El Índice de Competitividad Estatal del IMCO ubica hoy a Guanajuato en el lugar 13 del país, luego de una recuperación importante respecto de años anteriores, cuando llegó a ocupar el sitio 22. El avance merece reconocerse, pero también obliga a una pregunta incómoda: ¿cómo puede la quinta economía nacional conformarse con ser apenas la décima tercera en competitividad? La respuesta no está en las cifras del PIB, sino en las condiciones que rodean la vida cotidiana de las personas.

Competitividad no significa producir más automóviles o exportar más mercancías. Significa ofrecer seguridad, instituciones confiables, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y oportunidades para que las familias prosperen. En otras palabras, implica que el crecimiento económico se refleje en una mejor calidad de vida. Y es precisamente ahí donde Guanajuato sigue mostrando rezagos que las estadísticas económicas, por sí solas, no alcanzan a esconder.

Resulta paradójico que un estado capaz de atraer inversiones multimillonarias conviva con comunidades donde la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan marcando el destino de miles de personas. El crecimiento económico es indispensable, pero deja de ser suficiente cuando la prosperidad no logra sentirse en el bolsillo, en la tranquilidad del hogar o en las expectativas de quienes buscan un futuro mejor para sus hijos.

Quizá ha llegado el momento de aceptar que los indicadores económicos, aunque valiosos, no pueden convertirse en el único argumento de éxito gubernamental. Gobernar no consiste únicamente en incrementar el tamaño de la economía, sino en procurar que esa riqueza llegue con mayor justicia a quienes la hacen posible. El verdadero desarrollo comienza cuando el presupuesto deja de privilegiar la obra que luce y fortalece la inversión social que transforma vidas.

Tal vez por eso empieza a escucharse, cada vez con mayor frecuencia, la idea de un cambio de color en la conducción política del estado. No por capricho ni por revancha, sino porque toda democracia necesita alternancias que obliguen a revisar inercias, corregir prioridades y romper zonas de comodidad. Ningún partido posee el monopolio de las buenas ideas, pero tampoco debería asumir que la confianza ciudadana es un patrimonio permanente.

La grandeza económica de Guanajuato merece convertirse en una grandeza social. El reto no es conservar el quinto lugar del PIB, sino hacer que esa fortaleza se traduzca en seguridad, salud, educación y oportunidades para cada persona. Al final, la economía no existe para engrandecer gobiernos, sino para dignificar al ser humano y fortalecer a la familia, esa célula fundamental sobre la que descansa toda sociedad. Ahí se encuentra la competitividad que realmente importa.

En apenas unas semanas, el Municipio de León ha enfrentado dos episodios graves. El primero ocurrió en el C4, donde la propia autoridad sostuvo que no hubo hackeo, sino el uso indebido de credenciales por parte de un exempleado o usuario autorizado para extraer información reservada. Aun así, la información salió del sistema y la denuncia fue presentada ante la Fiscalía.

El segundo caso resulta todavía más delicado. El Sistema de Atención Ciudadana y el portal municipal quedaron fuera de operación, mientras se reportó la filtración de una base de datos con información de aproximadamente 250 mil ciudadanos, incluyendo nombres, teléfonos, domicilios y, en algunos casos, coordenadas geográficas de reportes realizados por los propios usuarios. La carpeta de investigación fue registrada con el número 76519.
No se trata únicamente de una página caída. Estamos frente a datos personales confiados por ciudadanos al gobierno bajo la legítima expectativa de que serían protegidos. Cuando esa obligación falla, la afectación rebasa lo administrativo y toca derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad patrimonial y la protección de datos personales.
La administración encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, junto con el secretario de Seguridad, Jorge Guillén, y los responsables de Tecnologías de la Información, tienen el deber de ofrecer algo más que comunicados prudentes.

Gobernar también significa asumir responsabilidades cuando los controles fallan y explicar con transparencia qué ocurrió, quién falló y qué consecuencias habrá.
Más aún cuando el propio Municipio ha informado que durante este año ha enfrentado alrededor de 1.6 millones de intentos de ataques informáticos y mantiene inversiones para fortalecer su ciberseguridad e implementar estándares internacionales. Precisamente por ello, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados medibles y no solamente buenas intenciones.

Las soluciones existen y conviene ponerlas sobre la mesa. Primero, realizar entregas-recepción exhaustivas cuando concluye cualquier relación laboral. Segundo, cancelar de inmediato usuarios, contraseñas y permisos de acceso. Tercero, practicar auditorías externas periódicas de ciberseguridad. Cuarto, cifrar toda la información sensible. Quinto, capacitar permanentemente al personal contra ingeniería social. Sexto, establecer controles de acceso bajo el principio del menor privilegio. Séptimo, informar con oportunidad a los ciudadanos potencialmente afectados. Octavo, revisar especialmente las áreas que administran recursos públicos y financieros.

La confianza pública no se pierde porque un sistema sea atacado; se pierde cuando las autoridades parecen más preocupadas por administrar el lenguaje que por resolver el problema. Cambiar el nombre de los hechos no modifica sus consecuencias jurídicas ni disminuye los riesgos para miles de ciudadanos cuyos datos quedaron expuestos.

La autocrítica también forma parte del buen gobierno. Quien administra recursos públicos debe aceptar que la transparencia comienza por reconocer errores, no por disfrazarlos con eufemismos. Porque al final, para los ciudadanos, poco importa si fue hackeo, vulneración o abuso de confianza: la información salió, el daño existe y la responsabilidad institucional permanece.

La reciente recepción al Rey de España y el encuentro de la delegación española con diplomáticos y funcionarios mexicanos representan mucho más que un gesto protocolario. Son la confirmación de que dos naciones maduras entienden que el diálogo siempre produce mejores resultados que el distanciamiento.

La diplomacia sirve precisamente para construir puentes, no para dinamitarlos.
Reducir la relación entre México y España a la conquista sería una simplificación injusta. Aquellos episodios, con sus luces y profundas sombras, forman parte de una historia compleja que hoy incluso ha dado paso al reconocimiento de los abusos cometidos contra los pueblos originarios.

Recordar el pasado no significa quedar prisioneros de él.
También existe una memoria compartida de solidaridad. México abrió generosamente sus puertas a miles de exiliados españoles que huían de la Guerra Civil. Intelectuales como León Felipe, Luis Buñuel, Max Aub, José Gaos, María Zambrano y tantos otros encontraron aquí una segunda patria.

Enriquecieron nuestras universidades, nuestras letras, el cine, la filosofía y las artes, al tiempo que México se enriquecía con su talento.
La influencia cultural ha sido recíproca durante décadas. Escritores, pintores, músicos, empresarios, científicos y académicos han tejido una relación que rebasa cualquier diferencia circunstancial entre gobiernos.

Las expresiones artísticas de ambos países dialogan permanentemente y demuestran que la identidad también se construye mediante el intercambio, la admiración y el aprendizaje mutuo.

En el terreno económico, España continúa siendo uno de los principales inversionistas en México y nuestro país representa para las empresas españolas una de sus plataformas más importantes fuera de Europa. El intercambio comercial alcanza miles de millones de dólares cada año y convierte a ambas naciones en socios estratégicos con enormes posibilidades de crecimiento conjunto.

Para México, además, España constituye una puerta privilegiada hacia la Unión Europea, mientras que para los españoles nuestro país representa un mercado dinámico y un aliado confiable en América Latina. Esa complementariedad fortalece proyectos de inversión, innovación, turismo, energías limpias, infraestructura, educación y cooperación científica.

La política pasa; los pueblos permanecen. Ninguna coyuntura debería sacrificar una relación construida durante siglos por personas de carne y hueso que han compartido sangre, lengua, tradiciones, afectos y sueños. Las diferencias históricas pueden estudiarse, discutirse y reconocerse, pero no convertirse en combustible permanente para el resentimiento.

Hoy resulta oportuno entender que México y España están más unidos por el corazón que por las heridas del pasado. Lo inteligente consiste en mirar hacia adelante sin renunciar a la memoria, fortaleciendo una amistad que ha demostrado resistir gobiernos, ideologías y tempestades diplomáticas. Porque, al final, hay relaciones que jamás estuvieron pausadas; simplemente esperaban que la política dejara de estorbar al afecto entre dos pueblos destinados a caminar juntos…

Durante décadas se presentó como una alternativa al control corporativo del viejo sistema político. Sin embargo, con el paso de los años, aquella rebeldía fundacional también construyó sus propias estructuras de poder.

