pero la de México es el Poder Legislativo y el Poder Legislativo de Guanajuato se ha pronunciado en favor de la vida”, señaló.

El coordinador de la bancada panista indicó que permanecerán atentos a las determinaciones que emitan las autoridades jurisdiccionales y reiteró que, hasta el momento, la posición de su grupo parlamentario permanece sin cambios.

La medida busca resolver un problema cotidiano pero invisible para miles de pasajeros: cuando a un concesionario se le vence el permiso para operar y tramita su renovación en tiempo y forma, la autoridad suele tardar meses en emitir una respuesta.

En ese lapso de silencio gubernamental, el servicio queda desprotegido, generando incertidumbre sobre la legalidad de las unidades y arriesgando la continuidad del traslado diario de los ciudadanos.

El coordinador de la bancada del PRI aclaró que esta prórroga no será un «cheque en blanco» ni un pase automático para cualquier transportista.

Para que aplique, el concesionario deberá haber solicitado la renovación a tiempo y demostrar que está al corriente con todas sus obligaciones legales, como el pago de refrendos, la revista vehicular y las condiciones de seguridad exigidas por la ley.

Si el chofer o la empresa cumple con todo y la autoridad simplemente no responde, la prórroga tácita entrará en vigor para garantizar que el servicio de pasaje no se interrumpa de la noche a la mañana.

Con esto, se busca dar certeza jurídica a los empresarios del transporte, meter orden a la administración pública y, sobre todo, proteger a las y los usuarios que dependen diariamente del camión para ir a sus trabajos y escuelas.

La propuesta fue presentada por el legislador Jesús Hernández Hernández, quien destacó que el proyecto surgió tras un año de trabajo continuo con familias, especialistas médicos, terapeutas, docentes y organizaciones civiles. Con esta medida se busca dejar atrás los esfuerzos aislados y establecer reglas claras para que las instituciones brinden apoyo constante y efectivo.

Esta iniciativa abarca varios pilares fundamentales para el desarrollo integral. En materia de salud, establece la importancia de lograr diagnósticos tempranos, garantizar tratamientos oportunos y ofrecer apoyo psicológico a las familias. Asimismo, en el ámbito educativo, se protege el derecho de niños y jóvenes a estudiar en escuelas regulares sin sufrir discriminación ni condicionamientos de ingreso por su diagnóstico.

La ley también promueve oportunidades reales para la inclusión laboral y el crecimiento profesional en la vida adulta, además de velar por que todas las actividades culturales, deportivas y recreativas sean accesibles para ellos. Para respaldar a las familias en materia legal, la norma contempla apoyo especializado y explicaciones claras que faciliten el acceso a la justicia.

Para coordinar de forma efectiva todas estas acciones, se contempla la creación de un consejo especial, un registro estatal y una red de atención que conecte a todas las instituciones y servicios médicos necesarios. El legislador enfatizó que el autismo forma parte de la diversidad humana y que el verdadero reto radica en eliminar las barreras de la sociedad para construir un entorno respetuoso y comprensivo con cada individuo.

La propuesta plantea que, además del permiso firmado por padres o tutores, se exija el depósito de una fianza económica obligatoria para responder por eventuales daños a terceros.

La legisladora advirtió que Guanajuato se ubica entre los cinco estados del país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito. Datos de las autoridades de salud revelan que los percances viales representan la segunda causa de muerte en adolescentes de 12 a 17 años en la entidad, dejando más de 150 fallecimientos al año.

Asimismo, de cada diez jóvenes hospitalizados por un siniestro vial, siete eran conductores o pasajeros de motocicleta.

El escenario empeora cuando ocurren los percances: con frecuencia los vehículos no cuentan con seguro, los menores manejan sin permiso y ni los jóvenes ni sus familias disponen de la solvencia inmediata para cubrir los gastos médicos o las indemnizaciones.

A nivel nacional, las defunciones de menores involucrados en percances de motocicleta han crecido más de un 60% en los últimos años.

Cervantes Barba precisó que la fianza no sustituye a la póliza de seguro, sino que actuará como un respaldo complementario cuando el seguro resulte insuficiente para reparar el daño o bien como sustituto en caso de que la aseguradora no cubra los percances causados por el menor.

Con esta medida se busca proteger el patrimonio de las víctimas y promover una mayor responsabilidad de los padres al momento de otorgar un vehículo a sus hijos.

Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se aprobaron con 72 votos a favor y 34 en contra, en medio de la confrontación verbal entre Morena y los opositores, que insistieron en que la reforma violenta la libertad de expresión y sancionará con cárcel y multas millonarias a quienes critiquen al gobierno a través de memes y parodias.

El argumento fue rebatido y desmentido una y otra vez por los guindas y aliados, pero senadores del PAN, PRI y MC insistieron en ello y algunos panistas llegaron al insulto , la injuria y la agresión verbal contra los legisladores de la 4T.

Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera, Javier Corral y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, coincidieron en que se protege a creadores, artistas, inventores o empresas que cumplen con la ley, además de que se respetan los compromisos internacionales y se hace con reglas claras objetivas y con respeto al debido proceso.

Sanciones al uso de logos oficiales

Recordaron que se modificó incluso el artículo 403 Bis, para precisar que las sanciones son exclusivamente en caso del uso de logos de instituciones públicas para cometer ilícitos.

La redacción de ese artículo establece que se sancionar la utilización, reproducción, imitación o incorporación, a escala comercial de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos de carácter oficial pertenecientes a instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, siempre que se trate de “inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio.

Se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medida y actualización vigente al momento en que se cometa el delito de fraude y suplantación, “no se sanciona la crítica o la sátira política”, recalcó Corral.

Igualmente, el senador Huerta Ladrrón de Guevara advirtió: “que quede claro que la crítica, la sátira y el debate público pertenecen a una democracia, pero hacerse pasar por una institución para engañar es otra cosa”.

Nadie irá a la cárcel por un “meme”

Otro morenista, Cuauhtémoc Ochoa, afirmó que “aquí nadie va a ir a la cárcel por hacer un meme”. La famosa ley anti memes no existe, es producto de la gran imaginación de la oposición, recalcó, toda vez que ese artículo 403 bis deja claro que se penaliza el hacer pasar algo como oficial para engañar y cometer un fraude”:

Sin embargo, senadores del PAN, PRI y MC no dejaron de repetir que se encarcelará a caricaturistas , periodistas, creadores de contenido y todo aquel que acude a los memes para exponer los errores del gobierno de la 4T.”.

“Es una norma penal que amenaza la libertad de expresión”, recalcó la panista Guadalupe Murguía, “puede terminar utilizándose contra quienes incomoden al poder”, agregó la priísta Karla Toledo. Mientras que la también blanquiazul María de Jesús Díaz Marmolejo, mostró cartones con memes sobre el IMSS y otras dependencias, que dijo, en adelante implicarán prisión.

“Espabílense”, les dijo el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, quién mostró un video de un fraude a través de Facebook en el que a través de Inteligencia Artificial se escenifica a la presidenta Claudia Sheinbaum, llamando a una inversión en Pemex”. Eso es lo que se sanciona, recalcó y acusó a la oposición de mentir de forma mendaz.

La panista Lilly Téllez aprovechó para subir a tribuna con esposas metálicas, que, sostuvo, Morena “se las van a poner a los creadores de contenido que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían”.

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña le respondió: “La oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano son un meme con patas, tenemos que meterlos a la cárcel por caricaturizarse a sí mismos porque no tienen seriedad”.

Téllez se peleó después con la senadora del PVEM, Ruth González, después de que ésta le reclamara por injuriar al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que es su esposo. La panista le gritó: “Todos saben que son unos corruptazos”.

La reforma se aprobó en lo general con una modificación propuesta por Morena , para aclarar sobre el dolo en el delito de piratería y fraude.

La minuta se remitió a la Cámara de Diputados.

La propuesta, presentada originalmente por el diputado Erandi Bermúdez Méndez y respaldada por la totalidad de los grupos y representaciones parlamentarias del Congreso, busca coordinar acciones de inspección, vigilancia y saneamiento para avanzar en la recuperación ambiental del río y proteger la salud de la población.

Durante la sesión, el legislador explicó que la redacción se modificó para ampliar la participación de las autoridades competentes, fortalecer la propuesta y comenzar a poner orden en el cauce del río Turbio. Señaló que, además de los organismos operadores municipales, es necesario involucrar a las instancias estatales y federales que puedan aplicar sanciones a quienes incumplan la ley.

El exhorto contempla solicitar a la Comisión Nacional del Agua visitas urgentes de inspección, monitoreo y verificación para identificar descargas irregulares, determinar la calidad del agua y, en su caso, imponer las medidas de seguridad, sanciones o clausuras que correspondan.

Asimismo, se incorporará a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que identifique posibles afectaciones a los recursos naturales y, en su caso, realice las acciones legales procedentes. También se llamará a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado (PAOT) a realizar las acciones que les corresponden.

La diputada Angélica Casillas agradeció la inclusión de la Profepa y destacó la importancia de su participación en las verificaciones y en el seguimiento de las acciones para corregir las descargas contaminantes.

“La participación más importante para corregir estas descargas es de la Profepa. Agradezco esta inclusión para que la Profepa realmente proceda a continuar los trámites conducentes derivado de la información que arroje esta verificación”, dijo.

Por otra parte, se pide a SAPAL y a los organismos operadores de agua de los municipios en los que se ubica el río informar sobre el estado de la infraestructura de alcantarillado, saneamiento, conducción y tratamiento de aguas residuales vinculada con su zona de influencia, así como las acciones inmediatas que implementarán para evitar descargas contaminantes.

