Porque mientras disminuyen los homicidios, las desapariciones siguen siendo una herida abierta. En 2024 se reportaron 4 mil 428 personas desaparecidas y en 2025 fueron 4 mil 339: 89 casos menos, apenas 2%. Y más allá de porcentajes, detrás de cada expediente existe una familia que no tiene el lujo estadístico de esperar.

Aquí hay que reconocerle a Libia un cambio de sensibilidad política: el acercamiento con las madres y familias buscadoras. Hay diálogo, acompañamiento y recursos. Al cierre de septiembre, el Gobierno estatal reportó 246.5 millones de pesos ejercidos en medidas de apoyo para víctimas, incluyendo alimentos, gastos funerarios, atención médica, jurídica, vivienda y transporte. Pero las dependencias de seguridad y procuración de justicia todavía tienen que hacer mucho más.

También están las obras y los apoyos a los municipios, junto con programas sociales que han dado identidad propia al llamado Gobierno de la Gente. La Tarjeta Rosa, con más de 645 mil mujeres inscritas y una meta cercana a 690 mil, es probablemente el ejemplo más visible de una administración panista que incorporó instrumentos de apoyo directo con un lenguaje que tradicionalmente asociamos con gobiernos de corte social.

Ese Gobierno de la Gente resulta, por ello, sui generis: derecha en su origen partidista, pero con tintes populistas en la comunicación, los programas sociales y hasta en la denominación de sus dependencias. ¿Es contradictorio? No necesariamente. Es una adaptación política a los nuevos tiempos, y mientras la ciudadanía perciba beneficios concretos, la fórmula puede tener aceptación.

Pero en infraestructura hay cuentas pendientes. El Acueducto Solís-León sigue siendo una expectativa enorme para Guanajuato: el proyecto contempla 201 kilómetros de conducción y una inversión estimada superior a 15 mil 700 millones de pesos. La pregunta ya no es solamente cuándo se anuncia, sino cuándo comienza y cuándo el agua llegará efectivamente a León y al corredor industrial.

Algo semejante ocurre con el tren de pasajeros: anunciado como proyecto estratégico, todavía forma parte de esa larga lista de obras que generan expectativa antes de convertirse en realidad cotidiana. Guanajuato necesita menos ceremonias de arranque y más kilómetros terminados. En infraestructura, la fotografía no cuenta: cuenta la obra funcionando.

Y hay una diferencia política que tampoco debe ignorarse. Libia Dennise ha construido una relación cordial y de coordinación con Claudia Sheinbaum. Ambas han hablado de hacer equipo por Guanajuato y la Presidenta ha reconocido públicamente esa colaboración. Eso puede traducirse en gestiones y recursos para el estado.

Es un contraste con la relación áspera que Diego Sinhue mantuvo durante buena parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, marcada por desencuentros públicos. Puede discutirse cuánto dinero federal dejó de llegar y por qué, pero el hecho político es que aquella confrontación no ayudó a Guanajuato. Hoy la coordinación federal-estatal ofrece una oportunidad que habrá que convertir en resultados.

Dos años después, pues, Libia tiene números que presumir y pendientes que atender. Menos homicidios, sí; pero desapariciones que siguen lastimando. Más programas sociales, sí; pero obras estratégicas todavía en espera. Cercanía con la Federación, sí; pero esa cercanía deberá medirse, finalmente, en agua, seguridad, infraestructura y justicia. Porque gobernar no es solamente informar lo que se hizo: también es responder por lo que todavía falta.

Pero una cifra gigantesca no convierte por sí sola un aseguramiento en delito probado. La propia Fiscalía General de la República señala que todavía se investiga el origen y la trazabilidad del combustible. Por eso, el dato histórico está en los litros asegurados; la calificación de huachicol todavía tendrá que sostenerse con pruebas, no con adjetivos.

Y aquí aparece Grupo SIMSA, cuya empresa Gas Natural del Noroeste se dice opera la terminal. La compañía sostiene que cuenta con los permisos para almacenar petrolíferos, que presta el servicio a terceros y que entregó en su momento la documentación a las autoridades para acreditar la legalidad de las operaciones y de los productos almacenados.
Entonces, ni absolución anticipada ni condena mediática. La ciudadanía debe conceder el beneficio de la duda a la empresa y, exactamente por la misma razón, a las autoridades que realizaron el aseguramiento. La verdad jurídica deberá surgir de la trazabilidad, los permisos, las facturas, las aduanas y los peritajes, no de quién grite más fuerte, muchas autoridades involucradas, además de empresarios y hasta terceros

Ahora bien, si de huachicol fiscal hablamos, la lupa debe alcanzar a todos. En 2025 la Procuraduría Fiscal estimó un posible impacto de hasta 600 mil millones de pesos, aunque posteriormente la Presidencia aclaró que esa cantidad era una estimación y que no existía entonces una cifra oficial consolidada, para evitar más el escandalo.
También está el caso Deer Park. Según documentos judiciales citados por El País, diez carrotanques vinculados a la red investigada en el caso Ruffo fueron enviados desde Deer Park y posteriormente se determinó que transportaban un millón 32 mil 680 litros, pese a que documentalmente se habían declarado 100 mil. Pemex es propietario de Deer Park desde 2022.

La comparación resulta incómoda: los 59 millones de Guanajuato equivalen a unos 371 mil barriles, prácticamente un día de la capacidad de procesamiento de Deer Park, que alcanza 340 mil barriles diarios. No significa que sean operaciones equivalentes, pero sí demuestra la dimensión industrial del problema.
Y si la investigación del huachicol fiscal alcanzó incluso a una instalación propiedad de Pemex, entonces nadie debería quedar fuera de la investigacion: empresarios, funcionarios, aduanas, Pemex y, desde luego, cualquier elemento de la Marina que resulte involucrado mediante pruebas.

Lo mismo debe aplicarse a Ernesto Ruffo. Tiene 74 años y su defensa ha solicitado prisión domiciliaria; la ley contempla esa posibilidad, pero no la convierte en automática. La edad no determina culpabilidad ni inocencia, y tampoco debe existir una justicia distinta por apellido, partido o posición política. Sin embargo, la edad y la condición de salud, son motivo para un trato en el que dé prioridad al sentido humanitario.

El verdadero golpe histórico, entonces, no será acumular millones de litros en una fotografía espectacular. Será demostrar de dónde salieron, quién los compró, quién los almacenó, quién los trasladó, quién dejó pasar lo que no debía pasar y quién se benefició, quien se está enriqueciendo con gigantesco monstruo de almacenamiento y de ser ilícito quienes son sus padrinos políticos. Ahí estará la verdadera medida del operativo…

El contraste es contundente: en 2025 el Estado aportó 220 millones de pesos; para 2026 fueron 150 millones. Ahora, el Patronato reconoce que no tiene presupuesto específico para contratar artistas adicionales a los que pagará directamente el Gobierno estatal. Es decir, de 14 conciertos en 2026 se podría pasar a solamente cinco.

Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿en qué se gastó el dinero? Porque mientras se habla de falta de recursos, quedan en la memoria aquellos dispendios que parecían no tener límite. Tan sólo las conferencias de Serena Williams y Checo Pérez costaron más de 25 millones de pesos. Mucho dinero para escuchar historias motivacionales cuando la feria necesitaba fortalecer sus propios atractivos.

El problema no es solamente económico. Es institucional. Estado y Municipio parecen haber llegado a un punto de ruptura con el Patronato en medio, mientras en el Ayuntamiento ya se exige conocer los estados financieros y hasta se pide la salida de sus responsables. Y, en medio de la rebatinga, aparece inevitablemente la sospecha política por el cambio de partido de Alejandra Gutiérrez.

Pero sería injusto reducirlo todo a una pugna partidista. El recorte ya había comenzado antes. La propia Gobernadora había planteado desde 2025 la necesidad de transparencia, evaluación del impacto y claridad sobre cuánto se invierte y cómo se contrata. El cambio de modelo, por tanto, no nació ayer ni exclusivamente por la coyuntura política.

El verdadero problema es que otras ferias están haciendo lo que León alguna vez hizo mejor: ofrecer espectáculos capaces de atraer visitantes. San Marcos presentó gratuitamente a Andrea Bocelli, J Balvin, Goo Goo Dolls y David Guetta; San Luis Potosí llevó a Katy Perry, Mötley Crüe, Gloria Trevi y otros artistas.

León ya no puede confiarse.