La CNTE aprendió pronto que bloquear calles, paralizar escuelas y tomar plazas públicas generaba más resultados que cualquier mesa técnica. Gobiernos de todos los colores terminaron cediendo ante la presión de los plantones y las movilizaciones.

La paradoja es evidente: una organización creada para combatir privilegios acabó desarrollando mecanismos de presión que pocos sectores sociales pueden ejercer con semejante eficacia.
Hoy podría estar ocurriendo algo distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum parece ensayar una estrategia diferente: dejar de negociar exclusivamente con las cúpulas de la Coordinadora y abrir consultas directas con las bases del magisterio nacional.

Si esta ruta prospera, la interlocución privilegiada de la dirigencia podría debilitarse y con ello una parte importante de su poder político.

El conflicto también obliga a observar el costo social de las movilizaciones. Tan sólo durante los paros de 2025, más de un millón de estudiantes de educación básica quedaron sin clases regulares y la propia Coordinadora anticipó que no habría reposición total de los días perdidos.

Detrás de cada cifra existe una realidad menos visible: niños con rezagos educativos, padres obligados a improvisar cuidados y comunidades enteras alterando sus rutinas escolares.
Las consecuencias económicas tampoco son menores.

Organismos empresariales han reportado pérdidas de dos mil 500 millones de pesos por los plantones y bloqueos en la Ciudad de México. Sólo en las movilizaciones recientes se estimaron afectaciones superiores a los 405 millones de pesos, además de impactos sobre miles de establecimientos y decenas de miles de trabajadores. Cuando una protesta impide el trabajo de terceros durante semanas, surge una pregunta legítima: ¿dónde termina el derecho a manifestarse y dónde comienza el derecho de los demás a producir y subsistir?

Desde la perspectiva jurídica, comerciantes y empresarios afectados tienen la posibilidad de explorar acciones legales para reclamar daños cuando consideren que existen elementos para ello. La aplicación de la ley no debe verse como una agresión a la protesta social, sino como una garantía de equilibrio entre derechos igualmente protegidos por el orden constitucional.

Las exigencias de la CNTE tampoco están exentas de debate.

La derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones profundas al sistema pensionario y demandas salariales extraordinarias implican compromisos presupuestales de enorme magnitud. Cualquier gobierno responsable debe valorar no sólo la legitimidad de las peticiones, sino también su viabilidad financiera y sus efectos sobre las finanzas públicas de largo plazo.

Quizá la pregunta ya no sea si la CNTE conserva capacidad para movilizar miles de personas. La verdadera interrogante es si sigue representando de manera efectiva a la mayoría de los trabajadores de la educación. Si el gobierno logra hablar directamente con las bases, y si la sociedad comienza a exigir responsabilidades por los costos económicos y educativos de los paros, podríamos estar presenciando algo más profundo que una negociación sindical: el inicio del declive de un modelo de presión que durante décadas pareció intocable, sería un gran logro y una forma distinta de alcanzar acuerdos y terminar con las extorsiones de muchos liderazgos que secuestran las ciudades a su antojo….

Parte de esta situación responde a factores naturales. León es una de las ciudades más pobladas del país y su crecimiento demográfico ha sido constante durante décadas. Una ciudad de semejante tamaño enfrenta desafíos que no padecen municipios más pequeños: mayor presión sobre la infraestructura, movilidad, seguridad, servicios públicos y oportunidades laborales. A ello se suma que otras ciudades del Bajío han fortalecido sus capacidades económicas y logísticas, reduciendo la ventaja histórica que León mantenía sobre sus competidores regionales.

Los indicadores muestran una realidad compleja. La ciudad conserva fortalezas importantes en actividad económica, atracción de inversiones y capacidad productiva, pero también registra rezagos en diversos rubros sociales. La pobreza no convierte a León en uno de los municipios con mayor pobreza extrema del país, pero sí lo coloca entre aquellos que concentran un elevado número de personas en situación de vulnerabilidad.

Dicho de otra manera, el crecimiento económico no siempre llega con la misma intensidad a todos los hogares.
También existen factores políticos que merecen análisis. La administración de Alejandra Gutiérrez enfrenta el desgaste natural de un segundo periodo de gobierno. La reelección ofrece continuidad, pero también multiplica la exigencia ciudadana sobre los resultados. Lo que en un primer mandato puede entenderse como proyecto en construcción, en un segundo ya debe reflejar resultados tangibles y medibles para una población cada vez más demandante.

A ello se han sumado episodios que han distraído la atención pública. Las diferencias políticas con liderazgos de su antiguo partido, los acercamientos a Movimiento Ciudadano, las especulaciones sobre proyectos personales de futuro y los conflictos visibles con otros actores relevantes de la vida pública estatal han terminado ocupando espacios que deberían estar reservados para discutir competitividad, empleo, infraestructura y desarrollo humano.

Se suman irregularidades de funcionarios, corrupción, tráfico de influencias y favores, funcionarios que ya gastan en campañas antocipadas por puestos de elección: abusos y acosos laborales y sexuales.

La política es necesaria; la politización permanente suele ser menos productiva.
Tampoco ayuda la percepción de que las prioridades institucionales pueden alterarse por estrategias de posicionamiento personal. El ciudadano común difícilmente encuentra beneficio inmediato en disputas partidistas, cambios de imagen gubernamental o reacomodos de colores políticos. Los habitantes esperan soluciones concretas a los problemas cotidianos y suelen ser implacables cuando perciben que la agenda pública se aleja de sus preocupaciones reales.

Sin embargo, reducir la discusión a una sola persona sería injusto y simplista. León enfrenta retos acumulados durante décadas y requiere una visión de largo plazo que trascienda administraciones. La competitividad moderna ya no depende únicamente de fábricas y parques industriales; exige innovación tecnológica, educación de calidad, movilidad eficiente, seguridad jurídica, sustentabilidad y una estrategia integral para reducir desigualdades.

Las claves para recuperar posiciones pasan por fortalecer la inversión productiva, impulsar la economía del conocimiento, mejorar la infraestructura urbana y combatir los rezagos sociales con políticas públicas medibles. Una ciudad que aspira a figurar entre las más importantes del país no puede conformarse con indicadores promedio. Su tamaño poblacional y su relevancia económica obligan a pensar en estándares nacionales de excelencia.

La ciudadanía leonesa ha demostrado históricamente madurez democrática. Desde las luchas cívicas que marcaron el municipalismo moderno hasta los procesos electorales contemporáneos, León ha sido ejemplo de participación y exigencia pública. Conforme se acerquen los nuevos ciclos políticos, corresponderá a los ciudadanos evaluar si la continuidad ofrece respuestas suficientes o si resulta conveniente explorar alternativas distintas.

Después de todo, la democracia no consiste en cambiar por cambiar, sino en mejorar para avanzar. Y León, por historia, tamaño y vocación, merece volver a competir entre los mejores.

Los motivos expuestos para la ruptura fueron contundentes. Según la propia narrativa de quienes respaldan la decisión, existían diferencias profundas con la dirigencia panista, desacuerdos internos y una creciente confrontación que terminaba afectando la gobernabilidad y la atención de los asuntos públicos. En ese contexto, el cambio de siglas aparece como una salida política comprensible para quien considera agotada una etapa dentro de su organización de origen.

Sin embargo, una cosa es el cambio de partido y otra muy distinta el impacto administrativo e institucional que genera esa decisión. Cuando un gobierno modifica su identidad política, también suele transformar su estrategia de comunicación, sus mensajes públicos, sus campañas institucionales y buena parte de la imagen que proyecta ante la ciudadanía. No se trata únicamente de cambiar un color en un logotipo, sino de modificar una estructura completa de comunicación gubernamental.