Finalmente, se solicita a las autoridades establecer una mesa técnica urgente y definir un plan de atención inmediata que incluya monitoreo permanente, limpieza del cauce, identificación de responsables, corrección de descargas, saneamiento progresivo y protección de la salud de la población. También deberán informar sobre las acciones realizadas, los puntos críticos identificados y el calendario de intervención para la recuperación ambiental del río Turbio.

Los jóvenes afectados denunciaron agresiones físicas y violaciones a sus derechos durante su detención y traslado. En respuesta a las denuncias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana separó temporalmente de sus funciones operativas a seis elementos mientras Asuntos Internos y las autoridades correspondientes deslindan responsabilidades.

Sin embargo, el legislador federal advirtió que las medidas preventivas adoptadas por el municipio no resultan suficientes para garantizar justicia.

“Separar temporalmente a los elementos mientras pasa la indignación social no puede ser la única respuesta. Necesitamos saber qué ocurrió, quién participó, quién dio las órdenes y si existieron fallas u omisiones dentro de la cadena de mando”, aseveró Estrada.

El diputado subrayó que las indagatorias deben llegar hasta las últimas consecuencias, derivando en la destitución de los implicados y sanciones penales o administrativas si se acreditan los abusos, evaluando también la posible omisión de supervisión por parte de los mandos a cargo.

Señalamientos se extienden a otros municipios

Francisco Estrada alertó sobre un patrón preocupante en diversas corporaciones locales de la entidad. Citó como ejemplos las denuncias en San Diego de la Unión por la detención de dos mujeres adultas mayores, y en Dolores Hidalgo por presuntos abusos cometidos contra una comerciante.

“Cada caso tiene circunstancias distintas y debe investigarse individualmente. Pero la repetición de señalamientos obliga a revisar seriamente cómo están actuando algunas corporaciones municipales y qué mecanismos existen para prevenir abusos”, sostuvo.

Urgen avances sobre el caso Leobardo en San Diego de la Unión

Durante su pronunciamiento, el diputado hizo un llamado directo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) para que presente un informe público sobre la muerte de Leobardo, joven de San Diego de la Unión fallecido el pasado 18 de agosto en hechos aún no esclarecidos.

Familiares del joven y habitantes del municipio han señalado la presunta intervención de policías locales en el suceso, por lo que el legislador demandó transparencia sobre los peritajes, las declaraciones tomadas y el estatus de los servidores públicos involucrados.

“Ha pasado más de un mes. La familia de Leobardo merece saber qué ocurrió. Le pedimos al fiscal que informe qué avances existen, si ya declararon todos los elementos relacionados con los acontecimientos, qué indican los peritajes y si existen servidores públicos bajo investigación”, manifestó.

Estrada concluyó señalando que estas exigencias se mantendrán vigentes sin distinción de partidos o municipios, enfatizando que la labor policial debe brindar seguridad a la población: “La policía está para proteger a la ciudadanía, no para que la ciudadanía tenga miedo de la policía. Hoy exigimos tres cosas muy concretas: verdad, responsabilidades y garantías de no repetición”.

La propuesta, impulsada por la bancada del PRI y discutida en mesas de trabajo coordinadas por el diputado Alejandro Arias, establece que los automovilistas sancionados tengan el derecho de elegir el proveedor de grúas de su preferencia o decidir quién traslada su vehículo al depósito o corralón. Con esto se busca evitar las tarifas excesivas impuestas de manera unilateral por concesionarios y autoridades.

Para hacer uso de este derecho, los conductores deberán cumplir con dos condiciones básicas: no encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas, y que la infracción cometida no esté vinculada a la comisión de un delito.

Asimismo, la iniciativa aclara legalmente que el servicio de grúas debe clasificarse como de “arrastre y salvamento” y no de carga, definiendo con precisión sus alcances para evitar vacíos jurídicos. Para asegurar su cumplimiento, se contempla que cualquier funcionario o autoridad que ignore o viole estas disposiciones sea sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Durante el análisis del proyecto —en el que participaron representantes del Gobierno del Estado, las Secretarías de Gobierno y Obra Pública, así como la Consejería Jurídica—, el equipo asesor del PRI enfatizó que la regulación busca resolver una problemática social recurrente derivada de la falta de normas transparentes. Además, se precisó que esta reforma no invadirá las competencias de los municipios.

En la misma jornada de trabajo, la comisión revisó otras dos iniciativas legislativas orientadas a la armonización de la Ley del Sistema de Seguridad Pública con la normativa federal y al fortalecimiento de la mejora regulatoria estatal.

El objetivo central es claro: promover la corresponsabilidad en el hogar, permitir que las infancias crezcan con padres presentes y evitar que la maternidad o paternidad frenen la vida profesional.

1. Licencias de paternidad: De 5 días a 12 semanas

La primera propuesta revisa cambios a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la legislación de los trabajadores del Estado para transformar el permiso de paternidad actual.

¿Qué contempla la propuesta?

