En una ceremonia en que estuvieron presentes representantes del área de Cultura del Gobierno de la CDMX, así como representantes y miembros de esta Fundación, se presentaron decenas de fotografías convertidas en arte pictórico, que exponen la manera en la que personas que tienen esta condición en su piel buscan que sean percibidos por la sociedad.

La FMV resaltó que en ningún lugar del mundo una enfermedad se ha convertido en arte y se ha expuesto públicamente como un acto de conciencia social.

Karen Férez, presidenta de la Fundación Mexicana de Vitíligo, expresó que no existe un lugar más publicado que el Metro de la Ciudad de México para convertir a uno de sus espacios en arte y conciencia a la vista de miles de personas que transitan por ese lugar diariamente.

A partir de hoy el Metro Jamaica en su espacio de la línea nueve en dirección de Pantitlán a Tacubaya se convierte en un espacio de arte, conciencia, representación y encuentro, en el que cada foto significa una historia y un acto de resistencia al estigma, “ya que cuando una persona se ve reflejada con respeto, belleza y dignidad todo en ella cambia y todo en la sociedad lo hace también”.

“Con este esfuerzo, logramos que una sociedad sea más tolerante, empática compasiva, mostrando pieles llenas de color, que demuestra que cuando se desea cambiar al mundo primero hay que cambiar uno mismo” expresó Karen Férez.

Durante el mitin que se realizó en el bloqueo ubicado en la Glorieta del Ahuehuete, el secretario general de la sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, adelantó que la próxima semana podrían realizarse movilizaciones de protesta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Estadio Azteca, para seguir exigiendo el cumplimiento de su pliego petitorio.

A pesar de la fuerte lluvia que cayó en esta zona del centro de la ciudad durante la mañana, los docentes arribaron desde las 10 horas en medio de consignas, en el marco de su quinto día consecutivo de protestas. Durante el bloqueo de Reforma, los docentes organizaron carreras de atletismo y “retas” de futbol, además de reiterar su exigencia de que se abrogue la Ley del Issste de 2007, que implicó la desaparición del régimen solidario de pensiones, el cual fue sustituido por un esquema de cuentas individuales para el retiro.

Asimismo, el líder magisterial indicó que el más reciente ofrecimiento de las autoridades federales no resuelve las peticiones de los docentes, pues –a juicio de la CNTE—deja intacto el esquema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

“Se considera que no es la respuesta que requerimos para la abrogación de la Ley de Issste, pues solo refuerza o fortalece a las Afores. Aun cuando todas las cuentas emigraran a Pensionissste, las reglas de operación siguen siendo las mismas. Y además no se puede, porque la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dice que no puede haber un monopolio”, explicó. Desde ayer, tras una reunión con los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y Educación Pública, Mario Delgado, así como el director del Issste, Martí Batres, los inconformes manifestaron que las propuestas presentadas por el gobierno federal hasta el momento “no resuelven sus demandas centrales”, entre ellas reanudar la mesa de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hernández adelantó que mañana sábado a las 11 horas se realizará en el inmueble de Belisario Dominguez 32, en el Centro Histórico, un foro donde participarán representantes de diversas luchas y organizaciones, entre ellas los trabajadores en huelga de Tornel y el Nacional Monte de Piedad, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y colectivos de madres buscadoras.

Además, anunció que el domingo a las 11 de la mañana se realizará un acto en memoria de las víctimas de la masacre de El Charco –ocurrida en el estado de Guerrero—y a las 4 PM de ese mismo día los maestros llevarán a cabo su Asamblea Nacional Representativa, en la cual definirán su agenda de movilizaciones para la próxima semana. Según el dirigente de la sección 9, entre el domingo y el lunes llegarán a la capital del país más docentes para reforzar el plantón y las movilizaciones de la CNTE.

“La visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y Estados Unidos lo está investigando por sus supuestos vínculos con el crimen organizado”. Los reporteros señalan que el gobernador fue secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes con conocimiento del caso informaron a los periodistas que aunque le fue negada una visa, Durazo viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial estadunidense empleado para individuos que están cooperando con seguridad publica.

“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, escriben los reporteros. Agregan que la oficina de Durazo no respondió a solicitudes para comentar sobre este asunto.

En Estados Unidos, un gran jurado es típicamente convocado para considerar información presentada por fiscales del gobierno para aprobar una acusación formal sobre la cual se emite una orden de arresto. Un gran jurado en Nueva York emitió la acusación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, lo cual llevó a la solicitud de su extradición por el gobierno estadunidense. Los reporteros reconocieron que fue el periodista mexicano Luis Chaparro que previamente reportó que Durazo había perdido su visa estadunidense y recibido el parole.

La investigación del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol. “Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole Signficant Public Benefit. Cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses”, una persona con conocimiento del caso informó a Fisher y Linthicum. Villarreal calificó de falso toda acusación en su contra en una declaración a los reporteros sobre el asunto.

