De puerta en puerta, sin que le abran

En las últimas semanas, el “ciudadano” Alejandro Navarro-y lo entrecomillo porque vive como candidato, pero se presenta como ciudadano- ha tenido que salir a aclarar que es panista. Hay varias entrevistas. Ningún otro panista tiene que hacer eso.

La razón es simple: de día exige candidaturas en el PAN y de noche las pide en otros partidos, para él y para su esposa.

Hace algunos meses, en sesión pública del Ayuntamiento, fue exhibido. Quien lo señaló lo hizo de frente, con conocimiento de primera mano de cómo se entrevistó con Luisa María Alcalde, entonces presidenta nacional de Morena, y del desenlace negativo para quien pretendía llegar a pedirlo todo.

Su justificación fue de manual: “acercamiento entre actores políticos”. No le creyó nadie.

Después buscó de nuevo a Morena. No fue directo, mandó mensajeros hasta llegar al actual Senador Ricardo Sheffield, quien le negó rotundamente cualquier posibilidad.

Y luego pasó al Verde. Buscó a la dirigencia estatal del Partido Verde hace unos días. La dirigente, Virginia Magaña, no lo quiso recibir. Le mandó a un propio para decirle que ahí no es bienvenido. Así, tal cual: en el Verde tampoco lo quieren.

Y con eso pretende presionar: con una elotiza, planas pagadas en periódicos, cervezas gratis en fiestas y encuestas que presumen conocimiento, pero ocultan que el rechazo supera al conocimiento.

Quiere condicionar a dos mujeres que no se dejan doblegar.

Ni Juanita de la Cruz, presidenta estatal del PAN, ni Libia Denisse, gobernadora y dueña de facto del partido en el estado, son políticas improvisadas. No llegaron ayer. Saben contar, saben leer encuestas y, sobre todo, saben distinguir entre un panista y un oportunista que usa al PAN como hotel de paso.

Entregarles la plaza a los Navarro sería un error político de manual. Sería premiar el chapulineo y castigar a la militancia.

Porque mientras este señor se oferta al mejor postor, en el PAN sí hay cuadros en serio. Cuadros disciplinados, leales, que atienden propuestas, que no andan tocando puertas ajenas a escondidas. Panistas de día y de noche, no de ocasión. Que es lo único que el PAN debería de valorar.

Si Juanita y Libia ceden al pragmatismo barato de los números inflados que les vende Navarro, no solo le entregan Cuévano a la dupla matrimonial que quiere una década en el poder, con sus costosas implicaciones. Le entregan el mensaje a todo el estado de que en Guanajuato el PAN está en subasta y que se lo queda quien pague más planas.

Se oferta en el PAN donde ya no lo quieren. Se oferta en Morena donde ya lo batearon dos veces. Se oferta en el Verde donde ni siquiera le abren la puerta.

Y con ese currículum de rechazos, pretende condicionar. Guanajuato ya lo conoció gobernando. Ahora lo está conociendo, ofertándose.

Posdata: La doble incongruencia

Uno: El mismo que en público denunciaba la influencia del sheffieldismo en la capital, en privado tocó la puerta del propio Ricardo Sheffield para pedirle ser parte: el que denunciaba al sheffieldismo, quería ser sheffieldista.

Dos: El mismo Alejandro Navarro que hizo mofa y descrédito en sus redes sociales de Alejandra Gutiérrez por irse a Movimiento Ciudadano, es hoy el que anda ofertándose en Morena y en el Verde. Con la diferencia de que a ella en MC la recibieron con alfombra roja y con proyecto. A él, ni en Morena donde lo batearon dos veces, ni en el Verde donde ni le abrieron la puerta, le ofrecen siquiera una silla. Una se fue con proyecto. El otro se quedó ofertándose barato.

Cuando hablemos de dónde estamos las mujeres evitemos los eufemismos. Si de algo debemos hablar con absoluta verdad es de lo logrado, pero también de lo pendiente. Y no solo de lo pendiente para nosotras, las que hoy tenemos un cargo o una candidatura, sino de lo pendiente para todas.

Porque lo logrado es innegable y no se minimiza: estamos en espacios donde antes ni siquiera se nos imaginaba. Hoy presidimos municipios, integramos cabildos, encabezamos curules. Eso costó décadas y costó vidas.

Pero lo pendiente es lo que no se dice en los informes y sí se dice en corto. Y ahí es donde tenemos que poner la lupa en este proceso que arranca. Guanajuato aprendió a cumplir la paridad en el papel y a boicotearla en el ejercicio.

Por eso siempre he valorado los diálogos francos que puedo tener cuando estoy entre mujeres que se sienten libres de nombrar la vida. Ahí, en corto, sin templete, sin discurso aprendido, es donde aparece lo que no se dice arriba.

Ahí aparece la presidenta municipal que sigue lidiando con el cacique que no termina de irse, el que asume que el municipio sigue siendo de su propiedad y que ella solo está prestada.

La que me cuenta en voz baja que en casa su pareja cuestiona permanentemente su gobierno, revisa sus decisiones, le habla mal de su equipo e impide que lo ejerza a plenitud.

La regidora que pide la palabra y no se la dan. La síndica a la que le esconden la información. La candidata a la que le piden que se baje porque “no da el ancho” pero sí da para completar la planilla.

Antes hablábamos de los hermanos incómodos del poder. Hoy, con más mujeres llegando, hablamos de los esposos incómodos, de los jefes políticos incómodos y de los compañeros que boicotean.

