A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el exfuncionario estadounidense aseveró que el mandatario sinaloense debe “rendir cuentas por sus acciones” ante la justicia de Estados Unidos, acusándolo de presuntamente brindar servicios y apoyo a organizaciones del crimen organizado.

“¡Rubén Rocha debe rendir cuentas por sus acciones! Los políticos corruptos brindan servicios sustanciales y críticos a los cárteles del terror. Necesitamos otra operación de alto nivel de arresto y remoción hacia EUA, @OHarfuch, para que Rocha enfrente la justicia”, expresó Maltz dirigiendo el mensaje al titular de la SSPC.

Contexto de la declaración

El señalamiento del exjefe antidrogas surge tras el controvertido reasentamiento de Rocha Moya en la gubernatura sinaloense luego de permanecer 112 días bajo licencia. El mandatario estatal argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no encontró elementos para proceder en su contra en las indagatorias locales, calificando las acusaciones formuladas en Estados Unidos como “calumnias” e “injerencismo”.

Sin embargo, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York mantienen cargos penales abiertos en contra de Rocha Moya —incluyendo conspiración para la importación de narcóticos y armas de fuego—, lo que mantiene el caso bajo alta tensión en la agenda bilateral en materia de seguridad.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni la Cancillería mexicana han emitido una postura oficial respecto a las declaraciones expresadas por el exdirectivo estadounidense.

El origen del conflicto

El caso inició el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron ante el DOC y la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC) la aplicación de derechos antidumping. La petición se basó en dos premisas controvertidas: diferenciar la “fresa de invierno” de la fresa en general y acotar el mercado a una región del este estadounidense.

Aunque la ITC concluyó en marzo de 2026 que no existían bases para dividir el producto ni el mercado nacional, el DOC mantuvo ambos criterios en su fallo preliminar. La Secretaría de Economía advirtió que esta postura sienta un precedente riesgoso que podría ser utilizado contra otros productos hortofrutícolas mexicanos.

Impacto económico y social

El sector fresero representa un pilar socioeconómico clave para el país:

• Estructura productiva: Casi 5,000 productores cultivan fresa en México; el 97% posee 10 hectáreas o menos.

• Empleo: La cadena genera cerca de 151,000 puestos de trabajo entre personal permanente y temporal.

• Volumen de comercio: En 2025, México exportó 263,000 toneladas de fresa a EE. UU., con un valor de 1,000 millones de dólares.

Violación a acuerdos comerciales

La Secretaría de Economía argumentó que los supuestos del DOC incumplen el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y diversos artículos del T-MEC. El gobierno mexicano, en conjunto con el sector privado, dará seguimiento puntual al proceso con miras a la resolución final de la ITC, prevista para principios de 2027.

Por su parte, García Harfuch presentó ante la cumbre internacional los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual prioriza el uso de inteligencia, la investigación profunda y la coordinación interinstitucional.

• Cooperación trasfronteriza: El secretario subrayó que, al ser un problema global, la respuesta gubernamental debe ser conjunta. Destacó que el trabajo coordinado ha permitido capturar a objetivos prioritarios y concretar el traslado de 92 generadores de violencia de alto impacto hacia Estados Unidos.

• Golpes a la infraestructura: Se enfatizó el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, así como la neutralización de redes financieras y logísticas de los cárteles.

Aviso contundente contra la narcopolítica

El respaldo a García Harfuch contrasta con la firme postura que la agencia estadounidense mantiene hacia los servidores públicos coludidos con el narcotráfico. Recientemente, Terry Cole lanzó un mensaje contundente contra cualquier funcionario que encubra o facilite las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) u otros grupos delictivos.

Desde el Departamento de Justicia de EE. UU., la DEA advirtió que las investigaciones avanzan de manera firme y que ningún cargo público otorgará impunidad ni protección ante la justicia internacional.

En 2024, el último año del gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado revocó aproximadamente 40 mil visas y en 2025 –ya con Trump en la Casa Blanca– retiró 100 mil. Mientras el año pasado la cancelación mensual era de 8 mil, en 2026 aumentó a 10 mil por mes.