La imagen institucional tiene costos. Implica papelería, materiales impresos, campañas de difusión, espectaculares, anuncios digitales, señalética, uniformes, diseño gráfico, promoción institucional y una larga lista de elementos que terminan financiándose con recursos públicos. El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto costará esa transición y cuáles son los beneficios concretos que justifican dicho gasto.
Distintos informes presupuestales han señalado que el Municipio de León destina cada año cantidades importantes a comunicación social y difusión gubernamental. Si se considera que los recursos para promoción institucional pueden alcanzar decenas o incluso cientos de millones de pesos durante una administración, cualquier modificación significativa en la estrategia de imagen merece una explicación puntual, transparente y verificable ante la sociedad.

A ello se suma otro factor que alimenta el debate público. Diversos funcionarios y actores políticos cercanos al gobierno municipal han sido mencionados como posibles aspirantes a cargos de elección popular rumbo al proceso electoral de 2027. Aunque aspirar a una candidatura es legítimo, la ciudadanía observa con atención que los recursos institucionales no terminen confundidos con estrategias de posicionamiento personal o partidista.
Por ello, el tema central no es el color político que adopte una administración, sino la obligación de rendir cuentas. El dinero público pertenece a todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias partidistas. Los recursos municipales deben orientarse prioritariamente a resolver problemas concretos que afectan diariamente a la población y que siguen esperando atención efectiva.

Los leoneses enfrentan desafíos que van desde el deterioro de vialidades y el mantenimiento urbano hasta la necesidad de fortalecer servicios públicos, infraestructura social y atención a sectores vulnerables. Frente a esas prioridades, cualquier gasto adicional en imagen institucional debe justificarse con absoluta claridad y con resultados medibles para la comunidad.

Al final, los partidos cambian, los colores cambian y las alianzas cambian. Lo que no debería cambiar es el principio de que el gobierno administra recursos que no son propios. El verdadero color de la ciudadanía no es azul, naranja, guinda o tricolor. Es el color de la transparencia, de la rendición de cuentas y del respeto al dinero que aportan los contribuyentes. Esa es la tonalidad que nunca debería cambiar.

Gastos indebidos, superfluos, son desviaciones de recursos públicos, signigican no sólo faltas administrativas, sino delitos penales por desviación de recursos que son de la ciudadanía…

Cuando el dinero ilícito penetra las urnas, no sólo se contamina una elección: se compromete el futuro institucional del país y se abren las puertas a los narcogobiernos.

La propuesta que hoy se discute para crear mayores filtros de revisión a candidaturas resulta positiva, particularmente por la intención de integrar una comisión especial con autoridades electorales y de procuración de justicia. Ahí participarían instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales.

El objetivo sería detectar riesgos, vínculos financieros irregulares o posibles nexos criminales antes de que los aspirantes lleguen a las boletas. El simple hecho de colocar el tema sobre la mesa ya representa un avance que antes parecía intocable.

Sin embargo, el verdadero blindaje debe ir mucho más allá de simples advertencias institucionales.

No basta con que las autoridades informen a los partidos políticos sobre candidatos sospechosos; también debe existir la obligación legal y moral de denunciar a quienes tengan vínculos con la delincuencia común u organizada. Los partidos no pueden seguir escudándose en la ignorancia o en el oportunismo electoral. Si una fuerza política decide postular perfiles cuestionados, aun con señales de alerta, tendría que asumir consecuencias severas ante la ley y ante la sociedad.

Incluso, habría que discutir medidas más drásticas, como la pérdida de registro estatal o nacional para aquellos partidos en los que se demuestre, de manera clara y judicialmente sustentada, una relación sistemática con estructuras criminales.

Durante años, las organizaciones políticas han operado bajo una lógica de impunidad donde ganar elecciones parece justificar cualquier alianza oscura. Si realmente se pretende sanear la democracia, el castigo no debe recaer solamente en el candidato involucrado, sino también en la institución política que lo impulsó y protegió.

También la sociedad tiene una responsabilidad ineludible. Las organizaciones civiles, medios de comunicación, cámaras empresariales y ciudadanos deben convertirse en mecanismos permanentes de vigilancia y denuncia.

En muchos municipios y estados, los rumores sobre personajes ligados al crimen son conocidos desde mucho antes de las campañas, pero prevalece el silencio por miedo, conveniencia o apatía. El combate a la infiltración criminal no puede depender únicamente del aparato gubernamental; requiere presión social y una cultura democrática menos tolerante con la corrupción y la violencia.

Otro tema delicado es la propuesta relacionada con la posible intromisión de organismos o gobiernos extranjeros en las elecciones mexicanas. Aunque en teoría se busca proteger la soberanía nacional, en la práctica el concepto resulta ambiguo y difícil de acreditar jurídicamente. Determinar qué constituye una intervención indebida y cuándo ello justificaría anular una elección puede abrir espacios peligrosos para interpretaciones políticas o decisiones discrecionales.

Ahí el riesgo es generar incertidumbre y utilizar el argumento de la “injerencia externa” como arma partidista más que como un verdadero instrumento de defensa democrática.

En este contexto, también resulta acertada la propuesta de diferir la elección del Poder Judicial para evitar que se encime con el proceso electoral de 2027.

La simultaneidad de ambas jornadas habría provocado saturación política, desgaste institucional y mayores riesgos de polarización e intervención de intereses ilegales. Separar ambos procesos permite darles atención específica y reducir tensiones en un momento en que el país necesita elecciones más limpias, más vigiladas y menos vulnerables a cualquier forma de presión criminal o política.

La interrogante no es menor, porque de su respuesta depende no sólo el destino jurídico de los acusados, sino la credibilidad de los sistemas judiciales que pretenden sancionar el crimen organizado.
Motu proprio o no, la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya y por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, puede interpretarse como un gesto institucional para enfrentar los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Valdría la pena recordar que hace apenas unos meses atrás el gobierno Mexicano entregó poco más de 96 capos sin proceso de extradición, solo bastó la petición de ser entregados, y se cumplió cabalmente.
En una república de leyes, apartarse temporalmente del cargo ante acusaciones de tal gravedad no constituye una admisión de culpa, sino una forma de permitir que las investigaciones se desarrollen sin la sombra del poder público.
Entre los nombres mencionados también figura el senador Enrique Inzunza Cázarez, lo que coloca el caso en un plano aún más delicado para la vida institucional del país. Si las imputaciones tienen sustento, deberán presentarse elementos probatorios firmes que resistan el escrutinio jurídico. La justicia moderna no puede descansar únicamente en versiones, por dramáticas que estas sean, sino en evidencias que acrediten la responsabilidad individual más allá de toda duda razonable.

La discusión inevitable remite al antecedente del juicio contra Genaro García Luna en una corte federal de Nueva York. En ese proceso, que sacudió la percepción pública sobre la seguridad en México, el jurado escuchó principalmente testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Jesús Zambada García y Sergio Villarreal Barragán. Aunque la fiscalía presentó registros financieros y comunicaciones, el debate público persiste sobre el peso que tuvieron las declaraciones de criminales frente a las pruebas documentales.

Este antecedente vuelve inevitable la reflexión sobre el mecanismo de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de extradición. Los tratados vigentes establecen que una solicitud formal debe acompañarse de evidencia suficiente que permita presumir la comisión de delitos conforme a las leyes de ambos países. No se trata de un simple intercambio político ni de un acto automático: implica la revisión por tribunales mexicanos para determinar si existen elementos que justifiquen la entrega de los acusados.
En este contexto, el eventual proceso contra funcionarios mexicanos debe examinarse con la mayor prudencia jurídica.

La colaboración internacional contra el narcotráfico es necesaria, pero también lo es preservar el equilibrio entre cooperación y soberanía. México no puede convertirse en simple ejecutor de decisiones externas, del mismo modo que Estados Unidos tiene derecho a investigar delitos que afecten su territorio o su seguridad.
Todo indica que este caso podría ser apenas el inicio de una serie de investigaciones más amplias sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado. Si ello ocurre, surgirán nuevos nombres, nuevas acusaciones y también nuevas tensiones entre ambos países. Por eso mismo resulta indispensable que cada expediente esté sustentado en pruebas sólidas y no únicamente en narrativas provenientes del propio mundo criminal.

