“Salud quebrada, bolsillos vacíos”

La corrupción en México no está en retirada. Está peor que nunca. Y el sistema de salud es su víctima más documentada, estimados lectores. El pasado 25 de junio, el Partido Acción Nacional presentó “111 Soluciones para rescatar a México” —https://bit.ly/4g29LLP—, siete de ellas para acabar con la corrupción en salud: gobierno en tiempo real, fiscales autónomos y contratos a concurso.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países y territorios, con apenas 27 puntos sobre 100; dentro de la OCDE —el club al que México presume pertenecer— volvió a ocupar el último lugar en percepción de la integridad pública. Pero más allá de los índices, lo que esta corrupción les ha costado a los mexicanos tiene nombre, apellido y número de expediente clínico. Lo ocurrido en el sector salud en los últimos siete años, bajo los gobiernos de Morena, no tiene precedentes.

Cuando el gobierno eliminó el Seguro Popular y creó el INSABI, prometió acabar con la corrupción en las compras de medicamentos. Lo que siguió fue una concentración de decisiones, opacidad en las adquisiciones y fallas graves de abasto. En la revisión de 2021, la Auditoría Superior de la Federación documentó que el INSABI dejó pendientes de aclaración 751.8 millones de pesos en compras de medicamentos oncológicos y que, de una demanda inicial de 12.7 millones de piezas solicitadas por las instituciones públicas, solo entregó 643 mil, es decir, 5.1% del total requerido; En las 61 claves prioritarias para el cáncer, la entrega fue peor todavía: apenas 1,1% al primer trimestre de ese año. Buena parte de ese hueco se tradujo en tratamientos interrumpidos y en niños con cáncer que pagaron la ineficiencia con sus propias vidas.

El IMSS tampoco fue ajeno a este patrón. En 2022 y 2023, el instituto otorgó alrededor de 1,600 millones de pesos en contratos directos de medicamentos a 19 empresas de reciente creación —algunas con solo dos o tres meses de existencia— que vendieron insumos a precios sobrevaluados, con márgenes de hasta 678% por encima del precio de referencia. La Auditoría Superior de la Federación calculó daños probables al erario por 2,570 millones de pesos en ese período, derivados de compras irregulares, contratos con empresas inhabilitadas y servicios fantasma; la presión pública terminó por obligar al IMSS a cancelar y revisar más de 200 contratos relacionados con sobrecostos y deficiencias en el abasto.

El capítulo más reciente se llama “Birmex”. En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la compra consolidada de medicamentos 2025–2026 —la más grande en la historia del sector salud— al detectar sobreprecios en 175 claves de medicamentos que representaban un sobrecosto cercano a 13 mil millones de pesos. Cuatro funcionarios de Birmex, incluido su director general, fueron removidos y se ordenó reiniciar el proceso licitatorio desde cero. El daño al erario puede discutirse en auditorías; el daño al paciente ya está hecho: entre 2019 y 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó más de 82 millones de recetas no surtidas en instituciones públicas, un número que traduce la corrupción y la mala gestión en consultas inútiles, tratamientos suspendidos y familias obligadas a endeudarse para no abandonar la atención.

Todo esto ocurrió en un contexto de debilitamiento institucional deliberado. La eliminación de facto del INAI como garantía de la transparencia, el abandono del Sistema Nacional Anticorrupción, la ausencia de reglas claras en los programas sociales y una Fiscalía General de la República que actúa con motivaciones políticas antes que con vocación de justicia han dejado a la ciudadanía sin contrapesos eficaces. Según el INEGI, en 2023 el 83.1% de la población reportó que los actos de corrupción fueron frecuentes en su entidad y solo el 4.8% de las víctimas se atrevieron a denunciarlos. En materia de salud, cada contrato mal asignado y cada licitación anulada tarde no son solo un expediente administrativo: son la quimioterapia que no llegó, el antibiótico que se sustituyó por un préstamo familiar y la cama que se utilizó con retraso porque alguien decidió que la opacidad valía más que la vida de un paciente.

Frente a este historial, el Partido Acción Nacional propone en Soluciones para México siete medidas concretas para reconstruir la integridad pública:

1. Corrupción cero en vivo. Plataforma digital que publique en tiempo real todos los contratos, obras y gastos del gobierno —incluidas las compras de medicamentos—, con geolocalización y acceso inmediato para la ciudadanía. Que cada compra de pastillas sea rastreable desde el primer peso.
2. No más fiscales carnales. Las fiscalías anticorrupción y las contralorías serán autónomas y apartidistas. Su función será perseguir la corrupción, no proteger al funcionario de turno.
3. Verificación real del patrimonio. Declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses verdaderamente auditables, interoperables y sujetos a cruces automáticos de información. No basta con que los funcionarios “declaren”: hay que verificar.
4. Menos trámites, menos discrecionalidad. Simplificación de procesos y de la tecnología para eliminar los espacios donde florece la corrupción, junto con una cultura de integridad en el servicio público desde la formación de los funcionarios.
5. No más contratos para los cuates y compadres. Las adjudicaciones directas serán la excepción, no la norma. La regla general en los contratos gubernamentales —especialmente en salud— será siempre la licitación pública, abierta y competitiva. El 75% de las adjudicaciones directas en medicamentos no puede volver a ocurrir.
6. Servidores públicos profesionales. Restablecimiento de un servicio civil de carrera moderno. Los funcionarios de salud llegarán a sus puestos por mérito y permanecerán en ellos por resultados, no por lealtades políticas.