Y por eso quiero que esta entrega escritural sea una invitación directa para lo que viene. No una queja, un pacto.

Que en este proceso electoral las mujeres pidamos sin temor. Sin temor a sentirnos juzgadas por exigir lo que nos toca.

Que exijamos al Estado condiciones de seguridad para participar. Porque no se puede competir cuando tienes miedo de salir a hacer campaña, cuando tu familia es amenazada, cuando tu integridad está en riesgo. La seguridad también es paridad.

Que denunciemos a tiempo al compañero que intente boicotearnos, al coordinador que nos baja del templete, al dirigente que nos negocia. No mañana, a tiempo.

Que atendamos más a nosotras antes que a cualquier agenda de grupo o de partido. Que entendamos que primero somos sujetas políticas y después militantes. El partido se va, nosotras nos quedamos.

Que no nos traicionemos. Y que no permitamos la violencia de otras, pero que tampoco la ejerzamos. Ese es el punto más difícil y el más urgente. No podemos pedir afuera lo que no sostenemos adentro.

No podemos denunciar violencia política en razón de género y ejercerla contra otra compañera para ganar una posición.

Que entendamos el valor de las alianzas y no las confundamos con sumisión. Aliarse no es agachar la cabeza, es construir poder juntas. Y que entendamos el valor de construir juntas desde una lógica que no sea la del todo o nada. No todo es lealtad absoluta o traición absoluta.

Podemos disentir sin destruirnos. Que elijamos temas y que seamos congruentes. Que no todo sea agenda. Que definamos dos o tres causas por las que sí nos vamos a parar y que ahí no nos doblemos.

Dejemos de asumir en lo público lo que en lo privado tuvieron que asumir abuelas, tías y madres. La violencia no se calla. Las asimetrías no se callan. Los procesos de control no se callan.

Mientras sigamos diciendo que todo está bien, le hacemos un gran favor al patriarcado. Mientras normalicemos que gobernar con sombra es normal, les estamos diciendo a las que vienen que así es como toca.

La paridad no es solo llegar. Es poder ejercer sin sombra, sin permiso, sin pedir perdón por mandar y sin traicionarnos a nosotras mismas.

Sin memoria, no hay matria. Y sin congruencia, no hay tiempo de mujeres.

Realicé entrevistas directas con los actores protagónicos de los hechos ocurridos entre 1991 y 1996, entre ellos Carlos Medina Plascencia, primer gobernador panista. A la distancia, los actores hablaron con otra libertad. Con la valentía y la claridad que el momento no permitía. Y al hablar con claridad, se desdibuja el mito de la alternancia democrática.

Lo que arroja la investigación, por voz de ellos mismos y por los hechos documentados, es contundente: el PAN que exigía democracia en las calles —el mismo partido encabezado entonces por Clouthier y hoy por Jorge Romero— no tuvo empacho en ser parte del acuerdo.

Llegó al poder por la vía de una concertacesión, como fue llamada entonces, y cuya traducción en el argot político es: acuerdo debajo de la mesa.

En estos días se cumple un aniversario más de aquella llegada. A más de tres décadas, no se trata de pasar factura, sino de hacer memoria viva, y por ello, a manera de conmemoración, reproduzco aquí parte de aquella investigación[i].

(…) Teniendo como antecedente la cuestionada elección federal de 1988, a mediados de 1991 y con un escenario electoral competido que anunciaba la necesidad de un claro, imparcial y legal desempeño de la Comisión Estatal Electoral, el entonces empresario y presidente de la CONCANACO, Hugo Villalobos, señalaba: “El próximo 18 de agosto en el estado, el gobierno tiene la obligación de mantener la transparencia de la voluntad ciudadana con respeto y reflejada plenamente […] en nuestro estado hay las condiciones de desarrollo de una madurez que si había de escribirse en algún lugar, es en Guanajuato, donde puede comenzarse a leer el prólogo”.

En medio de la ebullición electoral y como respuesta a la reiterada demanda de los actores sociales sobre el respeto a la voluntad ciudadana en la elección en la que los guanajuatenses elegirían al sucesor de Rafael Corrales Ayala, éste se comprometió públicamente a garantizar unas elecciones limpias, respetuosas y de resultados transparentes. En su sexto y último informe de gobierno reconoció: “No pocos agoreros del fatalismo dicen o indican que Guanajuato está en el ojo del huracán y en lo que respecta a las elecciones locales y federales, el próximo 18 de agosto hay que encender luces rojas. Tengo fe en que mi estado natal saldrá airoso (…).

El reconocimiento del gobierno de una de las competencias electorales más reñidas de la historia política guanajuatense, con los contendientes de las principales fuerzas políticas del estado —del PRI, Ramón Aguirre, ex regente capitalino y priista a la vieja usanza; el panista Vicente Fox Quesada, polémico ex diputado federal y empresario, y el perredista Porfirio Muñoz Ledo, el guanajuatense “avecindado por derecho de sangre”— se expresaba de forma reiterada en frecuentes llamadas a la cordura: “no pocas heridas de bala cicatrizan, las de lengua, casi nunca, y al día siguiente de las elecciones, todos necesitaremos de todos para el buen gobierno de la entidad”, recalcaba, como premonición, Corrales Ayala.