• 12 semanas pagadas: Sustituir los 5 días actuales por un periodo de hasta 3 meses de descanso con goce de sueldo íntegro, financiado con subsidio del Seguro Social.

• Flexibilidad: Opción para que hasta 4 de esas 12 semanas se puedan tomar de forma flexible durante el primer año de vida del bebé.

• Adopción e imprevistos: Licencias en casos de adopción y la protección del periodo de descanso de la madre para el padre en caso de que ella fallezca durante o después del parto.

¿Qué falta para que sea una realidad? Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de los legisladores por su impacto social positivo, las mesas técnicas señalaron aspectos clave por ajustar antes de su votación:

• Paso a paso (Gradualidad): Se propone implementar el beneficio en tres etapas (de 4, 8 y hasta llegar a 12 semanas) para no impactar de golpe a la economía ni a las empresas.

• Presupuesto garantizado: Falta afinar la viabilidad financiera junto con la Secretaría de Hacienda para asegurar el fondo que pagará los subsidios.

• Igualdad en adopción: Se recomendó equiparar el tiempo de licencia por adopción al de nacimiento biológico para evitar tratos desiguales.

2. Regreso al trabajo gradual y sin discriminación

La segunda propuesta busca que retomar la rutina laboral tras el nacimiento o cuidado de un familiar no signifique un castigo o riesgo de despido.

¿Qué cambiaría en los centros de trabajo?

• Esquemas híbridos y flexibles: Apoyar a madres y padres con horarios adaptables, trabajo a distancia o jornadas mixtas de forma temporal tras su reincorporación.

• Capacitación y actualización: Programas para actualizar al personal que regrese de una licencia prolongada, garantizando una transición justa y sin sesgos laborales.

¿Qué dicen las autoridades?

El diputado Rodrigo González Zaragoza destacó que la meta final es garantizar que niñas y niños tengan a mamá y papá presentes desde los primeros días de vida, redistribuyendo las cargas del hogar. Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks calificó estas medidas como un avance de vanguardia que transformará la cultura familiar y laboral del estado.

En los trabajos participaron representantes de la Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Secretaría de Finanzas, entre otras instituciones estatales. Las observaciones vertidas servirán para afinar el dictamen final que se presentará ante el Pleno.

Como parte de la integración de este órgano legislativo, también fueron designadas la diputada Ana María Esquivel Arrona como Vicepresidenta y la diputada Luz Itzel Mendo González como Secretaria.

Con el inicio de este nuevo periodo ordinario, las y los diputados del PAN continuarán trabajando en una agenda legislativa enfocada en atender los principales retos de Guanajuato y las necesidades de sus familias.

Entre las prioridades se encuentran fortalecer la seguridad, ampliar las oportunidades de acceso a la salud y la educación, respaldar al campo, contribuir al desarrollo de los municipios y promover acciones en favor de los sectores que requieren mayor atención.

Las y los legisladores del PAN refrendaron su compromiso de mantener un trabajo parlamentario responsable, transparente y cercano a la ciudadanía, privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos que permitan avanzar en soluciones para Guanajuato.

Asimismo, reiteraron que durante este nuevo año legislativo mantendrán como prioridad que las iniciativas, reformas y acuerdos impulsados desde el Congreso respondan a las necesidades de las y los guanajuatenses y contribuyan al desarrollo integral del estado.

La propuesta señala que Irapuato concentra una importante demanda de servicios médicos y funciona como punto de atención para habitantes de municipios de la región, mientras que la infraestructura existente enfrenta presión en servicios de especialidad, hospitalización y urgencias.

El proyecto cuenta con antecedentes institucionales concretos. En 2023, el Consejo Técnico del IMSS autorizó la aceptación de la donación del predio “La Palma” para construir un Hospital General de Zona de 216 camas, con una inversión estimada entonces en 2 mil 857 millones de pesos. Esta información coincide con la comunicación oficial publicada por el propio Instituto.

Además, el documento refiere que el predio de 50 mil metros cuadrados fue formalizado a favor del IMSS y que respuestas oficiales emitidas en junio de 2026 confirmaron que no existe acuerdo, minuta o dictamen que desestime o cancele la construcción del hospital.

Incluso, documentación oficial del IMSS correspondiente a 2025 confirma trabajos para la elaboración del estudio de preinversión del proyecto denominado “Construcción del nuevo Hospital General de Zona de 216 camas en Irapuato, Guanajuato”, en el predio “La Palma”, propiedad del Instituto.

De acuerdo con la propuesta, la población adscrita en Irapuato supera los 352 mil derechohabientes y alcanza más de 362 mil al considerar municipios aledaños; asimismo, se señala que actualmente existen 119 camas hospitalarias de segundo nivel y un déficit de 233 camas censables.

Por ello, las y los promoventes consideran necesario que el IMSS determine las acciones para dar continuidad al proyecto y lleve a cabo las gestiones técnicas, administrativas y presupuestarias correspondientes para avanzar en su desarrollo y, en su caso, hacia la ejecución de la obra.