7. Auditoría Superior con dientes. Auditorías concurrentes y preventivas en programas prioritarios de salud; semáforos de riesgo para transferencias federales; y suspensión automática de pagos ante alertas graves. La ASF dejará de documentar el daño una vez que ocurra para empezar a prevenirlo.

La atmósfera en el Congreso reflejaba una complicidad distinta. No se hablaba de leyes áridas, sino de raíces. Al tomar la palabra, la presidenta del Congreso del Estado, Susana Bermúdez Cano, sintonizó con el sentir de los homenajeados al definir a los artistas como constructores esenciales de la comunidad.

“Las diputadas y los diputados reconocemos a quienes, desde la trinchera de la creatividad, construyen comunidad, preservan la memoria y nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar”, expresó con emotividad la legisladora, aprovechando el espacio para reconocer la iniciativa de su homólogo, el diputado Roberto Carlos Terán Ramos, quien fue el motor detrás de este homenaje.

El ambiente se tornó reflexivo cuando el propio Roberto Carlos Terán Ramos, representante del Distrito 2, subió al estrado. Su discurso no buscó el aplauso fácil, sino la introspección. Para Terán, la música, la literatura, la pintura, el teatro y la radio norteña no son meras distracciones de fin de semana; son un acto de resistencia cultural.

En tiempos donde la inmediatez digital lo devora todo, el diputado lanzó una frase que resonó en las paredes del Congreso: “Un pueblo que honra a sus creadores jamás olvida quién es”. Su intervención fue una férrea defensa de la sensibilidad humana frente al avance tecnológico, recordando que ninguna pantalla podrá sustituir jamás la experiencia y el legado de quien entrega su vida al arte.

El evento cerró con un coro unánime de las autoridades estatales invitadas —entre ellas Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura; Liz Alejandra Esparza Frausto, secretaria de Derechos Humanos; y Rafael Gutiérrez Mercadillo, director general de TV 4— quienes coincidieron en que este galardón es, en realidad, un espejo para todo Guanajuato.

Al final, los aplausos rompieron el protocolo. Los creadores del norte y noreste volvieron a sus tierras con una estatuilla en las manos, pero, sobre todo, con la certeza de que su arte sigue siendo el faro que impide que Guanajuato olvide su propia historia.

En mesa de trabajo en la que se analizaron diversas iniciativas para despenalizar el aborto, las diputadas Susana Bermúdez, Jared González, Itzel Mendo, Marisa Ortiz y el diputado Rolando Alcántar escucharon las opiniones de las y los representantes de los distintos grupos, quienes les pidieron mantener su posición a favor de la vida humana.

Las personas asistentes coincidieron en que la protección de las mujeres y sus hijas e hijos debe ser integral, abarcando aspectos económicos, sociales, psicológicos y de salubridad.

“El Estado debe llegar antes que el aborto; debe llegar con ayuda, no con el abandono ni con la decisión de descartar una vida”, señalaron.

En entrevista posterior, el diputado Rolando Alcántar mencionó que estos espacios de escucha permiten conocer a detalle el sentir de la ciudadanía y señaló que históricamente la participación de este sector de la ciudadanía es mucho más nutrida.

“Tenemos que ser un reflejo de la sociedad en nuestro actuar dentro del Congreso”, afirmó.

Agregó que la posición del Grupo Parlamentario del PAN permanece invariable:

“Edificado en el pilar que tenemos como Partido Acción Nacional, nos mantenemos en la promoción de la vida. En el Grupo Parlamentario, lo hemos platicado y nos mantendremos en esa posición”.

Por último, el diputado reconoció las opiniones vertidas por los grupos que se manifiestan a favor de la vida, pues son integrales en tanto que abordan aspectos educativos, psicológicos y sociales.

Por su parte, la diputada Susana Bermúdez recordó que ésta es la segunda mesa de trabajo y que aún falta realizar una más en la que participarán representantes de diversas instituciones públicas. Posteriormente se pasará a la elaboración del dictamen correspondiente.

Finalmente, agradeció la presencia y participación de las personas asistentes.

El caso más reciente, es un ciudadano originario de Irapuato quien falleció por el presunto consumo de bebidas adulteradas con metanol.

“Nosotros hemos hecho varios exhortos al gobierno federal referente al alcohol adulterado y está en manos del Ejecutivo. La Ley lo castiga, ya están los instrumentos, únicamente nosotros decimos que se aplique la ley como en el caso de lo que acaba de suceder en Salamanca” indicó.

En este caso, ocurrido en la comunidad Puerto del Valle, cuatro personas perdieron la vida y varias más resultaron con heridas graves al consumir tequila adulterado con metanol en una fiesta de XV años.

Tras estos casos, Salim Alle insistió que ya existe la regulación y las leyes, “solo falta aplicarlas”.

En tanto que el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, dijo que la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, regula y prohíbe el reúso de botellas y envases de bebidas.

“El responsable de esta situación particular, de todos los residuos, no solamente botellas, la ley claramente marca cuáles son sus responsabilidades y la Constitución le da además una responsabilidad fundamental a los municipios para el manejo de residuos”, comentó.