Los reporteros señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la investigación de Rocha Moya como una campaña de difamación “políticamente motivada contra el gobierno izquierdista”. También reportan que cuando el secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin se reunió con Sheinbaum en mayo, le dijo que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos. Sheinbaum, afirman, respondió que el destino del gobernador se determinará en México, y que “le advirtió a Mullin que acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.

En una breve referencia a la postura asumida por Johnson tras el discurso presidencial del domingo advirtiendo que México no acepta el injerencismo estadunidense, la mandataria dijo que coincide con una parte del planteamiento de Johnson en el sentido de que hay que trabajar conjuntamente para enfrentar estos problemas compartidos. “Buscamos la colaboración y coordinación para avanzar conjuntamente”.

Enfatizó que ninguno de los embajadores de México ya sea en Estados Unidos, en Australia o en cualquier otro país no opinan sobre los problemas internos de los países donde representan a nuestro país porque se rigen bajo el principio constitucional de la autodeterminación de los pueblos.

Por eso, reiteró: “ que el embajador se quede en el tema bilateral y respete nuestros asuntos internos. Los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”.

En este contexto, reiteró su convocatoria “al pueblo a participar en asambleas informativas sobre la transformación y defensa de la soberanía”. Sigo haciendo esta invitación “a todos nos corresponde entender lo que estamos viendo. Queremos tener una buena relación con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía”.

En esta sesión, presidida por la jueza federal Katherine Polk Failla, se trataron exclusivamente temas técnicos y de procedimiento: el calendario para el intercambio de evidencias entre la fiscalía y la defensa, y la fijación de la próxima audiencia para el 4 de agosto.

Los cargos y la conexión con “Los Chapitos”

Mérida Sánchez se declaró “no culpable” el pasado 15 de mayo de los tres cargos específicos en su contra. Las acusaciones de las autoridades federales de EE. UU. incluyen:

• Conspiración para la importación de drogas (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina).

• Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

• Recibir sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares (entre 2023 y 2024) por parte de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

A cambio de este dinero, la acusación señala que el exsecretario blindaba al cártel: no interfería en sus operaciones, evitaba el arresto de sus miembros y les filtraba información sobre operativos antinarcóticos.

Una red de corrupción de alto nivel

Mérida Sánchez —quien fuera colaborador cercano del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— no está solo en el expediente. El caso incluye a otros ocho funcionarios y políticos sinaloenses, sumando un total de 10 acusados.

Según la fiscalía estadounidense, este grupo participó en una asociación delictuosa que recibió “colectivamente millones de dólares” del narcotráfico a cambio de proteger a los líderes del cártel. Cabe destacar que, hasta el momento, Mérida Sánchez es el único de los 10 acusados que se encuentra bajo custodia oficial en Estados Unidos.

Aclaración sobre otros implicados: Aunque en días recientes diversos medios y figuras políticas especularon sobre la entrega del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, el Departamento de Justicia de EE. UU. no ha confirmado la noticia y no existen registros oficiales de su detención o comparecencia.

¿Qué sigue en el proceso?

El fiscal David Robles detalló que la evidencia que comenzarán a compartir con la abogada de oficio de Mérida, Sarah Krissoff, incluye tanto pruebas particulares contra el general en retiro como material general aplicable a los otros implicados.

Es importante señalar que estas audiencias preliminares son meramente técnicas (para definir reglas del juego y revisar condiciones de reclusión) y aún no representan un juicio. De hecho, los expertos no descartan que esta etapa pueda concluir antes si el acusado llega a un acuerdo con la fiscalía para evitar el juicio formal.

El mensaje, que fue transmitido en enlaces en vivo a plazas públicas de casi todo el país —con excepción de Coahuila debido a su proceso electoral local—, sirvió como un balance de sus primeros 20 meses al frente del Ejecutivo y como conmemoración de los dos años de la jornada electoral que la llevó a la presidencia.

El duro contraste con Fox y Calderón

Desde el arranque de su intervención, Sheinbaum Pardo lanzó duras descalificaciones a los gobiernos del pasado. Señaló al sexenio de Vicente Fox por episodios de represión en San Salvador Atenco y Oaxaca, además de recordarlo como el artífice del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador y del conflicto electoral de 2006.

Al referirse a la administración de Felipe Calderón, la presidenta no dudó en calificarla abiertamente como un “narcogobierno”:

“No olvidemos que [Fox] encabezó el desafuero a Andrés Manuel López Obrador, y su obra cumbre, el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno”, enfatizó.

Asimismo, criticó que durante los 36 años del modelo neoliberal la política económica se dictara desde el exterior y se permitiera la injerencia de agencias estadounidenses en decisiones de seguridad nacional, citando como ejemplo el operativo Rápido y Furioso y las memorias de Francisco Labastida sobre el pacto de Ernesto Zedillo con Estados Unidos para la transición del año 2000.