Incluso en el año del 450 aniversario, cuando se esperaba una celebración excepcional, la cartelera gratuita no alcanzó el impacto de otras ediciones. Después de Sam Smith, Def Leppard, Chayanne o Camila Cabello en 2025, el contraste fue inevitable, aunque 2026 también tuvo nombres importantes como Foo Fighters, Zoé, Tiësto y Los Ángeles Azules.

La lección es sencilla: con dinero estatal, los municipios se pueden levantar el cuello; pero cuando la llave se cierra, aparecen las verdaderas capacidades administrativas. La Feria no puede depender eternamente del subsidio ni convertirse en rehén de intereses políticos, pleitos partidistas o decisiones improvisadas.

Dicen que no hay lana en el Patronato, pero queremos cuentas claras: ¿Cuánto se saca de renta de stands, de publicidad, de patrocinios, de convenios y de otras empresas con precios especiales o más altos?

Lo que está en juego no es quién gana la disputa entre Estado, Municipio y Patronato. Lo que está en juego es la Feria de León. Hay que ordenar las finanzas, transparentar cada peso, profesionalizar su organización y encontrar un modelo sostenible que genere más ingresos propios y mayor derrama económica.

Porque una cosa debe quedar fuera de toda discusión: la Feria Estatal de León debe seguir siendo una de las grandes fiestas familiares de México, para disfrute de leoneses y guanajuatenses, pero también de quienes llegan de otros estados y países. La solución no puede ser sacrificarla.

Tampoco seguir gastando a placer. León merece una feria grande, transparente y de todos..

Si la política fuera solamente una cuestión de conveniencias, podría parecer una salida inteligente; frente a la justicia, es otra cosa.
Porque sobre Inzunza no pesa una simple diferencia partidista. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló, junto con Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con narcotráfico. Estados Unidos pidió incluso su detención provisional con fines de extradición.

Inzunza rechaza las acusaciones y sostiene que son falsas; precisamente por eso, lo consecuente sería despejar toda duda ante las autoridades.
Y aquí aparece lo que políticamente resulta más incómodo: Inzunza no era un personaje periférico del gobierno de Rocha Moya. Fue su secretario general de Gobierno y uno de sus hombres de mayor confianza.

La cercanía adquiere otra dimensión cuando se recuerda que su nombre aparece inevitablemente alrededor de episodios que han marcado la tragedia sinaloense, desde las disputas por el poder hasta las referencias del propio Ismael “El Mayo” Zambada sobre aquella reunión en la que habría sido secuestrado.

También está el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, cuya muerte quedó atrapada en una trama política que enfrentó a antiguos aliados. Cuén había pasado de aliado de Rocha a adversario de su gobierno, mientras Inzunza ocupaba precisamente la Secretaría General. Nada de esto convierte una sospecha en sentencia, pero sí explica por qué la sociedad exige algo más que comunicados defensivos: exige investigación, transparencia y respuestas.

Morena, jurídicamente, no puede condenar a Inzunza ni sustituir al Ministerio Público. Pero políticamente sí puede exigirle una conducta congruente con la gravedad de las imputaciones. Ya salió de la bancada; ahora corresponde preguntarle por qué no solicita licencia y se separa temporalmente del Senado para enfrentar las investigaciones sin que el cargo se convierta en una sombra sobre el procedimiento.

El fuero constitucional tampoco debería convertirse en escondite político. La propia discusión legislativa sobre el caso ha planteado la necesidad de que Rocha Moya e Inzunza se separen de sus cargos para facilitar investigaciones nacionales e internacionales. Y si Inzunza sostiene que no debe nada y que las acusaciones son falsas, entonces la mejor defensa no es el discurso: es comparecer, aclarar y demostrar.

Lo menos que puede hacer un senador de la República es trabajar por el sueldo que recibe y responder por la confianza pública que representa. No puede ser senador cuando conviene, independiente cuando Morena incomoda y ausente cuando las preguntas arrecian. Mucho menos puede pretender que abandonar una bancada equivale a abandonar las responsabilidades que derivan del cargo. El fuero protege la función legislativa; no debería confundirse con una patente de impunidad.

Sinaloa y México necesitan cerrar esta página con verdad, no con maniobras políticas. Después de años de una estrategia resumida en la frase “abrazos, no balazos”, el país observa ahora un viraje mucho más severo contra las organizaciones criminales, con resultados que todavía deben consolidarse y con una deuda enorme en materia de inteligencia, justicia y desmantelamiento de las redes políticas que permiten al crimen penetrar al Estado.

Por eso Inzunza debería entender que el problema ya no es solamente Morena. Es la credibilidad de las instituciones.

Si nada debe, nada debe temer. Que deje el cargo temporalmente, que enfrente las investigaciones y que permita que la justicia hable. Porque cuando un político abandona a su partido para salvarse políticamente, pero conserva el fuero, el sueldo y el cargo, la pregunta que queda flotando no es qué está mordiendo Inzunza, “como perro bravo y desesperado”: es cuánto más está dispuesto a morder la credibilidad de toda una nación..

Bienvenida cualquier vida que se salve, pero la seguridad no puede medirse solamente con muertos.
Porque mientras disminuyen los homicidios, las desapariciones siguen siendo una herida abierta y, en algunos lugares, incluso crecen. El Registro Nacional reportaba en marzo 132 mil 534 personas que permanecían desaparecidas o no localizadas; de ellas, más de 130 mil correspondían a hechos ocurridos desde 2006. Son números que deberían estremecer a cualquier gobierno.

Uno de los crímenes más horripilantes y lacerantes es precisamente la desaparición de una persona, particularmente cuando interviene el crimen organizado, y más todavía cuando existen sospechas o evidencias de participación, complicidad u omisión de autoridades. No basta con celebrar menos homicidios si miles de familias continúan preguntando dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres.

Hay además una trampa estadística que merece explicarse con absoluta claridad. Una persona localizada sin vida en una fosa clandestina no necesariamente aparece de inmediato como víctima de homicidio doloso en las cifras diarias de ese delito. La clasificación depende de la investigación ministerial y de cómo se registra el caso, por lo que desaparición y homicidio no son indicadores intercambiables.
Imaginemos la dimensión del problema: si en un día se reportaran 20 homicidios dolosos en todo el país y ese mismo día fueran localizados 30 cuerpos en fosas clandestinas, no sería correcto sumar automáticamente esos 30 casos como homicidios.

Pero tampoco sería correcto asumir que no forman parte de la violencia criminal. Allí está la diferencia entre una estadística y la realidad que padecen las familias.

Guanajuato ofrece un ejemplo particularmente doloroso. El informe de Red Lupa señala que 2025 fue el año con mayor concentración de personas que continúan desaparecidas, con 874 casos, 43.5 por ciento más que en 2024. Celaya y León concentran buena parte de los registros, precisamente en regiones marcadas por disputas entre grupos criminales.

Y mientras las autoridades buscan contener la violencia, los Semefos de distintos estados enfrentan acumulación de cuerpos, insuficiencia de personal, identificación forense pendiente y familias que esperan durante meses o años una respuesta. La crisis de desapariciones es también una crisis humanitaria y forense: encontrar un cuerpo no significa necesariamente identificarlo, y encontrarlo no significa devolverle justicia a una familia.

Peor todavía: las madres y padres buscadores realizan muchas veces el trabajo que debería corresponder al Estado. Caminan por brechas, cerros y terrenos abandonados; localizan indicios, descubren fosas y sostienen investigaciones con recursos propios. Y por hacerlo, también se han convertido en víctimas.

Artículo 19 ha documentado 43 agresiones contra personas buscadoras desde 2010: 35 fueron asesinadas y ocho permanecen desaparecidas.
El dato debería ser intolerable: Guanajuato aparece entre las entidades con más ataques contra buscadores. La Fundación para la Justicia identificó 15 buscadores asesinados o desaparecidos entre 2010 y 2025, de los cuales 11 fueron asesinados y cuatro desaparecidos; Guanajuato concentró cuatro de esos casos. Es decir, buscar a un familiar desaparecido puede convertirse en una sentencia de muerte.

¿Qué hacer? Primero, fortalecer las comisiones de búsqueda y las fiscalías con presupuesto, personal especializado y tecnología forense suficiente. Segundo, acelerar la identificación de cuerpos mediante bases de datos genéticas nacionales y coordinación entre estados. Tercero, investigar cada desaparición como un delito potencialmente vinculado con estructuras criminales, sin descartar la participación o complicidad de servidores públicos.