El Departamento de Estado reportó que la mayoría de los casos de revocación del documento migratorio se debieron a acusaciones penales, incluidos delitos relacionados con drogas, agresiones y fraude; The New York Times indicó que “muchas de las cancelaciones de visas también han tenido un trasfondo político”.

El diario recordó que Estados Unidos ha retirado visas a personas que participaron en protestas pro palestinas o a quienes celebraron el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk en septiembre pasado.

Asimismo, el Departamento de Estado ha dicho explícitamente que está usando la amenaza de cancelar visas como parte de su estrategia para ejercer más control sobre América Latina.

Además, la embajada de Estados Unidos en México señaló ayer que Washington “cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio, no un derecho”.

En el mensaje se incluyó la liga a una publicación del Departamento de Estado del 16 de febrero pasado, donde el titular de esa oficina, Marco Rubio, se refirió en una conferencia de prensa a la cancelación de los permisos de entrada a ese país.

Ahí, el funcionario recalca: “Lo he dicho repetidamente. No sé por qué es tan difícil para algunos comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Si entra a nuestro país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, le quitaremos su visa”.

Al mismo tiempo, el titular de esa representación diplomática, Ronald Johnson, comentó este sábado en redes sociales sobre un operativo conjunto de México y Estados Unidos contra el cártel de Juárez: “Así se ve la cooperación en acción. Juntos somos más fuertes frente a los cárteles y las organizaciones narcoterroristas que amenazan a nuestra gente. Esta es la cooperación y la coordinación enfocada en resultados que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Mientras, el subsecretario de Estado estadunidense, Christopher Landau, hizo un llamado a reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos, y a no distraerse de los temas principales de la agenda bilateral debido al “ocasional estallido de drama político”. En su cuenta de X, quien fuera embajador en México durante el primer mandato de Trump, publicó un mensaje alusivo a la llegada de la mariposa monarca, la cual consideró “un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México”.

Su declaración fue emitida un día después de que, en pleno debate público sobre el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el funcionario difundió un mensaje en inglés donde se leía: “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas, te encantará lo que sigue”.

En su cuenta de X, el ex embajador en México durante la primera administración de Donald Trump publicó un mensaje alusivo a la llegada de las mariposas monarca, la cual consideró “un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México”.

Luego de recordar que durante su periodo como representante diplomático tuvo “la bendición de visitar los bosques donde los ancestros de esta mariposa pasaban el invierno”, Landau dijo: “Como han reconocido Donald Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio. No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental”, añadió.

Landau dio a conocer dicho mensaje tan solo unas horas después de haber publicado otro –durante la discusión pública del retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán—que decía en inglés “¿Estás disfrutando el espectáculo? Rellena tus palomitas, te encantará lo que sigue”.

Los fallecimientos fueron reportados en departamentos del centro-oeste y suroeste del pais, entre los más afectados por el sismo. Esto lo informó el presidente Abelardo de la Espirella, quien agregó que hay al menos 87 heridos, mil 575 viviendas averiadas y 61 edificios colapsados, de manera preliminar.

Ante esta situación, el Gobierno de Colombia decretó la situación de desastre nacional informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), organización que integra el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres.

El epicentro del sismo se ubicó cerca del municipio de ⁠San José del ​Palmar, en el ⁠departamento de Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros, precisó el Servicio Geológico Colombiano.

“En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo a la prensa Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Toro agregó que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que pidió apoyo con rescatistas.

Jorge Moncayo, un taxista de 64 años de Cali, dijo a The Associated Press que vio columnas de polvo elevarse por toda la ciudad desde su casa ubicada en un barrio en las laderas, mientras los edificios se derrumbaban tras el terremoto. “Tembló toda mi casa… nunca me ha tocado un temblor tan fuerte”, afirmó.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en Quibdó, la capital del departamento, “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.

El temblor se sintió en varias ciudades del país de 50 ⁠millones de habitantes, incluidas Bogotá, Cali, Manizales y Pereira.

Cientos de personas evacuaron sus sitios de vivienda en Bogotá, ​la capital colombiana, ​y salieron a ​las calles.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este lunes activar al Comité Nacional para el Manejo de Desastres para atender la emergencia

De la Espriella agregó que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, donde imágenes compartidas por usuarios de redes sociales muestran estructuras colapsadas, incluyendo afectaciones en el techo del aeropuerto.

