Habrá de recordarse que  José Guadalupe Ramos Solano, un migrante originario de Silao, Guanajuato, falleció estando en custodia de ICE.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, la mandataria recordó que la presentación del recurso ya había sido informada previamente e incluso fue abordada en una conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, California. Indicó que el titular de la cancillería, Roberto Velasco, podrá ampliar los detalles del avance de la queja en próximas fechas.

Respecto a denuncias por detonaciones con dinamita en el cerro Cuchumá, en Baja California, presuntamente vinculadas con trabajos del muro fronterizo en territorio estadunidense, señaló que el caso es revisado por las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores, dependencias que informarán posteriormente sobre las acciones correspondientes.

Al respecto, ambientalistas de Baja California advirtieron que las detonaciones de dinamita en Tecate dañan de manera irreparable el capital natural y cultural de la región.

La Red Ambiental de Baja California pidió al gobierno mexicano realizar gestiones ante la sección Estados Unidos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pues el Cuchumá no sólo es una elevación geográfica, sino un sistema socioambiental complejo que alberga biodiversidad, funciones hidrológicas claves y un profundo valor cultural y original para las comunidades originarias.

Esta información fue confirmada por sus familiares. Su hermana aseguró que el caso está en manos de las autoridades.

“Por ahora, no podemos compartir más información, ya que el proceso aún está en manos de las autoridades, pero ya encontraremos el momento adecuado”, citó en redes sociales.

Héctor es profesor de una secundaria en la comunidad de El Ramillete y desde el pasado 14 de febrero se reportó su desaparición, por lo que se inició una intensa búsqueda para su localización.

Sin embargo, fue hasta este miércoles 8 de abril que confirmaron su hallazgo.

“De parte de la familia Yépez Cervantes, les queremos agradecer infinitamente el apoyo recibido de cada uno de ustedes.  Gracias a Dios y al esfuerzo de autoridades, familiares, amigos y redes sociales fue posible localizar con vida a mi hermano Héctor Manuel”, agregó.

La sociedad leonesa estaba conmocionada por el caso, incluso, internautas apoyaron en el compartimiento de su ficha de búsqueda durante el tiempo que no se supo sobre su paradero.

Los hechos ocurrieron el lunes de esta semana en el Parque Hidalgo cuando ella y otra amiga se encontraban en la zona.

“¿Por qué nos estás corriendo? ¿Por qué sino estamos haciendo nada? no estamos haciendo nada malo, no nos vamos a ir”, dijo la youtuber mientras el oficial le argumentó que lo estaban amedrentando.

“Nada más estas de argüendera o argüendero, lo que seas”, dijo el policía en medio de la discusión.
No es la primera vez que la famosa denuncia discriminación por parte de la Policía de León.
En el video, Vanessa relata que se encontraba cenando tacos afuera de una tienda de conveniencia cuando a su compañera le exigieron retirarse del lugar.

Ante lo ocurrido, las autoridades municipales buscarán a las afectadas para que realicen la denuncia formal, recabar sus testimonios y determinar si hubo alguna vulneración a sus derechos.

Subrayó que esa instancia omite los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan, a la vez que “excede” su mandato al presentar un documento en el que amplió indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada.

Esa respuesta oficial se da ante la decisión del comité de solicitar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.

“El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, refutó la administración federal, al tiempo que puntualizó que el país “está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.

La administración mexicana expresó su postura en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, en el que se objeta el documento difundido ayer por el CDF por “no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y, en particular, desde 2025”.

Transformación estructural

Destacó que el marco utilizado por el comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.

Señaló que el informe abarca principalmente desapariciones entre 2009-2017 –correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), en los que se ejecutó la llamada guerra contra el narcotráfico– y se circunscribe a cuatro entidades del país (Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco).

“La decisión del comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales (en la materia) presentados el 27 de marzo –durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum–, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.

En la posición del gobierno mexicano se sostuvo que en los párrafos 117 y 118 de su informe, el propio CDF reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.

Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.

Consideró que existe una “ligereza” en las premisas presentadas por el comité, la cual se agrava por conflictos de intereses que, acusó, tendrían algunos de sus integrantes. “Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.

Las dependencias remarcaron que el gobierno mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, a la par que recordaron que durante la administración federal actual se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

Puntualizaron que las modificaciones a la ley en la materia incluyen herramientas y obligaciones para la autoridad, las cuales “no consideró debidamente” el comité de la ONU en su resolución.

Gobernación y Relaciones Exteriores enlistaron algunas de esas consideraciones: la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad, la obligación de crear fiscalías especializadas estatales, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Agregaron que la ley establece la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

La administración de Sheinbaum apuntó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias”.