Una porción de la ciudadanía, de forma inédita, tomó parte protagónica, y a través de sus organismos hizo lo propio para exigir respeto al resultado electoral: “Exhortamos a aquellos ciudadanos que hayan sido designados por los organismos electorales correspondientes, para integrar directivas de casilla, a cumplir puntualmente su encomienda y asegurar que la instalación de las 3 mil 858 que habrán de recoger el voto ciudadano guanajuatense, queden instaladas en tiempo y forma, garantizando los altos propósitos que persiguen la jornada y el proceso que hoy viviremos…” Los firmantes eran colegios, asociaciones de profesionistas, organismos electorales, grupos de servicio y miembros de la Sociedad Civil.

Guanajuato se encontraba en un trance único en su historia política, habiendo acaparado la atención de todos por la proximidad de una competida elección, quizá más que la desarrollada en el vecino estado de San Luis Potosí y mucho más que en Querétaro donde también se aproximaba el cambio de gobernador.

Para la elección dominical del 18 de agosto había 1 millón 651 mil 405 guanajuatenses con credencial de elector, pero considerando que el censo de 1990 reportaba 2 millones 115 mil 642 hombres y mujeres mayores de 18 años, se quedaron al margen de su derecho a votar 464 mil 237. La elección sería determinada por una mayoría muy relativa, considerando, además, el abstencionismo que se temía volviera a presentarse, pues se arrastraba debido al histórico desencanto electoral.

Esa tendencia hacia el cierre de la competencia se fortalecía por las campañas mismas. Prevaleció el dispendio de recursos económicos, el clientelismo político evidente en las movilizaciones, el uso de las estructuras y programas estatales, las descalificaciones mutuas, la duda constante –y no en vano anticipada– sobre el desempeño de la Comisión Estatal Electoral a favor del “candidato de Estado” y el llamado social permanente a la cordura.

La jornada electoral se llevó a cabo con relativa tranquilidad, salvo incidentes menores. Así fue reportado por el presidente de la Comisión Estatal Electoral, José Aben Amar González. En las primeras horas del lunes comenzaron los llamados de los candidatos, proclamándose ganadores. Y con ello el inicio de una jornada de júbilo, descalificación de grupos y confusión social. El primer partido que dio el albazo fue el PRI, anunciando una abrumadora ventaja de Ramón Aguirre sobre el resto de los contrincantes, “…con una tendencia favorable e irreversible del 58 por ciento de los votos emitidos en poco más del 80 por ciento de las casillas y sin desplantes triunfalistas debemos de reconocer que el triunfo fue de los ciudadanos…”

En medio del caos un punto relevante fue la participación ciudadana, la notable afluencia de los votantes. El conteo parcial ofrecido por la Comisión Estatal Electoral el día posterior a la elección, no obstante tratarse apenas de poco más de la mitad de las actas levantadas de las mesas directivas de casilla, alcanzaba los 626 mil sufragios depositados a favor de todos los partidos contendientes. En el “búnker” priista el nerviosismo por el retraso acrecentaba la duda sobre la legalidad y legitimidad del candidato que se pretendía imponer a costa de lo que fuera, al mismo tiempo que al interior del partido se presagiaba la intromisión del “centro” representado por la Secretaría de Gobernación.

Lo que fue una realidad es que la intensidad de la presencia ciudadana en el proceso electoral benefició sobre todo a dos partidos políticos: el Revolucionario Institucional y Acción Nacional, instaurándose de golpe un bipartidismo inédito en la entidad.

(…)

Luego de concluir a las 3:30 de la madrugada del 1 de septiembre la sesión que había iniciado el viernes 29, el Congreso del Estado, erigido en Colegio Electoral y presidido por el diputado pedemista Ramón Torres Robles, declaró gobernador interino, por nueve votos a favor y seis en contra, a Carlos Medina Plascencia, quien debería asumir el cargo a partir del 26 de septiembre. Asistieron 15 miembros de la LIV Legislatura: los seis diputados del PAN, quienes votaron a favor del dictamen junto con el pedemista, el independiente y un priista, y los seis que votaron en contra, el parmista y cinco de los diputados priistas que asistieron, de un total de 19 que integraban la fracción tricolor.

Pese a la resistencia de algunos priistas, e incluso de ex panistas y militantes de otros partidos políticos –excepto el PAN–, para defender “la voluntad popular que favorecía a Ramón Aguirre” y a sus intentos por dar revés a la decisión política de “El Centro”, y con ello la pérdida de la posición de poder político más importante del estado, Carlos Medina tomó posesión del cargo.

A 17 años de distancia, Carlos Medina refiere la explicación política de la decisión:

“Yo creo que el objetivo era resolver un enredo que se ideó para destrabar un anquilosado, añejo y viciado sistema de elecciones, fue el último proceso electoral que lo condujo el gobierno para elegir gobernador, yo no justifico la decisión política que se dio a un problema que se generó a partir de que aparecieran decenas de miles de boletas más para gobernador que para senador, siendo que son el mismo número de sufragantes (…) El liderazgo de Vicente Fox fue fundamental, me parece también que a tres años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari el PAN había tenido contribuciones importantes como para agraviar al PAN con esta situación, donde el PAN estaba apostando todo por Guanajuato y por San Luis Potosí, la decisión de aceptar este tipo de negociaciones o soluciones políticas la aceptaron quienes estaban directamente involucrados en Guanajuato y no yo (…) No la aceptaron en San Luis Potosí, allá la solución era algo similar, pero allá no aceptaron… La solución para Guanajuato era complicada, polémica porque era increíble pensar una solución de éstas sin el acuerdo del Presidente de la República, por eso si esto se pudo hacer fue por resolver ese problema que no manchara el proceso electoral del 91 porque eran los primeros tres años, de reivindicación… Vicente Fox me plantea este asunto del interinato, él me levanta la mano –aunque él nunca lo ha aceptado públicamente– lo preví como un interinato para dos años, tiempo necesario para las reformas que debían hacerse y en eso fui puntual con Carlos Salinas… no estaba considerando en ese momento otros aspectos políticos como la participación nuevamente de Fox, en ese sentido no intuí que Carlos Salinas estaba dispuesto a impedirlo como fuera… a distancia me queda claro que Salinas sabía que el interinato debería terminar al terminar él su mandato… No me dieron garantías, el acuerdo fue con Salinas de una reforma a fondo y al interior del partido con Diego y Fox… así le entré con las condiciones de tener un Congreso de mayoría –comandado por Carlos Chaurand– y secretario de Gobierno –Salvador Rocha Díaz– priistas… ese era el acuerdo que cambió mi aspiración de terminar la alcaldía y retirarme de los cargos públicos (…)”

