Guanajuato, Gto., 18 de septiembre de 2025.- Bajo la máxima de que “la capital del estado, sede de los Poderes, patrimonio cultural de la humanidad y destino turístico de relevancia internacional no puede darse el lujo de fallar en lo más básico: la seguridad”, la diputada Ruth Tiscareño cuestionó que, ante el enfrentamiento de dos manifestaciones en pleno Centro Histórico, la Policía Preventiva haya permanecido inmóvil.
No hubo ningún despliegue para proteger a manifestantes, turistas o transeúntes, dijo y subrayó que esa omisión no fue un simple error operativo de la corporación, porque dio lugar a “una violación flagrante a los derechos fundamentales de quienes ejercían su libertad de expresión”.
Un derecho que asiste a quienes participaban en ambas manifestaciones “aun y cuando sean influenciados por una polarización política de personajes que, a base de peleas personales y dimes y diretes, han quebrantado la armonía social de la capital”, abundó.
Además del enfrentamiento a golpes con palos y fierros, y empujones, entre integrantes de dos manifestaciones, la congresista a refirió a la localización de una fosa clandestina al sur del municipio con al menos 13 cuerpos, y remarcó que esos hechos obligan a preguntarse si el gobierno municipal está cumpliendo con su responsabilidad en materia de seguridad pública.
Y citó un dato revelador: que la capital ni siquiera figura en el top 10 de municipios del estado con mejores salarios para sus policías, además de anotar que “la diferencia entre un policía primero y el secretario de Seguridad (municipal), supera los 69 mil pesos”, para enseguida cuestionar si con esas condiciones se podría exigir un servicio de excelencia a quienes cuya función es mantener el orden público.
Tiscareño Agoitia agregó entonces que, “por ello, si el municipio no cuenta con recursos suficientes, desde el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado formal “para que se considere la posibilidad de que el municipio de Guanajuato celebre un convenio con gobierno del estado para que éste asuma, temporalmente o de manera coordinada, las funciones de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal”.
En ese tenor, enfatizó que “Guanajuato merece un gobierno municipal que responda, que no se esconda detrás de pretextos ni minimice los hechos” porque “la seguridad pública es un deber constitucional, no una opción política”.
“La capital no puede ser una ciudad donde la policía solo observa y el gobierno municipal guarda silencio”, resumió.