Expresó que, si bien México está dispuesto a recibir cooperación técnica externa, esto no se puede aceptar a partir de premisas que no reflejan la actual realidad.

“Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”, concluyó el gobierno mexicano en su respuesta al CDF.

Al dar a conocer las conclusiones de su informe, el comité enfatizó que “existen indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y partes del país”.

Por esa situación, solicitó que el secretario general de la ONU remita la situación a la Asamblea General, para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.

No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas –ya sea mediante acción u omisión deliberada– en el sentido del Estatuto de Roma, aunque subrayó que ni éste ni la convención internacional en la materia exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país o que se originen en los más altos niveles del gobierno para que se consideren como ese tipo de crímenes.

Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas –declarada por Calderón– ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la convención.

El CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma –del que México es parte–, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles”.

Puntualizó que el procedimiento para llevar el asunto a la Asamblea General, que se basa en el artículo 34 de la convención, es de carácter preventivo y tiene por objeto movilizar la atención y el apoyo internacionales, “mas no de establecer la responsabilidad penal individual”.

El comité argumentó que conformó su resolución a partir de la información que ha recibido de la sociedad civil, de la respuesta del Estado en septiembre de 2025 y de solicitudes de acción urgente, así como de los elementos que sus miembros recopilaron desde 2012, por medio de exámenes periódicos y su visita al país en 2021.

Esa instancia advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación “no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles”.

ONG respaldan a Naciones Unidas

Las instituciones del sistema universitario jesuita respaldaron la determinación del comité y llamaron al Estado mexicano a colaborar en este mecanismo, así como al diálogo con las instancias internacionales.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de “histórica” la decisión del comité de la ONU, luego de que éste solicitó a Guterres remitir “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que se considere apoyar al país.

La primera localización la realizaron en noviembre del año pasado y hasta la fecha todavía no han terminado.

Alma Lilia Tapia, representante del colectivo, recordó que encontraron el horno por accidente.

“Ahí en el horno sólo íbamos a ir a buscar unos elementos que había dispersados, anduvimos buscando y casualmente a un compañero se le va un pie a un hoyo y no lo podíamos sacar y empezamos a quitar todo y ya nos dimos cuenta de que había un horno”, dijo.

Tras continuar las búsquedas, fueron encontrando más cuerpos, sin embargo, la activista dijo que sólo el cuerpo de una persona ha sido entregado por la Fiscalía de Guanajuato a sus familiares.

“Había llantas abajo, despejamos todo y luego ya vimos todo lo que había y de ese horno se extrajeron ocho cuerpos todos carbonizados, solitos se quiebran, se asocian con ocho personas sólo del pozo, atrás de un cuarto una persona enterrada y en el cerro que seguimos con las búsquedas sacamos otro”, dijo.

El colectivo abarca la búsqueda en cinco municipios: Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Cortazar y Villagrán

La Secretaría de Atención al Migrante y Enlace Internacional (SMEI), solicitó el apoyo de la autoridad municipal para localizar a los familiares del silaoense fallecido y poder brindar el apoyo y acompañamiento que requieran, lo cual se logró y las autoridades estatales y municipales sostuvieron el encuentro con los deudos, quienes pidieron no dar a conocer sus datos, en respeto al dolor que están viviendo como familia.

Por parte de la Secretaría del Migrante se reunió con los familiares, Celia Barrientos Ortiz, gestora de atención a migrantes. Por parte del municipio acudieron: el director de Derechos Humanos Raymundo Francisco Olmedo Rivera y Crystal Álvarez de atención al migrante.

Se trabajó de forma colaborativa en la identificación de los familiares del migrante quienes viven en el municipio de Silao de la Victoria, para dar el apoyo correspondiente.

Los familiares precisaron que los restos del silaoenses permanecerán en Estados Unidos, ya que en California se encuentran su esposa e hijos.

Los familiares solicitaron apoyo a Gobierno del Estado o municipal para el pago de transporte y acudir al funeral en Estados Unidos, para dos hermanos y dos sobrinas del finado. Esta petición ya está siendo analizada por las instancias correspondientes.

En la rueda de prensa que se realizó hoy desde el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas —uno de los 17 municipios que necesita acciones urgentes para bajar los índices de violencia contra las mujeres— la titular de la secretaría , Itzel Balderas Hernández, detalló que derivado de estos procesos no hay una sola mujer que haya sido víctima de un asesinato, porque han servido para salvaguardar sus vidas.

“La orden de protección administrativa consiste en generar una serie de acciones que protejan a la víctima de violencia”, aclaró.