Balance a 20 meses: Austeridad y rendición de cuentas

Tras asegurar que “los tiempos cambiaron y en México gobierna el pueblo”, la jefa del Ejecutivo desglosó los que considera los principales pilares de su gestión en lo que va del encargo. Bajo la premisa de que los recursos se conducen con honradez, enumeró los avances en materia de comunicación y disciplina financiera:

• Diálogo circular: La realización de 409 conferencias matutinas como ejercicio de transparencia.

• Austeridad republicana: Eliminación de compras de vehículos lujosos o excentricidades para el funcionariado.

• Cero tolerancia: Mandato estricto de probidad para todos los servidores públicos.

Haciendo eco de la mística del gobierno anterior, Sheinbaum contrastó la actual dinámica gubernamental con las épocas en que los mandatarios vivían distanciados en la residencia oficial de Los Pinos o viajaban en aeronaves de gran lujo.

“Por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar”, sentenció la mandataria, cerrando un informe que reafirma la plaza pública como el escenario principal de su narrativa política.

Destacó que el documento fue recibido por la mañana y deberá ser ratificada a más tardar el próximo 29 de mayo, para que se pueda remitir a la Subcomisión de Examen Previo.

La panista destacó que la petición fue suscrita por 11 diputados de Morena de Chihuahua.

Cabe destacar que Morena ha acusado a la mandataria panista de violar la legislación al permitir la operación de agentes extranjeros en un operativo contra el crimen organizado.

Por otra parte, dio a conocer que se postergo la reunión interparlamentaria con España que se estaba organizando. Ello a petición de la Junta de Coordinación Política, por considerar que no era el momento para tal encuentro. López Rabadán informó que hoy mismo notificó a los legisladores de aquel país sobre esta decisión y confió en que la reunión de pueda realizar en breve.

A través de un posicionamiento difundido en su cuenta oficial de X, el mandatario estatal aseguró que mantendrá plena disposición para acudir a cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora conforme avance el proceso.

El gobernador con licencia sostuvo que su actuar se mantiene dentro del respeto a las instituciones y al marco legal vigente. Rocha también manifestó confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de Derecho.

Según expuso, considera que las instituciones encargadas de la impartición de justicia se han fortalecido mediante reformas impulsadas dentro del proyecto político de la Cuarta Transformación.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, señaló el mandatario sinaloense.

En su declaración pública, Rubén Rocha Moya destacó además su respaldo a la presidenta de México y reconoció su liderazgo en temas relacionados con soberanía nacional y fortalecimiento institucional.

La publicación fue difundida mediante su cuenta oficial en redes sociales y ocurre en un contexto donde diversas investigaciones y comparecencias han generado atención pública y política.

El pasado 23 de mayo, la FGR citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a los otros nueve mencionados en las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala que  recibieron sobornos del cártel de Sinaloa.

Contexto: ¿Qué implica una comparecencia ante la FGR?

Una comparecencia ante la Fiscalía General de la República forma parte de los procedimientos mediante los cuales las autoridades recaban información relacionada con una carpeta de investigación.

Ser llamado por el Ministerio Público para rendir declaración o responder cuestionamientos no representa automáticamente una responsabilidad penal ni implica una acusación formal, ya que forma parte del proceso de integración y análisis de información.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró rápidamente que estos procedimientos se realizan bajo el estricto marco de la ley y descartó de manera tajante cualquier “interés político” en las indagatorias.

El Contexto: ¿De qué se les acusa o por qué se les investiga?

Aunque los citatorios se emitieron casi de manera simultánea, los casos corresponden a expedientes y presuntos delitos completamente distintos:

1. El caso de Maru Campos (Chihuahua) y el “Caso CIA”

La citación de la gobernadora panista deriva de la cadena de mando de los servidores públicos que participaron en un operativo antinarcóticos en la Sierra del Pinal, Chihuahua, para asegurar un presunto narcolaboratorio.

• El origen: Las autoridades federales indagan la presunta intervención no autorizada o irregular de dos agentes de inteligencia de Estados Unidos (identificados tentativamente como agentes de la CIA) en dicho operativo de seguridad nacional.

• El detonante: Tras el aseguramiento del laboratorio, los dos agentes estadounidenses y dos policías estatales mexicanos fallecieron en un aparatoso accidente automovilístico. La FGR busca esclarecer el nivel de cooperación que mantiene el gobierno de Chihuahua con agencias extranjeras fuera de los convenios bilaterales tradicionales.

• Fecha de la cita: Está programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

2. El caso de Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y la Corte de Nueva York

El llamado del gobernador sinaloense con licencia (así como de otros funcionarios locales, entre ellos el senador Enrique Inzunza) forma parte de una exhaustiva carpeta de investigación que la FGR abrió tras las actuaciones judiciales en Estados Unidos.