La propuesta enfatiza que fortalecer la infraestructura hospitalaria permitiría ampliar la cobertura, reducir tiempos de espera y responder al crecimiento poblacional y económico de Irapuato y la región.

Finalmente, las y los legisladores señalaron que el acceso a servicios médicos suficientes y oportunos constituye una condición indispensable para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, por lo que plantearon que el seguimiento al proyecto se traduzca en acciones verificables, con responsables, plazos y resultados públicos.

El presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, destacó que el proceso de análisis y discusión se realizó bajo criterios de máxima publicidad, garantizando transparencia en los cambios normativos que serán turnados al Pleno del Congreso para su votación final.

Armonización con el marco federal y Poder Judicial

Las modificaciones al Poder Judicial adecuan el marco local con la Constitución federal y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los aspectos contemplados destacan:

• Evaluación de perfiles: Mecanismos de selección técnica para integrar listas con los perfiles mejor evaluados en cargos judiciales.

• Certeza laboral y retiro: Ajustes en licencias, esquemas de disciplina judicial y procesos de retiro forzoso para juezas, jueces y magistrados.

• Armonización legal: Inclusión de lineamientos federales en materia de combate a la extorsión y defensa de la soberanía nacional.

Educación ambiental e igualdad en la Ley de Planeación

Durante la sesión, la diputada Marisa Ortiz subrayó la incorporación constitucional de la educación ambiental, con la cual se busca elevar a rango legal la protección del entorno, el cuidado del agua, el desarrollo sostenible y la economía circular.

Por su parte, en materia de planeación estatal, el dictamen avaló modificaciones a la Ley de Planeación estructuradas en cuatro ejes centrales impulsados por el GPPAN:

1. Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas: Reconocimiento expreso a sus formas de organización social, económica y cultural como acción afirmativa.

2. Movilidad social ascendente: Planteamiento de políticas públicas enfocadas en reducir barreras intergeneracionales de desigualdad mediante el acceso a vivienda, empleo digno, educación y salud.

3. Igualdad sustantiva e interculturalidad: Transversalización de la equidad de género en los planes de desarrollo estatal.

4. Evaluación de la pobreza: Fortalecimiento de herramientas de medición de la efectividad en programas sociales.

Digitalización y simplificación administrativa

A propuesta de la Gobernadora del Estado, se analizó la iniciativa para abrogar la actual Ley de Mejora Regulatoria estatal, con el objetivo de eliminar duplicidad de trámites y agilizar servicios públicos.

La diputada Susana Bermúdez enfatizó la necesidad de que la digitalización contemple la brecha de acceso a internet en los distintos municipios y comunidades, garantizando que la reducción de cargas administrativas genere certeza y confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

Finalmente, la comisión acordó establecer mesas de trabajo para dar seguimiento a iniciativas en materia laboral y social, destacan permisos y descansos de maternidad y paternidad vinculados al derecho al cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Tradiciones como patrimonio cultural inmaterial

El primer análisis fue para la iniciativa que tiene la finalidad de incorporar un enfoque específico de turismo cultural y comunitario que reconozca las tradiciones como patrimonio cultural inmaterial dinámico, dotándolas de mecanismos jurídicos para su preservación, fortalecimiento y promoción responsable, garantizando al mismo tiempo que las comunidades portadoras se benefician directamente de las oportunidades que este tipo de turismo genera.

Los asistentes externaron que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural de la entidad, la denominación normativa formalmente establecida es patrimonio cultural intangible y no inmaterial, por lo que recomendaron homologar dicha terminología en las propuestas de adición, así como sustituir la expresión sostenible por sustentable para guardar debida congruencia con la Ley General de Turismo.

Asimismo, manifestaron la necesidad de delimitar con estricto apego institucional el ámbito de atribuciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo, señalando que la propuesta de facultar a la Secretaría de Turismo e Identidad para proteger y preservar el patrimonio intangible e intervenir en el fortalecimiento de las comunidades portadoras invade la competencia sustantiva de la Secretaría de Cultura; sugiriendo que dicha labor de salvaguarda permanezca en el ámbito propio del sector cultural, además de observar un ajuste de técnica legislativa para recorrer adecuadamente la fracción genérica residual en el catálogo de facultades de la ley en caso de prosperar alguna adición.

Hecho en México

En la segunda mesa se discutió la propuesta que busca fortalecer el mercado interno y posicionar los productos guanajuatenses mediante el aprovechamiento estratégico de la marca de certificación “Hecho en México”.

Los representantes indicaron que, si bien la iniciativa persigue una finalidad loable y coincidente con esquemas estatales como “Marca Guanajuato” para impulsar los productos locales y fomentar el mercado interno mediante el distintivo “Hecho en México”, la propuesta resulta legalmente improcedente como reforma legislativa, debiendo canalizarse como un instrumento de política pública y coordinación administrativa.