Balderas Hernández recordó que antes de realizar una orden, se aplica un instrumento especializado para medir el riesgo de violencia feminicida, lo que permite determinar el nivel de peligro en el que se encuentran las víctimas

De la manera en que se salvaguarda la vida de estas mujeres es de tres formas: resguardo en refugios, monitoreos o rondines policiales.

Comentó que hasta ninguna de las mujeres protegidas ha sido víctima de feminicidio, porque ese es el fin.

La secretaria externó que estas medidas forman parte de una estrategia integral dentro de la alerta de género, ya que están enfocadas en prevenir, atender y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres primordialmente en 17 de los 46 municipios de Guanajuato.

José Guadalupe Ramos Solano, oriundo de Silao, falleció el 25 de marzo mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades estadounidenses, en Adelanto, California.

Este lunes, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de su Oficina de Enlace en Los Ángeles de la Secretaría de Derechos Humanos, estableció contacto con la familia de José Guadalupe con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo institucional.

Mediante un comunicado de prensa se informó que, personal de la representación estatal, participó en la conferencia de prensa realizada en el Consulado General de México, en Los Ángeles, donde se dio seguimiento al caso y a las acciones de atención consular.

De acuerdo con la información oficial, Ramos Solano, de 52 años, fue encontrado
inconsciente en su estancia, por lo que se le brindó atención médica inmediata y
posteriormente fue trasladado a un hospital donde se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se han determinado las causas de la muerte, por lo que autoridades consulares mexicanas solicitaron el esclarecimiento de los hechos y el seguimiento correspondiente a las investigaciones.

José Guadalupe estaba casado y era padre de dos hijos. Hasta antes de su detención, trabajaba en una lavandería industrial.

La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes y en Contexto de Movilidad, realiza las gestiones necesarias para localizar a sus familiares en Guanajuato y brindarles apoyo, incluyendo la posibilidad de tramitar visas humanitarias para su traslado a Estados Unidos.

De estas escuelas, 104 son secundarias y 28 de nivel medio superior, anunció la directora Transversal para la Convivencia y Cultura de la Paz de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Beatriz Villalpando Martínez, durante la rueda de prensa para dar a conocer los avances mensuales de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Cabe resaltar que la cifra de escuelas que participarán en estos talleres para este ejercicio, deriva de la modificación de las zonas de atención prioritarias, que realiza la Secretaría de Seguridad y Paz.

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, informó que, pese a que no existe una calificación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), el Gobierno de la Gente permanece con las acciones a favor de las mujeres, no solo de los 17 municipios sino de todo el estado.

“Hemos llevado a cabo una autoevaluación del primer año del ejercicio de la Alerta, de donde identificamos que de estas 40 recomendaciones que nos hicieron desde septiembre del 2024, en 34 estamos manteniendo su implementación; son 34 acciones que se pueden sistematizar, se pueden institucionalizar”, señaló Itzel Balderas.

Entre ellas se encuentra la entrega de apoyo para crecer o emprender negocios, capacitación para el autoempleo y empleo, campañas para visibilizar las violencias, certificación del funcionariado y la capacitación constante de las Unidades Especializadas de Atención a la Violencia contra las Mujeres, por mencionar algunas.

Como parte de los resultados del mes de febrero, destacan 241 acciones de prevención de adicciones, riesgos psicosociales y promoción de salud mental por parte de la Secretaría de Salud, así como la búsqueda en vida en 26 centros de rehabilitación en León.

Además, la Secretaría de las Mujeres reportó la aplicación de Instrumentos de Valoración de Riesgo de Violencia Feminicida (IVRVF) y la emisión de 13 Órdenes de Protección Administrativas a favor de mujeres en situación de violencia.

En su intervención, la Subsecretaria de Vinculación y Desarrollo Político, Elvira Paniagua Rodríguez, destacó que el Gobierno de la Gente avanza en la defensa de las mujeres, de sus derechos, tranquilidad y oportunidades para construir un mejor futuro para todas.

“Rechazamos y enfrentamos cada agresión, cada amenaza y cada forma de violencia. Ante esta realidad, atender la Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres es una prioridad que trasciende colores y banderas políticas. En este tema todas las personas y autoridades vamos juntas”, subrayó.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Juventino Rosas, Jesús López Rodríguez, afirmó que en el Municipio se ha trabajado a favor de las mujeres y muestra de ello es el presupuesto asignado para la atención a las acciones que coadyuvan a la disminución de la violencia contra ellas.

En el Salón del Consejo General Universitario, compartieron experiencias y perspectivas cinco titulares de instituciones públicas: la Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Mtra. Karla Gabriela Alcaraz Olvera; la Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, Magistrada María Raquel Barajas Monjarás; la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mtra. Brenda Canchola Elizarraras; la Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Mtra. Mariela Del Carmen Huerta Guerrero; y la Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Mtra. Yari Zapata López.