Suspendidos aeropuertos tras terremoto en Colombia

La Aeronáutica Civil colombiana reportó que además de Pereira fueron afectados los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los “daños estructurales en la infraestructura”.

Imágenes en redes sociales mostraron que una de las torres laterales de la icónica catedral de la ciudad de Manizales colapsó tras el terremoto, dejando escombros esparcidos en las calles cercanas y causando daños visibles en la fachada del edificio.

La gubernamental Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.

De acuerdo con la información presentada durante la inspección se realizaron análisis de biología molecular a 5 muestras de lechuga entera, 5 muestras de lechuga picada y 4 muestras de agua.

Los resultados fueron negativos para Cyclospora cayetanensis en la totalidad de las muestras analizadas. Asimismo, las muestras de agua también resultaron negativas a coliformes, por lo que no existe evidencia de que la planta de Taylor Farms en Guanajuato sea la fuente de contaminación relacionada con la investigación en curso.

El Gobierno de la República informó que la empresa mantiene una suspensión preventiva y parcial de sus operaciones, como parte de un análisis interno de riesgo y en apego a sus protocolos de responsabilidad corporativa, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Señalaron además que, hasta el momento, no se ha comprobado un origen mexicano de la problemática, por lo que las investigaciones continúan en coordinación con las instancias competentes.

En este contexto, el Gobierno de la Gente refrenda su compromiso con la producción agroalimentaria responsable y con el fortalecimiento permanente de los sistemas de inocuidad que distinguen a Guanajuato como uno de los principales estados exportadores de alimentos del país.

Guanajuato es referente nacional en la implementación de políticas públicas en materia de inocuidad y seguridad agroalimentaria. Actualmente, cuenta con más de 14 mil 800 hectáreas incorporadas a sistemas de reducción de riesgos de contaminación y unidades certificadas, además de impulsar la agricultura protegida mediante infraestructura de alta tecnología que permite garantizar productos con calidad uniforme y disponibilidad durante todo el año.

La entidad también destaca por su amplia diversificación productiva, abasteciendo mercados nacionales e internacionales con productos como fresa, brócoli, lechugas, hortalizas, lima persa y alimentos procesados, bajo estrictos protocolos de calidad y trazabilidad.

Taylor Farms de México, establecida en el municipio de Doctor Mora desde 2001, representa uno de los proyectos agroindustriales más importantes del estado. La empresa genera más de 3 mil empleos directos, opera 15 líneas de producción, mantiene relaciones comerciales con 90 productores en más de 120 ranchos, trabaja una superficie superior a 10 mil hectáreas y registra una producción anual de 225 millones de kilogramos de alimentos.

Además, durante cinco años consecutivos ha obtenido la certificación de Planta Más Limpia, reflejo de sus procesos de mejora continua y responsabilidad ambiental.

El Gobierno del Estado de Guanajuato continuará trabajando de la mano con productores, empresas y autoridades nacionales e internacionales para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario, preservando la confianza de los mercados mediante procesos sustentados en la calidad, la inocuidad y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales.

De acuerdo con un reporte conjunto emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), hasta el momento se registran 345 casos confirmados de infección y 36 personas hospitalizadas. No se han reportado fallecimientos a causa del brote.

Trazabilidad y retiro del producto

Las investigaciones de trazabilidad llevadas a cabo por la FDA identificaron que las partidas contaminadas ingresaron al mercado estadounidense a través de la firma comercializadora Coast Citrus Distributors, la cual abastece a mayoristas y restaurantes.

Como medida de contención inmediata, cadenas de comida rápida estilo mexicano como Chipotle Mexican Grill y Qdoba procedieron al retiro preventivo del ingrediente en sus establecimientos para evitar un incremento en los contagios.

CIFRAS CLAVE DEL BROTE

• Casos reportados: 345 personas

• Estados con contagios: 27 (con mayor prevalencia en Minnesota y Colorado)

• Tasa de hospitalización: 12% (36 pacientes)

• Víctimas mortales: 0

Alerta y recomendaciones de la FDA

Las agencias estadounidenses emitieron una alerta dirigida tanto a la población consumidora como a la industria restaurantera para suspender la distribución y consumo de chiles jalapeños cuya procedencia no pueda ser verificada con certeza.