• El origen: El Departamento de Justicia de EE. UU. interpuso una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra diez personas.

• La acusación: Las indagatorias estadounidenses señalan que exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa habrían colaborado o pactado con la facción de “Los Chapitos” (del Cártel de Sinaloa). Presuntamente, el grupo criminal habría brindado apoyo para que Rocha Moya obtuviera el triunfo en las elecciones a la gubernatura en el año 2021.

Las reacciones de los implicados

Maru Campos del PAN (Chihuahua): Denunció formalmente que el citatorio representa una “persecución política” orquestada desde el partido oficialista (Morena). Acusó a la FGR de “proteger a los delincuentes y perseguir a quienes cumplen con su deber”, aunque confirmó que se presentará a declarar a pesar de contar con fuero constitucional.

Rubén Rocha Moya de MORENA (Sinaloa): El mandatario local con licencia, quien había mantenido un perfil bajo en la vida pública, reapareció a través de sus redes sociales para asegurar que atenderá el requerimiento de la FGR de manera pacífica. Declaró ser un hombre honrado, que “no tiene nada que temer” y que acudirá con “la frente en alto”.

Tras las acusaciones, Inzunza negó que esto fuera cierto, pero no ha acudido a sesiones del Senado y de la Comisión Permanente desde entonces. Actores políticos de la oposición, como Lilly Téllez, han cuestionado a Morena sobre la ausencia de Inzunza en las reuniones legislativas.

Este viernes, Corral señaló que sí estuvo con Inzunza al mediodía en Culiacán.

“Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo. Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. Insunza tampoco se anda escondiendo”, apuntó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

El mensaje de Corral sobre su reunión con Inzunza surge luego de que el periodista Pascal Beltrán del Río compartiera una foto desenfocada donde aparecen los dos legisladores, con el siguiente mensaje: “¿Que dónde está Enrique Insunza? Hoy estaba en el Country Club de Culiacán, acompañado de Javier Corral”.

El exgobernador de Chihuahua y ahora legislador, Javier Corral, añadió en su mensaje que Enrique Inzunza no se esconde y que incluso acudirá la próxima semana a la sesión del periodo extraordinario de la Comisión Permanente.

¿De qué es acusado Enrique Inzunza en EU?

A finales de abril, el Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza y otros funcionarios de presuntamente crear una red de protección para Los Chapitos.

Entre las acusaciones a los funcionarios mexicanos, la autoridad de EU señaló conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y conspiración para poseerlas, entre otros.

El senador morenista ha rechazado los cargos y faltó a las sesiones del Senado y la Comisión Permanente en mayo. El 17 de mayo, Inzunza negó que esté en contacto con autoridades de EU y dijo que no contratará una defensa, al afirmar “soy abogado de mí mismo (…) Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud”.

Inzunza dijo que no acudiría a sesión de la Comisión a principios de mayo, con el fin de evitar que su presencia fuera usada como un espectáculo por los partidos opositores a Morena. Y afirmó que permanecería en Sinaloa. Su ausencia ha sido fuertemente cuestionada y han surgido especulaciones sobre que tendría contacto con EU para buscar ser testigo protegido, algo que ha negado.

Esto, luego de que el secretario de Seguridad Interior de EU, Markwayne Mullin, se reuniera con la presidenta el jueves 21 de mayo.

La mandataria también aseguró que le dejó claro a Mullin que la relación entre México y EU seguirá siendo colaborativa en materia de inteligencia, formación e intercambuo de información para combatir al crimen organizado.

“Quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien”, declaró la mandataria.

Sheinbaum informó que la próxima charla en materia de seguridad es en junio, además dijo que la reunión con Sara Carter, titular de la oficina de la Casa Blanca para la Política de Control de Drogas, se pospuso.

“Se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. Entonces ese fue el tono de la reunión. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando”, dijo Sheinbaum.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de EU a Raúl Castro?

La presidenta Sheinbaum expresó su desacuerdo con la acusación penal en EU contra el expresidente cubano Raúl Castro, al considerar que responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países.

“La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (…) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas civiles en 1996.

Sheinbaum cuestionó el momento de la imputación contra el exmandatario cubano, quien enfrenta cargos por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato ante un tribunal federal del sur de Florida.

“El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, señaló.

La gobernante mexicana sostuvo que este tipo de acciones reflejan una práctica histórica de presión estadounidense sobre América Latina.

Sostuvo que ante la solicitud que hizo Estados Unidos para la detención urgente de 10 personas de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha, su gobierno no encubre a nadie, como dicen sus adversarios, “por más que levanten falsos” con la intención de “acabar con lo que hemos logrado en las conquistas del pueblo, con ayuda de un buen grupo de personas de fuera del país”.

Acusó que quienes “se suben al camión de estar denunciando” con mentiras son los que “antes tenían todas las canonjías, como Jorge Romero -líder del PAN- que tiene a la mitad del que era su gabinete en la Benito Juárez en la cárcel, por el cartel inmobiliario”.