No ganó Fox, como él y su grupo lo preveían, pero sí ganó el PAN y así llegó al gobierno de Guanajuato, con la promesa inicial del gobernador interino de, “en un lapso promedio de año y medio o dos, convocaré a elecciones extraordinarias para que los ciudadanos elijan a su representante por medio del sufragio”. Compromiso que refrendó en el acto de despedida de la alcaldía de León, que hasta ese momento desempeñaba: “En lo cuestionable de los procesos electorales, el gobierno interino se propone luchar contra lo que sea, para que llegado el momento en Guanajuato celebremos las elecciones más civilizadas e incuestionables… Yo no pedí el honroso puesto, no tengo resentimientos, ni odios, sí mucha fe (…) “.

Más de tres décadas después, el mito sigue vivo. Nos dijeron que había llegado la democracia por la vía ciudadana. Lo que llegó fue un acuerdo. Y ese origen pactado explica muchas de las inercias que hoy persisten: la simulación democrática, el uso patrimonial del poder y la idea de que Guanajuato es una plaza heredada.

Recordarlo no es revancha. Es memoria.

[i]  La ciudadanización y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (2011).

Hay mujeres que luchan un día y son buenas.

Hay otras que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas.

Pero hay las que luchan toda la vida: esas son las imprescindibles.

— Bertolt Brecht

Samara Colina Borja fue una de esas imprescindibles. – Uriel Rodríguez

En días pasados murió Samara Colina Borja y me ha conmovido la innumerable cantidad de expresiones de afecto y reconocimiento a su trabajo. No es un asunto menor, Samara era una artista de la expresión gráfica, de las artes plásticas egresada de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato y Maestra en Producción Artística por la UAEM, con su investigación “En territorio azul”, dedicó su mirada, su talento y su causa a documentar y representar los movimientos feministas.

Su obra no era ornamento. Era archivo. Era memoria. Era denuncia.

Y valdría la pena contar una de sus anécdotas de incidencia, que pinta quién era. Con las compañeras de Arena de la Vagina realizaron un diagnóstico sobre zonas de riesgo en los ríos, un trabajo riguroso que presentaron al gobierno municipal. Como tantas veces ocurre, fue desoído. Ampliamente socializado y valorado entre pares, entre compañeras, pero sin escucha institucional.

No sería la única vez que buscaría incidir. Lo que ocurrió es que buscó nuevas rutas. Y el arte fue la ruta más potente, la que logró romper ese silencio institucional, la que ningún escritorio pudo archivar.

Cuando hablamos de feminismo debemos nombrar con fuerza todas las posibilidades que tenemos de encontrarnos con muchas otras mujeres, tan parecidas y distintas a nosotras. Nos encontramos desde otras posibilidades. Nos reconocemos despojándonos de esas miradas patriarcales habituales que nos enseña esta sociedad. Nos ubicamos humanas, nos ubicamos aliadas, para reconocernos.

El feminismo nos permite volver a vernos desde otros ojos, y ahí encontramos a Samara. La encontramos en ese reconocimiento feminista que es la Red de Movimientos Feministas Guanajuatenses. Ese espacio que ella ayudó a pintar y a habitar. El feminismo como una suerte política, como una expresión de cuestionar el poder y las desigualdades, como otra posibilidad de articularnos entre nosotras.

Samara transitó con una generosidad luminosa del yo al nosotras. Su trazo no era individualista. Era colectivo. Nos dibujó marchando, abrazadas, enojadas, vivas. Nos hizo visibles para nosotras mismas, por eso duele tanto. Porque cuando una mujer que nos enseñó a mirarnos se va, nos quedamos un momento ciegas, pero también nos quedamos con su legado.

Con ese recordatorio de que, como dice Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres sin el amor de otras mujeres?, sería un territorio baldío. Y Samara lo llenó de color, de carteles, de mantas, de futuro.

Hoy su cuerpo ya no está — nos dejó el 26 de julio — pero su trazo sí. Queda en cada marcha, en cada ilustración que compartimos, en esa red que hoy la llora y la honra.

Estaba por cumplir años. Y su nombre sigue vivo en múltiples conversaciones, recuerdos y añoranzas, un día después, dos días después. Porque no se ha ido. Porque un grupo de amigas se reunió en su calle, justo donde ella pintó un mural, para honrarla. El homenaje no pudo ser más coherente con su vida: nos convocó de nuevo en la calle, con color, entre nosotras

Nos toca sostenernos. Mirarnos de nuevo sin la mirada patriarcal. Reconocernos humanas, aliadas, vivas, juntas.