Asimismo, recomendaron desinfectar minuciosamente áreas de preparación, utensilios y tablas de picar que hayan estado en contacto con el producto, y acudir a centros de salud ante la presencia de diarrea intensa, fiebre o dolores abdominales.

Las autoridades de ambos países continúan monitoreando el flujo comercial y los muestreos de laboratorio para determinar el punto exacto de la cadena agrícola o de transporte donde ocurrió la contaminación.

La embajada de Estados Unidos en México anunció que hoy suspendió actividades de gobierno en el estado de Michoacán debido a “una amenaza contra los intereses estadunidenses”.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), informó mediante un comunicado que la medida repercute en los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportación.

Integrantes del Consejo Directivo de APEAM y su director general se trasladaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades y gestionar acciones que reduzcan las afectaciones a la industria.

La organización, dijo, mantiene comunicación permanente con la coordinación de USDA, que autorizó únicamente el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su recepción se haya realizado en presencia de un Oficial Regulatorio de ese organismo.

Sobre la fruta recibida o descargada este miércoles, APEAM señaló que “podrá ser descargada, pero no procesada”, bajo un esquema similar al que se aplica los domingos. El embarque de aguacate con destino a exportación también quedó suspendido.

Ante este escenario, cada empaque deberá evaluar y determinar las decisiones operativas que considere pertinentes respecto a la realización de cortes durante la jornada.

APEAM se comprometió a dar seguimiento puntual a la situación, mantener comunicación constante con las autoridades competentes e informar de inmediato cualquier actualización relevante a sus asociados.

Previamente, el gobierno de Estados Unidos había emitido alertas de no viajar a Michoacán por la inseguridad y la presencia de grupos delictivos en la entidad.

En un aviso dirigido este miércoles a sus ciudadanos, el gobierno estadunidense recordó que Michoacán está clasificado dentro de su alerta de viaje como zona de Nivel 4, la categoría más alta de riesgo.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran monitorear los medios locales, mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación, inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente, STEP, y comunicarse con la Embajada en caso de requerir asistencia, así como marcar al 91 en caso de emergencia.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

Los restaurantes que dependen en gran medida de la lechuga se enfrentan a un doble desafío: un brote nacional de ciclosporiasis y un aumento significativo de los precios.

Brote de Cyclospora fue relacionada con la lechuga iceberg

El brote de Cyclospora, que comenzó a finales de junio, fue inicialmente relacionado por funcionarios federales de salud con la lechuga iceberg rallada que se sirve en Taco Bell en varios estados.

Taco Bell retiró voluntariamente la lechuga en cuestión de sus restaurantes en Estados Unidos, lo que provocó una disminución del 21% en las visitas de clientes a finales de julio.

Otras cadenas de restaurantes especializadas en ensaladas, como Chopt y Sweetgreen, también han reportado una disminución en la afluencia de clientes a pesar de no estar directamente relacionadas con el brote.

Estas preocupaciones sobre la seguridad alimentaria se ven agravadas por meses de aumento en los precios de la lechuga, atribuidos a factores como el clima inusualmente cálido que afecta a los cultivos y los mayores costos del combustible para el transporte refrigerado.

Ssa y Cofepris niega parásito en muestras recolectadas

La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informaron que los análisis sobre Cyclospora cayetanensis realizados por México y Estados Unidos no han encontrado el parásito en las muestras recolectadas por ambos países.

La comisión informó que la asociación del reciente brote en Estados Unidos con el consumo de lechugas se basa en una asociación epidemiológica; es decir, en sospechas derivadas de entrevistas a pacientes y estudios estadísticos; por lo tanto, corresponde a probabilidades y no a pruebas analíticas de laboratorio realizadas en productos agrícolas que constituyan evidencia positiva de Cyclospora cayetanensis.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, afirmó que las autoridades locales no han tenido acceso a pruebas fundamentales, entre ellas la camioneta en la que viajaba Salgado Araujo, y acusó a las agencias federales de mantener bajo su control toda la evidencia. El alcalde de Houston, John Whitmire, sostuvo que el Departamento de Policía de la ciudad ofreció colaborar en la investigación, pero hasta ahora el Buró Federal de Investigaciones (FBI) conserva las pruebas sin compartirlas con las autoridades locales.