La justicia verdadera no puede ser rehén ni de la política ni del espectáculo mediático. Para los pueblos de México y de Estados Unidos, golpeados durante décadas por la violencia del narcotráfico, lo que se exige no es una disputa de poder, sino la verdad. Que hablen las pruebas, que se escuchen las defensas y que los tribunales decidan con imparcialidad. Porque sólo así, por encima de intereses coyunturales, podrá saciarse esa profunda hambre y sed de justicia que comparten nuestras sociedades…

Cuando el Estado asume facultades que afectan el patrimonio de un ciudadano sin control judicial inmediato, se corre el riesgo de trastocar un principio que durante siglos ha sido la garantía mínima frente al poder público.
La presunción de inocencia no es una concesión graciosa del Estado; es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México. Su lógica es sencilla: nadie puede ser tratado como culpable antes de que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

Sin embargo, permitir el bloqueo de cuentas mediante decisiones administrativas parece invertir la ecuación jurídica, pues coloca al ciudadano en la posición de tener que demostrar que no ha cometido un delito para recuperar el acceso a su propio patrimonio.
Es cierto que el país enfrenta un fenómeno criminal de dimensiones colosales. El crecimiento del crimen organizado en México se ha convertido en una estructura transnacional que infiltra economías, corrompe instituciones y amenaza la seguridad pública.

Frente a esa realidad, las herramientas de inteligencia financiera han demostrado ser un instrumento eficaz para seguir la ruta del dinero ilícito. Pero precisamente porque la amenaza es tan grande, el Estado debe ser más cuidadoso en no sacrificar los principios que pretende defender.
Combatir la ilegalidad mediante prácticas que debiliten las garantías legales puede terminar generando un efecto perverso.

La historia demuestra que cuando los Estados comienzan a flexibilizar los límites jurídicos en nombre de una causa superior —ya sea seguridad nacional, lucha contra el terrorismo o guerra contra el crimen— se abre una puerta peligrosa para el abuso de poder. El derecho existe precisamente para evitar que las urgencias políticas se conviertan en excepciones permanentes.

La discusión no es menor si se observa desde la experiencia cotidiana de cualquier ciudadano. Imaginemos a una persona que realiza un movimiento financiero inusual, como la compra o venta de un bien inmueble. Para una institución bancaria, ese movimiento podría activar mecanismos automáticos de alerta y derivar en un reporte a la autoridad financiera.

El banco no conoce el patrimonio completo del cliente ni el origen integral de sus recursos; sólo observa una operación aislada dentro de millones de transacciones.
Si a partir de ese reporte la autoridad decide bloquear las cuentas, el ciudadano puede quedar en una situación de indefensión inmediata. No sólo pierde el acceso a su dinero, sino que enfrenta consecuencias prácticas que pueden ser devastadoras: incumplimiento de pagos, afectación a negocios, daño a su reputación o incluso pérdida de patrimonio. Todo ello mientras se determina si la sospecha tenía fundamento o fue simplemente una interpretación administrativa equivocada.

La justicia, por definición, exige equilibrio. El Estado tiene el deber de perseguir delitos, pero también la obligación de proteger a los inocentes frente a decisiones arbitrarias. Por ello, el control judicial previo no es un obstáculo burocrático, sino una garantía elemental para evitar abusos. En el derecho moderno, los contrapesos institucionales no debilitan al Estado: lo legitiman.

En última instancia, la lucha contra el crimen no puede convertirse en una cruzada donde el fin justifique los medios. La justicia no es una guerra santa ni un ejercicio de fuerza moral, sino un sistema de reglas cuyo propósito es proteger la verdad y la dignidad humana.

Cuando se invierte la lógica jurídica y el ciudadano debe probar su inocencia frente al poder público, el riesgo es evidente: el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse, silenciosamente, en presunto acusador de todos…

Y es que no es un asunto menor, si buen comentamos ya en este mismo espacio que la regla es no medir una elección con la próxima anterior, la regla se rompe cuando, lo que está en juego es la permanencia en el gobierno del partido político cuasi hegemónico desde hace ya 34 años.

El 2027 será la plataforma desde la cual partirá la próxima elección que renovará la gubernatura y, se refrendarán los gobiernos locales (46 Ayuntamientos) así como el Poder Legislativo. La gobernabilidad en pleno para Guanajuato o una nueva hegemonía partidista.

Veamos los datos y los avances de los partidos políticos en las elecciones. Insisto que habrá quien pida hacer una lectura muy dogmática entre elecciones intermedias, pero, hoy las nuevas formas de hacer elecciones hacen que las movilizaciones sean prácticamente las mismas en las locales que en las presidenciales.

Datos del 2021 revelan que hubo una participación electoral de 43.7 por ciento del padrón. Para ese año la fuerza de movilización de Morena no era de tal magnitud en Guanajuato ni tampoco se habría observado la importancia de los Congresos locales como órgano para la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el 2024 y ya con una maquinaria territorial bien aceitada, la participación del padrón electoral en Guanajuato fue del 56.2 por ciento y fue entonces donde se consolidó una votación casi en bloque para una mayoría en el Congreso federal.

ELECCIÓN 2021

En ese año compitieron 11 partidos políticos para la renovación del Congreso local y los 46 Ayuntamientos. El PAN obtuvo una holgada mayoría con 801 mil 140 votos mientras que, en un segundo lugar, Morena logró 406 mil 773 votos.

Un tercer lugar lo logró el PRI con 241 mil 096 votos y el cuarto lugar fue para Movimiento Ciudadano con 99 mil 281 votos.

Ese resultado dejó el mapa electoral de la siguiente manera: PAN 22 municipios; Morena, PRI y PVEM con 3 municipios cada uno; PRD, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas con 2 mientras Nueva Alianza y el Candidato Independiente con uno cada uno.

En tanto que la composición del Congreso local ocurrió con 22 diputados electos del PAN y 1 de Morena.

ELECCIÓN 2024

Compitieron siete partidos políticos donde, el PAN logró 1 millón 91 mil 460 votos con una candidata presidencial emergente, que no logró conectar con el electorado y con una campaña negrea desde las benditas redes sociales.

Mientras Morena, partido en el poder, con una base electoral más solida y un ejército territorial alimentado desde los programas sociales, logró en Guanajuato una elección de 849 mil 433 sufragios.

No obstante, el resultado fue adverso: el PAN logró el triunfo en 11 municipios; Morena se alzó en 13 Ayuntamientos; la alianza PAN-PRI-PRD logró 13 triunfos; PRI 3; PVEM y Movimiento Ciudadano 2 cada uno mientras que PT, PRD y Candidato Ciudadano uno respectivamente.

En el Congreso el PAN alcanzó 11 legisladores, la alianza PAN-PRI-PRD 3, la alianza Morena-PVEM-PT 8 mientras que el resto del Congreso local se compuso por el voto residual.

Lo que viene en el 2027 será una interesante composición local. ¿Qué papel jugarán partidos como Somos México en distritos electorales muy panistas?; ¿Qué papel tendrá el Movimiento por la PAZ en la comunidad evangélica en Guanajuato y cómo moverá sus piezas en municipios como Silao?, ¿Habrá la posibilidad de tener un Congreso federal con mayoría calificada o simple?, ¿Qué pasará con la conformación del Congreso local? Sin duda, eso da pie a otro análisis.

Ya con su Plan B remitido a la Cámara de Senadores, se afianzó la movilización y, por supuesto, el llamado al voto popular a favor de la Cuarta Transformación. Quien no haya visto esa jugada, seguirá pensando que la presidenta fue derrotada. Pero no, al contrario, ganó en tiempo.

Aunque de manera oficial el proceso electoral 2027 inicia en Octubre de este año, el país se encuentra sumergido en un ambiente que ha puesto en el centro de la conversación quién será el partido político ganador.

No es un asunto menor. Será una especie de plebiscito para la Cuarta Transformación desde donde, un día sí y el otro también, se informa que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en niveles que superan el 75 por ciento.

Así que, con el refrendo de los aliados y de quienes buscan poner un freno al avance de Morena en el país, llega a un segundo momento el diálogo político en este país y, con nuevos jugadores.

En próximas semanas, el Consejo General del INE podría estar entregando su registro a cuatro nuevos partidos políticos.

Somos México, que se integra en su mayoría de ex militantes del PAN y de la Marea Rosa.

Construyendo Sociedades de PAZ, cuya estructura se forma con miembros del extinto Partido de Alianza Social.