Gracias, Samara, por prestarnos tus ojos para vernos más dignas. Nos quedamos aquí, articulándonos entre nosotras, como tú lo provocabas.

Samara Colina Borja, no te despedimos, te continuamos.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, se aventó una puntada que no es nada original pero sí muy reveladora: van a lanzar a sus “defensores de la patria, la familia y la libertad” para posicionar candidatos antes de los tiempos electorales. Es la tropicalización panista de una metodología conocida: una precampaña sin llamarle precampaña.

Pero detengámonos en las tres palabras: patria, familia, libertad. Las tres en singular. Y no creo que sea un error. Creo que es una confesión.

Decir “la familia” en singular, en 2026, es decirnos que siguen viendo una sola: la heteronormada, la blanca, la privilegiada. Es borrar de un plumazo los 11 modelos de familia que hoy reconoce la sociedad mexicana: la nuclear, la extensa, la compuesta, la monoparental encabezada por mujeres, la homoparental, la lesbomaternal, la reconstituida, la de cohabitación, la unipersonal, la de abuelos criando nietos, la sin hijos por decisión. Once organizarnos y cuidarnos que para ellos no existen.

Decir “la libertad” en singular es hablar de su libertad, no de las libertades. De la libertad de ellos para decidir sobre nuestros cuerpos, pero no de nuestra libertad para ejercer derechos. Y “la patria” en singular corona la idea: es el modelo nacionalista de la derecha, el de la patria como propiedad, como trinchera. No la de las patrias diversas, mestizas, migrantes, indígenas, críticas, que somos. Sino la suya, cerrada, nostálgica y excluyente.

El programa ya arrancó. En Guanajuato es oficial, con convocatoria que concluyó la noche del 22 de julio y con un modelo de evaluación que dice que van a medir percepción ciudadana, liderazgo, experiencia y hasta reputación e integridad.

Tres registros, tres varones

Y en la capital pasó lo que era evidente que iba a ocurrir a partir de la permisividad que ha tenido el PAN con la familia Navarro Smith. Primero, el dato duro: hubo tres registros, tres varones, ¿y la paridad?

Luego, Samantha Smith, horas antes del cierre, saca un comunicado que cuesta trabajo creer que ella misma se crea: dice que decide no registrarse para dedicarse a su función. Es una confesión involuntaria. Si para ser defensora te tienes que distraer de tu función, ¿qué has estado haciendo estos meses?

Y Alejandro Navarro. Lo ven sacar copias minutos antes de que cierre el registro. Y pongo entre comillas que “decide no registrarse”. Al final se echa para atrás y hace lo que mejor sabe hacer: un video para autopromocionarse.

En ese video comete tres pifias en una: se autoproclama el primer presidente municipal panista de la capital, lo cual es falso porque el primero fue Eduardo Romero Hicks en 2009; recupera la idea de que este proceso es para nuevas caras, un dardo directo a quienes sí se registraron; y no se registra, pero deja la puerta abierta al conflicto.

¿Quiénes sí se registraron? Aquí es donde el proceso puede salvarse o hundirse. Porque de los tres, hay uno que sí le da seriedad:  Juan Carlos Romero Hicks. Y hay que decirlo con todas sus letras: es el de mayores credenciales, el único con trayectoria propia y con legitimidad. Un perfil que no necesita de copias a última hora, ni de videos,

Los otros dos, ya lo sabemos, son la extensión navarrista -smith: Juan Carlos Delgado Zárate y José Carlos Domínguez, el primero funcionario con inhabilitaciones y el segundo autoridad local sin presencia opositora. Por eso, si el PAN quiere que le creamos que este proceso de defensores es algo más que una pasarela para los mismos de siempre, la decisión es evidente. Si este proceso quiere tener credibilidad, el elegido tiene que ser Juan Carlos Romero Hicks. Es el único que hoy le puede devolver al PAN capitalino lo que le quitaron los últimos dos gobiernos: confianza.

Ni Samantha ni Navarro dejaron de registrarse por responsabilidad. No fue vocación, fue cálculo. Fue miedo a medirse. Nos quieren vender que no se registraron por responsabilidad. La realidad es que no se registraron porque ya no pueden defender, ni a la patria, ni a la familia, ni a la libertad, sin que se les recuerde que ellos mismos fueron los que las pusieron en juego.

Hace algunos meses conocimos una discusión sobre el transporte con una familia de concesionarios. En aquel momento, y en le presente, conocimos pocas voces del Ayuntamiento disidentes. Una vez más, una discusión discrecional donde la autoridad descalifica en lugar de explicar criterios para quitar 15 camiones a una sola familia, traer unidades de Irapuato no nuevas y dejar un déficit de más de 40 unidades, que sí existe, porque la población creció y las rutas se mantuvieron.

En estos meses lo que hemos visto no es una discusión seria sobre el transporte público. Lo que hemos visto son descalificaciones de la autoridad, particularmente hacia un grupo de empresarios concesionarios.

La crisis del transporte no es exclusiva de Guanajuato capital; es un desafío estructural a nivel nacional. La literatura especializada coincide: la tarifa no garantiza por sí sola la movilidad como derecho. Requiere subsidio público y regulación integral. La autoridad local puede invocar esa complejidad, pero en el caso de Guanajuato capital esa complejidad se vuelve coartada para una gestión discrecional y opaca.