Y cuarto, proteger realmente a quienes buscan. Las madres y padres buscadores no deben recibir discursos, fotografías ni reconocimientos oficiales cuando lo que necesitan son garantías de seguridad, acompañamiento jurídico, herramientas de búsqueda y resultados. Un Estado que permite que quienes buscan a sus desaparecidos sean asesinados está fallando dos veces: primero con la víctima y después con su familia.

La desaparición no termina cuando pasan los días. Se instala en una casa, en una silla vacía, en un teléfono que nadie se atreve a apagar y en una madre que sigue esperando escuchar la llave en la puerta. Es una muerte suspendida, una herida que no cicatriza porque nunca existe la certeza de qué ocurrió.

Por eso hay que bajar también las desapariciones forzadas y no localizadas. La seguridad no puede presumirse solamente con menos homicidios; también debe medirse por cuántas personas regresan a casa, cuántas familias encuentran respuestas y cuántos padres y madres dejan de caminar solos por caminos rurales buscando a quienes más aman. Ahí estará la verdadera victoria contra el crimen.

Durante más de cuatro décadas, la dinastía de los Somoza gobernó con mano de hierro, persiguiendo opositores, restringiendo libertades y confundiendo los intereses del Estado con los de una familia. Aquella concentración del poder despertó el rechazo de buena parte del continente y abrió paso a una nueva esperanza democrática.

En 1979, el gobierno de José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Anastasio Somoza Debayle. México envió entonces un mensaje ejemplar: la soberanía de los pueblos jamás debía convertirse en escondite diplomático para las dictaduras. Aquella postura alentó a otros países a aislar al régimen y respaldar la transición.

La llegada del sandinismo despertó enormes expectativas. Muchos creyeron que Nicaragua iniciaría una etapa de pluralidad, respeto a las instituciones y reconciliación nacional. La promesa consistía en sustituir el autoritarismo por una democracia donde el poder emanara verdaderamente de la voluntad ciudadana.

Con el paso de los años ocurrió exactamente lo contrario. Daniel Ortega regresó al poder y comenzó un proceso sistemático de concentración política. Poco a poco fueron debilitándose los contrapesos, reduciéndose los espacios de crítica y subordinándose las instituciones al proyecto personal del gobernante.

La independencia entre los poderes dejó de ser una garantía para convertirse en una simple escenografía institucional. Los órganos electorales perdieron credibilidad, el Poder Judicial dejó de actuar como árbitro independiente y los demás contrapesos fueron cooptados, sometidos o, sencillamente, borrados del libreto.

La persecución política sustituyó al debate democrático. Aspirantes presidenciales fueron encarcelados, dirigentes opositores obligados al exilio, periodistas perseguidos y medios de comunicación clausurados. La competencia electoral dejó de existir cuando competir se convirtió prácticamente en un delito.
El absurdo alcanzó niveles dignos de una tragicomedia. Daniel Ortega sostiene que en Nicaragua existen elecciones, pero no admite contendientes capaces de disputarle el poder. Es la novedosa teoría de la democracia sin demócratas: votar sí, elegir no; opositores, mucho menos.
La democracia jamás puede reducirse a una etiqueta ideológica. No pertenece a la derecha ni a la izquierda. Su esencia descansa en dos palabras de origen griego: demos, pueblo, y kratos, poder. Es el pueblo quien decide, quien cambia gobiernos y quien conserva siempre el derecho de disentir.

Por ello, cuando la política exterior habla de la autodeterminación de los pueblos, el énfasis debe colocarse precisamente en los pueblos y nunca en quienes gobiernan. Defender ese principio significa respaldar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su destino, incluso cuando el resultado incomode al poder.

La defensa de la democracia representa una de las expresiones más elevadas de los derechos humanos. No admite excepciones por simpatías ideológicas, afinidades partidistas ni conveniencias geopolíticas. La libertad de votar, expresarse y organizarse constituye un patrimonio universal que ninguna causa política debería sacrificar.

Nicaragua recuerda que las instituciones democráticas no desaparecen de un día para otro; se erosionan lentamente entre silencios, complacencias y renuncias. Cuando los contrapesos dejan de existir y la crítica se convierte en traición, el autoritarismo ya encontró su mejor aliado. Y mientras Cuba permanece como otra asignatura pendiente de la libertad, esa… como decía la nana Goya, es otra historia.

El Índice de Competitividad Estatal del IMCO ubica hoy a Guanajuato en el lugar 13 del país, luego de una recuperación importante respecto de años anteriores, cuando llegó a ocupar el sitio 22. El avance merece reconocerse, pero también obliga a una pregunta incómoda: ¿cómo puede la quinta economía nacional conformarse con ser apenas la décima tercera en competitividad? La respuesta no está en las cifras del PIB, sino en las condiciones que rodean la vida cotidiana de las personas.

Competitividad no significa producir más automóviles o exportar más mercancías. Significa ofrecer seguridad, instituciones confiables, infraestructura moderna, educación de calidad, innovación y oportunidades para que las familias prosperen. En otras palabras, implica que el crecimiento económico se refleje en una mejor calidad de vida. Y es precisamente ahí donde Guanajuato sigue mostrando rezagos que las estadísticas económicas, por sí solas, no alcanzan a esconder.

Resulta paradójico que un estado capaz de atraer inversiones multimillonarias conviva con comunidades donde la inseguridad, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan marcando el destino de miles de personas. El crecimiento económico es indispensable, pero deja de ser suficiente cuando la prosperidad no logra sentirse en el bolsillo, en la tranquilidad del hogar o en las expectativas de quienes buscan un futuro mejor para sus hijos.

Quizá ha llegado el momento de aceptar que los indicadores económicos, aunque valiosos, no pueden convertirse en el único argumento de éxito gubernamental. Gobernar no consiste únicamente en incrementar el tamaño de la economía, sino en procurar que esa riqueza llegue con mayor justicia a quienes la hacen posible. El verdadero desarrollo comienza cuando el presupuesto deja de privilegiar la obra que luce y fortalece la inversión social que transforma vidas.

Tal vez por eso empieza a escucharse, cada vez con mayor frecuencia, la idea de un cambio de color en la conducción política del estado. No por capricho ni por revancha, sino porque toda democracia necesita alternancias que obliguen a revisar inercias, corregir prioridades y romper zonas de comodidad. Ningún partido posee el monopolio de las buenas ideas, pero tampoco debería asumir que la confianza ciudadana es un patrimonio permanente.

La grandeza económica de Guanajuato merece convertirse en una grandeza social. El reto no es conservar el quinto lugar del PIB, sino hacer que esa fortaleza se traduzca en seguridad, salud, educación y oportunidades para cada persona. Al final, la economía no existe para engrandecer gobiernos, sino para dignificar al ser humano y fortalecer a la familia, esa célula fundamental sobre la que descansa toda sociedad. Ahí se encuentra la competitividad que realmente importa.

En apenas unas semanas, el Municipio de León ha enfrentado dos episodios graves. El primero ocurrió en el C4, donde la propia autoridad sostuvo que no hubo hackeo, sino el uso indebido de credenciales por parte de un exempleado o usuario autorizado para extraer información reservada. Aun así, la información salió del sistema y la denuncia fue presentada ante la Fiscalía.

El segundo caso resulta todavía más delicado. El Sistema de Atención Ciudadana y el portal municipal quedaron fuera de operación, mientras se reportó la filtración de una base de datos con información de aproximadamente 250 mil ciudadanos, incluyendo nombres, teléfonos, domicilios y, en algunos casos, coordenadas geográficas de reportes realizados por los propios usuarios. La carpeta de investigación fue registrada con el número 76519.
No se trata únicamente de una página caída. Estamos frente a datos personales confiados por ciudadanos al gobierno bajo la legítima expectativa de que serían protegidos. Cuando esa obligación falla, la afectación rebasa lo administrativo y toca derechos fundamentales como la privacidad, la seguridad patrimonial y la protección de datos personales.
La administración encabezada por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, junto con el secretario de Seguridad, Jorge Guillén, y los responsables de Tecnologías de la Información, tienen el deber de ofrecer algo más que comunicados prudentes.

Gobernar también significa asumir responsabilidades cuando los controles fallan y explicar con transparencia qué ocurrió, quién falló y qué consecuencias habrá.
Más aún cuando el propio Municipio ha informado que durante este año ha enfrentado alrededor de 1.6 millones de intentos de ataques informáticos y mantiene inversiones para fortalecer su ciberseguridad e implementar estándares internacionales. Precisamente por ello, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados medibles y no solamente buenas intenciones.