Al iniciar, la Dra. Gómez López enfatizó la importancia histórica de que sean mujeres quienes dirigen estos organismos actualmente —en muchos casos, como la primera mujer en ocupar el cargo—, así como el aumento de la participación femenina en significativos sectores del país y en la toma de decisiones.

Con el objetivo de reconocer y visibilizar su labor, analizar las barreras y entender la singularidad del liderazgo femenino, las ponentes relataron cómo la desigualdad estructural y las violencias normalizadas han tenido impacto a lo largo de sus trayectorias, reconociendo las características y las condiciones sociales en cada una de las generaciones a las que pertenecen, sus infancias y juventudes, así como factores de desarrollo personal y núcleos familiares.

Señalaron que la maternidad sigue asociada a una constante culpa cultural, al ser las mujeres quienes cargan con la mayor responsabilidad del cuidado, lo que impacta en su desarrollo profesional y bienestar al generar una sobrecarga emocional.

Indicaron que, aun con los cambios y avances consolidados en la legislación y las políticas públicas a lo largo de las últimas décadas, persisten micromachismos cuyo impacto no es mínimo, actos de discriminación, desconfianza hacia la capacidad femenina, deslegitimación y un juicio constante, además de una sobreexigencia en lo laboral y lo familiar a raíz de culturas masculinizadas persistentes en las instituciones.

En ese punto, comentaron la importancia de la formación académica, la preparación continua y las redes de apoyo como elementos clave para que las mujeres accedan y se mantengan en espacios de liderazgo.

Coincidieron en la necesidad de romper barreras históricas, desmontar techos de cristal, pisos pegajosos y estructuras excluyentes, acciones que actualmente impulsan desde los organismos a su cargo con reformas a las licencias, la infraestructura, la paridad sustantiva y comités de igualdad, entre otras.

Todas las participantes concluyeron en que el liderazgo femenino que impulsan posee una identidad propia, basada en la sensibilidad, la empatía, la comunicación y la visión colectiva.

Asimismo, destacaron que la autonomía e independencia económica son de gran relevancia para la libertad en la toma decisiones y frente a diversos tipos de violencia que permanecen arraigados en el tejido social.

Finalmente, hicieron un llamado al derecho de ejercer un liderazgo sin deslegitimación, agradeciendo a las figuras femeninas que han abierto el camino para estas oportunidades.

“Quiero enseñarles a mis hijas que ellas tienen el derecho de decidir sobre su camino”, expresó la Mtra. Karla Alcaraz Olvera. “La participación femenina aún no es suficiente; las mujeres tenemos derecho a seguir ocupando espacios”, añadió la Mtra. Brenda Canchola Elizarraras.

Igualmente, la Magistrada Yari Zapata López enfatizó la necesidad de que toda mujer logre ser “autónoma, independiente y con libertad para vivir”, sobre lo que la Mtra. Mariela Huerta Guerrero indicó que esto es un acto de justicia y garantía individual. “Un día podremos decir que la igualdad ya es costumbre”, agregó la Magistrada Raquel Barrajas Monjarás.

Como conclusión, la Dra. Gómez López recordó que, en la discusión sobre las desigualdades y violencias de género, lo privado tiene una importante relevancia en lo público, razón por la que es importante conocer las experiencias humanas y analizar los propios espacios de desarrollo personal.

“Entre mujeres, no podemos atacarnos; tenemos que ir juntas, ser sororas y crear redes de apoyo. No se vale que una mujer ataque a otra mujer; que este sea un principio de vida. (…) No podemos decir que no somos feministas; podemos no compartir otros tipos de feminismos, pero respetarlos y luchar por el mismo objetivo: la libertad que las mujeres tenemos por derecho”, concluyó la Rectora General de la UG.

La transmisión del conversatorio “Liderazgos que transforman: Mujeres al frente de los organismos autónomos” puede consultarse en el siguiente enlace:  https://www.facebook.com/share/v/1Gr8P64eij/

Durante el Foro “La Libertad Sindical en el Servicio Público en Guanajuato y México: Retos y Perspectivas”, la Mandataria destacó que esta propuesta no es sólo una modificación legal, sino una ratificación del compromiso de su gobierno con los derechos de las y los trabajadores.

“Debemos garantizar que los sindicatos sean espacios libres de toda presión, de toda injerencia, donde sean las y los trabajadores quienes decidan su rumbo”, afirmó.

Esta iniciativa busca armonizar la legislación estatal con las recientes reformas federales en materia laboral.

El Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, explicó que la propuesta contempla la adición de disposiciones específicas en la legislación estatal para prohibir expresamente la injerencia de personas servidoras públicas en la organización, funcionamiento y procesos internos de los sindicatos.

Además, se establece que cualquier intervención —ya sea por acción u omisión— será considerada falta administrativa grave, incluyendo prácticas como: intervenir en elecciones sindicales; condicionar beneficios laborales; influir en decisiones internas o dirigencias, y/o afectar la equidad en los procesos sindicales.

Más allá del cambio legal, esta reforma representa un paso estructural para consolidar la libertad sindical como un derecho humano y no como una concesión; fortalecer la democracia interna de los sindicatos, garantizando elecciones libres y decisiones autónomas; generar confianza entre trabajadores, sindicatos y gobierno; prevenir abusos de poder mediante el establecimiento de sanciones claras, e impulsar la paz laboral como un elemento clave para el desarrollo económico del estado.

La iniciativa fue ampliamente respaldada por líderes sindicales, quienes coincidieron en que esta reforma fortalece la autonomía sindical y equilibra la relación entre el Estado y las organizaciones de trabajadores.

Alejandro Trejo Ávila, de la Federación Democrática de Sindicatos de Trabajadores del Estado, destacó que la autonomía sindical es un pilar del derecho laboral moderno: “Permite a los sindicatos organizarse, elegir a sus representantes y defender sus intereses sin interferencias, lo que fortalece la democracia y la institucionalidad”.

Por su parte, Víctor Hugo Varela Flores, de la CTM Guanajuato, subrayó que la libertad sindical es un derecho humano fundamental y reconoció la voluntad del Gobierno del Estado para garantizar condiciones laborales dignas, sin intervención externa.

En tanto, María Juana Adriana Tovar Herrera, de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado, afirmó que esta reforma contribuirá a construir una nueva cultura laboral basada en el diálogo, la transparencia y la libre negociación colectiva, además de fortalecer la paz laboral y el crecimiento económico.

En este contexto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó la campaña “Desapariciones”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre el papel que tienen las carpetas de investigación como herramienta central para localizar personas desaparecidas y garantizar el derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos.

Cada carpeta de investigación concentra diligencias, indicios, testimonios y líneas de investigación que permiten reconstruir la historia de una persona desaparecida y orientar las acciones de búsqueda. Su correcta integración y seguimiento permite articular el trabajo de fiscalías y comisiones de búsqueda, fortalecer la coordinación institucional y dar claridad a las familias sobre los avances de cada caso.

A partir de la Ley General en Materia de Desaparición, todo reporte de búsqueda debe acompañarse de la apertura de una carpeta de investigación, lo que permite concentrar información, generar hipótesis y establecer rutas claras para las investigaciones. Para especialistas del CICR, fortalecer estos expedientes resulta clave para consolidar procesos de búsqueda más eficaces y con mayor seguimiento.

La campaña se materializa en un filme que, a través de distintas historias, muestra cómo la información documentada en una carpeta puede convertirse en una hoja de ruta para la búsqueda. El proyecto también incluye la “Guía de información: carpeta de investigación para la búsqueda de personas”, desarrollada en colaboración con familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar herramientas claras para comprender y dar seguimiento a los expedientes.

La campaña es una coproducción impulsada por el CICR en México en colaboración con las agencias Archer Troy, Agosto Music y Oriental Films, responsables del desarrollo creativo y audiovisual del proyecto.

Porque cuando alguien desaparece, su historia no puede quedar archivada: desaparecieron una vez, que no desaparezcan dos veces.

Durante su Segundo Informe Regional ante habitantes del Noreste del Estado, la mandataria aseguró que su llegada al gobierno también significó la llegada de las causas de las mujeres guanajuatenses.

“Conmigo llegaron todas las mujeres de Guanajuato al Gobierno. Llegaron sus voces y sus luchas, llegaron sus causas y sus aspiraciones”, expresó.

El anuncio se dio un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, fecha que —dijo— recuerda la lucha histórica de millones de mujeres por sus derechos.

Entre las reformas enviadas al Congreso se contempla modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, donde se reconocen diversas formas de violencia contra las mujeres y se fortalece el principio de paridad de género.

El paquete también plantea cambios en la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, la Ley de Desarrollo Social y Humano, la Ley de Salud, la Ley de Educación, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Planeación, el Código Territorial y la Ley de Derechos Culturales, entre otras.

De acuerdo con el Gobierno estatal, las modificaciones buscan garantizar el acceso pleno de las mujeres a sus derechos y fortalecer la igualdad sustantiva en la legislación local.