Pongamos los números que la autoridad no quiere poner: hasta hace tres meses circulaban aproximadamente 150 unidades: 8 empresas formalmente establecidas, conocidas, y cerca de 30 hombres-camión, sin contar a los piratas. Un acumulado de 80 años prestando el servicio y una relación siempre de intercambios con la autoridad municipal en turno. En la última década el pasaje aumentó 5 pesos y nada mejoró.

Y tendríamos que señalar algo: muy seguramente sí hay déficit. Se presume que hay déficit porque la población ha crecido y el número de rutas se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? Por este ausente diálogo entre autoridades, concesionarios y ciudadanía. Hay una discrecionalidad completa. Lo que sí es un hecho es que hoy hay un faltante de más 40 camiones para dar un servicio digno.

De las dos empresas que se inconformaron – a una le quitaron 10 camiones, a otra 5 – hay 85 familias afectadas. Y la respuesta de la alcaldesa Samantha Smith es llamar “artilugios legales” a que hayan pedido una suspensión y decir que el Tribunal “no entiende el tema” porque les concedió la suspensión definitiva.

Ojo, no creo que sea el Tribunal el errado. El problema en la capital es otro: el municipio tiene serios temas para transparentar los procesos de concesión, como ocurre con casi todo lo que hace. Ahí es donde se vuelve discrecional y sospechoso.

El negocio de no transparentar

Y me saltan dudas que hasta hoy nadie contesta: ¿Con qué criterios se retiraron camiones solamente a una familia concesionaria? ¿Con qué criterios se permitió incorporar camiones de transporte de personal de Irapuato, con operadores de Irapuato y algunos hasta sin puertas? ¿Cuál es la lista completa de propietarios y qué requisitos se piden para ser concesionario? Se presume incluso que el número de placas es menor a los camiones “nuevos” que circulan, que se duplica el uso de las mismas placas, toda una simulación desde el propio gobierno. Y queda la pregunta velada, el rumor permanente en estos procesos: la lista alterna, la de los prestanombres, donde seguramente encontraremos autoridades y funcionarios de distintos partidos que han participado de estos cuestionables intercambios. Porque desde la perspectiva del gobierno municipal, la movilidad es un negocio, no es un derecho.

En medio de todas las prioridades que atraviesa la capital, hablar de movilidad es un tema impostergable. Uno de los muchos en un gobierno donde todo se desborda, donde todo es urgente porque se ha dejado de atender.

Las preguntas que nadie contesta

Pero lo más grave está en otra parte: en las páginas oficiales del municipio lo que se lee no son felicitaciones. Son solicitudes de ayuda, casi plegarias, a una presidenta que no contesta. Y vale la pena decirlo: las peticiones tienen nombres y apellidos que se leen todos los días e distintos espacios digitales. Hablan vecinas de El Manantial, del Cerro del Cuarto, del Cerro del Gallo, de Valenciana. Señalan la urgencia de las esperas de más de una hora, servicios que no llegan, otros más las rutas desaparecieron sin aviso.

Y refieren algo que la autoridad no ha entendido: el problema se ha agravado en periodo vacacional escolar. El gobierno municipal parece ignorar que las vacaciones escolares no son vacaciones de las familias. Por el contrario, las familias siguen moviéndose para trabajar, para dejar al cuidado a sus hijos, para resolver la vida diaria a falta de espacios escolares.

El gobierno de Samantha Smith no ha entendido que la movilidad no es tráfico. Es el derecho a llegar al trabajo, a la escuela, al hospital y volver seguro a casa. Ese derecho no es para quien se mueve en camioneta con chofer. Es para la mayoría que camina, que espera el camión que no pasa, que baja callejones sin luz.

Sin movilidad no hay derecho a estudiar, a trabajar ni a estar seguro. Democratizar la ciudad es garantizar el derecho a ser y estar en ella con dignidad. Y eso hoy no está ocurriendo.

Que el 2027 nos alcance en la parada

Mientras la movilidad se siga viendo como un tema de concesionarios y de baches, la administración de Samantha Smith la va a seguir ignorando.

Tenemos que dejar de hablar de “rutas” y empezar a hablar de derechos.

Cuando una mujer de la zona sur no puede regresar a las 9 de la noche porque el camión ya no pasó y tiene que pagar 80 pesos de taxi por una distancia de 5 minutos, no es un problema de transporte. Es que le están quitando el derecho a trabajar, el derecho a estudiar, el derecho a cuidar sin miedo.

Cuando un camión nuevo circula sin puertas, con hijas, con hijos y con bolsas del mandado cargando, no es una falla técnica. Es un mensaje: tu vida no importa.

Posdata

Estoy platicando con una compañera, usuaria permanente del transporte público desde hace más de una década, y sus reflexiones me parecen por demás pertinentes recuperarlas:

“Somos las mujeres las que más usamos el transporte público. Lo usamos con hijos, con hijas, con bolsas del mandado, con todo cargando.”

Y tiene razón. Somos las que hacemos la movilidad del cuidado. Por eso duele más lo que pasa en Guanajuato:

Si no hay camión a las 9 pm a la zona sur, tenemos que pagar, cuando se puede, transporte privado. ¿Por qué? Porque el estado y municipio no regulan de forma integral la movilidad.

En más de una década subió el pasaje, pero la seguridad para mujeres y niñas sigue igual. Hasta los camiones “nuevos” que presumió Samantha Smith entraron sin puertas.