Y reiteró que el presidente del PRI, Alejandro Moreno, “que tiene carpetas de investigación es el que va a Washington. Debería leer a algunos presidentes que fueron del PRI del pasado que defendían la soberanía, no el entreguismo que tiene este señor”.

Precisó que en México hay un sistema penal y “todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para poder detener a una persona tiene que haber una orden de aprehensión de un juez. Y para poder hacer una carpeta de investigación, se requieren pruebas”.

Entonces, “por más que se enojen, que digan que se entregaron dos (ex funcionarios de Sinaloa)” se requieren pruebas.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie si hay pruebas, no dichos, no menciones, no mentiras, porque ya todo mundo toma como cierto lo que desde nuestro punto de vista también tiene otras intenciones. Entonces no se cubre a nadie. Cuando hay pruebas, se procesa”.

Citó que en el caso del alcalde de Teuchitlán se demostró que estaba involucrado con la delincuencia y luego se comprobó que uno de sus hermanos “estaba metido en el huachicol”, por lo que también fue detenido.

Lo mismo, dijo, sobre un alcalde de Jalisco y con base en evidencias y una orden de aprehensión, se ejecutaron las detenciones de ayer de alcaldes y trabajadores de presidencias municipales de Morelos.

“Cuando voy a las comunidades escucho mucho a la gente y hay quien me dice ‘pensamos que esta persona está vinculada’. Me lo dicen en secreto y yo tomo nota, tomo el teléfono de esta persona, se lo doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y le digo tengo esta denuncia, por favor que le hablen por teléfono para ayudarle a abrir una carpeta de investigación”.

Así como fue, mencionó, se dieron las detenciones de los morelenses. Fueron meses meses de investigación, a raíz de que “hubo gente que cuando fui esa zona me dijo: Presidenta, no nos gusta lo que está pasando… Se obtuvieron las pruebas, la fiscalía actuó. Entonces, cero impunidad”.

Añadió que en caso de que Estados Unidos diga que están investigando a una persona, “se indaga como parte de los procesos penales que hay en México”.

Pero esta idea de que “rompa el pacto criminal… No tenemos pactos criminales con nadie. Tenemos un solo pacto y es con el pueblo de México, y es el de cumplir, el de seguir transformando el país para el bienestar del pueblo”.

Entre los involucrados con esta red criminal vinculada con Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente del estado de Morelos, y Baja California, entre ellos funcionarios públicos, alcaldes y  empresarios.

Entre quienes se encuentran sujetos a investigación está el ex presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, identificado como operador político durante la campaña electoral de la actual gobernadora, la morenista, Margarita González Saravia, reconoció el titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa García Harfuch y el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, se dio a conocer que este martes en un operativo interinstitucional en el que participó la Guardia Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), se dio cumplimiento a cinco órdenes de cateo y se detuvo a seis personas en domicilios ubicados en Morelos y Querétaro.

La investigación, señaló García Harfuch tiene objetivo detener y llevar a juicio a presidentes municipales en funciones, ex alcaldes, empresarios, servidores públicos y personas vinculadas a delitos como extorsión, contra la salud, tráfico de armas y delincuencia organizada.

Los detenidos fueron identificados como Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucán; Irving “N”, ex presidente municipal de Yecapixtla, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad, dijo García Harfuch.

Asimismo fue capturado Horacio “N”, secretario municipal en Cuautla, y ex aspirante a presidente municipal de Cuautla; Pablo Adrián “N”, empresario y Oficial Mayor de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero del municipio de Cuautla; y Arisbel Rubí “N”, ex candidata a la misma alcaldía.

El titular de la SSPC informó que las autoridades continúan en la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar la orden de captura en su contra.

Sin embargo , precisó que no hay una investigación por parte de la UIF sino que en función de que los bancos mexicanos tienen relación con entidades financieras estadounidenses, se realizó de manera preventiva.

Al referirse ampliamente al caso Sinaloa y la relación con Estados Unidos, la mandataria advirtió que es importante que allá tengan claro los límites de la colaboración sobre la base del respeto a nuestra soberanía.

“En México las instituciones mexicanas son las responsables de combatir al crimen organizado. Ellos nos pueden ayudar proporcionando información  pero sobre todo, atendiendo el consumo elevado de drogas allá y el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, dijo.

Cabe destacar que la semana pasada, la FGR dio a conocer que integra en un expediente sobre Rocha Moya todas las indagatorias relacionadas con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, y las irregularidades reportadas durante el proceso electoral de 2021 en esa entidad.

UIF confirma congelamiento de cuentas a Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó a través de un comunicado dichas acciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los demás señalados por Estados Unidos por su presunto vínculo con el cártel de Sinaloa.

“Se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas  con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano. Dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos”, señaló.