“Ustedes cuentan y contarán siempre con su Gobernadora. Éste es y seguirá siendo un Gobierno aliado de las mujeres”, afirmó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, más de 10 mil mujeres partieron del Arco de la Calzada, al bulevar Adolfo López Mateos y continuar su trayecto a la presidencia municipal de León.

Con el único fin de hacer visibles los diferentes de violencias a los que se enfrentan en el espacio público, privado, en casa, en el trabajo o en cualquier lugar y evidenciar la poca justicia que les ha brindado el Estado.

Guanajuato el año pasado cerró con 327 casos de homicidios dolosos contra mujeres, la mayoría contaban con más de 18 años de edad, y únicamente se tipificaron 15 como feminicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese mismo contexto Guanajuato desde el año 2024 ocupa el primer nacional en materia de homicidios dolosos, desde el 1 de enero del 2024 al 31 de enero del presente año 709 mujeres han sido victimas de este crimen.

Pese a ello y que el 24 de septiembre del 2024, el estado de Guanajuato en 17 municipios se decretó una Alerta por Violencia de Género en la entidad, por el incremento de asesinato de mujeres y desapariciones, la violencia contra niñas, madres, defensoras de derechos humanos y mujeres no ha cesado.

La marcha que fue convocada por la Red Feminista León recodaron a través de un posicionamiento que el Día Internacional de las Mujeres es una jornada de memoria, denuncia y organización frente a la violencia estructural que enfrentan todos los días.

Destacaron que el feminismo busca desmontar las estructuras de dominación que sostienen la desigualdad y la violencia.

Además denunciaron que existe una revictimización institucional, la falta de avances en investigaciones por desapariciones y feminicidios, así como la falta de garantías para que las mujeres puedan denunciar sin poner en riesgo su seguridad.

En este posicionamiento también se abordaron diversos frentes de violencia a las mujeres, como la violencia vicaria, la violencia obstétrica, la desigualdad laboral, el derecho a decidir, la dignidad menstrual, la violencia sexual contra infancias y la falta de reconocimiento a mujeres neurodivergentes.

Ser mujer policía implica enfrentar operativos de alto riesgo, turnos extensos y el peso constante del equipo táctico. Durante años, muchas realizaron su trabajo con equipamiento diseñado originalmente para hombres, lo que representaba incomodidad y un desgaste físico adicional.

Por ello, Ale Gutiérrez, presidenta municipal entregó 647 chalecos balísticos ergonómicos con una inversión superior a 22 millones de pesos. Estos cuentan con placas ligeras que permiten mayor movilidad y están diseñados para ajustarse al cuerpo femenino, reduciendo riesgos físicos y mejorando el desempeño operativo.

“Agradecerles de todo corazón a cada una de ustedes, cada mujer que está en Seguridad Pública representa un orgullo y no es sencillo, porque pareciera que toda la vida ha habido mujeres en estos ámbitos y no”, expresó la presidenta municipal.

Este avance no solo fortalece la operatividad, también representa un reconocimiento al papel que las mujeres han construido dentro de la seguridad pública municipal. Su presencia ha crecido con profesionalismo, liderazgo y determinación.

Ale Gutiérrez recordó que hace 50 años se integró el primer cuerpo de policía femenil en León; en 1975 se lanzó la convocatoria y, tras cuatro meses de capacitación, egresaron 15 agentes que comenzaron a desempeñar labores de vigilancia en la zona centro de la ciudad.

Hoy, las mujeres participan activamente en distintas áreas estratégicas de la seguridad pública municipal, como la Policía Preventiva, Policía Vial, Protección Civil, C4, Fiscalización, Seguridad Privada y el Heroico Cuerpo de Bomberos, donde su presencia fortalece la atención ciudadana y las labores de prevención.

El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Jorge Guillén Rico, señaló que este equipamiento representa un avance institucional que responde a las necesidades operativas de las mujeres policías.

“Este avance es resultado de escuchar a nuestras mujeres policías. La seguridad empieza por casa y nuestra responsabilidad es garantizar que cada elemento cuente con condiciones dignas, funcionales y acordes a su labor operativa”, afirmó.

Asimismo, como parte del fortalecimiento integral a las corporaciones de seguridad y emergencia, también se entregaron 130 trajes estructurales al Heroico Cuerpo de Bomberos, con una inversión de 11 millones 205 mil pesos.

Este equipo especializado protege la integridad de las y los bomberos durante labores de rescate y atención de incendios, permitiéndoles actuar con mayor seguridad ante situaciones de alto riesgo.

Al dignificar sus condiciones y priorizar su bienestar, el Gobierno Municipal reafirma que la mejor corporación de seguridad del país se construye con mujeres fuertes, protegidas y respaldadas, porque cuando ellas avanzan, avanza León.