Hacen llamado a Feria de León de regular venta de alcohol

Además, Miguel Salim señaló que eventos e instalaciones que brinden bebidas alcohólicas es “total y absolutamente responsabilidad” de los propietarios conocer el origen de los productos.

“Yo creo que lo que tienen que hacer en el caso de la feria, el establecimiento está bajo las condiciones del patronato de la feria y la feria lo tendría que regular”, dijo.

Hay documentos que hablan de política y otros que hablan de las personas. Soluciones para México —https://bit.ly/4g29LLP—, la plataforma programática del Partido Acción Nacional, intenta ser, a la vez, un diagnóstico real del estado actual del país y una hoja de ruta concreta para salir de él, con 101 soluciones de inicio, para abrir la consulta con especialistas y con la ciudadanía.

México no necesita más discursos sobre salud; necesita soluciones medibles, financiadas y humanas. La propuesta del PAN, Soluciones para México, parte de una premisa sencilla: el derecho a la protección de la salud no puede depender del código postal, del patrón que se tenga, de la afiliación administrativa o de la suerte de encontrar medicamentos. La salud pública debe volver a ser un sistema: con puertas de entrada claras, medicamentos disponibles, médicos suficientes, prevención, continuidad de los cuidados y especial atención a quienes viven con mayor vulnerabilidad.

El marco conceptual del documento es el de un Estado que garantice, pero no improvise; que invierta, pero también mida; que atienda la enfermedad, pero se adelante a ella. La crisis actual se resume en cuatro fracturas: millones de personas sin acceso efectivo a servicios; desabasto de medicamentos; abandono de la vacunación y fragmentación institucional. Frente a ello, Acción Nacional plantea reconstruir el sistema desde la familia, la comunidad y la evidencia.

La primera solución es clara: hospital, médico y medicinas gratis para tu familia. No se trata de pintar de gratuidad lo que en la práctica no existe, sino de asegurar el acceso universal a servicios y medicamentos, para que ninguna familia deje de atenderse por falta de dinero.

La segunda es la Garantía Nacional de Abasto y Atención Básica: consulta de primer contacto en un plazo máximo de 72 horas, surtimiento completo de recetas prioritarias y una plataforma pública para conocer los inventarios por clínica y hospital. Lo que no se mide se esconde; y lo que se esconde suele terminar en corrupción o en abandono.

La tercera, Salud Cerca de Ti, propone consultorios públicos en zonas marginadas, con personal profesional, abasto suficiente y vinculación comunitaria. Además, plantea becas e incentivos salariales para médicos que permanezcan en comunidades rurales o marginadas. La salud debe llegar a donde hoy solo llega la necesidad.

La cuarta solución protege a los mayores de 55 años con atención médica oportuna, continua y gratuita, que incluye medicamentos para padecimientos agudos y crónicos. En un país que envejece, cuidar a los adultos mayores no es caridad: es justicia intergeneracional.

La quinta es el Seguro Popular 2.0, una versión mejorada para quienes no tienen IMSS, ISSSTE ni seguro privado. La idea central es que nadie quede fuera por no caber en un padrón. La salud no puede ser un privilegio laboral.

La sexta es un Sistema Nacional de Salud Integrado. Hoy, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales operan con reglas, expedientes y calidades distintas. La propuesta plantea un expediente clínico electrónico único, una ventanilla digital y una portabilidad real. El paciente debe transitar por el sistema; no perderse en él.

La séptima es un Programa Nacional de Personal de Salud que plantea más plazas permanentes en medicina familiar, pediatría, ginecología, urgencias y anestesia; bonos salariales y de vivienda para zonas rurales o violentas; y carrera profesional por mérito. No bastan los hospitales si no hay médicos, enfermeras ni especialistas.

La octava es México Sin Cáncer: prevención, detección temprana, atención oncológica integral, investigación y acompañamiento humano y psicológico. En particular, todos los niños con cáncer deben tener acceso a los medicamentos.

La novena solución es la vacunación completa de los hijos de México, con un rubro presupuestal específico que asegure el cuadro básico. Vacunar no es ideología: es una de las intervenciones más eficaces y solidarias de la medicina pública.

La décima prioriza la salud mental. Propone la prestación gratuita de servicios de psicología y psiquiatría en los centros de salud. No puede haber bienestar si el sufrimiento emocional sigue escondido o estigmatizado.

La undécima defiende a quienes dan la vida: mujeres embarazadas con apoyo integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de su hijo. El embarazo debe ser motivo de protección prioritaria del Estado, nunca de exclusión.

La duodécima se llama Primeros Mil Días: nutrición materna, consultas prenatales, hospital asignado para el parto, lactancia materna, estimulación temprana y vacunación completa. Ahí se juega buena parte del futuro de una persona.

La salud se reconstruye con presupuesto, ciencia, administración honesta y cercanía humana. Ese es el reto: pasar del eslogan al expediente, de la ocurrencia al medicamento, de la promesa a la consulta y del abandono a la dignidad. Los invito a participar y proponer más soluciones.

Subió a tribuna para hablar de “la delgada línea que puede existir entre la legítima exigencia de transparencia y la acusación de una persecución política”, a propósito de un dictamen sobre cinco Puntos de Acuerdo relacionados con auditorías a León y al Patronato del Parque Zoológico de ese municipio.