La representante federal Sylvia García también cuestionó la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), al señalar que los testimonios de dos de los ocupantes del vehículo contradicen la afirmación oficial de que Salgado Araujo utilizó la camioneta como arma contra agentes federales.

Mientras continúan las exigencias de una investigación independiente, familiares y cientos de personas participaron en una vigilia y una protesta frente al ayuntamiento de Houston para exigir justicia por la muerte del migrante mexicano de 52 años. Organizaciones civiles anunciaron nuevas movilizaciones en Houston y otras ciudades de Estados Unidos para reclamar transparencia y rendición de cuentas en el caso.

Mérida Sánchez, un general en retiro que estuvo al mando de la seguridad del estado entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024 (y que previamente había liderado la Guardia Nacional en esa misma región), se encuentra hoy recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York —el mismo penal de máxima seguridad donde permanecen figuras como Ismael “El Mayo” Zambada—.

A continuación, desglosamos cómo se dio su captura y el contexto de las graves acusaciones que enfrenta.

El contexto: La lista de los 10 y la sombra de “Los Chapitos”

La caída del exfuncionario comenzó a fraguarse públicamente el pasado 27 de abril, cuando una Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de captura internacional. Washington no iba solo por él: solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, una lista de alto perfil que incluye al propio gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La postura del gobierno mexicano ante esta solicitud había sido institucional pero cautelosa, exigiendo al Departamento de Justicia de EE. UU. la entrega formal de las pruebas antes de proceder a ejecutar las órdenes de aprehensión en territorio nacional. Sin embargo, el exsecretario decidió adelantarse al proceso mexicano.

La entrega y la ruta de la detención

De acuerdo con reportes del Gabinete de Seguridad de México y documentos del Tribunal de Distrito de Arizona, la detención se concretó de la siguiente manera:

• El cruce: El pasado 11 de mayo, Gerardo Mérida viajó desde Hermosillo, Sonora, hacia la frontera, cruzando voluntariamente por la Garita de Nogales hacia Arizona. Fuentes federales señalan que el ex general optó por entregarse directamente a las autoridades norteamericanas.
• La custodia: Inmediatamente después de cruzar, quedó bajo resguardo de los US Marshals (Alguaciles de Estados Unidos).
• La primera comparecencia: Aunque los detalles administrativos trascendieron después, los documentos judiciales revelan que el exfuncionario ya compareció en Arizona ante el juez federal Eric J. Markovich, quien le asignó al defensor de oficio Jordan Malka.

Los cargos: Sobornos de 100 mil dólares mensuales

La justicia estadounidense acusa formalmente a Mérida Sánchez de utilizar la fuerza policial del estado para proteger las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa.

Específicamente, los cargos que enfrenta en la Corte de Nueva York incluyen:

1. Conspiración para la importación de drogas.
2. Posesión de armamento de uso exclusivo.
3. Cohecho: Se le acusa de recibir un soborno mensual de 100 mil dólares entregado directamente por facciones ligadas a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de “Los Chapitos”.

¿Qué sigue en el proceso?

El juez de Arizona, Eric J. Markovich, ya firmó la orden de traslado fast-track (urgente). Mérida Sánchez será enviado de manera inmediata al Distrito Sur de Nueva York, la jurisdicción que originalmente lo reclama y donde se formalizarán los cargos en su contra.

Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gabinete de Seguridad, emitió un breve comunicado en la red social “X” confirmando que mantienen canales de comunicación institucionales con Washington bajo los marcos de cooperación internacional vigentes, mientras el caso amenaza con sacudir aún más la estructura política de Sinaloa.

“La entrada de drogas por mar ha disminuido 97 por ciento, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas en México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, señaló el mandatario.