México Tiene Vida que ya es un partido político en Monterrey y que quita votos a Movimiento Ciudadano y a una parte de la ultraderecha al definirse como un partido 100 por ciento provida.

Y por último Que siga la Democracia, una organización que surgió en el 2012 en apoyo de Morena para impulsar el ejercicio de revocación de mandato.

Con estos cuatro partidos políticos, la boleta electoral federal en México contará con 10 partidos políticos en total. Dos de los nuevos partidos políticos identificados con la izquierda mexicana, Somos México cuya irrupción parecería que restará votos al PAN y México tiene vida que es de extrema derecha.

Este escenario se vuelve más interesante cuando leemos los porcentajes de preferencia electoral que, según Mitofsky, Morena va en 34 por ciento, PAN  14 por ciento, Movimiento Ciudadano 12 por ciento, PRI 8 por ciento, PVEM 7 por ciento, PT 3 por ciento  y 22 por ciento de indecisos.

La encuesta de Buen Día y Márquez revela que Morena, PT y PVEM alcanzarían la conformación del 44 por ciento de la Cámara de Diputados mientras que el  PAN, PRI y MC tendrían el 34 por ciento de espacios en San Lázaro.

Morena llegó al 2021 con un 30.5 por ciento de la población gobernada en conjunto con PVEM y PES y, al 2027 llegará con un 73.5 por ciento de la población gobernada por Morena, PT y PVEM.

Así que, Morena llega a la elección con una ventaja de organización y territorial. El Plan B de la presidenta de México fue, justamente, el llamado a toda la maquinaria en el país para que inicie la reflexión del voto sobre quienes están contra la transformación o a favor de ella.

Guanajuato elegirá a 46 Ayuntamientos de los cuales el PAN ganó 10 en la elección pasada (22 en el 2021); el PRI tres (mismos que en el 2021); PRD 1 (2 en el 2021); PVEM 2 (3 en el 2021); PT uno (cero en el 2021); Movimiento Ciudadano 2 (mismos que en el 2021); Morena 13 (2021 3) por citar a los que ganaron.

Es correcto que no se deben medir elecciones intermedias con presidenciales pero, esa regla se rompió con la nueva composición social y partidista en el país pues, en lo local podrá dejar muestra del avance de Morena, las alianzas y aliados en Guanajuato con la mira puesta en la sucesión del Ejecutivo Estatal y, en lo nacional, vislumbrar o no una mayoría calificada o simple para el segundo trienio del Ejecutivo Federal.

Pero ese será motivo de un próximo análisis.

La corrupción en México parece ya un acto de usos y costumbres en la clase política y eso genera un rechazo unánime de la sociedad en las autoridades que, por cierto, nos toca elegir.

Y lo que más lastima a la ciudadanía es que mientras las autoridades son electas para proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad ciudadana que, por cierto, es una asignatura pendiente.

En León ocurrió que, después de una cortina de humo que nació en la oficina de prensa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos sobre su supuesta renuncia del PAN, comenzaron a salir un sinfín de sospechas, primero, y después evidencias que la arrinconan en una esquina que no es para nada transparente.

En el pasado, Gutiérrez Campos vivió crisis en su administración derivadas de tala de árboles, excesos en algunos funcionarios de tercer nivel o escándalos encabezados por elementos de la policía municipal.

Tales crisis desgranaron a su círculo cero y cambió en, al menos, cinco veces de vocero hasta que llegó Enrique Avilés Pérez cuya reputación quedó en entredicho por supuestos desvíos de recursos en la Secretaría de Turismo y, luego, en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato cuando Miguel Márquez Márquez era el Ejecutivo Estatal.

En total, estaban observados más de 80 millones de pesos. Márquez habría pedido a Diego Sinhué no investigar a Enrique Avilés para no manchar su gobierno, a cambio, Avilés Pérez tuvo un exilio de seis años fuera de Guanajuato y se colocó como burócrata en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro de la Secretaría de Turismo federal, pero con beneficios en gobiernos panistas de Guanajuato.

Pero, además, Ale Gutiérrez es señalada por entregar contratos por un valor de 3.5 millones de pesos al arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón, representante de TerraLab Consulting S.A. de C.V. y quien, curiosamente, fue el diseñador de su residencia en Santa Brígida.

Otro tema que deja muchas dudas es el otorgamiento de contratos por hasta 14 millones de pesos a la empresa NARDIQ, entre cuyos socios aparece el nombre de Norma Araceli Díaz, presidenta del Consejo Directivo de Aseo Público e Integrante del Comité de Obra Pública de León.

El más reciente escándalo es la asignación de contratos por más de 8.1 millones de pesos a una empresa de comunicación llamada Syntagma de la cual es copropietario Rodriguo Duarte Hernández quien, por cierto, es socio de Alejandra Gutiérrez en una empresa llamada Alimentos GoFoods S.A. de C.V. que inició operaciones en el 2014.

Así, el gobierno de Alejandra Gutiérrez deja muchos frentes abiertos que requiere respuestas claras y francas.

Estas crisis por presuntos actos de corrupción se pueden convertir en una bomba de tiempo que, por más que quieran enviar el dardo a un supuesto pleito entre panistas, la percepción ciudadana podría ya no ver por la mejor opción sino, entre el menos malo lo que, sin duda, afectaría mucho el desarrollo de la ciudad.

Alejandra Gutiérrez quien llegó blindada de una gran confianza ciudadana al ganar, sus dos elecciones al hilo, con una votación de 2-1 y 3-1 hoy no se encuentra entre los mejores alcaldes evaluados del país.

Percepción, le dicen, del sentimiento ciudadano respecto a sus autoridades y actos. En fin, hoy no se ve para dónde pueda esquivar Ale Gutiérrez esos dardos que le salen, un día sí y al otro también, de permitir actos faltos de probidad.

El contraste entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana revela una brecha que inquieta. La narrativa institucional habla de avances contundentes, mientras la percepción social sigue marcada por el temor y la incertidumbre en calles, barrios y comunidades del estado.

En su informe presume la reducción de homicidios dolosos en 65 por ciento, cifra que a primera vista resulta alentadora y que coincide con la tendencia nacional que reporta disminuciones importantes. Sin embargo, estos resultados dependen siempre de los periodos comparados y de la metodología empleada. No es lo mismo contrastar meses específicos que evaluar tendencias de largo plazo, ni comparar tasas por población que números absolutos.

Celebra el fiscal que esa disminución coloca a Guanajuato en el sexto lugar nacional en incidencia por cada cien mil habitantes, lo cual puede ser correcto en términos estadísticos. No obstante, en cifras totales la entidad continúa entre los primeros sitios del país. Hay días de la semana en que otras entidades superan nuestros registros, pero durante la mayoría de los días Guanajuato encabeza el número de asesinatos, una realidad difícil de ignorar.

También se destaca la disminución en el delito de extorsión, presentado como un logro relevante de la política de persecución criminal. Pero en el Centro Histórico de León, por ejemplo, y en diversas zonas comerciales persisten testimonios de cobro de piso que afectan a comerciantes y empresarios. La estadística puede señalar una reducción, pero la experiencia directa de quienes enfrentan estas presiones muestra una realidad distinta que no desaparece con cifras.

Se reporta igualmente una baja en feminicidios, aunque Guanajuato continúa figurando entre los estados con mayor violencia contra las mujeres. La gravedad de este fenómeno no admite lecturas optimistas ni celebraciones anticipadas. Cada caso representa una tragedia irreparable que obliga a revisar las estrategias institucionales y a reconocer que el problema persiste con dimensiones alarmantes.

Otro aspecto ausente en el discurso oficial es el fenómeno de las masacres, donde la entidad ocupa el primer lugar nacional en diversos registros de violencia colectiva. Los ataques armados contra grupos de personas en espacios públicos o privados han marcado la vida reciente del estado. Estos episodios, por su impacto social, configuran una percepción de inseguridad que ningún informe puede disipar fácilmente.

A ello se suma el hallazgo recurrente de fosas clandestinas, descubierto en numerosas ocasiones por colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas. La persistencia de estos hallazgos revela una crisis humanitaria que rebasa los indicadores de eficiencia institucional. Las cifras oficiales difícilmente reflejan el dolor de quienes buscan a sus seres queridos en condiciones adversas.