Las soluciones existen y conviene ponerlas sobre la mesa. Primero, realizar entregas-recepción exhaustivas cuando concluye cualquier relación laboral. Segundo, cancelar de inmediato usuarios, contraseñas y permisos de acceso. Tercero, practicar auditorías externas periódicas de ciberseguridad. Cuarto, cifrar toda la información sensible. Quinto, capacitar permanentemente al personal contra ingeniería social. Sexto, establecer controles de acceso bajo el principio del menor privilegio. Séptimo, informar con oportunidad a los ciudadanos potencialmente afectados. Octavo, revisar especialmente las áreas que administran recursos públicos y financieros.

La confianza pública no se pierde porque un sistema sea atacado; se pierde cuando las autoridades parecen más preocupadas por administrar el lenguaje que por resolver el problema. Cambiar el nombre de los hechos no modifica sus consecuencias jurídicas ni disminuye los riesgos para miles de ciudadanos cuyos datos quedaron expuestos.

La autocrítica también forma parte del buen gobierno. Quien administra recursos públicos debe aceptar que la transparencia comienza por reconocer errores, no por disfrazarlos con eufemismos. Porque al final, para los ciudadanos, poco importa si fue hackeo, vulneración o abuso de confianza: la información salió, el daño existe y la responsabilidad institucional permanece.

La reciente recepción al Rey de España y el encuentro de la delegación española con diplomáticos y funcionarios mexicanos representan mucho más que un gesto protocolario. Son la confirmación de que dos naciones maduras entienden que el diálogo siempre produce mejores resultados que el distanciamiento.

La diplomacia sirve precisamente para construir puentes, no para dinamitarlos.
Reducir la relación entre México y España a la conquista sería una simplificación injusta. Aquellos episodios, con sus luces y profundas sombras, forman parte de una historia compleja que hoy incluso ha dado paso al reconocimiento de los abusos cometidos contra los pueblos originarios.

Recordar el pasado no significa quedar prisioneros de él.
También existe una memoria compartida de solidaridad. México abrió generosamente sus puertas a miles de exiliados españoles que huían de la Guerra Civil. Intelectuales como León Felipe, Luis Buñuel, Max Aub, José Gaos, María Zambrano y tantos otros encontraron aquí una segunda patria.

Enriquecieron nuestras universidades, nuestras letras, el cine, la filosofía y las artes, al tiempo que México se enriquecía con su talento.
La influencia cultural ha sido recíproca durante décadas. Escritores, pintores, músicos, empresarios, científicos y académicos han tejido una relación que rebasa cualquier diferencia circunstancial entre gobiernos.

Las expresiones artísticas de ambos países dialogan permanentemente y demuestran que la identidad también se construye mediante el intercambio, la admiración y el aprendizaje mutuo.

En el terreno económico, España continúa siendo uno de los principales inversionistas en México y nuestro país representa para las empresas españolas una de sus plataformas más importantes fuera de Europa. El intercambio comercial alcanza miles de millones de dólares cada año y convierte a ambas naciones en socios estratégicos con enormes posibilidades de crecimiento conjunto.

Para México, además, España constituye una puerta privilegiada hacia la Unión Europea, mientras que para los españoles nuestro país representa un mercado dinámico y un aliado confiable en América Latina. Esa complementariedad fortalece proyectos de inversión, innovación, turismo, energías limpias, infraestructura, educación y cooperación científica.

La política pasa; los pueblos permanecen. Ninguna coyuntura debería sacrificar una relación construida durante siglos por personas de carne y hueso que han compartido sangre, lengua, tradiciones, afectos y sueños. Las diferencias históricas pueden estudiarse, discutirse y reconocerse, pero no convertirse en combustible permanente para el resentimiento.

Hoy resulta oportuno entender que México y España están más unidos por el corazón que por las heridas del pasado. Lo inteligente consiste en mirar hacia adelante sin renunciar a la memoria, fortaleciendo una amistad que ha demostrado resistir gobiernos, ideologías y tempestades diplomáticas. Porque, al final, hay relaciones que jamás estuvieron pausadas; simplemente esperaban que la política dejara de estorbar al afecto entre dos pueblos destinados a caminar juntos…

Durante décadas se presentó como una alternativa al control corporativo del viejo sistema político. Sin embargo, con el paso de los años, aquella rebeldía fundacional también construyó sus propias estructuras de poder.

La CNTE aprendió pronto que bloquear calles, paralizar escuelas y tomar plazas públicas generaba más resultados que cualquier mesa técnica. Gobiernos de todos los colores terminaron cediendo ante la presión de los plantones y las movilizaciones.

La paradoja es evidente: una organización creada para combatir privilegios acabó desarrollando mecanismos de presión que pocos sectores sociales pueden ejercer con semejante eficacia.
Hoy podría estar ocurriendo algo distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum parece ensayar una estrategia diferente: dejar de negociar exclusivamente con las cúpulas de la Coordinadora y abrir consultas directas con las bases del magisterio nacional.

Si esta ruta prospera, la interlocución privilegiada de la dirigencia podría debilitarse y con ello una parte importante de su poder político.

El conflicto también obliga a observar el costo social de las movilizaciones. Tan sólo durante los paros de 2025, más de un millón de estudiantes de educación básica quedaron sin clases regulares y la propia Coordinadora anticipó que no habría reposición total de los días perdidos.

Detrás de cada cifra existe una realidad menos visible: niños con rezagos educativos, padres obligados a improvisar cuidados y comunidades enteras alterando sus rutinas escolares.
Las consecuencias económicas tampoco son menores.

Organismos empresariales han reportado pérdidas de dos mil 500 millones de pesos por los plantones y bloqueos en la Ciudad de México. Sólo en las movilizaciones recientes se estimaron afectaciones superiores a los 405 millones de pesos, además de impactos sobre miles de establecimientos y decenas de miles de trabajadores. Cuando una protesta impide el trabajo de terceros durante semanas, surge una pregunta legítima: ¿dónde termina el derecho a manifestarse y dónde comienza el derecho de los demás a producir y subsistir?

Desde la perspectiva jurídica, comerciantes y empresarios afectados tienen la posibilidad de explorar acciones legales para reclamar daños cuando consideren que existen elementos para ello. La aplicación de la ley no debe verse como una agresión a la protesta social, sino como una garantía de equilibrio entre derechos igualmente protegidos por el orden constitucional.

Las exigencias de la CNTE tampoco están exentas de debate.

La derogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, modificaciones profundas al sistema pensionario y demandas salariales extraordinarias implican compromisos presupuestales de enorme magnitud. Cualquier gobierno responsable debe valorar no sólo la legitimidad de las peticiones, sino también su viabilidad financiera y sus efectos sobre las finanzas públicas de largo plazo.

Quizá la pregunta ya no sea si la CNTE conserva capacidad para movilizar miles de personas. La verdadera interrogante es si sigue representando de manera efectiva a la mayoría de los trabajadores de la educación. Si el gobierno logra hablar directamente con las bases, y si la sociedad comienza a exigir responsabilidades por los costos económicos y educativos de los paros, podríamos estar presenciando algo más profundo que una negociación sindical: el inicio del declive de un modelo de presión que durante décadas pareció intocable, sería un gran logro y una forma distinta de alcanzar acuerdos y terminar con las extorsiones de muchos liderazgos que secuestran las ciudades a su antojo….

Parte de esta situación responde a factores naturales. León es una de las ciudades más pobladas del país y su crecimiento demográfico ha sido constante durante décadas. Una ciudad de semejante tamaño enfrenta desafíos que no padecen municipios más pequeños: mayor presión sobre la infraestructura, movilidad, seguridad, servicios públicos y oportunidades laborales. A ello se suma que otras ciudades del Bajío han fortalecido sus capacidades económicas y logísticas, reduciendo la ventaja histórica que León mantenía sobre sus competidores regionales.

Los indicadores muestran una realidad compleja. La ciudad conserva fortalezas importantes en actividad económica, atracción de inversiones y capacidad productiva, pero también registra rezagos en diversos rubros sociales. La pobreza no convierte a León en uno de los municipios con mayor pobreza extrema del país, pero sí lo coloca entre aquellos que concentran un elevado número de personas en situación de vulnerabilidad.

Dicho de otra manera, el crecimiento económico no siempre llega con la misma intensidad a todos los hogares.
También existen factores políticos que merecen análisis. La administración de Alejandra Gutiérrez enfrenta el desgaste natural de un segundo periodo de gobierno. La reelección ofrece continuidad, pero también multiplica la exigencia ciudadana sobre los resultados. Lo que en un primer mandato puede entenderse como proyecto en construcción, en un segundo ya debe reflejar resultados tangibles y medibles para una población cada vez más demandante.