El operativo contempla presencia de Policía Vial, personal paramédico y monitoreo permanente desde el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control, con el objetivo de salvaguardar la integridad de quienes participen y de la ciudadanía que transite por la zona.

Los cierres viales iniciarán a las 15:00 horas sobre bulevar Adolfo López Mateos, desde calle Apolo hasta Malecón del Río. Se estima que la circulación se normalice a las 20:00 horas.

Otros cierres en el primer cuadro de la ciudad son:

• Calzada de los Héroes y Malecón del Río
• Miguel Alemán y Álvaro Obregón
• Melchor Ocampo y 20 de Enero
• Pedro Moreno y 13 de Septiembre
• Álvaro Obregón e Hidalgo
• Comonfort y Belisario Domínguez
• Vicente Valtierra y Malecón del Río
• Hilario Medina y Adolfo López Mateos
• Vasco de Quiroga y Héroes de la Independencia
• Apolo y Honduras
• Malecón del Río y Hermanos Aldama
• La Luz y Vasco de Quiroga
• Calzada de los Héroes y Pampas
• Mariano Escobedo y Malecón del Río

Como rutas alternas se recomienda utilizar, hacia el poniente, bulevar Nicaragua, Yuriria y Honduras; hacia el oriente, Malecón del Río, Hilario Medina y Francisco Villa; al norte, Paseo de los Insurgentes, Vicente Valtierra y Juan Alonso de Torres; y al sur, Mariano Escobedo, Juan José Torres Landa y Francisco González Bocanegra.

Además, se ubicarán ambulancias en puntos estratégicos del recorrido, operadas por personal paramédico femenino, para brindar atención inmediata en caso de requerirse.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados, atender las indicaciones del personal operativo y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Así lo denunciaron unas de sus representantes, quienes aseguraron que desde enero solicitaron apoyo para acudir a un lugar y no han tenido respuesta de la institución.

“Tenemos evidencia de que ya habíamos mandado y hecho petición para esas búsquedas y la comisión nunca nos respondió, que tenían muchas fechas y nosotras tuvimos que salir esta semana, tuvimos positivo (hallazgo de cuerpo) y fue sin seguridad”, dijo una de las representantes desde el anonimato.

Esto a pesar de que algunas de ellas cuentan con medidas de seguridad por parte del Consejo de Protección de Periodistas y Derechos Humanos.

Además aseguraron que tienen diversas quejas interpuestas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, por omisión y revictimización.

“Hacer hincapié de que si nos pasa algo, que vamos a estar haciendo nuestras búsquedas con o sin seguridad y con o sin la Comisión de Búsqueda porque nosotras tenemos la necesidad de salir y si nos llega a pasar algo a mis compañeras o a mí es responsabilidad de las autoridades que no nos acompañan”, agregó.

Se trata de más de 110 familias del colectivo que están buscando a sus familiares por lo que exigieron a las autoridades que se les garantice su protección.

El Ayuntamiento de Silao brindó su apoyo a esta familia para que pudieran reunirse con la paciente en Estados Unidos, considerando la situación de vulnerabilidad y la complejidad del trámite, según indicó Raymundo Olmedo Rivera, director de Derechos Humanos.

El origen de esta historia se remonta a los primeros días de noviembre de 2025, cuando dos ciudadanas de la colonia Sopeña acudieron a solicitar ayuda, ya que necesitaban viajar a Atlanta, Georgia (EE.UU.) para atender a una familiar que atravesaba un grave problema de salud. Por ello, pidieron orientación para realizar los trámites necesarios y conseguir dos visas humanitarias que les permitieran estar junto a su ser querido y prestarle asistencia.

Las señoras Blanca y Josefina manifestaron a las autoridades municipales que desconocían el procedimiento para poder viajar y acompañar a su familiar, por lo que recurrieron al municipio en busca de asesoría sobre los trámites correspondientes.

En consecuencia, recibieron orientación, seguimiento y acompañamiento para la obtención de las visas. El proceso incluyó el traslado a la Secretaría de los Derechos Humanos, en concreto a la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes en contexto de movilidad, donde se integró su expediente, se completaron los formularios necesarios y se realizó el pago de los derechos para solicitar la cita de entrevista de visa.

El trámite fue atendido por la Subsecretaría en contexto de movilidad y, finalmente, el 1 de diciembre de 2025 se les notificó la fecha para la toma de huellas en el CAS, programada para el 5 de diciembre de 2025 en Guadalajara, Jalisco, así como la cita para la entrevista en el Consulado de Guadalajara, fijada para el 9 de diciembre de 2025.