Resulta igualmente preocupante el trato hacia los periodistas durante la presentación del informe, pues se denunció que fueron confinados en un salón sin acceso directo al evento público. Si el gobierno estatal presume transparencia y apertura, estos episodios generan dudas sobre el compromiso real con la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

El fiscal asegura además que los indicadores de eficiencia de la institución superan el 90 por ciento, lo que implicaría avances significativos en el combate a la impunidad. Sin embargo, la llamada cifra negra del delito, es decir, los hechos no denunciados, continúa siendo elevada. La desconfianza ciudadana y el temor a represalias siguen limitando la denuncia, lo que cuestiona la efectividad plena del sistema.

Es justo reconocer que existen esfuerzos institucionales, detenciones relevantes y procesos judiciales que reflejan trabajo operativo. No obstante, afirmar que la batalla está ganada sería precipitado. La seguridad pública sigue siendo una tarea pendiente que exige autocrítica, evaluación permanente y una visión que reconozca tanto los avances como las carencias.

La construcción de la paz no puede depender únicamente de informes optimistas ni de estadísticas favorables. Requiere el compromiso conjunto de autoridades, sociedad civil, instituciones educativas, sector empresarial y ciudadanía. Sólo mediante la participación de todos los sectores sociales de la entidad y de la nación podrá alcanzarse el anhelo legítimo de una sociedad verdaderamente segura y en paz, que permita la prosperidad y el desarrollo social en su conjunto y el de cada persona en lo individual…

En días recientes, padres de familia han elevado una súplica desesperada al crimen organizado para que respete la vida de sus hijos, escena que retrata un país herido, descompuesto.

No se trata de un discurso retórico ni de una exageración alarmista, sino de la reacción de comunidades aterradas ante hechos cada vez más frecuentes.

En Sinaloa fue asesinado un niño que había salido de su casa para comprar leche para sus gatos adoptados, víctima inocente de una violencia sin sentido.

En Guanajuato y Acapulco, ataques armados han alcanzado también a menores que nada tenían que ver con disputas criminales ni con el lenguaje brutal de las armas.

Masacres en viviendas, en campos de fútbol, en parques, ataques contra transporte público y enfrentamientos en zonas habitadas han dejado entre sus víctimas a niñas, niños, bebés e incluso recién nacidos.

Si toda vida humana debería ser inviolable, respetada,  la infancia representa el símbolo absoluto de inocencia, un territorio que ni siquiera en conflictos bélicos debería ser vulnerado. Ni en las peores guerras vulneran y asesinan menores como en nuestro país, sin consideración ni piedad alguna.

Sin embargo, en México ese principio elemental ha dejado de ser una certeza para convertirse en una esperanza incierta sostenida por la angustia de millones de familias.

La violencia ya no distingue edades, la barbarie no reconoce límites y el miedo se ha instalado en la vida cotidiana como una presencia constante.

Lo verdaderamente alarmante no es sólo la brutalidad de los hechos, sino la progresiva normalización social de esta tragedia que debería conmocionar a la nación entera.

Cuando los padres ruegan a los criminales clemencia para sus hijos, lo que realmente queda expuesta es la debilidad de las instituciones encargadas de protegerlos.

La súplica dirigida a los violentos es también una acusación implícita contra la incapacidad del Estado para garantizar el derecho más básico, que es el derecho a vivir.

La pregunta es, por qué la autoridad en sus tres niveles de gobierno le tiene tanta complacencia y tantas atenciones y consideraciones a los delincuentes que masacran sin pudor alguno.

La impunidad persistente, la insuficiente prevención del delito y la fragilidad y complicidad de los sistemas de seguridad han erosionado la confianza ciudadana hasta límites peligrosos.

La autoridad parece ausente en regiones enteras donde comunidades sobreviven entre el silencio, el temor y la resignación ante la violencia cotidiana.

Así, la sociedad no sólo enfrenta la pérdida de vidas inocentes, y la perdida de las instituciones protegidas en la demagogia, sumado  al deterioro profundo de su confianza en las instituciones y en el futuro mismo.

La normalización del horror constituye quizá el daño más grave, pues cuando la muerte infantil deja de indignar colectivamente comienza la descomposición moral de la sociedad.

Cada noticia de un menor asesinado debería paralizar al país, provocar respuestas inmediatas y detonar acciones contundentes de investigación y castigo ejemplar.

Sin embargo, los hechos se acumulan con rapidez y el escándalo público se disuelve con la misma velocidad con que surgen nuevas tragedias.

El riesgo es evidente, acostumbrarnos a la violencia contra los más vulnerables hasta aceptar como inevitable lo que debería ser absolutamente inadmisible.

Una nación que tolera la muerte de sus niños como daño colateral está condenada a convivir permanentemente con la barbarie y la desesperanza.

Frente a este panorama, la protección de la infancia debe convertirse en prioridad nacional absoluta, con políticas públicas verificables que garanticen seguridad real para los menores.

Se requieren acciones e investigaciones inmediatas y radicales y eficaces de las  fiscalías, responsabilidades claras para autoridades omisas y estrategias preventivas que reconstruyan el tejido social desde las comunidades.

El Estado debe asumir sin ambigüedades que la vida de los niños constituye un límite moral infranqueable y una obligación irrenunciable de gobierno.

No se puede negociar el derecho de la infancia a vivir ni delegar su protección a la buena voluntad de quienes ejercen la violencia criminal.

La pregunta que permanece es devastadora, si seguiremos suplicando a los delincuentes misericordia o exigiremos finalmente justicia para que los niños vuelvan a ser intocables..

El caso Tequila no es una excepción ni una rareza. Es, por el contrario, un ejemplo deplorable de una realidad extendida en buena parte del país. Municipios capturados, cooptados o intimidados por organizaciones criminales que ven en los ayuntamientos la puerta de entrada perfecta para controlar territorios, presupuestos, policías y decisiones administrativas clave. Lo ocurrido en Jalisco reabre una conversación que suele incomodar, pero que ya no puede seguir postergándose.

Desde hace años se sabe —aunque pocas veces se diga con claridad— que hay municipios dominados de facto por el crimen organizado en estados como Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y otros más. En Guanajuato, incluso, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció públicamente que al menos diez municipios estaban bajo investigación por posibles vínculos con la delincuencia. ¿Qué pasó con esas indagatorias?, ¿en qué quedaron?, ¿avanzaron o se diluyeron en el silencio institucional?

El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, pero también el más frágil. Presupuestos limitados, policías mal pagadas, escasa capacitación y una enorme presión territorial hacen que los alcaldes, regidores y funcionarios locales sean blancos fáciles para la corrupción, la amenaza o la captura criminal. Cuando un ayuntamiento cae, no solo se compromete la seguridad, también se descompone la vida cotidiana de la comunidad.

En ese contexto, los operativos Enjambre impulsados por el Gobierno Federal representan un paso necesario y, hasta ahora, inédito en su alcance. La detención de funcionarios municipales y redes de complicidad envía un mensaje claro: no hay cargos intocables cuando se trata de vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, estos esfuerzos no pueden ser aislados ni episódicos; deben sostenerse en el tiempo y ampliarse territorialmente.

Pero no todo puede recaer en la Federación. Los gobiernos estatales tienen la obligación constitucional y política de hacer lo propio. No basta con esperar a que intervenga la autoridad federal mientras se administra el problema con discursos. La depuración de corporaciones, el fortalecimiento institucional y la vigilancia de los gobiernos municipales son tareas ineludibles de los estados.

También la ciudadanía tiene un papel fundamental. Denunciar, aunque sea difícil y riesgoso, sigue siendo una herramienta indispensable para romper la normalización de la captura criminal del poder local. El silencio, muchas veces comprensible, es el mejor aliado de la impunidad.

Tequila es hoy un ejemplo ominoso, sí, pero también una advertencia. Los casos que faltan están ahí, latentes, esperando salir a la luz. Ignorarlos sería condenar al municipio —y con él, al Estado— a seguir siendo rehén del crimen organizado.

El refrendo vehicular aumentó 41 por ciento y, aunque no llegó a los mil 200 pesos de la propuesta panista, quedó en 940. La diferencia no consuela cuando se suma a otros cobros que también suben. La narrativa oficial habla de ajustes responsables, pero la realidad cotidiana es otra. Pagar más siempre pesa.