A ello se han sumado episodios que han distraído la atención pública. Las diferencias políticas con liderazgos de su antiguo partido, los acercamientos a Movimiento Ciudadano, las especulaciones sobre proyectos personales de futuro y los conflictos visibles con otros actores relevantes de la vida pública estatal han terminado ocupando espacios que deberían estar reservados para discutir competitividad, empleo, infraestructura y desarrollo humano.

Se suman irregularidades de funcionarios, corrupción, tráfico de influencias y favores, funcionarios que ya gastan en campañas antocipadas por puestos de elección: abusos y acosos laborales y sexuales.

La política es necesaria; la politización permanente suele ser menos productiva.
Tampoco ayuda la percepción de que las prioridades institucionales pueden alterarse por estrategias de posicionamiento personal. El ciudadano común difícilmente encuentra beneficio inmediato en disputas partidistas, cambios de imagen gubernamental o reacomodos de colores políticos. Los habitantes esperan soluciones concretas a los problemas cotidianos y suelen ser implacables cuando perciben que la agenda pública se aleja de sus preocupaciones reales.

Sin embargo, reducir la discusión a una sola persona sería injusto y simplista. León enfrenta retos acumulados durante décadas y requiere una visión de largo plazo que trascienda administraciones. La competitividad moderna ya no depende únicamente de fábricas y parques industriales; exige innovación tecnológica, educación de calidad, movilidad eficiente, seguridad jurídica, sustentabilidad y una estrategia integral para reducir desigualdades.

Las claves para recuperar posiciones pasan por fortalecer la inversión productiva, impulsar la economía del conocimiento, mejorar la infraestructura urbana y combatir los rezagos sociales con políticas públicas medibles. Una ciudad que aspira a figurar entre las más importantes del país no puede conformarse con indicadores promedio. Su tamaño poblacional y su relevancia económica obligan a pensar en estándares nacionales de excelencia.

La ciudadanía leonesa ha demostrado históricamente madurez democrática. Desde las luchas cívicas que marcaron el municipalismo moderno hasta los procesos electorales contemporáneos, León ha sido ejemplo de participación y exigencia pública. Conforme se acerquen los nuevos ciclos políticos, corresponderá a los ciudadanos evaluar si la continuidad ofrece respuestas suficientes o si resulta conveniente explorar alternativas distintas.

Después de todo, la democracia no consiste en cambiar por cambiar, sino en mejorar para avanzar. Y León, por historia, tamaño y vocación, merece volver a competir entre los mejores.

Los motivos expuestos para la ruptura fueron contundentes. Según la propia narrativa de quienes respaldan la decisión, existían diferencias profundas con la dirigencia panista, desacuerdos internos y una creciente confrontación que terminaba afectando la gobernabilidad y la atención de los asuntos públicos. En ese contexto, el cambio de siglas aparece como una salida política comprensible para quien considera agotada una etapa dentro de su organización de origen.

Sin embargo, una cosa es el cambio de partido y otra muy distinta el impacto administrativo e institucional que genera esa decisión. Cuando un gobierno modifica su identidad política, también suele transformar su estrategia de comunicación, sus mensajes públicos, sus campañas institucionales y buena parte de la imagen que proyecta ante la ciudadanía. No se trata únicamente de cambiar un color en un logotipo, sino de modificar una estructura completa de comunicación gubernamental.

La imagen institucional tiene costos. Implica papelería, materiales impresos, campañas de difusión, espectaculares, anuncios digitales, señalética, uniformes, diseño gráfico, promoción institucional y una larga lista de elementos que terminan financiándose con recursos públicos. El ciudadano tiene derecho a conocer cuánto costará esa transición y cuáles son los beneficios concretos que justifican dicho gasto.
Distintos informes presupuestales han señalado que el Municipio de León destina cada año cantidades importantes a comunicación social y difusión gubernamental. Si se considera que los recursos para promoción institucional pueden alcanzar decenas o incluso cientos de millones de pesos durante una administración, cualquier modificación significativa en la estrategia de imagen merece una explicación puntual, transparente y verificable ante la sociedad.

A ello se suma otro factor que alimenta el debate público. Diversos funcionarios y actores políticos cercanos al gobierno municipal han sido mencionados como posibles aspirantes a cargos de elección popular rumbo al proceso electoral de 2027. Aunque aspirar a una candidatura es legítimo, la ciudadanía observa con atención que los recursos institucionales no terminen confundidos con estrategias de posicionamiento personal o partidista.
Por ello, el tema central no es el color político que adopte una administración, sino la obligación de rendir cuentas. El dinero público pertenece a todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias partidistas. Los recursos municipales deben orientarse prioritariamente a resolver problemas concretos que afectan diariamente a la población y que siguen esperando atención efectiva.

Los leoneses enfrentan desafíos que van desde el deterioro de vialidades y el mantenimiento urbano hasta la necesidad de fortalecer servicios públicos, infraestructura social y atención a sectores vulnerables. Frente a esas prioridades, cualquier gasto adicional en imagen institucional debe justificarse con absoluta claridad y con resultados medibles para la comunidad.

Al final, los partidos cambian, los colores cambian y las alianzas cambian. Lo que no debería cambiar es el principio de que el gobierno administra recursos que no son propios. El verdadero color de la ciudadanía no es azul, naranja, guinda o tricolor. Es el color de la transparencia, de la rendición de cuentas y del respeto al dinero que aportan los contribuyentes. Esa es la tonalidad que nunca debería cambiar.

Gastos indebidos, superfluos, son desviaciones de recursos públicos, signigican no sólo faltas administrativas, sino delitos penales por desviación de recursos que son de la ciudadanía…

Cuando el dinero ilícito penetra las urnas, no sólo se contamina una elección: se compromete el futuro institucional del país y se abren las puertas a los narcogobiernos.

La propuesta que hoy se discute para crear mayores filtros de revisión a candidaturas resulta positiva, particularmente por la intención de integrar una comisión especial con autoridades electorales y de procuración de justicia. Ahí participarían instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales.

El objetivo sería detectar riesgos, vínculos financieros irregulares o posibles nexos criminales antes de que los aspirantes lleguen a las boletas. El simple hecho de colocar el tema sobre la mesa ya representa un avance que antes parecía intocable.

Sin embargo, el verdadero blindaje debe ir mucho más allá de simples advertencias institucionales.

No basta con que las autoridades informen a los partidos políticos sobre candidatos sospechosos; también debe existir la obligación legal y moral de denunciar a quienes tengan vínculos con la delincuencia común u organizada. Los partidos no pueden seguir escudándose en la ignorancia o en el oportunismo electoral. Si una fuerza política decide postular perfiles cuestionados, aun con señales de alerta, tendría que asumir consecuencias severas ante la ley y ante la sociedad.

Incluso, habría que discutir medidas más drásticas, como la pérdida de registro estatal o nacional para aquellos partidos en los que se demuestre, de manera clara y judicialmente sustentada, una relación sistemática con estructuras criminales.

Durante años, las organizaciones políticas han operado bajo una lógica de impunidad donde ganar elecciones parece justificar cualquier alianza oscura. Si realmente se pretende sanear la democracia, el castigo no debe recaer solamente en el candidato involucrado, sino también en la institución política que lo impulsó y protegió.

También la sociedad tiene una responsabilidad ineludible. Las organizaciones civiles, medios de comunicación, cámaras empresariales y ciudadanos deben convertirse en mecanismos permanentes de vigilancia y denuncia.

En muchos municipios y estados, los rumores sobre personajes ligados al crimen son conocidos desde mucho antes de las campañas, pero prevalece el silencio por miedo, conveniencia o apatía. El combate a la infiltración criminal no puede depender únicamente del aparato gubernamental; requiere presión social y una cultura democrática menos tolerante con la corrupción y la violencia.

Otro tema delicado es la propuesta relacionada con la posible intromisión de organismos o gobiernos extranjeros en las elecciones mexicanas. Aunque en teoría se busca proteger la soberanía nacional, en la práctica el concepto resulta ambiguo y difícil de acreditar jurídicamente. Determinar qué constituye una intervención indebida y cuándo ello justificaría anular una elección puede abrir espacios peligrosos para interpretaciones políticas o decisiones discrecionales.

Ahí el riesgo es generar incertidumbre y utilizar el argumento de la “injerencia externa” como arma partidista más que como un verdadero instrumento de defensa democrática.

En este contexto, también resulta acertada la propuesta de diferir la elección del Poder Judicial para evitar que se encime con el proceso electoral de 2027.

