Guanajuato, Gto., 8 de noviembre de 2021.- Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios y del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en lo que toca al primero de los ordenamientos.
Raquel Barajas Monjaraz, titular de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, habló de los alcances de la iniciativa y señaló que la propuesta busca otorgar la atribución de expedir las licencias y permisos para conducir en el Estado y operar el registro estatal de licencias e infracciones, a la Secretaría de Seguridad Pública.
La funcionaria argumentó que, al ser dicha Secretaría responsable del registro estatal de licencias e infracciones se buscaba incidir en el tema de la prevención del delito y era una de las propuestas normativas que el mandatario estatal planteó ante el Sistema Estatal de Seguridad.
En su intervención, Carlos Torres Ramírez, asesor del grupo parlamentario del PRI, consideró que debían partir del presupuesto, objeto y análisis del estudio, antes de entrar a la esencia y trascendencia de lo que implicaba la iniciativa, y que no estaba siendo analizada desde su génesis. Agregó que deberían revisar si no se iban a trastocar otras leyes, y subrayó que el acto de expedir licencias era totalmente administrativo.
Asimismo, dijo que parecía que una Secretaría que por años había realizado dicha actividad no estaba alcanzado las expectativas y precisó que no se estaba revisando de manera integral.
Por su parte, el congresista Gerardo Fernández González apuntó que de acuerdo con lo que establecía el propio iniciante tenía una finalidad de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, que existían varios estados donde ya se manejaba así y había municipios que delegaban esa función. En ese sentido, cuestionó si habían detectado que hubiera licencias falsas y cómo se fortalecería a la mencionada Secretaría.
Juan Manuel Álvarez, asesor del grupo parlamentario del PRI, manifestó que no estaban en contra de la facultad que se quería otorgar, sino que buscaban estar seguros de no trasgredir ninguna norma, y que la reforma confundiera la tarea administrativa y la función de seguridad pública.
En su participación, Alejandro Sierra Lugo, asesor de la Secretaría de Gobierno, manifestó que la materia de seguridad pública era concurrente y que no se iba a trastocar ninguna ley a nivel federal.
La congresista Yulma Rocha Aguilar cuestionó que si de dejar la ley como estaba actualmente se impedía o complicaba que la Secretaría de Seguridad tuviera acceso a la información que necesitaba para cumplir con su estrategia. En respuesta, Federico Ruiz argumentó que transferir esas atribuciones permiten la utilización de la base de datos de las licencias con fines de prevención
Por su parte, Raquel Barajas insistió que el objetivo de la propuesta era fortalecer la seguridad pública porque todo lo que obrara en la expedición de licencias, más el registro, eran datos que abonarían al tema de seguridad y prevención.
En una segunda intervención, la legisladora Rocha Aguilar cuestionó si la Secretaría de Gobernación estaba renunciando a ser autoridad en materia de seguridad, tal como lo establecía el Sistema Estatal de Seguridad, porque parecía que lo estaba haciendo.
Alejandro Sierra respondió que la Secretaría de Gobierno tenía una Dirección General de Transporte que era la que actualmente emitía las licencias y lo que se cedía era una función de tránsito a la Secretaría de Seguridad Pública, pero ninguna de sus atribuciones de seguridad.
Participaron en los trabajos de la mesa las diputadas Susana Bermúdez Cano, Lauria Cristina Márquez Alcalá, Yulma Rocha Aguilar y Briseida Anabel Magdaleno González; así como los diputados Rolando Fortino Alcántar Rojas y Gerardo Fernández González.
Además, los acompañaron Raquel Bajaras Monjaraz, titular de la Coordinación General Jurídica; Guillermo Gama Hernández, titular de la Unidad Administrativa de Transporte, de la Dirección General de Transporte del Estado; Alejandro Sierra Lugo, asesor de la secretaría de Gobierno; José Federico Ruiz Chávez y Alejandro Rodríguez Pacheco de la Coordinación General Jurídica y asesores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PVEM.