La movilidad no es tráfico. Es el derecho a volver segura a casa sin que te castiguen por ser mujer y vivir lejos.

El pasado 13 de julio se hizo público que su esposa otorgó el perdón, con el objetivo de que el acusado pudiera llevar el proceso en libertad. El juez dará continuidad al proceso de oficio, Rodríguez Padilla seguirá en prisión. El perdón se presentó en un contexto donde el poder económico, político y familiar del acusado es un factor determinante.

En tanto, entre el 10 y el 11 de julio, medios estatales de Guanajuato publicaron una entrevista con Itzel Balderas, secretaria de las Mujeres de Guanajuato. En ella, la funcionaria declaró: “La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede recaer únicamente en las instituciones, sino que exige transformaciones de fondo y participación activa de la sociedad”.

La secuencia de hechos es verificable. La entrevista a la secretaria circuló en la prensa local entre el 10 y el 11 de julio. El perdón en el caso Rodríguez Padilla —un tema de la agenda federal— se conoció el 13 de julio. Ambas informaciones coincidieron la misma semana en la discusión pública.

Es necesario precisar: no se trata de vincular jurídicamente lo ocurrido en la ciudad de México con la política pública de Guanajuato. Se trata de observar el patrón. Mientras en medios estatales se planteaba que la responsabilidad “no recae únicamente en las instituciones”, la agenda nacional mostraba los límites que enfrentan las mujeres para sostener una denuncia, incluso con pruebas documentales y atención pública.

En Guanajuato, la fiscalía general del Estado registró más 13,847 carpetas de investigación por violencia familiar durante 2025. El Instituto para las Mujeres Guanajuatenses reporta dos refugios estatales operando. Organizaciones civiles documentan que el desistimiento y el otorgamiento del perdón son prácticas recurrentes en los procesos por violencia familiar. Las razones registradas: dependencia económica, pobreza patrimonial, amenazas y falta de medidas de protección efectivas, entre otras.

Cada vez que una mujer otorga el perdón a su agresor, quienes tendrían que pedir perdón somos nosotros como sistema. Pedirles perdón a ellas. A las mujeres que han vivido violencia. Porque este sistema no termina de reconocer las asimetrías. Porque en Guanajuato, nombrar lo estructural sin desmontarlo es administrar la violencia, no erradicarla.

El fondo es estructural. En el ámbito federal o en el estatal, el perdón aparece cuando no existen garantías de autonomía económica, protección real y acompañamiento jurídico gratuito para la víctima. La declaración de la secretaria Balderas, difundida en medios locales, nombra la corresponsabilidad social. Los hechos difundidos a nivel nacional la misma semana muestran la responsabilidad institucional pendiente.

También vale la pena agregar: hacer eventos masivos como los que ha estado organizando gobierno del Guanajuato para las mujeres no es promover participación civil, es llenar auditorios. La violencia no se acaba con aplausos. Se acaba con poder de decisión ejercido. Se acaba con políticas públicas. Se acaba con presupuesto. Se acaba con transversalización institucionalizada. Y ese poder lo tiene Balderas, no las ciudadanas. Nosotras no tenemos el poder que en su conjunto tiene hoy una titular de una dependencia convertida en secretaria.

En declaraciones públicas a propósito del asesinato de cuatro mujeres buscadoras en Guanajuato, la Secretaría de las Mujeres señaló que ante cualquier agresión “siempre hay una condena y una deuda del Estado”. La titular omite que ella encabeza esa instancia. Identificar las deudas, nombrarlas y asumirlas con plazos y responsables es competencia de la Secretaría. Cuando un servidor público reduce su respuesta al pésame o a la indignación, traslada la responsabilidad y evade su función ejecutiva.

La “transformación de fondo” requiere presupuesto etiquetado, personal capacitado y mecanismos de ejecución. Sin esos elementos, el llamado a la “participación activa de la sociedad” traslada la carga a las víctimas. El caso Rodríguez Padilla lo documentó a nivel nacional. Las carpetas de investigación y asesinatos de mujeres lo documentan a nivel estatal.

Mientras el Estado, a través de Itzel Balderas, nombra lo estructural sin intervenirlo, el perdón seguirá siendo la política pública no escrita. En lo federal y en lo local.

Posdata.

No puede haber distingos cuando hablamos de violentadores: hay violentadores. El caso de María Felicia Jiménez y Víctor Rodríguez Padilla lo prueba: poder público no es garantía de justicia paritaria. Es garantía de impunidad ampliada.

Y como si no fuera suficiente la realidad que tenemos en Guanajuato, ahora medimos agresores. Una diputada local en entrevista señaló a uno y disculpó a otro. Los medios le dan micrófono al que golpea y silencio a la que denuncia. Entender la violencia es identificar, en un ejercicio de mucha honestidad, que mientras haya categorías de agresor, habrá categorías de víctima. Y habrá perdones que no son perdón. Son rendición.

1. Los semáforos que nadie pidió

Un contrato de 58 millones de pesos, de pronto aparecieron. Semáforos nuevos, colocados, comprados. ¿De qué estudio de movilidad derivan? ¿Quién los asignó? ¿Con qué presupuesto? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que no mejoraron la calidad de vida de nadie. El enojo social fue tal que, aunque ya están puestos, hoy “se revisan”. Gobernar no es instalar fierros para luego preguntar si servían. La transparencia no es un trámite posterior, es el origen.