La simultaneidad de ambas jornadas habría provocado saturación política, desgaste institucional y mayores riesgos de polarización e intervención de intereses ilegales. Separar ambos procesos permite darles atención específica y reducir tensiones en un momento en que el país necesita elecciones más limpias, más vigiladas y menos vulnerables a cualquier forma de presión criminal o política.

La interrogante no es menor, porque de su respuesta depende no sólo el destino jurídico de los acusados, sino la credibilidad de los sistemas judiciales que pretenden sancionar el crimen organizado.
Motu proprio o no, la licencia solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya y por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, puede interpretarse como un gesto institucional para enfrentar los señalamientos formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Valdría la pena recordar que hace apenas unos meses atrás el gobierno Mexicano entregó poco más de 96 capos sin proceso de extradición, solo bastó la petición de ser entregados, y se cumplió cabalmente.
En una república de leyes, apartarse temporalmente del cargo ante acusaciones de tal gravedad no constituye una admisión de culpa, sino una forma de permitir que las investigaciones se desarrollen sin la sombra del poder público.
Entre los nombres mencionados también figura el senador Enrique Inzunza Cázarez, lo que coloca el caso en un plano aún más delicado para la vida institucional del país. Si las imputaciones tienen sustento, deberán presentarse elementos probatorios firmes que resistan el escrutinio jurídico. La justicia moderna no puede descansar únicamente en versiones, por dramáticas que estas sean, sino en evidencias que acrediten la responsabilidad individual más allá de toda duda razonable.

La discusión inevitable remite al antecedente del juicio contra Genaro García Luna en una corte federal de Nueva York. En ese proceso, que sacudió la percepción pública sobre la seguridad en México, el jurado escuchó principalmente testimonios de antiguos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos Jesús Zambada García y Sergio Villarreal Barragán. Aunque la fiscalía presentó registros financieros y comunicaciones, el debate público persiste sobre el peso que tuvieron las declaraciones de criminales frente a las pruebas documentales.

Este antecedente vuelve inevitable la reflexión sobre el mecanismo de cooperación judicial entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de extradición. Los tratados vigentes establecen que una solicitud formal debe acompañarse de evidencia suficiente que permita presumir la comisión de delitos conforme a las leyes de ambos países. No se trata de un simple intercambio político ni de un acto automático: implica la revisión por tribunales mexicanos para determinar si existen elementos que justifiquen la entrega de los acusados.
En este contexto, el eventual proceso contra funcionarios mexicanos debe examinarse con la mayor prudencia jurídica.

La colaboración internacional contra el narcotráfico es necesaria, pero también lo es preservar el equilibrio entre cooperación y soberanía. México no puede convertirse en simple ejecutor de decisiones externas, del mismo modo que Estados Unidos tiene derecho a investigar delitos que afecten su territorio o su seguridad.
Todo indica que este caso podría ser apenas el inicio de una serie de investigaciones más amplias sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado. Si ello ocurre, surgirán nuevos nombres, nuevas acusaciones y también nuevas tensiones entre ambos países. Por eso mismo resulta indispensable que cada expediente esté sustentado en pruebas sólidas y no únicamente en narrativas provenientes del propio mundo criminal.

La justicia verdadera no puede ser rehén ni de la política ni del espectáculo mediático. Para los pueblos de México y de Estados Unidos, golpeados durante décadas por la violencia del narcotráfico, lo que se exige no es una disputa de poder, sino la verdad. Que hablen las pruebas, que se escuchen las defensas y que los tribunales decidan con imparcialidad. Porque sólo así, por encima de intereses coyunturales, podrá saciarse esa profunda hambre y sed de justicia que comparten nuestras sociedades…

Cuando el Estado asume facultades que afectan el patrimonio de un ciudadano sin control judicial inmediato, se corre el riesgo de trastocar un principio que durante siglos ha sido la garantía mínima frente al poder público.
La presunción de inocencia no es una concesión graciosa del Estado; es un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México. Su lógica es sencilla: nadie puede ser tratado como culpable antes de que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

Sin embargo, permitir el bloqueo de cuentas mediante decisiones administrativas parece invertir la ecuación jurídica, pues coloca al ciudadano en la posición de tener que demostrar que no ha cometido un delito para recuperar el acceso a su propio patrimonio.
Es cierto que el país enfrenta un fenómeno criminal de dimensiones colosales. El crecimiento del crimen organizado en México se ha convertido en una estructura transnacional que infiltra economías, corrompe instituciones y amenaza la seguridad pública.

Frente a esa realidad, las herramientas de inteligencia financiera han demostrado ser un instrumento eficaz para seguir la ruta del dinero ilícito. Pero precisamente porque la amenaza es tan grande, el Estado debe ser más cuidadoso en no sacrificar los principios que pretende defender.
Combatir la ilegalidad mediante prácticas que debiliten las garantías legales puede terminar generando un efecto perverso.

La historia demuestra que cuando los Estados comienzan a flexibilizar los límites jurídicos en nombre de una causa superior —ya sea seguridad nacional, lucha contra el terrorismo o guerra contra el crimen— se abre una puerta peligrosa para el abuso de poder. El derecho existe precisamente para evitar que las urgencias políticas se conviertan en excepciones permanentes.

La discusión no es menor si se observa desde la experiencia cotidiana de cualquier ciudadano. Imaginemos a una persona que realiza un movimiento financiero inusual, como la compra o venta de un bien inmueble. Para una institución bancaria, ese movimiento podría activar mecanismos automáticos de alerta y derivar en un reporte a la autoridad financiera.

El banco no conoce el patrimonio completo del cliente ni el origen integral de sus recursos; sólo observa una operación aislada dentro de millones de transacciones.
Si a partir de ese reporte la autoridad decide bloquear las cuentas, el ciudadano puede quedar en una situación de indefensión inmediata. No sólo pierde el acceso a su dinero, sino que enfrenta consecuencias prácticas que pueden ser devastadoras: incumplimiento de pagos, afectación a negocios, daño a su reputación o incluso pérdida de patrimonio. Todo ello mientras se determina si la sospecha tenía fundamento o fue simplemente una interpretación administrativa equivocada.

La justicia, por definición, exige equilibrio. El Estado tiene el deber de perseguir delitos, pero también la obligación de proteger a los inocentes frente a decisiones arbitrarias. Por ello, el control judicial previo no es un obstáculo burocrático, sino una garantía elemental para evitar abusos. En el derecho moderno, los contrapesos institucionales no debilitan al Estado: lo legitiman.

En última instancia, la lucha contra el crimen no puede convertirse en una cruzada donde el fin justifique los medios. La justicia no es una guerra santa ni un ejercicio de fuerza moral, sino un sistema de reglas cuyo propósito es proteger la verdad y la dignidad humana.

Cuando se invierte la lógica jurídica y el ciudadano debe probar su inocencia frente al poder público, el riesgo es evidente: el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse, silenciosamente, en presunto acusador de todos…

Y es que no es un asunto menor, si buen comentamos ya en este mismo espacio que la regla es no medir una elección con la próxima anterior, la regla se rompe cuando, lo que está en juego es la permanencia en el gobierno del partido político cuasi hegemónico desde hace ya 34 años.

El 2027 será la plataforma desde la cual partirá la próxima elección que renovará la gubernatura y, se refrendarán los gobiernos locales (46 Ayuntamientos) así como el Poder Legislativo. La gobernabilidad en pleno para Guanajuato o una nueva hegemonía partidista.

Veamos los datos y los avances de los partidos políticos en las elecciones. Insisto que habrá quien pida hacer una lectura muy dogmática entre elecciones intermedias, pero, hoy las nuevas formas de hacer elecciones hacen que las movilizaciones sean prácticamente las mismas en las locales que en las presidenciales.

Datos del 2021 revelan que hubo una participación electoral de 43.7 por ciento del padrón. Para ese año la fuerza de movilización de Morena no era de tal magnitud en Guanajuato ni tampoco se habría observado la importancia de los Congresos locales como órgano para la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el 2024 y ya con una maquinaria territorial bien aceitada, la participación del padrón electoral en Guanajuato fue del 56.2 por ciento y fue entonces donde se consolidó una votación casi en bloque para una mayoría en el Congreso federal.

ELECCIÓN 2021

En ese año compitieron 11 partidos políticos para la renovación del Congreso local y los 46 Ayuntamientos. El PAN obtuvo una holgada mayoría con 801 mil 140 votos mientras que, en un segundo lugar, Morena logró 406 mil 773 votos.