Precisaron que la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios ya contempla en su articulado los mecanismos y estrategias necesarios para el fomento económico, por lo que incorporar disposiciones específicas generaría una sobrerregulación innecesaria y restaría flexibilidad operativa a la Secretaría del ramo.

Asimismo, manifestaron que el distintivo federal “Hecho en México” se rige por su propio marco normativo federal y reglas de uso emitidas por la Secretaría de Economía, las cuales no condicionan el uso de la marca a convenios previos con las entidades federativas; y comentaron que lo más viable es materializar la articulación entre ambos sellos mediante convenios de colaboración interinstitucional para optimizar recursos y potenciar su alcance.

En su intervención, la diputada Miriam Reyes Carmona celebró los logros alcanzados por la estrategia estatal del distintivo “Marca Guanajuato”, aclarando de manera puntual que la iniciativa presentada no pretende competir con dicho esquema ni opacar su impacto en la entidad y que el propósito medular de la propuesta radica en sumar y robustecer la proveeduría local, la capacitación integral y los canales de comercialización de los productos guanajuatenses.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Miriam Reyes Carmona, Maribel Aguilar González y Yesenia Rojas Cervantes. Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Secretaría de Turismo; Secretaría de Cultura; asesores de diferentes grupos parlamentarios; y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.

La modificación busca alinear el marco legal local con la estructura orgánica actual del Ejecutivo estatal, reforzando criterios de inclusión, accesibilidad, igualdad y no discriminación en la planeación del transporte.

Fiscalización turística, infraestructura vial y accesibilidad municipal

Durante la sesión, el órgano legislativo acordó metodologías de análisis para tres exhortos clave:

• Transporte turístico en la capital: Se solicitará una opinión jurídica al Ayuntamiento de Guanajuato (en un plazo de 10 días hábiles) para revisar la fiscalización, inspecciones mecánico-técnicas y venta de boletos en el sector turístico.

• Infraestructura en la Carretera 57: Se remitirá una petición al Ejecutivo para evaluar el estado vial de la Avenida Bicentenario, en el tramo a San José de Iturbide, requiriendo diagnósticos de Obra Pública, Gobierno y Consejería Jurídica.

• Estrategia para los 46 municipios: Se consultará a los ayuntamientos y a Derechos Humanos sobre la inclusión de planes de accesibilidad universal e infraestructura incluyente en sus agendas de desarrollo.

Inclusión, consulta a personas con discapacidad y control del transporte

Para dar vigencia al derecho a un transporte público moderno y adaptado, la comisión acordó solicitar la anuencia correspondiente para realizar un proceso de consulta formal a personas con discapacidad. Asimismo, se remitirá la iniciativa a concesionarios de rutas urbanas, suburbanas, taxis tradicionales y plataformas digitales para recabar sus observaciones en 10 días hábiles.

A la par, se solicitó a la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo evaluar el cumplimiento de las reformas sobre seguridad en el uso de motocicletas y el desarrollo del Registro Estatal de Accidentología Vial.

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, presidenta de la comisión, destacó que se ha pedido el padrón oficial de concesionarios a los 46 municipios para asegurar el ejercicio de parlamento abierto en esta materia. En la reunión estuvieron también presentes los legisladores Rolando Alcántar Rojas, María Isabel Ortiz Mantilla y Ernesto Millán Soberanes.

Ante la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo; la presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, y el secretario del partido, Armando Rangel Hernández, las y los diputados coordinados por Jorge Espadas Galván se comprometieron a continuar sumando esfuerzos y a mantener a las personas en el centro de sus decisiones.

La mandataria estatal los llamó a ejercer la actividad legislativa con apego a los valores del partido y a mantenerse cerca de la ciudadanía.

Por su parte, Juanita de la Cruz Martínez Andrade convocó a trabajar con un propósito común, cumplir las responsabilidades que corresponden a cada integrante y fortalecer la confianza ciudadana en Acción Nacional.

Las y los diputados refrendaron su disposición a trabajar en equipo con el partido y el Poder Ejecutivo, mantener la cercanía con la gente y anteponer los objetivos del Grupo Parlamentario a los intereses individuales.

Dos años de trabajo legislativo

Durante la reunión se revisaron los principales resultados y las propuestas impulsadas por el Grupo Parlamentario en sus primeros dos años de trabajo. Entre ellos destacan las acciones para proteger los derechos de las mujeres y las familias, la defensa de la vida y la atención a las personas migrantes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad.

También se abordaron la defensa del campo y de las actividades productivas, la certeza jurídica del patrimonio, las reformas en materia de seguridad y justicia, la regulación de la micromovilidad y la conducción de motocicletas, así como el uso de dispositivos tecnológicos en las escuelas.

La agenda del último año

La presentación de la agenda estuvo a cargo del vicecoordinador de Agenda, Juan Carlos Romero Hicks, quien participó a distancia. La ruta de trabajo dará continuidad a cinco ejes: educación y futuro de la gente; inclusión e instituciones de la gente; prosperidad de la gente; seguridad y paz de la gente; y mujeres y familias de Guanajuato.