Desde el 20 de enero de 2025 −fecha en que asumió el cargo y tomó de protesta como presidente de los Estados Unidos−, Donald Trump ha generado incertidumbre en la economía mundial al declarar la “Guerra Comercial” tras el anuncio de un sin número de medidas y aumento de aranceles a varios países, e incluidos sus socios comerciales, México y Canadá; con los cuales está revisando el Tratado Comercial −mejor conocido como T-MEC−que culminará el 1º de julio próximo en el marco de su 6º aniversario de su constitución y vigencia, en donde se vislumbran dos escenarios: la continuidad del T-MEC o tratados comerciales bilaterales.

A la par, al primer día de su gestión, el presidente Trump amenazó con la aplicación de la ley en contra de los “carteles mexicanos” que él denomina “terroristas” con la intención de tener injerencia en el territorio mexicano. En este tenor, sus amenazas han quedado de manifiesto, luego de que se pusiera al descubierto la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua y solicitara a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la extradición del gobernador −con licencia− de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, por acusaciones de conspiración con el Cártel de Sinaloa. Circunstancias que ponen en evidencia la intromisión de Estados Unidos en el territorio mexicano. Pero más allá de estas acusaciones fundadas o infundadas, cabe preguntar: ¿Hasta qué punto con estos operativos de agentes extranjeros en el estado de Chihuahua e injerencias de Estados Unidos a nuestro país vulneran la soberanía de México?

Ustedes tienen la palabra.

En este tenor cabe reflexionar: ¿la implementación de operativos de agendes de la Agencia Central de Inteligencia − CIA por sus siglas en inglés− de los Estados Unidos en el estado de Chihuahua era permisible? ¿Los servidores públicos del estado de Chihuahua, en su relación con Agentes Extranjeros, se apegaron a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y a los lineamientos que para el efecto emite el Consejo de Seguridad Nacional?, ¿Se aplicaron los protocolos en el estado de Chihuahua por parte de los servidores públicos? ¿Por qué renunció ayer el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno? ¿Estaba enterada de estos operativos la gobernadora María Eugenia Campos Galván? ¿Por qué no concurrió al Senado de la República? ¿Los agentes extranjeros pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas? ¿Desde cuándo agendes de la CIA estaban realizando estos operativos? ¿Hasta qué punto con la implementación de estos operativos por agentes extranjeros se vulneró la soberanía y seguridad nacional de nuestro país?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas, lo real es que a partir del fatal accidente automovilístico en el que murieron dos mexicanos y dos agentes de la CIA, luego de que regresaban de una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas del estado de Chihuahua, se pusieron al descubierto estos operativos y, consecuentemente, su injerencia en el territorio mexicano.

Al respecto, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum ha señalado que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno del estado de Chihuahua deben aclarar la presencia de los dos agentes de la CIA, en virtud de que el gobierno federal no estaba informado de este operativo.

La injerencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano está regulada por el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice:

Artículo 71.- Los Agentes Extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones:

1. Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor;
2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional;

III. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional;

1. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones;
2. Deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos;
3. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables;

VII. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y

VIII. Sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.

El problema del asunto no es la competencia de la seguridad pública entre los gobiernos federal, estatal y municipal, sino la injerencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin que haya mediado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina como lo mandata la Ley de Seguridad Nacional.

Más aún, cuando los servidores públicos del estado de Chihuahua no se apegaron a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y a los lineamientos que para el efecto emite el Consejo de Seguridad Nacional.

En suma, los operativos de agendes de la CIA de los Estados Unidos en el estado de Chihuahua vulneraron la soberanía y seguridad nacional de México.

Ante estos sucesos, cabe preguntar: ¿qué hacer al respecto?

Ustedes tienen la palabra.

“Respecto de las dos personas extranjeras que lamentablemente perdieron la vida, se informa que, de acuerdo con los registros migratorios disponibles, una de ellas ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y la otra con pasaporte diplomático.”

La tarjeta informativa del gabinete de seguridad se difunde horas después de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, evadiera informar sobre el escándalo de los agentes de la CIA que actuaron en un operativo antinarcóticos en esa entidad.

Las autoridades mexicanas precisaron que “las instituciones que integran el gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional”.