Un tercer lugar lo logró el PRI con 241 mil 096 votos y el cuarto lugar fue para Movimiento Ciudadano con 99 mil 281 votos.

Ese resultado dejó el mapa electoral de la siguiente manera: PAN 22 municipios; Morena, PRI y PVEM con 3 municipios cada uno; PRD, Movimiento Ciudadano y Redes Sociales Progresistas con 2 mientras Nueva Alianza y el Candidato Independiente con uno cada uno.

En tanto que la composición del Congreso local ocurrió con 22 diputados electos del PAN y 1 de Morena.

ELECCIÓN 2024

Compitieron siete partidos políticos donde, el PAN logró 1 millón 91 mil 460 votos con una candidata presidencial emergente, que no logró conectar con el electorado y con una campaña negrea desde las benditas redes sociales.

Mientras Morena, partido en el poder, con una base electoral más solida y un ejército territorial alimentado desde los programas sociales, logró en Guanajuato una elección de 849 mil 433 sufragios.

No obstante, el resultado fue adverso: el PAN logró el triunfo en 11 municipios; Morena se alzó en 13 Ayuntamientos; la alianza PAN-PRI-PRD logró 13 triunfos; PRI 3; PVEM y Movimiento Ciudadano 2 cada uno mientras que PT, PRD y Candidato Ciudadano uno respectivamente.

En el Congreso el PAN alcanzó 11 legisladores, la alianza PAN-PRI-PRD 3, la alianza Morena-PVEM-PT 8 mientras que el resto del Congreso local se compuso por el voto residual.

Lo que viene en el 2027 será una interesante composición local. ¿Qué papel jugarán partidos como Somos México en distritos electorales muy panistas?; ¿Qué papel tendrá el Movimiento por la PAZ en la comunidad evangélica en Guanajuato y cómo moverá sus piezas en municipios como Silao?, ¿Habrá la posibilidad de tener un Congreso federal con mayoría calificada o simple?, ¿Qué pasará con la conformación del Congreso local? Sin duda, eso da pie a otro análisis.

Ya con su Plan B remitido a la Cámara de Senadores, se afianzó la movilización y, por supuesto, el llamado al voto popular a favor de la Cuarta Transformación. Quien no haya visto esa jugada, seguirá pensando que la presidenta fue derrotada. Pero no, al contrario, ganó en tiempo.

Aunque de manera oficial el proceso electoral 2027 inicia en Octubre de este año, el país se encuentra sumergido en un ambiente que ha puesto en el centro de la conversación quién será el partido político ganador.

No es un asunto menor. Será una especie de plebiscito para la Cuarta Transformación desde donde, un día sí y el otro también, se informa que la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en niveles que superan el 75 por ciento.

Así que, con el refrendo de los aliados y de quienes buscan poner un freno al avance de Morena en el país, llega a un segundo momento el diálogo político en este país y, con nuevos jugadores.

En próximas semanas, el Consejo General del INE podría estar entregando su registro a cuatro nuevos partidos políticos.

Somos México, que se integra en su mayoría de ex militantes del PAN y de la Marea Rosa.

Construyendo Sociedades de PAZ, cuya estructura se forma con miembros del extinto Partido de Alianza Social.

México Tiene Vida que ya es un partido político en Monterrey y que quita votos a Movimiento Ciudadano y a una parte de la ultraderecha al definirse como un partido 100 por ciento provida.

Y por último Que siga la Democracia, una organización que surgió en el 2012 en apoyo de Morena para impulsar el ejercicio de revocación de mandato.

Con estos cuatro partidos políticos, la boleta electoral federal en México contará con 10 partidos políticos en total. Dos de los nuevos partidos políticos identificados con la izquierda mexicana, Somos México cuya irrupción parecería que restará votos al PAN y México tiene vida que es de extrema derecha.

Este escenario se vuelve más interesante cuando leemos los porcentajes de preferencia electoral que, según Mitofsky, Morena va en 34 por ciento, PAN  14 por ciento, Movimiento Ciudadano 12 por ciento, PRI 8 por ciento, PVEM 7 por ciento, PT 3 por ciento  y 22 por ciento de indecisos.

La encuesta de Buen Día y Márquez revela que Morena, PT y PVEM alcanzarían la conformación del 44 por ciento de la Cámara de Diputados mientras que el  PAN, PRI y MC tendrían el 34 por ciento de espacios en San Lázaro.

Morena llegó al 2021 con un 30.5 por ciento de la población gobernada en conjunto con PVEM y PES y, al 2027 llegará con un 73.5 por ciento de la población gobernada por Morena, PT y PVEM.

Así que, Morena llega a la elección con una ventaja de organización y territorial. El Plan B de la presidenta de México fue, justamente, el llamado a toda la maquinaria en el país para que inicie la reflexión del voto sobre quienes están contra la transformación o a favor de ella.

Guanajuato elegirá a 46 Ayuntamientos de los cuales el PAN ganó 10 en la elección pasada (22 en el 2021); el PRI tres (mismos que en el 2021); PRD 1 (2 en el 2021); PVEM 2 (3 en el 2021); PT uno (cero en el 2021); Movimiento Ciudadano 2 (mismos que en el 2021); Morena 13 (2021 3) por citar a los que ganaron.

Es correcto que no se deben medir elecciones intermedias con presidenciales pero, esa regla se rompió con la nueva composición social y partidista en el país pues, en lo local podrá dejar muestra del avance de Morena, las alianzas y aliados en Guanajuato con la mira puesta en la sucesión del Ejecutivo Estatal y, en lo nacional, vislumbrar o no una mayoría calificada o simple para el segundo trienio del Ejecutivo Federal.

Pero ese será motivo de un próximo análisis.

La corrupción en México parece ya un acto de usos y costumbres en la clase política y eso genera un rechazo unánime de la sociedad en las autoridades que, por cierto, nos toca elegir.

Y lo que más lastima a la ciudadanía es que mientras las autoridades son electas para proteger los recursos públicos y garantizar la seguridad ciudadana que, por cierto, es una asignatura pendiente.

En León ocurrió que, después de una cortina de humo que nació en la oficina de prensa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos sobre su supuesta renuncia del PAN, comenzaron a salir un sinfín de sospechas, primero, y después evidencias que la arrinconan en una esquina que no es para nada transparente.

En el pasado, Gutiérrez Campos vivió crisis en su administración derivadas de tala de árboles, excesos en algunos funcionarios de tercer nivel o escándalos encabezados por elementos de la policía municipal.

Tales crisis desgranaron a su círculo cero y cambió en, al menos, cinco veces de vocero hasta que llegó Enrique Avilés Pérez cuya reputación quedó en entredicho por supuestos desvíos de recursos en la Secretaría de Turismo y, luego, en la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Guanajuato cuando Miguel Márquez Márquez era el Ejecutivo Estatal.

En total, estaban observados más de 80 millones de pesos. Márquez habría pedido a Diego Sinhué no investigar a Enrique Avilés para no manchar su gobierno, a cambio, Avilés Pérez tuvo un exilio de seis años fuera de Guanajuato y se colocó como burócrata en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dentro de la Secretaría de Turismo federal, pero con beneficios en gobiernos panistas de Guanajuato.

Pero, además, Ale Gutiérrez es señalada por entregar contratos por un valor de 3.5 millones de pesos al arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón, representante de TerraLab Consulting S.A. de C.V. y quien, curiosamente, fue el diseñador de su residencia en Santa Brígida.

Otro tema que deja muchas dudas es el otorgamiento de contratos por hasta 14 millones de pesos a la empresa NARDIQ, entre cuyos socios aparece el nombre de Norma Araceli Díaz, presidenta del Consejo Directivo de Aseo Público e Integrante del Comité de Obra Pública de León.

El más reciente escándalo es la asignación de contratos por más de 8.1 millones de pesos a una empresa de comunicación llamada Syntagma de la cual es copropietario Rodriguo Duarte Hernández quien, por cierto, es socio de Alejandra Gutiérrez en una empresa llamada Alimentos GoFoods S.A. de C.V. que inició operaciones en el 2014.

Así, el gobierno de Alejandra Gutiérrez deja muchos frentes abiertos que requiere respuestas claras y francas.

Estas crisis por presuntos actos de corrupción se pueden convertir en una bomba de tiempo que, por más que quieran enviar el dardo a un supuesto pleito entre panistas, la percepción ciudadana podría ya no ver por la mejor opción sino, entre el menos malo lo que, sin duda, afectaría mucho el desarrollo de la ciudad.