Bajo esa tesitura, dijo que concluir si cuando se solicita información, se cuestionan decisiones o se exige el cumplimiento de responsabilidades se está frente a un ejercicio legítimo de vigilancia institucional, o ante acciones motivadas por intereses ajenos al interés público, puede variar en función “de la posición desde la cual se observe el asunto”.

“Pero lo que nunca debe perderse de vista, es que la transparencia no puede ser rehén de las conveniencias políticas, ni la fiscalización debe ser confundida con persecución cuando su propósito es garantizar la legalidad, la honestidad y la correcta aplicación de los recursos públicos”, acotó enseguida.

Cervantes Barba puntualizó que llamados constantes a la transparencia y a la rendición de cuentas, son correctos, porque nadie puede estar en contra de que los recursos públicos se ejerzan con legalidad y de cara a la ciudadanía.

Pero también advirtió que “la transparencia pierde credibilidad cuando se utiliza únicamente como herramienta para señalar adversarios políticos, pero se evade cuando implica revisar las propias decisiones y responsabilidades”.

La congresista del GPPRI consideró que es momento de dejar atrás los señalamientos selectivos y concentrarse en lo verdaderamente importante responder a las necesidades de las y los guanajuatenses, ejercer los recursos públicos con responsabilidad y gobernar con congruencia.

Lejos de ceder a las presiones mediáticas y a los señalamientos de la presidenta municipal, las bancadas del PAN y el PRD cerraron filas en la tribuna para dejar en claro que la rendición de cuentas no es opcional ni admite chantajes políticos. Los legisladores sostuvieron que el Congreso cumple con su mandato constitucional de proteger los recursos de los guanajuatenses, colocándose del lado de la transparencia y la legalidad.

“La fiscalización no puede interpretarse como una agresión política, sino como una facultad constitucional de este Congreso para garantizar el correcto uso de los recursos públicos”, sentenció de forma contundente el diputado Jorge Espadas Galván, desarmando el argumento de persecución esgrimido desde el gobierno leonés.

El dinero público no tiene dueño: Congreso responde

El diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, fue claro al señalar que el dinero público pertenece exclusivamente a los ciudadanos y que su revisión no representa una condena anticipada, sino una obligación institucional. Zanella precisó que la comisión evaluó de forma técnica y jurídica más de 17 solicitudes de fiscalización a diversos organismos y municipios, demostrando que la ley se aplica de manera pareja y sin distingos partidistas.

En el mismo sentido, el legislador Erandi Bermúdez Méndez enfatizó que el bloque a favor de la transparencia busca sentar un precedente histórico en el estado: ninguna autoridad, por más alto que sea su cargo, puede estar exenta del escrutinio público ni utilizar su posición para evadir las auditorías.

Pese a las acusaciones de violencia institucional y política con las que la alcaldesa ha intentado frenar el proceso, el dictamen fue aprobado por la mayoría legislativa. Con esta resolución, el Congreso del Estado reafirma su papel como el principal garante de la rendición de cuentas en Guanajuato, dejando en claro que la transparencia no se negocia y que las finanzas de León serán revisadas a fondo.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván aseguró que las personas que se asientan o compran un predio irregular lo hacen por necesidad, por lo que esta realidad hace indispensable crear un marco jurídico de justicia social.

“Hoy tenemos que hablar de que existen muchas familias en León, en Guanajuato, en el Estado, en el país, pero hoy nos toca Guanajuato, donde no tienen acceso a los servicios básicos, al drenaje y al agua potable, por ejemplo, que tienen que colgarse de un poste de luz porque no hay servicios de energía eléctrica domiciliados y que cada descarga le quema a sus aparatos eléctricos, porque no cuentan con la seguridad en su propiedad, porque no cuentan con un predio regular”, dijo.

Espadas Galván agregó que la regularización de estos predios es una respuesta de justicia social para llevar a las familias servicios básicos como agua potable y drenaje, además de que representa la oportunidad y el compromiso de las administraciones municipales y del Gobierno del Estado para impulsar de manera decidida este proceso para que las personas puedan tener certeza en su patrimonio.

La nueva ley establece un marco jurídico integral y uniforme para transformar asentamientos irregulares en zonas urbanas, armonizando disposiciones estatales y municipales con los estándares constitucionales y los tratados internacionales en materia de vivienda y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.

Prevé también la creación de procedimientos a cargo de las autoridades involucradas y determina los requisitos técnicos, jurídicos y urbanísticos necesarios para asegurar que los asentamientos cumplan con condiciones de aptitud urbanística, seguridad y factibilidad técnica.

Adicionalmente, incorpora obligaciones específicas para los ayuntamientos, entre las que destaca la creación de un registro único para identificar los asentamientos irregulares.

Con esta aprobación, el GPPAN reafirma su compromiso de dotar de certeza jurídica al patrimonio de las familias guanajuatenses que habitan en asentamientos o que poseen predios irregulares, facilitando así su acceso a servicios públicos, infraestructura, programas gubernamentales, financiamiento y desarrollo patrimonial.

La propuesta, impulsada por el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, plantea que las instituciones particulares integren la totalidad de sus servicios en el costo de la colegiatura regular, evitando cobros adicionales al inicio de cada ciclo escolar que suelen desestabilizar la economía de los hogares, especialmente de aquellos con más de un hijo en etapa estudiantil.