Agregó que las personas de dicha lista cuentan con las garantías de audiencia y defensa previstas en la ley para hacer valer los recursos administrativos o jurisdiccionales que crean procedentes.

Lo es, porque se trata de los vínculos del crimen organizado con un gobernador en funciones y que pertenece a su movimiento político.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada respecto a su relación con el gobierno de Donald Trump y su definición sobre las implicaciones del crimen organizado en la política mexicana.

LAS PRESIONES DESDE ESTADOS UNIDOS

Con la llegada del presidente Trump a la presidencia, la política antidrogas dio un giro muy importante, pasando a una política más combativa fuera del territorio de Estados Unidos considerando a los narcotraficantes: terroristas.

Esa política ha comprendido el ataque a embarcaciones que aparentemente trasladan drogas, la captura del presidente Maduro y la identificación de organizaciones presuntamente vinculadas a grupos de narcotraficantes.

En el caso de México ha implicado el ataque de embarcaciones en el pacífico, sobrevuelos de drones en territorio nacional, señalamientos de lavado de dinero a instituciones financieras, cancelación de visas a diferentes personalidades públicas y el señalamiento de políticos.

Ese ha sido el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios públicos, entre los más sobresalientes se encuentran: Enrique Inzunza, senador; Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Sinaloa y Juan de Dios Gámez, exalcalde de Culiacán.

Funcionarios estadounidenses han continuado declarando que todavía hay una lista de políticos vinculados al narcotráfico.

LA REALIDAD EN MÉXICO

En nuestro país desde hace mucho tiempo se ha aceptado que parte del crecimiento de los cárteles se debe a la vinculación con la clase política, de otra manera no se podría entender su proliferación.

Se tiene claro que la influencia del crimen organizado a nivel local es muy amplia por su capacidad de fuerza y poder financiero. Gobiernos municipales son muy susceptibles de ser infiltrados por grupos delictivos.

En el caso de los gobiernos estatales, aunque ha resultado más difícil probar sus vínculos, existen casos de gobernadores procesados como: Tomás Yarrington, Mario Villanueva, Roberto Sandoval o Jesús Reyna.

A nivel federal, el caso más emblemático ha sido el del exsecretario de Seguridad: Genaro García Luna; detenido y procesado en Estados Unidos.

Así que, los tentáculos de los cárteles tienen mucho tiempo moviéndose entre la clase política de nuestro país.

EL CASO DE LA 4T

En relación a la 4T desde un inicio pretendió darle un giro a la política de seguridad y se alejó de los conceptos de guerra, persecución o confrontación. Esto no dejó de generar polémica porque la actividad delictiva se mantuvo de manera significativa en varios estados: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato o Sinaloa y se extendió a otras entidades que no presentaban estos problemas, como: Tabasco, Chiapas o Campeche.

No se diga del número de homicidios y personas desaparecidas que se mantiene como unos de los principales problemas del país.

El caso particular de Sinaloa emergió con la captura y traslado del líder “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024. El mismo narcotraficante en una carta describió que fue objeto de una trampa en el que estuvieron involucrados Rocha Moya y Joaquín Guzmán López en donde también fue asesinado Melesio Cuén.

Podríamos dudar de la palabra del capo, pero su versión posteriormente fue confirmada indirectamente por la Fiscalía General de la República de Gertz Manero y se desataría la guerra entre la Mayiza y los Chapitos en territorio sinaloense.

Posteriormente, vendría la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que sería la puntilla final en la aparente relación del gobierno de Sinaloa con los cárteles de la región.

En todo este tiempo, los principales líderes de la 4T, incluyendo al expresidente López Obrador, han defendido contra viento y marea al gobernador de Sinaloa.

LA ENCRUCIJADA

Ahora la presidenta está en una de las encrucijadas más importantes de su administración. Todo parece indicar que Rubén Rocha Moya es una de las piezas más débiles en esta intrincada relación de los cárteles de la droga y la clase política. La confesión y cooperación de los narcotraficantes en Estados Unidos y la situación en el mismo Sinaloa no le favorecen. Ahora se agrega las detenciones de Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad y Enrique Díaz, exsecretario de finanzas y seguramente buscarán cooperar con las autoridades estadounidenses.

Los argumentos que ha presentado la presidencia en que no es urgente su solicitud de extradición y que no han presentado pruebas de su responsabilidad son solamente para ganar tiempo ante una decisión inevitable.

La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que decidir entre entregar al gobernador y esto signifique un golpe brutal para la 4T o no lo entregue y cargue con las represalias de Estados Unidos en todos los aspectos y el estigma de encubrimiento.

Asimismo, mediante un mensaje en sus redes sociales, el senador por Sinaloa rechazó que vaya a contratar abogados, pues él mismo se representa y probará que está libre de culpa.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento, aseguró Inzunza.

¿Dónde está Enrique Inzunza?