Alejandra Gutiérrez quien llegó blindada de una gran confianza ciudadana al ganar, sus dos elecciones al hilo, con una votación de 2-1 y 3-1 hoy no se encuentra entre los mejores alcaldes evaluados del país.

Percepción, le dicen, del sentimiento ciudadano respecto a sus autoridades y actos. En fin, hoy no se ve para dónde pueda esquivar Ale Gutiérrez esos dardos que le salen, un día sí y al otro también, de permitir actos faltos de probidad.

El contraste entre los datos oficiales y la experiencia cotidiana revela una brecha que inquieta. La narrativa institucional habla de avances contundentes, mientras la percepción social sigue marcada por el temor y la incertidumbre en calles, barrios y comunidades del estado.

En su informe presume la reducción de homicidios dolosos en 65 por ciento, cifra que a primera vista resulta alentadora y que coincide con la tendencia nacional que reporta disminuciones importantes. Sin embargo, estos resultados dependen siempre de los periodos comparados y de la metodología empleada. No es lo mismo contrastar meses específicos que evaluar tendencias de largo plazo, ni comparar tasas por población que números absolutos.

Celebra el fiscal que esa disminución coloca a Guanajuato en el sexto lugar nacional en incidencia por cada cien mil habitantes, lo cual puede ser correcto en términos estadísticos. No obstante, en cifras totales la entidad continúa entre los primeros sitios del país. Hay días de la semana en que otras entidades superan nuestros registros, pero durante la mayoría de los días Guanajuato encabeza el número de asesinatos, una realidad difícil de ignorar.

También se destaca la disminución en el delito de extorsión, presentado como un logro relevante de la política de persecución criminal. Pero en el Centro Histórico de León, por ejemplo, y en diversas zonas comerciales persisten testimonios de cobro de piso que afectan a comerciantes y empresarios. La estadística puede señalar una reducción, pero la experiencia directa de quienes enfrentan estas presiones muestra una realidad distinta que no desaparece con cifras.

Se reporta igualmente una baja en feminicidios, aunque Guanajuato continúa figurando entre los estados con mayor violencia contra las mujeres. La gravedad de este fenómeno no admite lecturas optimistas ni celebraciones anticipadas. Cada caso representa una tragedia irreparable que obliga a revisar las estrategias institucionales y a reconocer que el problema persiste con dimensiones alarmantes.

Otro aspecto ausente en el discurso oficial es el fenómeno de las masacres, donde la entidad ocupa el primer lugar nacional en diversos registros de violencia colectiva. Los ataques armados contra grupos de personas en espacios públicos o privados han marcado la vida reciente del estado. Estos episodios, por su impacto social, configuran una percepción de inseguridad que ningún informe puede disipar fácilmente.

A ello se suma el hallazgo recurrente de fosas clandestinas, descubierto en numerosas ocasiones por colectivos de búsqueda integrados por familiares de personas desaparecidas. La persistencia de estos hallazgos revela una crisis humanitaria que rebasa los indicadores de eficiencia institucional. Las cifras oficiales difícilmente reflejan el dolor de quienes buscan a sus seres queridos en condiciones adversas.

Resulta igualmente preocupante el trato hacia los periodistas durante la presentación del informe, pues se denunció que fueron confinados en un salón sin acceso directo al evento público. Si el gobierno estatal presume transparencia y apertura, estos episodios generan dudas sobre el compromiso real con la rendición de cuentas y el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

El fiscal asegura además que los indicadores de eficiencia de la institución superan el 90 por ciento, lo que implicaría avances significativos en el combate a la impunidad. Sin embargo, la llamada cifra negra del delito, es decir, los hechos no denunciados, continúa siendo elevada. La desconfianza ciudadana y el temor a represalias siguen limitando la denuncia, lo que cuestiona la efectividad plena del sistema.

Es justo reconocer que existen esfuerzos institucionales, detenciones relevantes y procesos judiciales que reflejan trabajo operativo. No obstante, afirmar que la batalla está ganada sería precipitado. La seguridad pública sigue siendo una tarea pendiente que exige autocrítica, evaluación permanente y una visión que reconozca tanto los avances como las carencias.

La construcción de la paz no puede depender únicamente de informes optimistas ni de estadísticas favorables. Requiere el compromiso conjunto de autoridades, sociedad civil, instituciones educativas, sector empresarial y ciudadanía. Sólo mediante la participación de todos los sectores sociales de la entidad y de la nación podrá alcanzarse el anhelo legítimo de una sociedad verdaderamente segura y en paz, que permita la prosperidad y el desarrollo social en su conjunto y el de cada persona en lo individual…

En días recientes, padres de familia han elevado una súplica desesperada al crimen organizado para que respete la vida de sus hijos, escena que retrata un país herido, descompuesto.

No se trata de un discurso retórico ni de una exageración alarmista, sino de la reacción de comunidades aterradas ante hechos cada vez más frecuentes.

En Sinaloa fue asesinado un niño que había salido de su casa para comprar leche para sus gatos adoptados, víctima inocente de una violencia sin sentido.

En Guanajuato y Acapulco, ataques armados han alcanzado también a menores que nada tenían que ver con disputas criminales ni con el lenguaje brutal de las armas.

Masacres en viviendas, en campos de fútbol, en parques, ataques contra transporte público y enfrentamientos en zonas habitadas han dejado entre sus víctimas a niñas, niños, bebés e incluso recién nacidos.

Si toda vida humana debería ser inviolable, respetada,  la infancia representa el símbolo absoluto de inocencia, un territorio que ni siquiera en conflictos bélicos debería ser vulnerado. Ni en las peores guerras vulneran y asesinan menores como en nuestro país, sin consideración ni piedad alguna.

Sin embargo, en México ese principio elemental ha dejado de ser una certeza para convertirse en una esperanza incierta sostenida por la angustia de millones de familias.

La violencia ya no distingue edades, la barbarie no reconoce límites y el miedo se ha instalado en la vida cotidiana como una presencia constante.

Lo verdaderamente alarmante no es sólo la brutalidad de los hechos, sino la progresiva normalización social de esta tragedia que debería conmocionar a la nación entera.

Cuando los padres ruegan a los criminales clemencia para sus hijos, lo que realmente queda expuesta es la debilidad de las instituciones encargadas de protegerlos.

La súplica dirigida a los violentos es también una acusación implícita contra la incapacidad del Estado para garantizar el derecho más básico, que es el derecho a vivir.

La pregunta es, por qué la autoridad en sus tres niveles de gobierno le tiene tanta complacencia y tantas atenciones y consideraciones a los delincuentes que masacran sin pudor alguno.

La impunidad persistente, la insuficiente prevención del delito y la fragilidad y complicidad de los sistemas de seguridad han erosionado la confianza ciudadana hasta límites peligrosos.

La autoridad parece ausente en regiones enteras donde comunidades sobreviven entre el silencio, el temor y la resignación ante la violencia cotidiana.

Así, la sociedad no sólo enfrenta la pérdida de vidas inocentes, y la perdida de las instituciones protegidas en la demagogia, sumado  al deterioro profundo de su confianza en las instituciones y en el futuro mismo.

La normalización del horror constituye quizá el daño más grave, pues cuando la muerte infantil deja de indignar colectivamente comienza la descomposición moral de la sociedad.

Cada noticia de un menor asesinado debería paralizar al país, provocar respuestas inmediatas y detonar acciones contundentes de investigación y castigo ejemplar.

Sin embargo, los hechos se acumulan con rapidez y el escándalo público se disuelve con la misma velocidad con que surgen nuevas tragedias.

El riesgo es evidente, acostumbrarnos a la violencia contra los más vulnerables hasta aceptar como inevitable lo que debería ser absolutamente inadmisible.

Una nación que tolera la muerte de sus niños como daño colateral está condenada a convivir permanentemente con la barbarie y la desesperanza.

Frente a este panorama, la protección de la infancia debe convertirse en prioridad nacional absoluta, con políticas públicas verificables que garanticen seguridad real para los menores.

Se requieren acciones e investigaciones inmediatas y radicales y eficaces de las  fiscalías, responsabilidades claras para autoridades omisas y estrategias preventivas que reconstruyan el tejido social desde las comunidades.

El Estado debe asumir sin ambigüedades que la vida de los niños constituye un límite moral infranqueable y una obligación irrenunciable de gobierno.

No se puede negociar el derecho de la infancia a vivir ni delegar su protección a la buena voluntad de quienes ejercen la violencia criminal.

La pregunta que permanece es devastadora, si seguiremos suplicando a los delincuentes misericordia o exigiremos finalmente justicia para que los niños vuelvan a ser intocables..