Guanajuato, Gto., 15 de junio de 2026.- El retiro laboral debería ser sinónimo de tranquilidad, no de incertidumbre. Con esto en mente, el Congreso local puso sobre la mesa una propuesta que busca poner reglas claras y candados legales para que nadie pueda recortar ni modificar de forma retroactiva las pensiones de quienes ya entregaron su vida al trabajo.
La iniciativa, impulsada de manera conjunta por las bancadas del PAN, PRI y PRD, no busca defender privilegios de unos cuantos, sino todo lo contrario: corregir excesos en las cúpulas del servicio público, pero sin tocar un solo peso de los derechos ya ganados por los trabajadores de a pie.
¿Cuál es el fondo del asunto?
El problema actual es que las leyes sobre los topes salariales a veces quedan abiertas a la interpretación. Para evitar “sorpresas” o machetazos injustos a los ingresos de los pensionados, la reforma propone agregar a la Constitución Federal el concepto de Remuneración Anual Máxima.
En palabras sencillas: se quiere definir con total precisión cuál es el tope salarial real que sirve como termómetro para la ley. De esta forma, se evita que un cambio en las reglas del juego afecte de manera retroactiva a quienes ya tienen una jubilación legalmente reconocida.
“Coincidimos en que hay que eliminar los privilegios y corregir los excesos en las pensiones, pero eso jamás debe significar pasar por encima de los derechos laborales ya adquiridos ni de la seguridad jurídica de la gente”, explicó el diputado Juan Carlos Romero Hicks al presentar el proyecto.
Respaldo institucional por los derechos humanos
La propuesta no camina sola. Durante una mesa de análisis, diversas instituciones clave en el estado —como la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg), el Instituto Electoral (IEEG), el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral— coincidieron en que cualquier reforma debe tener un rostro humano.
Los representantes de estos organismos insistieron en que el respeto a la ley y la protección de los derechos humanos de los adultos mayores deben ser la prioridad absoluta. Ninguna ley nueva, por muy buena intención que tenga, puede ser retroactiva si es para perjudicar a un ciudadano.
¿Qué sigue?
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó mantener las puertas abiertas al diálogo para pulir el documento. El análisis continuará en la próxima reunión de trabajo, con la meta de armar una reforma robusta que, antes de ver números o presupuestos, proteja la dignidad y el esfuerzo de los jubilados.