Entre las propuestas destacan fortalecer el combate a la extorsión, prevenir las violencias, profesionalizar a quienes encabezan la seguridad pública municipal y facilitar la devolución de vehículos robados y recuperados sin costos para las víctimas.

En educación e inclusión se contemplan iniciativas sobre educación financiera, prevención y atención de la violencia contra docentes, accesibilidad para personas con discapacidad, derechos de las personas con autismo y protección de las familias migrantes.

La agenda incluye apoyo al emprendimiento y al campo, obra pública sustentable, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, considera acciones para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, especialmente las rurales, y la armonización normativa en materia de feminicidio.

Inteligencia artificial: una prioridad transversal

Durante la presentación se destacó que el Grupo Parlamentario ha impulsado iniciativas para promover y regular el uso de la inteligencia artificial, tema que continuará como una prioridad transversal durante el último año de ejercicio legislativo.

En educación se promoverá su incorporación ética y gradual al aprendizaje, acompañada del desarrollo de habilidades digitales en docentes y estudiantes. Para las juventudes, se buscará fortalecer la formación tecnológica, el pensamiento crítico y la prevención de riesgos como el fraude, la desinformación y la violencia digital. En turismo, se plantea aprovechar estas herramientas para mejorar la promoción de destinos y los servicios.

La protección de niñas, niños y adolescentes tendrá especial atención, mediante propuestas para salvaguardar su privacidad, imagen, identidad y datos personales frente a la suplantación, la manipulación y otros riesgos digitales. Para ello, se impulsarán obligaciones claras para las autoridades y mecanismos de coordinación con familias, escuelas y plataformas digitales.

En el Congreso del Estado, la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial abrió el debate para reformar la Ley de Movilidad local, con un objetivo claro: lograr que las rutas urbanas y suburbanas de la entidad se adapten para personas con discapacidad y movilidad reducida.

Sin embargo, tras una mesa de trabajo en la que participaron legisladores, funcionarios de derechos humanos, obra pública y del Poder Ejecutivo, el mensaje central fue rotundo: la inclusión es urgente, pero no debe pagarse con un tarifazo en el camión.

Inclusión real, no un pretexto para subir la tarifa

Uno de los focos amarillos encendidos durante la discusión fue el impacto económico que implicaría instalar rampas, elevadores o adaptar flotillas completas. Los especialistas advirtieron que los costos de compra y mantenimiento de estas unidades no deben cargarse al precio del pasaje, ya que el camión es utilizado mayoritariamente por sectores de menores ingresos.

Para evitar que la empatía le cueste más a los ciudadanos, la propuesta sobre la mesa apunta a que el Gobierno del Estado aplique subsidios directos, incentivos fiscales y facilidades de crédito para los transportistas que cumplan con la modernización.

A la par, se destacó la gran disparidad que existe en Guanajuato. Los 46 municipios del estado tienen geografías, rutas y presupuestos totalmente distintos, por lo que exigir una cuota rígida de “un camión adaptado por ruta” de la noche a mañana resulta técnicamente inviable. En su lugar, se plantea un proceso progresivo respaldado por estudios de demanda real y la renovación natural de las unidades.

Más allá de las rampas: una visión de accesibilidad total

La iniciativa parlamentaria busca romper con el paradigma de que la discapacidad es únicamente motriz. El proyecto para el transporte público integra adecuaciones para personas con discapacidad visual, auditiva o sensorial, así como espacios adecuados para usuarios acompañados de perros de asistencia.

Durante la sesión, el diputado Ernesto Millán Soberanes defendió con firmeza la naturaleza del proyecto, enfatizando que tener transporte digno no es una concesión, sino un derecho humano fundamental.

“Los costos de estas adaptaciones no deben trasladarse a incrementos tarifarios para la ciudadanía, al tratarse del cumplimiento de un derecho y no de una carga económica”, argumentó Millán Soberanes, respaldando que los plazos de transición sean realistas tanto para los ayuntamientos como para las concesionarias.

Por su parte, la presidenta de la comisión, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, señaló que la iniciativa cuenta con viabilidad para avanzar hacia su dictaminación, siempre y cuando se integren los ajustes técnicos planteados por las dependencias y se abra una consulta pública obligatoria.

Para que la reforma responda a necesidades reales y no quede atrapada en el papel, el Congreso del Estado realizará una consulta estrecha, previa e informada con organizaciones de personas con discapacidad, así como con los propios transportistas, garantizando que el diseño final garantice verdadera autonomía y dignidad al abordar.

Ante este escenario, Reyes Carmona lanzó un llamado a Sheffield a dejarse de descalificaciones y ponerse a trabajar por el estado, criticando que el exprocurador ha acumulado más licencias que iniciativas presentadas durante sus dos años dentro del Senado de la República.