Al respecto, el legislador expuso que, si bien el sector privado cumple una función complementaria vital para cubrir la demanda educativa en la entidad, el constante incremento en estos conceptos se ha convertido en una carga financiera significativa.

“La educación es un derecho humano fundamental y el Estado debe garantizar su acceso universal. Es necesario eliminar los obstáculos económicos que dificultan la permanencia de las y los alumnos en el sistema educativo”, señaló el congresista durante la exposición de motivos.

Cero simulación: SEG vigilará y sancionará

Para garantizar que la medida se cumpla y no quede solo en el papel, la reforma contempla facultar formalmente a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para vigilar que los planteles particulares no realicen estos cobros. Asimismo, la práctica de exigir cuotas por inscripción o reinscripción quedaría tipificada como una infracción directa en la legislación estatal.

Finalmente, Contreras Guerrero enfatizó que la iniciativa busca aportar equidad y blindar el bolsillo de las familias guanajuatenses que optan por los servicios educativos privados.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su análisis y posterior dictamen.

“Me encanta estar al frente de la Comisión de Economía, el juego político en el Senado, pero si me invitan al proceso 2027 no lo pensaría”, enfatizó.

Sin embargo precisó que incluso podría participar para lograr el objetivo de ganar la mayoría en el congreso local y posteriormente regresar al Senado (donde ocupa el escaño como suplente de Marcelo Ebrard), si así se dan las cosas, y recordó que desde los 13 años de edad ha participado en campañas sin perderse una sola.

Destacó que de acuerdo a las encuestas que realice el partido y el posicionamiento que se obtenga podría participar en alguna diputación local, federal o incluso presidencia municipal.

Reyes Carmona hizo nuevamente un llamado a la unidad, que aunque dijo parece un discurso trillado, es necesario, “yo no puedo en este momento hacer un señalamiento en contra de alguno de los actores políticos, yo estoy en este momento trabajando junto a 9 diputados locales de morena, 4 federales, varios y varias, compañeros que tienen aspiraciones en el estado a distintitos cargos en el 2027 y estamos entusiasmados, vamos a revisar en que convocatoria estaremos participando”.

Explicó que próximamente viene la convocatoria para las diputaciones federales, luego la de presidentes municipales y finalmente la de las diputaciones locales, donde dijo, todos estarán sujetos a la medición de popularidad, pero con positivos, “no se trata de postular por postular, sino que realmente se refleje la aceptación del pueblo”, y subrayó que la unidad se está construyendo con respeto entre todos los actores y que quien desacredite no tiene derecho a participar, “si en el pasado fue distintivo en alguno, este momento no hay cabida, es lo más importante, (porque) en este movimiento nosotros aspiramos a arrebatar el congreso local al PAN”.

VENTAJA DE MORENA EN VARIOS MUNICIPIOS

Asimismo, señaló que se cuenta con mediciones de que se podría ganar en “la joya de la corona” León, en Silao, Irapuato, San Miguel de Allende, donde hoy no son gobierno, y refrendar municipios como Celaya y Salamanca, solo como morena, subiendo incluso las posibilidades de ir en coalición con otros partidos como Verde y PT.

Abundó que por ejemplo en Guanajuato capital se ganaría 3 a 1, donde el PAN va en caída libre, siendo la presidenta Samanta Smith, la peor calificada y se ubica en los últimos lugares a nivel nacional.

El dictamen, aprobado por mayoría de votos, instruye a la ASEG a revisar con lupa el universo de transacciones que deliberadamente no fueron fiscalizadas en revisiones anteriores de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, así como el gasto corriente de los ejercicios 2025 y el año en curso, 2026.

El foco de la sospecha: Las empresas y el Patronato del Zoo

La urgencia del Congreso local no es casualidad. El centro de esta investigación especial apunta directamente a esclarecer el monto total de los contratos y las operaciones financieras realizadas por el gobierno leonés con un bloque de firmas específicas que han levantado alertas en el Legislativo:

• Office and Publicity MDF S. de R.L. de C.V.

• Synamica S.A. de C.V.

• Centro Publicitario y de Marketing TLGR S.A. de C.V.

• García Vaxkin, Asociados S.A. de C.V.

La revisión de la ASEG no se limitará a este padrón de proveedores; el mandato legislativo ordena extender las investigaciones a cualquier otra persona física o moral vinculada a estas transacciones, además de auditar a fondo el funcionamiento y manejo de recursos dentro del Patronato del Parque Zoológico de León.

El dictamen original sumó fuerza tras aprobarse una propuesta del diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, quien pidió integrar de inmediato otra iniciativa que coincidía en fiscalizar las contrataciones de León con diversas empresas, acelerando el proceso sin esperar la ficha técnica de la Auditoría. En contraste, la propuesta del diputado David Martínez Mendizábal para reactivar observaciones pendientes de la cuenta pública 2024 de León fue desechada.

¿En qué responsabilidades podrían incurrir?

De detectarse anomalías, desvíos o favoritismos en el esquema de contratación con las empresas señaladas, los funcionarios y exfuncionarios de la administración de León involucrados podrían enfrentar graves consecuencias bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y el Código Penal, tales como:

• Responsabilidades Administrativas Graves: Cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, abuso de funciones y actuación bajo conflicto de interés, cuyas sanciones van desde la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta multas resarcitorias gravosas.