Revisiones con autoridades locales y la embajada de EU

Ante ello, explica el documento dado a conocer ayer, “se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la embajada de Estados Unidos en México”.

Asimismo, se reitera que “La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación.”

En el mensaje, en el primer párrafo se destaca que el gabinete de seguridad “expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas –dos elementos estatales y dos agentes estadunidenses– durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril, y extiende sus más sinceras condolencias y solidaridad a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos en este difícil momento”.

Y refiere que el gobierno “reitera su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, en beneficio de la seguridad de ambos países”.

Sin abundar demasiado , durante su conferencia la mandataria dijo que es importante que haya un ambiente para la inversión sin corrupción y con certezas jurídicas en los dos países.

Por otro lado, la presidenta dio a conocer que este mediodía sostendrá una conversación telefónica con el primer Ministro de Canadá, Mark Carney. México ha mantenido también conversaciones bilaterales con autoridades de ese país respecto del furor del T-MEC.

En este contexto, se refirió a la renegociación de dicho tratado, en la cual México plantea la necesidad de preservar el acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo,  destacó que si Estados Unidos considera que ahora las negociaciones serán bilaterales, corresponde al gobierno estadunidense explicar sus razones y determinar lo procedente.

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que Estados Unidos renegocie sobre la base de la imposición de aranceles, la presidenta dijo que México negociará buscando las mejores condiciones para el país.

-¿Aún con aranceles?

Las mejores condiciones para México, ratificó, buscando mantener la integración de la economía

Ante autoridades y representantes del sector energético, el diplomático sostuvo que la certidumbre jurídica y la transparencia son condiciones indispensables para atraer capital extranjero. “La inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, afirmó, al subrayar que los grandes proyectos industriales dependen de reglas claras y entornos confiables para prosperar, de acuerdo con el discurso difundido por la oficina del embajador.

Johnson destacó que ninguna empresa está dispuesta a comprometer recursos en contextos de opacidad institucional. “Ninguna empresa comprometerá recursos donde las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”, señaló, al insistir en que la confianza es un elemento central para el crecimiento económico regional.

En su intervención, el embajador subrayó que la integridad institucional no sólo es un principio político, sino una condición práctica para el desarrollo. “Si queremos que proyectos como este tengan éxito – si queremos que nuestro futuro compartido sea tan prometedor como puede ser – la corrupción ni la extorsión deben tener cabida”, expresó.

El diplomático sostuvo que estas prácticas no sólo afectan la percepción de los inversionistas, sino que generan impactos concretos en la economía. “La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona. Eleva costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, afirmó.

Johnson vinculó estas consideraciones con los compromisos asumidos en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Recordó que el acuerdo regional establece obligaciones específicas en materia de combate a la corrupción. El T-MEC “exige a nuestros gobiernos tipificar el soborno y la corrupción como delitos y aplicar códigos de conducta para los funcionarios públicos”, señaló, y adelantó que podrían verse avances en este ámbito en el corto plazo.

El embajador destacó que el proyecto Pacífico Mexinol, con una inversión estimada en 3.3 mil millones de dólares, representa una señal de confianza en el futuro energético de la región, pero advirtió que su éxito depende de mantener condiciones de certidumbre y transparencia.

Añadió que la cooperación entre los gobiernos de México y Estados Unidos debe orientarse a fortalecer un entorno donde la inversión pueda desarrollarse con reglas claras. “Nuestro futuro depende de crear condiciones en las que la inversión pueda prosperar con claridad, confianza y rendición de cuentas”, concluyó.

Los diplomáticos se desempeñaban para la CIA como parte de una función más amplia en el combate al tráfico de estupefacientes en el Hemisferio Occidental, señaló el informe​​​. La agencia de inteligencia declinó hacer comentarios sobre el incidente, añadió el medio.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este domingo por la noche que dos empleados de la embajada murieron en un accidente automovilístico el 18 de abril, junto con dos funcionarios de las fuerzas del orden mexicanas, uno de los cuales era el Director de la Agencia Estatal de Investigación del estado de Chihuahua.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que las autoridades federales no fueron notificadas sobre el trabajo de los empleados de la embajada estadunidense en dicha demarcación.