El legislador sostuvo que el distanciamiento de Sheffield obedece a un tema puramente electoral tras haber levantado la mano para León, asegurando que la molestia por las preferencias se ha traducido en los ataques sistemáticos que suelen caracterizar su trayectoria pública.

“Yo levanté la mano hace semanas, está molesto por lo que ha venido ocurriendo en León, las preferencias nos favorecen, y recurre a las calumnias que acostumbra, hay que recordar que ya estuvo en el padrón de personas violentadoras ante el INE, violentó a la alcaldesa de León (Alejandra Gutiérrez), a la secretaria de mujeres del comité de morena, ataca a los que no piensan igual o si se ve afectado, denosta, calumnia y desacredita, ya presenté una denuncia le van a notificar en estos días”, señaló.

Reyes Carmona ahondó en que las acusaciones en su contra buscan generar un daño moral a su imagen, contrastando esta situación con el rendimiento legislativo de ambos en la Cámara Alta, donde afirmó figurar entre los integrantes con mayor productividad, a diferencia de su homólogo de partido.

“(Ricardo Sheffield) lleva seis licencias y 4 iniciativas, tenía 5 pero le dictaminamos una en contra en la Comisión de Economía, le pediría que de resultados porque los guanajuatenses y mexicanos exigen mucho y hay que desquitar el sueldo que nos pagan”, enfatizó.

En ese sentido, puntualizó que se ha mantenido recorriendo activamente la estructura territorial de los cuatro distritos federales y seis distritos locales que abarcan la ciudad de León, confiando en que Sheffield no vuelva a ausentarse de su escaño cuando se discuta la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, la cual, adelantó, terminaría por imposibilitarle legalmente aspiraciones a la gubernatura al contar con dicha condición jurídica.

Reyes Carmona reiteró que la confrontación nace del miedo al avance de su proyecto en las encuestas, recordando que la etapa actual responderá al reconocimiento de la trayectoria y los activos positivos frente al electorado.

Finalmente, respecto a las versiones vertidas por Sheffield sobre presuntos actos de precampaña adelantada y financiamiento vinculado a la iglesia de la Luz del Mundo, el senador Reyes Carmona retó a su acusador a presentar pruebas contundentes y dejar de lado los señalamientos sin sustento.

“Basta de calumnias y dichos al aire, también dijo que yo había solicitado carta de residencia en 5 municipios y no lo ha demostrado”, concluyó.

Durante el Tercer Foro de Consulta en Materia de Violencia Digital, legisladores, especialistas y autoridades judiciales se reunieron para afinar los detalles técnicos de una reforma integral al Código Penal del Estado. La iniciativa busca que la ley no quede rebasada por la velocidad con la que evolucionan las herramientas digitales.

La Inteligencia Artificial como nueva arma de agresión

La diputada Susana Bermúdez Cano, promovente de la propuesta, advirtió que las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y la inteligencia artificial (IA) se han convertido en plataformas donde la violencia de género se reproduce de forma acelerada.

“La violencia digital no es un fenómeno aislado ni meramente tecnológico; es una manifestación contemporánea de las desigualdades que históricamente han limitado la libertad y la dignidad de las mujeres”, enfatizó la legisladora durante su intervención.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la regulación de los denominados deepfakes: montajes ultra realistas donde, mediante algoritmos, se coloca el rostro o la identidad de una víctima en videos o fotografías de contenido sexual sin su consentimiento.

Bermúdez Cano relató que la iniciativa nació del contacto directo con víctimas. Entre los testimonios recopilados destaca el de una joven cuya imagen fue alterada digitalmente por su expareja para chantajearla y exponerla, lo que le provocó graves secuelas emocionales y sociales.

¿Qué conductas busca sancionar la reforma penal?

La propuesta contempla actualizar y crear tipos penales específicos para atender el delito desde sus distintas modalidades:

• Manipulación con Inteligencia Artificial: Sanciones específicas a quien cree, altere o difunda material audiovisual explícito usando IA para suplantar la identidad o rostro de una persona.

• Acecho digital (Cyberstalking): Castigo al seguimiento obsesivo, hostigamiento o vigilancia constante a través de redes sociales, GPS o herramientas tecnológicas.

• Apología e instigación del delito en línea: Penalización a quien utilice medios electrónicos o grupos de mensajería para incitar a la violencia, la humillación pública o atentar contra la integridad física y psicológica.

• Protección reforzada a menores: Acompañamiento institucional prioritario y penas severas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Hacia un dictamen técnico sólido

En esta última jornada de análisis participaron especialistas como la jueza de Distrito Nancy Navarrete Arias, titular del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en la entidad, así como el académico Juan Manuel Álvarez González, quienes aportaron observaciones jurídicas para asegurar que las nuevas normas sean operativas y no queden en letra muerta.

Con la conclusión de estos tres foros legislativos, la Comisión de Justicia iniciará la dictaminación de la iniciativa, con miras a someterla a votación ante el Pleno en el presente periodo de sesiones.