• Responsabilidades Penales: Delitos por corrupción, uso ilícito de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público, las cuales conllevan penas de prisión.

Otros acuerdos de la Comisión

En la misma sesión, la Comisión avaló exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el uso de recursos en la contratación de la empresa SEMEX S.A. de C.V. para proyectos de semaforización en los 46 municipios del estado durante 2025 y 2026. Asimismo, aprobaron reformas a la Ley del IEPS para adoptar un esquema “ad quantum” en bebidas alcohólicas (fijando la cuota por grado G.L. de alcohol por litro) y ordenaron el archivo definitivo de 11 propuestas de punto de acuerdo.

Al exponer los motivos en tribuna, destacó que uno de los principios constitucionales que mayor relevancia ha adquirido con la Cuarta Transformación es la participación popular, entendida como el derecho de la ciudadanía a involucrarse de manera permanente en las decisiones que impactan su vida cotidiana.

Y es que afirmó que durante muchos años se concibió al gobierno como una tarea exclusiva de especialistas y funcionarios, dejando a la ciudadanía al margen de las decisiones públicas.

El legislador destacó que la experiencia nacional ha demostrado que la organización comunitaria genera resultados positivos, poniendo como ejemplo los caminos artesanales impulsados durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y los programas de participación comunitaria promovidos actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, señaló que esta reforma busca evitar situaciones como las registradas en diversos municipios, donde decisiones tomadas sin la participación de la ciudadanía han generado conflictos sociales y la suspensión de proyectos públicos.

Como ejemplo, mencionó el caso de la colonia Independencia, en Silao, donde una obra pública tuvo que ser suspendida debido a la falta de diálogo y consulta con la población afectada.

La propuesta busca fortalecer las políticas públicas y acciones institucionales dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres que asumen la responsabilidad principal del sostenimiento de sus hogares.

Al hacer uso de la voz, la diputada Ana María Esquivel Arrona destacó la importancia de contar con una legislación específica para atender las necesidades de las mujeres jefas de familia, al considerar que enfrentan condiciones particulares que requieren acciones focalizadas.

Señaló que las observaciones y aportaciones realizadas durante la mesa de trabajo contribuirán a fortalecer la propuesta y perfeccionar su contenido, al tiempo que reconoció que la iniciativa complementa y respalda las acciones que el Gobierno de la Gente ha impulsado en favor de las mujeres, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante la reunión participaron representantes de la Consejería Jurídica; de las secretarías de las Mujeres, del Nuevo Comienzo, de los Derechos Humanos, de Salud; del DIF estatal; de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado; coincidieron en la viabilidad de la propuesta, pues plantea una respuesta normativa pertinente para avanzar hacia una política pública más equitativa e integral, al reconocer las condiciones particulares que enfrentan las mujeres jefas de familia y promover acciones orientadas a su empoderamiento económico, acceso a servicios y ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, las y los asistentes realizaron observaciones y propuestas para fortalecer la redacción de la iniciativa, con el objetivo de dotarla de mayor claridad jurídica, precisar conceptos y garantizar una adecuada implementación de las políticas públicas previstas en la propuesta.

Por su parte, la diputada Yesenia Rojas Cervantes agradeció las contribuciones realizadas durante la mesa de trabajo y resaltó la importancia de escuchar a las instituciones involucradas para fortalecer la propuesta. Como diputada migrante, subrayó su interés en que las observaciones recabadas permitan enriquecer el análisis de la iniciativa y responder de mejor manera a las necesidades de las familias guanajuatenses.

Al cierre de la reunión, la legisladora Susana Bermúdez Cano destacó la disposición de las instituciones participantes para contribuir al análisis de la propuesta y señaló que el intercambio de opiniones permitirá enriquecer el proceso de dictaminación y avanzar en la construcción de una legislación que responda de manera efectiva a las necesidades de las mujeres jefas de familia en Guanajuato.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública aprobó por unanimidad el dictamen de la nueva Ley para la Regularización de Asentamientos Humanos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, una iniciativa impulsada de manera conjunta por el PAN y el PRD.

¿De qué trata y cómo beneficia directamente a los ciudadanos? Aquí te lo contamos al grano.

Escrituras y servicios públicos: El objetivo principal

El corazón de esta propuesta es unificar y simplificar las reglas del juego en todo el estado. Actualmente, los trámites municipales y estatales suelen ser un laberinto burocrático que frena la legalización de las tierras.

Con esta nueva ley, se busca acelerar el proceso para que las familias que hoy no cuentan con escrituras puedan obtenerlas de forma segura. Al tener sus papeles en regla y salir de la irregularidad, las colonias finalmente podrán acceder a:

• Servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, luz y alumbrado).

• Infraestructura urbana (pavimentación, banquetas y áreas verdes).

• Programas sociales y financiamiento para mejorar sus viviendas.

Crecimiento ordenado y seguro

La ley no solo busca dar papeles, sino garantizar que la gente viva en lugares aptos y seguros. Por ello, el proyecto establece requisitos técnicos y de protección civil muy claros. Ningún asentamiento se regularizará a ciegas; las autoridades verificarán que los terrenos sean viables y no representen un riesgo para quienes los habitan.