A la par del refrendo, se incrementaron impuestos cedulares y gravámenes a servicios de hospedaje y a la venta de bebidas alcohólicas. Son sectores que, por su naturaleza, trasladan el costo al consumidor final.

El turismo y el comercio resienten el golpe y ajustan precios. En cadena, el ciudadano termina pagando más por lo mismo. La explicación recurre a la necesidad de recaudar y fortalecer finanzas. Sin embargo, el momento elegido resulta poco sensible para familias y negocios. La cuesta de enero se volvió empinada.

En León, el impuesto predial también registró aumentos, no de manera generalizada, pero sí focalizada en inmuebles grandes y de mayor valor. Eso impacta a la clase media-alta y al sector empresarial, motores de empleo local.

Hay casos donde un predio comercial pasó de pagar, por ejemplo, 45 mil a más de 60 mil pesos anuales. Viviendas amplias en zonas consolidadas vieron incrementos de dos dígitos. El mensaje es claro: quien tiene más, paga más. El problema es cuando el aumento no viene acompañado de mejores servicios visibles.

A estos incrementos se suman los ajustes de siempre en servicios y agua potable, tanto en Guanajuato capital como en León. Les llaman indexación, pero como decía Toño Rocha, es un incremento y ya; que no nos quieran ver la cara. El lenguaje técnico suaviza lo que en la práctica es pagar más cada mes. La indexación no reduce el impacto, sólo lo explica. El usuario no recibe agua más limpia ni más continua por ese nombre elegante. Recibe un recibo más alto.

Si además se consideran los efectos del IEPS federal, el escenario apunta a una inflación mayor. Todo se conjuga para presionar precios y reducir el poder adquisitivo. A ello se agrega la deuda pública estatal, que incrementa en 8 mil millones de pesos, sumados a una cantidad similar solicitada por el gobierno de Diego Sinhue. Es deuda pública, más que deuda gubernamental, porque la pagamos todos. Endeudarse no es malo per se, pero sí exige resultados claros. La ciudadanía merece saber en qué y para qué.

Esta crítica no es destructiva, busca que todo esto se traduzca en mejores servicios para la gente. Calles en buen estado, seguridad eficaz, agua suficiente y trámites ágiles serían señales claras. Si se cobra más, debe verse más. Ojalá que 2026, que ya está en puerta tocando, llegue con responsabilidad, sensibilidad y resultados. Que los gobiernos entiendan que la confianza también se recauda. Y que el mejor regalo sea vivir mejor….

El daño no es sólo patrimonial; es un golpe directo al Estado de derecho y a la vida.
Según registros de medios, de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno, en los últimos cinco años se han documentado en Guanajuato más de 180 eventos de amenazas y ataques contra abogados relacionados con litigios de propiedad y defensa patrimonial.

De ellos, alrededor de 60 se concentran en León, el municipio más poblado del estado y el tercero del país; el resto se distribuye en Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y la zona Laja-Bajío.

El patrón es claro: llegan mafias con abogados foráneos, desconocidos en la práctica local, que promueven juicios, inscripciones y posesiones con documentación dudosa.

Paralelamente, se despliega la intimidación: llamadas, seguimientos, advertencias y, en casos extremos, agresiones. En León, el promedio anual de amenazas a legistas pasó de 8 en 2020 a 15 en 2024; en el resto del estado, de 18 a 28 en el mismo periodo.

No sólo los abogados están bajo fuego. Los ataques se extienden al personal de impartición de justicia: jueces, fiscales y notarios. En cinco años se han reportado al menos 45 incidentes de presión indebida, amenazas o coacciones contra operadores del sistema, con mayor incidencia en juzgados civiles y notarías que conocen de transmisiones de dominio y sucesiones.

El objetivo es quebrar la legalidad desde adentro.

La respuesta institucional ha sido insuficiente. Según el Colegio Estatal de Abogados, son 15 los legistas que han pedido formalmente protección sólo en este año; la cifra es baja frente al universo de casos, lo que revela miedo a denunciar y falta de confianza. Se requiere que las autoridades brinden apoyo inmediato, eficaz y preventivo, no reactivo.
Es indispensable una intervención integral: unidades de inteligencia con estrategias de investigación criminal; mapas de calor por municipio y tipo de despojo; y la actuación decidida de la Inteligencia Financiera para seguir el dinero, congelar cuentas y reducir la operatividad de los grupos delincuenciales que lucran con la tierra ajena.

Asimismo, urge establecer módulos y sistemas de atención anónima, con ventanillas únicas que atiendan de inmediato las denuncias y blinden a las víctimas. La coordinación de los tres órdenes de gobierno debe traducirse en protocolos claros de protección a abogados en riesgo y a operadores judiciales, con escoltas temporales, botones de pánico y seguimiento puntual.

Si es necesario, habrá que impulsar reformas legales para la defensa sistemática del Poder Judicial y, en especial, de los abogados que sostienen la legalidad. No se puede permitir que el crimen amplíe su accionar sobre la propiedad inmobiliaria en Guanajuato ni en México. Defender la vida y la impartición de justicia es defender la paz social. El Estado de derecho no se negocia.

Pero, si aludimos a 100 años de soledad, como en la aldea de Macondo, donde la muerte convivía con el anuncio de la vida, la paradoja azul parecía escrita desde antes de que ocurriera. Porque toda agonía política tiene su presagio, y la del PAN, tanto nacional como guanajuatense, venía resonando como un tambor lejano que pocos quisieron escuchar.

A nivel nacional, el PAN fue durante décadas la oposición moral de un sistema que Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”. Con Manuel Gómez Morin, Efraín González Luna y aquellos primeros cruzados del humanismo político, nació un partido que defendía la democracia en tiempos donde eso era oficio peligroso. Su voz, aunque minoritaria, fue un contrapeso indispensable para un país que parecía condenado al monólogo priista. Y durante años, su sola existencia fue un recordatorio de que la alternancia era posible.

En Guanajuato, el panismo adquirió un carácter propio, casi mítico. Desde sus primeros impulsores, el PAN encontró tierra fértil para echar raíces profundas que, con el tiempo, se convirtieron en el bastión más sólido del partido en todo México. Con una militancia disciplinada —y a veces dogmática— el panismo guanajuatense se distinguió por su identidad yunquista, moldeada por figuras como don Elías Villegas, cuya influencia se percibía más cercana a un movimiento religioso que a un proyecto político en sentido estricto. Una suerte de contrapeso espiritual frente a las logias masónicas que recorrían el imaginario de la región.

El ascenso comenzó con los primeros gobiernos locales y se consolidó con la llegada de Carlos Medina Plascencia a la gubernatura, abriendo una era que se fortalecería con Vicente Fox, el guanajuatense que derribó siete décadas de hegemonía priista. Parecía entonces que el PAN guanajuatense había encontrado la fórmula del poder perpetuo, y durante años administró la bonanza política con habilidad, con estructuras que crecieron hasta ocupar casi todos los rincones de la administración pública estatal y municipal.

Pero como en las casas de los Buendía, donde el tiempo no solo construye sino también erosiona, el desgaste comenzó a hacerse evidente. La permanencia prolongada en el poder abrió grietas: corrupción paulatina, burocracias eternizadas, liderazgos que dejaron de escuchar y una militancia dividida entre la ultraderecha tradicional, la derecha pragmática y una centroderecha más moderna. Los debates internos sobre temas como el aborto, los matrimonios igualitarios o las libertades civiles expusieron las fracturas de un partido que ya no encontraba un mismo idioma para hablar consigo mismo.

Los pleitos por la dirigencia, las disputas por los cotos de poder y las tensiones tras la posible salida de figuras relevantes, como se ha especulado en torno a Alejandra Gutiérrez, terminaron por acentuar la idea de que el panismo ya no caminan juntos, sino en facciones. La unidad que alguna vez fue su mayor fortaleza hoy parece una fotografía amarillenta. Y mientras los liderazgos se disputan el timón, la embarcación navega sin rumbo claro.