El martes 9 de diciembre de 2025 recibieron la excelente noticia de que ambas visas humanitarias habían sido aprobadas y, gracias a ello, pudieron reencontrarse con su familiar. Dadas las condiciones de vulnerabilidad económica de la familia, que no contaba con los recursos para sufragar los gastos del proceso (viaje, viáticos) y ante la dificultad de desplazarse y localizar la embajada, el municipio se encargó de acompañarlas y cubrir el traslado a Guadalajara, Jalisco, el martes 13 de enero de 2026.

El acuerdo fue firmado por la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto y el Director de Políticas Públicas y Relaciones con el Gobierno de la empresa Uber México, Diego Martínez Cantú. Como testigo de honor, signó el documento el Diputado Jesús Hernández Hernández, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.

Esta alianza se traduce en un donativo inicial superior a 90 mil pesos, equivalente a aproximadamente 700 viajes a través de la plataforma, que permitirán el traslado de personas con discapacidad a terapias, consultas médicas, trámites institucionales y centros de trabajo, fortaleciendo así su autonomía y participación activa en la vida social y económica del estado.

“Esta iniciativa cambia vidas y no se trata de un transporte público, sino que acerca a la persona al trabajo, a rehabilitación, al médico, a recreación, a cuestiones culturales; esta firma va a impactar vidas y como nos dice la gobernadora Libia Denisse, con trabajo en equipo somos imparables”, dijo Liz Alejandra Esparza Frausto en su intervención. Agradeció al Diputado Jesús Hernández por el impulso de este proyecto, así como a la empresa UBER por estos 700 viajes para 2 mil personas.

El legislador Hernández Hernández, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, reconoció la importancia de la coordinación interinstitucional y la colaboración con el sector privado para generar soluciones efectivas. “y me siento orgulloso de impulsar este proyecto, este convenio nos marca un precedente histórico, nos hace únicos, quiero decirles que todos somos pieza importante del rompecabeza llamada vida, hoy impulsamos este paso y seguiremos respaldando esta política pública, gracias UBER, cuando hay voluntad política se puede trascender y hacer grandes cambios” externó.

Esparza Frausto añadió que en el Gobierno de la Gente “entendemos que la movilidad es un derecho habilitador. Cuando una persona puede trasladarse con seguridad y dignidad, puede ejercer plenamente su derecho a la salud, al trabajo y al desarrollo personal. Esta alianza representa un paso firme hacia una inclusión real”.

El convenio beneficiará directamente a más de 2 mil 100 personas en los municipios de San Miguel de Allende, Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca, donde Uber tiene presencia, generando además un impacto positivo en sus familias.

En representación de Uber México, Diego Martínez Cantú reiteró el compromiso de la empresa con la promoción de los derechos humanos y para ser aliados legítimos para ayudar en las necesidades que se tienen, “nos gusta involucrarnos para ayudar de todas las maneras y hacer equipo con gobierno y con sociedad civil, este convenio es parte de este trabajo colaborativo entre sector el privado, sociedad civil y el gobierno, porque la movilidad nos toca a todos, nadie puede pensar en estar en un lugar, la movilidad nos lleva a todos lados como convivir con la familia”, expresó.

El Subsecretario Carlos Daigoro Fonce Segura destacó que “la movilidad atraviesa la vida de todas las personas, ejercemos la movilidad en todo momento, el transporte público es una posibilidad de conectarnos con la vida, con el trabajo, con salud, con cultura, con la convivencia, posibilidad de hacer su vida más rica”. Apuntó que cada traslado representa una oportunidad para reducir brechas y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

El servicio será otorgado a personas con discapacidad y sus acompañantes, siempre que cuenten con la movilidad necesaria para abordar el vehículo o sean asistidas por un tercero, garantizando condiciones de seguridad para todas y todos los usuarios.

Gabriel Castillo Chavarrí, persona con discapacidad motriz, participó como beneficiario y señaló que la movilidad “debe ser, no una caridad, no un favor, si un derecho fundamental que se establece en las leyes porque esto representa independencia y libertad, autonomía de ir y moverme a trabajo, casa, dejamos de ser una carga, antes nos salíamos de casa y éramos un estorbo y hoy puedo decir que la accesibilidad es un paso para un Guanajuato accesible e incluyente”.

Con esta firma simbólica, el Gobierno de la Gente reafirma su compromiso de colocar a la persona en el centro de la política pública, impulsando alianzas que fortalezcan la inclusión, reduzcan desigualdades y consoliden un Guanajuato más justo, solidario y respetuoso de los derechos humanos.

La alianza marca el inicio de un trabajo conjunto que se buscará ampliar en los próximos años, consolidando una red de movilidad inclusiva que transforme la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias en todo el estado.