Además, los ayuntamientos de los 46 municipios estarán obligados a crear un registro único de asentamientos irregulares. Esto permitirá tener un diagnóstico real, transparente y bajo la lupa para dar un seguimiento puntual a cada caso.

Con este dictamen aprobado, el proyecto pasa al Pleno del Congreso para su votación final, perfilándose como una de las reformas de mayor impacto social y urbano para el patrimonio de las familias guanajuatenses.

Los trabajos fueron encabezados por la diputada Plasida Calzada Velázquez y el diputado David Martínez Mendizábal, y abordaron temas relacionados con desarrollo, presupuesto, seguridad, vida comunitaria, salud, cultura, educación y derechos de las mujeres.

Las iniciativas impulsadas buscan fortalecer aspectos como el reconocimiento y la personalidad jurídica de las comunidades, la participación efectiva en la toma de decisiones, así como la protección y promoción de la medicina tradicional indígena.

Durante la consulta, el diputado David Martínez Mendizábal señaló que este proceso contribuye a saldar la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo sus particularidades culturales e históricas para legislar con un enfoque de justicia social.

La diputada Plásida Calzada Velázquez expresó su confianza en que las opiniones y propuestas de las comunidades sean escuchadas y reflejadas en los dictámenes que emitirá la Comisión en las próximas semanas.

Entre las principales aportaciones de las personas consultadas destacaron la necesidad de profesionalización de los cuerpos de seguridad mediante un servicio civil de carrera, la incorporación permanente de representantes indígenas y afromexicanos en las mesas de paz, el respeto a la autonomía y personalidad jurídica de las comunidades, la participación directa en la definición de obras y recursos públicos, así como la actualización del censo de comunidades indígenas.

También solicitaron mayor atención a los problemas de salud que se viven en las comunidades, reconocimiento y capacitación para parteras, curanderos, hueseros y temazcaleros, acciones para preservar los conocimientos ancestrales, también se resaltó la necesidad del impulso a la lectura y el rescate de la historia afrodescendiente en los municipios de Guanajuato a través de plasmarlos en los libros de texto.

Ante este panorama, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo de urgente resolución. El exhorto va dirigido de manera contundente a los titulares de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) y de la Secretaría de Obra Pública (SOP), exigiéndoles priorizar la adecuación urgente de todos los planteles de educación básica en la entidad para garantizar una accesibilidad real.

La dura realidad en cifras: Escuelas inaccesibles y miles de alumnos ignorados

La dimensión del problema es profunda cuando se confrontan las necesidades con la infraestructura disponible. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y los censos educativos estatales, en Guanajuato operan alrededor de 10,400 escuelas en los distintos niveles de educación obligatoria.

Sin embargo, el propio legislador denunció, con base en datos oficiales de la SEG, una alarmante carencia: menos del 45% de las escuelas primarias y secundarias de la entidad cuentan actualmente con infraestructura adaptada para personas con discapacidad. Esto significa que más de 5,700 planteles en el estado carecen de los elementos mínimos de movilidad, violando flagrantemente la legislación federal y estatal.

Esta exclusión de infraestructura afecta directamente a una población vulnerable que va en aumento. Los datos del INEGI estiman que en Guanajuato viven más de 50,000 niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 17 años con alguna discapacidad, limitación o condición neurodivergente, de los cuales una proporción significativa enfrenta barreras físicas diarias para ingresar, permanecer o transitar libremente en sus centros de estudio.

Infraestructura para todos: Más allá de una rampa

Al hacer uso de la voz en la tribuna, Contreras Guerrero fue enfático en señalar que la accesibilidad no se reduce a construir una rampa aislada. El diseño universal exige que las escuelas cuenten con:

• Rampas con especificaciones técnicas correctas.

• Sanitarios completamente adaptados.

• Señalética accesible (incluyendo sistema Braille y apoyos visuales).

• Espacios adecuados para el libre tránsito y la movilidad segura.

El congresista argumentó con visión integral que adecuar los entornos escolares no solo beneficia a los alumnos con discapacidades permanentes, sino también a personal docente, trabajadores administrativos, personas con limitaciones temporales de movilidad, e incluso a padres y madres de familia de la tercera edad que asisten a los planteles.

El llamado a la acción institucional

“La inversión en infraestructura incluyente contribuye a reducir la exclusión, fortalecer la equidad educativa y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación”, sostuvo el legislador, recordando que la omisión estatal perpetúa la desigualdad social.

La propuesta, que busca obligar a las secretarías estatales a trazar un plan presupuestal y operativo inmediato para el rescate de las escuelas, fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso local para su estudio y dictamen. La moneda está en el aire, pero la urgencia en las aulas no puede esperar.

Con esta propuesta, los actuales juzgadores, magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado permanecerán en sus cargos de manera extendida hasta el año 2028, concluyendo sus funciones formalmente el día en que los nuevos integrantes electos rindan protesta.

Los puntos clave de la propuesta en Guanajuato

Para evitar un vacío legal y garantizar orden en la transición, la iniciativa plantea tres modificaciones e inclusiones principales que cambiarán las reglas del juego en la entidad:

• Comisión Coordinadora con “filtro” de género: Se creará un órgano responsable de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos constitucionales, aplicar exámenes de conocimientos y, de manera estricta, asegurar que se cumpla con el principio de paridad de género.