En paralelo, Morena con sus guerras intestinas de varios grupos en el estado, a pesar de eso, comenzó a ganar espacios en zonas donde el PAN se creía invencible. Municipios antes azules se tiñeron de nuevos colores, y el electorado, cansado de discursos reciclados, encontró alternativa en la narrativa de cambio. Hoy es inminente —según muchas lecturas políticas— que el PAN pueda perder la gubernatura en el próximo comicio, un hecho que hace dos décadas hubiera parecido tan improbable como que Macondo desapareciera bajo la lluvia interminable.

Así, la historia del PAN en Guanajuato se parece cada vez más a esa crónica que Gabo decía que ya estaba escrita antes de comenzar: un anuncio que nadie quiso leer. La debacle no es súbita; es el resultado de años de señales ignoradas. Si el panismo quiere vivir una nueva era, tendrá que reencontrarse con sus orígenes, reconciliar a sus propios fantasmas y recordar que ningún bastión es eterno cuando la soberbia reemplaza a la visión. Porque, como en Macondo, lo que no se transforma, se desvanece..

Michoacán está en el ojo del Huracán actual por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y de los líderes limoneros; en tanto Sinaloa lo está por la guerra de los “Chapos” contra los “Mayos”, perspectiva mediática y de percepción que no aluden a Guanajuato y su terrible realidad.

El propio Gobierno estatal ha subrayado una baja cercana al 48 % en los homicidios dolosos durante el último año, lo cual en términos porcentuales suena alentador. Sin embargo, cuando se revisan los números totales, la realidad es menos favorable: esa reducción sigue partiendo de una base extremadamente alta.

No es lo mismo bajar de cuatro mil a dos mil asesinatos que de doscientos a cien. En términos absolutos, Guanajuato continúa siendo la entidad más violenta y la distancia con otros estados demuestra que el problema está lejos de resolverse.

La violencia homicida se concentra en municipios que arrastran una disputa persistente entre grupos criminales, pero también en zonas industriales y corredores logísticos donde se mueven grandes flujos económicos. Esa mezcla de crimen organizado y economía formal crea un escenario de riesgo que las estrategias tradicionales de seguridad no han logrado revertir. Las fuerzas estatales y federales han multiplicado operativos y detenciones, pero la espiral de asesinatos demuestra que el enfoque policial es insuficiente sin una política de reconstrucción social más profunda.

Al mismo tiempo, la extorsión se ha disparado y afecta a prácticamente todos los sectores productivos. La dependencia homóloga en materia de seguridad de Guanajuato reconoce que el delito de extorsión se ha multiplicado de manera alarmante en los últimos años.

Comercios, pequeñas empresas, transportistas y hasta agricultores enfrentan amenazas que encarecen la operación y generan miedo. Este fenómeno, que antes se concentraba en algunos municipios, ahora se ha extendido por todo el territorio.

El crecimiento de la extorsión no solo refleja el control territorial de las bandas criminales, sino también la ausencia de confianza en las instituciones para denunciar y resolver.

A ello se suma el alto número de policías asesinados, un indicador doloroso que retrata el nivel de vulnerabilidad de las propias corporaciones. Ningún estado debería encabezar la lista de agentes caídos en cumplimiento de su deber, pero Guanajuato lo hace desde hace varios años.

Las cifras oficiales y los reportes de organizaciones civiles coinciden en que la entidad acumula más muertes de policías que cualquier otra del país. La violencia también ha alcanzado a funcionarios municipales y miembros de ayuntamientos, lo que revela una descomposición institucional que exige una respuesta integral.

Por todo ello, la narrativa triunfalista del Gobierno estatal resulta preocupante. No se puede cantar victoria mientras los números totales sigan ubicando a Guanajuato en el primer lugar nacional de homicidios dolosos.

La sociedad guanajuatense necesita un plan de paz y seguridad más ambicioso, que no se limite a estadísticas parciales ni a comparativos de corto plazo. Se requiere una estrategia de largo alcance, coordinada con el Gobierno Federal, que combine inteligencia, depuración policial, desarrollo social y prevención comunitaria.

Reducir la violencia en Guanajuato no será posible con discursos de satisfacción ni con cifras acomodadas al optimismo. El reto exige reconocer que la crisis de seguridad no es un episodio pasajero, sino una herida profunda que ha cobrado miles de vidas. Mientras el Estado celebre avances sin enfrentar de fondo las causas estructurales del crimen, el primer lugar en homicidios dolosos seguirá siendo una marca vergonzosa.

Uruapan 400 mil habitantes, León casi 2 dos millones, los rebasamos en todos los índices y mediciones negativos, la violencia y los grupos delictivos han rebasado la atencion a las causas y a todas las estrategias, la pregunta entonces es cuántos ,”Carlos Manzo” necesitamos para que los guanajuatenses despertemos y reaccionemos y sobre todo que las autoridades generen yá resultados positivos. Guanajuato debe dejar de ser ejemplo de tragedia y convertirse, por fin, en ejemplo de reconstrucción…

Paralelamente, múltiples trabajadoras y trabajadores manifiestan que otras quejas no pueden formalizarse porque temen represalias, despido o aislamiento por denunciar. Este escenario exhibe no sólo la magnitud del problema, sino también la inacción institucional.

En otras dependencias hay otra decena de denuncias.

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, y la estructura municipal no pueden permitirse mirar hacia otro lado.

La primera tarea urgente es garantizar que se haga justicia. Esto significa activar sin demora todos los procedimientos de investigación, proteger a las personas que denuncian y sancionar a los responsables, sin importar el rango o la dependencia. En el Parque Metropolitano se han presentado testimonios de despidos de trabajadores que denunciaron acoso, una conducta que, de verificarse, agrava el sesgo de impunidad. La autoridad municipal debe actuar con imparcialidad y transparencia. No puede proteger a directivos o investigados.

La figura de la directora del parque, señalada por varias denuncias, no debe quedar fuera de inspección seria y efectiva. Los mecanismos de denuncia existentes deben ser fortalecidos, garantizando anonimato, protección y avance real de las investigaciones, sin que los plazos legales se conviertan en excusa para la invisibilidad. Urge revisar a fondo cómo se están procesando las quejas y cuántas de ellas han derivado en sanciones. No basta con declarar que se investiga si no hay resultados.

La segunda gran tarea es prevenir para que no se repitan los hechos, lo que exige medidas estructurales que trasciendan cada caso individual. Primero, debe instaurarse una Prueba de Control de Salud Mental, además de los exámenes psicométricos ya existentes. Esta evaluación debe ser aplicada especialmente a quienes aspiran a cargos directivos o mandos, como una herramienta para detectar posibles riesgos en el ejercicio de autoridad. Debe ser obligatoria antes del nombramiento.

Segundo, el Municipio debe implementar capacitaciones sistemáticas en equidad de género, prevención de la violencia contra la mujer y de la discriminación. Estas capacitaciones deben tener la misma obligatoriedad, cobertura e intensidad que las que se aplican sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No deben ser opcionales ni esporádicas. Deben impartirse antes de que cualquier funcionario o funcionaria asuma el cargo.

Adicionalmente, se debe institucionalizar un protocolo claro y obligatorio. Todo servidor público debe firmar una declaración de compromiso ético y de respeto al entorno laboral digno. Debe recibir una inducción específica sobre los mecanismos de denuncia, con garantías reales de confidencialidad. Además, se necesita implementar un monitoreo constante del clima laboral en cada dependencia. Los resultados deben ser públicos.

También es urgente establecer mecanismos de protección legal y laboral para quienes denuncian. No es aceptable que una trabajadora pierda su empleo por señalar actos de acoso o violencia institucional. Quien se atreve a hablar debe contar con respaldo formal, no con indiferencia. La cultura del silencio solo se rompe cuando la estructura responde con firmeza y justicia.

Finalmente, León debe dar un ejemplo de cambio institucional. Ser el municipio con más denuncias no puede ser un dato que se normalice. Más allá de las cifras, hay personas afectadas, dignidades vulneradas y derechos laborales pisoteados. Una administración comprometida debe transformar esta crisis en un punto de inflexión.

La alcaldesa debe dejar de proteger a quienes han sido señalados, y actuar con imparcialidad frente a todos los casos. Solo con justicia, medidas preventivas y verdadera voluntad política, León podrá dejar de ser líder en acoso y convertirse en un referente de respeto, dignidad y legalidad en el servicio público.