Sobre su paradero, y luego de no haberse presentado a ninguna de las dos sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que ya se han llevado a cabo, Enrique Inzunza aseguró que se encuentra en su tierra, Sinaloa, con su gente buena y honesta.

El senador resaltó que atenderá de manera personal cualquier cita que las autoridades mexicanas le formulen dentro del marco constitucional.

“Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales.

“Uno es lo que ha sido toda su vida. Mi honestidad y verticalidad están respaldadas por la veracidad de una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad”, refirió.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, Díaz Vega habría pactado su entrega inmediata a las autoridades de Estados Unidos con el objetivo de negociar un acuerdo judicial que reduzca una eventual condena en su contra.

Una entrega negociada desde el viejo continente

La información difundida de manera extraoficial —inicialmente por el portal La Silla Rota— señala que el exencargado de las finanzas sinaloenses se encontraba en territorio europeo al momento de verse cercado por las investigaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).

Ante el escenario de una orden de captura internacional, Díaz Vega habría optado por la vía de la cooperación, buscando convertirse en testigo o colaborador de las agencias estadounidenses.

Hasta el momento, las acusaciones que pesan sobre él desde Washington incluyen:

• Protección institucional y corrupción: Presunto uso de recursos y cargos públicos para facilitar operaciones financieras del crimen organizado.

• Filtración de información: Facilitar datos oficiales y operativos a facciones del Cártel de Sinaloa para proteger sus actividades de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

El efecto dominó: El caso Gerardo Mérida

Este reporte coincide milimétricamente con el procesamiento de otro hombre clave de la misma administración: el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez.

Mientras que Díaz Vega operaba desde Europa su entrega, la agencia Reuters y registros de la Agencia Federal de Prisiones confirmaron que Mérida Sánchez ya se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, tras haber cruzado la frontera por Arizona para entregarse a los US Marshals. Ambos exfuncionarios formaban parte del círculo más cercano de seguridad y administración financiera del estado.

El estatus de las investigaciones de la UIF a Rubén Rocha Moya

A la par de las detenciones internacionales, el entorno financiero del gobernador con licencia y su familia se encuentra bajo la lupa en México.

Luego de que una investigación del medio EmeEquis señalara un presunto congelamiento total de activos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fuentes del sector aclararon la situación real del mandatario:

• Investigación en curso: La UIF no ha congelado formalmente las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya ni las de sus hijos.

• Alerta al sistema financiero: Lo que ocurrió fue el envío de una solicitud formal de investigación a todas las instituciones financieras del país para rastrear los movimientos, origen y destino de los fondos vinculados al gobernador con licencia y sus colaboradores cercanos.

En espera de confirmación oficial

Cabe destacar que, debido a la naturaleza de los acuerdos de cooperación judicial en Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) no ha emitido un posicionamiento público ni ha confirmado oficialmente el estatus legal de Enrique Díaz. Sin embargo, el avance coordinado de los casos apunta a que la fiscalía estadounidense está armando un expediente histórico en torno a las operaciones político-financieras en Sinaloa.

Mérida Sánchez, un general en retiro que estuvo al mando de la seguridad del estado entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 (y que previamente había liderado la Guardia Nacional en esa misma región), se encuentra hoy recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York —el mismo penal de máxima seguridad donde permanecen figuras como Ismael “El Mayo” Zambada—.

A continuación, desglosamos cómo se dio su captura y el contexto de las graves acusaciones que enfrenta.

El contexto: La lista de los 10 y la sombra de “Los Chapitos”

La caída del exfuncionario comenzó a fraguarse públicamente el pasado 27 de abril, cuando una Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de captura internacional. Washington no iba solo por él: solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, una lista de alto perfil que incluye al propio gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La postura del gobierno mexicano ante esta solicitud había sido institucional pero cautelosa, exigiendo al Departamento de Justicia de EE. UU. la entrega formal de las pruebas antes de proceder a ejecutar las órdenes de aprehensión en territorio nacional. Sin embargo, el exsecretario decidió adelantarse al proceso mexicano.

La entrega y la ruta de la detención

De acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad de México y documentos del Tribunal de Distrito de Arizona, la detención se concretó de la siguiente manera:

• El cruce: El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida viajó desde Hermosillo, Sonora, hacia la frontera, cruzando voluntariamente por la Garita de Nogales hacia Arizona. Fuentes federales señalan que el ex general optó por entregarse directamente a las autoridades norteamericanas.
• La custodia: Inmediatamente después de cruzar, quedó bajo resguardo de los US Marshals (Alguaciles de Estados Unidos).
• La primera comparecencia: Aunque los detalles administrativos trascendieron después, los documentos judiciales revelan que el exfuncionario ya compareció en Arizona ante el juez federal Eric J. Markovich, quien le asignó al defensor de oficio Jordan Malka.