• Apertura a perfiles externos: Uno de los cambios más drásticos es la reducción del requisito de residencia en Guanajuato. Se propone pasar de cinco años a solo un año de residencia obligatoria anterior a la convocatoria, abriendo la puerta a perfiles de otras regiones.

• Candado para “chapulines”: La reforma incluye una disposición que obliga a cualquier magistrado o juzgador en funciones que decida competir por un cargo de elección popular distinto al judicial a separarse de su puesto mediante una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse.

“La justicia no es una concesión del poder”

Al defender la propuesta en tribuna, la diputada Susana Bermúdez Cano enfatizó la necesidad de realizar este proceso de transición con absoluta certeza jurídica y respeto a la autonomía institucional de Guanajuato.

“La justicia no es una concesión del poder, es la garantía más importante que tiene la ciudadanía frente al poder mismo”, señaló la legisladora, apuntando que el blindaje del Poder Judicial es clave para mantener la confianza de los ciudadanos en la resolución imparcial de sus conflictos.

El costo de la democracia judicial

Finalmente, la propuesta contempla el impacto financiero que implicará este inédito proceso electoral. El proyecto plantea un exhorto directo tanto al Poder Judicial del Estado como al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) para que comiencen a planificar y etiquetar los presupuestos necesarios para los ejercicios fiscales de los años 2027 y 2028, asegurando que la logística de los comicios no comprometa la operación diaria de la justicia en la entidad.

La propuesta, impulsada por el diputado Alejandro Arias Ávila ante el Pleno de la LXVI Legislatura, plantea reformar la Ley de Archivos del Estado. El objetivo principal es meramente ciudadano: garantizar que las personas puedan auditar, conocer y evaluar el pasado y presente de sus gobiernos, sin importar si las dependencias que tomaron las decisiones ya no existen.

El problema actual: el limbo de la información

Arias Ávila advirtió que la legislación vigente obliga a cuidar los documentos mientras las oficinas operan, pero no dice con claridad qué hacer si una institución se extingue, se fusiona con otra o cambia de nombre.

“La historia nos demuestra que cuando una institución desaparece o modifica su estructura, los archivos pueden quedar dispersos, extraviarse o incluso terminar fuera de la custodia pública”, alertó el legislador. Cuando esto ocurre, no solo se pierden papeles, se debilita el derecho de la gente a acceder a la información y se abre la puerta a la opacidad.

¿Cómo funcionaría este blindaje? (Traducción del lenguaje técnico)

Para evitar que los archivos se deterioren o desaparezcan en la mudanza institucional, la reforma propone dos candados obligatorios:

• Responsable asignado: Si una dependencia desaparece, cambia de área o se divide, por ley se tendrá que señalar desde el primer momento qué oficina exacta se encargará de recibir, cuidar y vigilar esos documentos.

• Cuentas claras en la entrega: El proceso no se hará “de palabra”. Se exigirá un acta circunstanciada (es decir, un reporte oficial, detallado paso a paso y con validez legal) y una copia certificada que irá directo al Archivo General del Estado para que quede constancia de qué se entregó y en qué condiciones.

Con esta medida, alineada a los principios de buena gobernanza de la UNESCO, se busca entender la conservación de documentos no como un trámite burocrático, sino como la base de la transparencia. Proteger los archivos es, en el fondo, proteger la memoria colectiva de los guanajuatenses y asegurar que el poder público rinda cuentas a futuro.

Desde tribuna, la diputada Ana María Esquivel Arrona subrayó que el PAN no está en contra de la pensión para personas con discapacidad ni de fortalecer los apoyos dirigidos a este sector de la población.

En este sentido, expuso que la propuesta original había sido rebasada por trabajos técnicos, jurídicos y legislativos ya en marcha, por lo que era necesario enfocar el exhorto en dar seguimiento puntual a los avances y resultados que las autoridades deben presentar a la ciudadanía.

“Nosotros no estamos en contra de la pensión no contributiva ni de atender de manera integral a las personas con discapacidad. Lo que proponemos es dar seguimiento a este tema desde la instancia competente y con información clara sobre los avances que se están generando”, señaló.

Por ello, el acuerdo aprobado solicita a la Secretaría de Derechos Humanos informar sobre los avances para el otorgamiento de la pensión no contributiva, los trabajos que se realizan en coordinación con la Secretaría de Bienestar y las acciones encaminadas a garantizar la inclusión plena y la participación en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

Al hacer uso de la voz, el diputado Jorge Espadas Galván afirmó que la pensión no contributiva para personas con discapacidad es una convicción del PAN y del Gobierno del Estado, por lo que reiteró que los trabajos para su implementación avanzan.

Asimismo, anunció que el Grupo Parlamentario del PAN presentará una iniciativa integral en la materia, con el propósito de fortalecer la protección, el acompañamiento y el respaldo a las personas con discapacidad y sus familias.

Destacó que la propuesta buscará construir una política pública sólida y sostenible, que garantice no solo el acceso a la pensión no contributiva, sino una atención más amplia orientada a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de sus derechos.

Con estas acciones, las diputadas y diputados del PAN y PRD refrendaron su compromiso de impulsar políticas públicas que fortalezcan la inclusión, el respeto a los derechos humanos y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad y sus familias.