Los cargos: Sobornos de 100 mil dólares mensuales

La justicia estadounidense acusa formalmente a Mérida Sánchez de utilizar la fuerza policial del estado para proteger las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa.

Específicamente, los cargos que enfrenta en la Corte de Nueva York incluyen:

1. Conspiración para la importación de drogas.
2. Posesión de armamento de uso exclusivo.
3. Cohecho: Se le acusa de recibir un soborno mensual de 100 mil dólares entregado directamente por facciones ligadas a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”.

¿Qué sigue en el proceso?

El juez de Arizona, Eric J. Markovich, ya firmó la orden de traslado fast-track (urgente). Mérida Sánchez será enviado de manera inmediata al Distrito Sur de Nueva York, la jurisdicción que originalmente lo reclama y donde se formalizarán los cargos en su contra.

Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gabinete de Seguridad, emitió un breve comunicado en la red social “X” confirmando que mantienen canales de comunicación institucionales con Washington bajo los marcos de cooperación internacional vigentes, mientras el caso amenaza con sacudir aún más la estructura política de Sinaloa.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha impulsado una política económica enfocada en fortalecer el empleo formal, atraer inversiones, desarrollar talento y generar más oportunidades para las familias guanajuatenses, consolidando a Guanajuato como uno de los estados con mayor fortaleza productiva y capacidad de crecimiento del país.

De acuerdo con los resultados más recientes del IMSS, Guanajuato se ubicó en el 5to. lugar nacional en generación mensual de empleo, al registrar 4 mil 630 nuevos puestos de trabajo durante abril, equivalente a un crecimiento del 0.4 por ciento.

Asimismo, el estado reportó una variación anual positiva de 6 mil 249 empleos, lo que permitió posicionarse en el 9no. lugar nacional.

Estos resultados reflejan la fortaleza del ecosistema económico estatal y la capacidad de Guanajuato para mantener una ruta sostenida de crecimiento, incluso frente a escenarios económicos nacionales e internacionales complejos.

Los sectores que registraron mayor dinamismo en generación de empleo fueron servicios para empresas, personas y el hogar; comercio; transportes; construcción; alimentos; cuero-calzado; servicios sociales; productos metálicos; electrodomésticos; industria extractiva; confección; químico; refinación de petróleo; maquinaria y equipo; industria eléctrica y minerales no metálicos.

La estrategia económica del estado ha permitido consolidar un modelo basado en el desarrollo regional equilibrado, el fortalecimiento de cadenas productivas, la diversificación industrial y la articulación entre empresas, academia y gobierno, generando condiciones para que el crecimiento económico se traduzca en más oportunidades laborales.

A la par de estos resultados, la Secretaría de Economía mantiene estrategias permanentes para fortalecer la vinculación laboral y ampliar el acceso al empleo formal en los diferentes municipios del estado, a través de programas como Conexión Laboral, Jornadas Universitarias, la plataforma Coneecta, entre otros, además de acciones de capacitación orientadas al desarrollo de habilidades y competencias que faciliten la incorporación de más personas al mercado laboral.

Estas acciones reflejan una política económica enfocada en las personas, que impulsa la inclusión productiva, fortalece el talento guanajuatense y genera mejores condiciones para que más empresas crezcan, inviertan y generen oportunidades en Guanajuato.

La conectividad industrial, la infraestructura logística, la ubicación estratégica del estado y la capacidad de su capital humano continúan posicionando a Guanajuato como uno de los principales polos de desarrollo económico y generación de empleo en México.

El Gobierno de la Gente reafirma su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan el empleo, la atracción de inversiones y el desarrollo económico, para que más familias guanajuatenses tengan acceso a mejores oportunidades y una mayor calidad de vida.

El inmueble de tres pisos, de color blanco, está localizada en la esquina de la calle Lago de Cuitzeo.

“La #SSPSinaloa informa que este 09 de mayo de 2026 a las 10:12 AM, se reportaron al C4i detonaciones de arma de fuego contra una vivienda ubicada en la colonia Las Quintas, hecho que fue confirmado por las autoridades que atendieron de inmediato dicho reporte”, difundió la SSP en sus redes sociales.

“Respecto a los hechos ocurridos en el citado domicilio, es importante informar que la vivienda atacada se encuentra deshabitada desde hace más de 10 años por el gobernador con licencia, el doctor Rubén Rocha Moya”, recalcó.

La dependencia aclaró que no hubo personas heridas y que personal de la Fiscalía General del Estado y de la SSP acudieron a la zona para realizar los peritajes correspondientes y dar con los responsables.

Testigos señalaron que un grupo armado llegó al lugar y descargó rifles de alto poder contra la casa, provocando solo daños materiales.

Rubén Rocha Moya se encuentra en licencia temporal desde el 2 de mayo de 2026, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, narcotráfico y posesión de armas.

Yeraldine Bonilla Valverde, quien era secretaria general de gobierno fue nombrada gobernadora interina por el Congreso de Sinaloa.