2. Transporte público reciclado

Retiró concesiones. Ingresó otras. Y de nuevo, lo claro oscuro. Las unidades no son nuevas: son de Irapuato, usadas para transportar personal. Los choferes no son de la capital, no conocen calles y trayectos. La administración tuvo que salir a dar explicaciones porque cada vez que tocan el transporte, todas y todos cuestionamos los negocios que hay de por medio. La ciudadanía ya no pregunta “¿esto mejora mi traslado?”. Pregunta “¿quién se benefició?”.

Y hay algo más grave: no existe evidencia pública que acredite que el servicio mejoró. No hay estudios de tiempos de traslado, ni encuestas de satisfacción, ni datos de cobertura antes y después del cambio. Gobernar el transporte sin evidencia es gobernar a ciegas. Y cuando se gobierna a ciegas, la única ruta que queda es la reversa: salir a justificar lo que no se puede demostrar.

3. El comercio informal y el video que confirma la asimetría

La tesorera salió a explicar los permisos de ambulantaje. Habló de 24 permisos y de transparencia. A los días, la presidenta presenta un video con una presunta vendedora diciendo: “a mí no me han pedido nada, todo ha sido transparente, gracias presidenta”. Un video no es transparencia, es propaganda.

¿Quién asesora que una autoridad, con una relación asimétrica frente a la ciudadana, le pregunte a cámara si le piden dinero? ¿En qué ejercicio de libertad esa mujer podría decir lo contrario? No solo falta manejo de recursos. Falta equipo de comunicación y sobra cinismo.

Pero el problema no es solo el video. Son los 24 permisos. La autoridad habla de 24 permisos formales, pero las banquetas están saturadas, las plazas están saturadas, la subterránea está invadida en ocurrencias. No hay coincidencia. No hay contraste lógico entre el papel y la calle. Si solo hay 24 permisos, ¿quién autorizó al resto? Y si no los autorizaron, ¿por qué el gobierno los tolera y luego los usa para videos?

El gobierno está en crisis

Son tres decisiones en dos semanas. Tres salidas a explicar lo inexplicable. En las tres dudamos: ¿Quién tomó la decisión? ¿Con quién? ¿En qué condiciones? Y en las tres la respuesta es la misma: ningún beneficio para la ciudadanía.

No confiamos ni en el gobierno de Samantha Smith ni en sus colaboradores, como tampoco lo hicimos con la administración de Alejandro Navarro. El gobierno está en crisis. Y la mayor prueba de que está en crisis es que mientras ella gobierna, él cogobierna y también está en campaña.

Estar en el gobierno para convencer a la ciudadanía de su permanencia no es suficiente. Están en el gobierno, manejan recursos públicos, toman decisiones, tienen personal… pero no les alcanza.

Y la mayor prueba de la crisis es que Alejandro Navarro cree que lo necesitan en la calle. Cree que lo necesitan, y por eso sale. Pero su presencia no resuelve: también genera caos porque evidencia lo que la presidenta no hizo. Cuando él va y entrega despensas a mujeres del comercio informal, lo único que exhibe es la falta de oportunidades que el gobierno de Samantha Smith ha dejado de generar para que esas mujeres tengan empleo. Él no apaga el incendio. Lo documenta.

Necesitan al expresidente en territorio porque la presidenta ya no puede sostener el gobierno desde el despacho. Y ni juntos alcanzan. 

Colofón: La foto que los delata 

Y por si faltaba algo, esta semana el hijo de la presidenta, Saúl Navarro, publicó una foto cargando a una mujer en la comunidad de Santa Rosa para cruzar el agua. Lo presentó como acto heroico. Lo que exhibió fue otra cosa: años de deuda con las comunidades sin caminos seguros, la exposición sin permiso de una mujer vulnerable, y la precarización que usan como escenografía. Guanajuato no necesita mesías que posan en el agua. Necesita gobiernos que construyan puentes.

En Guanajuato capital, con más de 194 mil habitantes, está en marcha la renovación de la Contraloría Municipal. El proceso debería garantizar un contrapeso ciudadano real al Ayuntamiento, después de casi nueve años bajo el gobierno de una sola familia. Sin embargo, ocurre en un momento revelador: pleno junio, entre las fiestas de San Juan y Presa de la Olla, cuando la atención pública está en las tradiciones.

La Secretaría del Ayuntamiento informó que siete personas se inscribieron a la convocatoria del 17 al 22 de junio. De esa lista, al menos cuatro son servidores públicos de la actual administración:

1. Julio Ortiz Vázquez, coordinador administrativo de SIMAPAG.
2. Israel Waldo Jiménez, funcionario municipal.
3. Homero Ramos Aboites, en funciones dentro del gobierno.
4. Mauricio Bernando Josafat Nuñez, también en nómina municipal.

Como excepciones destacan dos perfiles externos:

El Mtro. Luis Carlos Verver y Vargas Funes: académico universitario y Vicepresidente General del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), figura con autoridad técnica en fiscalización a nivel nacional.

Y la única mujer en la lista: Luz María Briseño Díaz, contadora pública, quien de acuerdo con la versión pública de su currículum tuvo como último cargo la Dirección General de Administración en la Sociedad Matemática Mexicana y establece su domicilio en la ciudad de Querétaro.

El riesgo no es teórico. Ya ocurrió con SIMAPAG. Ludovico Mata, empleado municipal, se inscribió en la convocatoria para renovar consejeros y “casualmente” no solo quedó como consejero: quedó como presidente del Consejo. En otros casos, de la convocatoria únicamente se enteraron personas cercanas a regidores, familiares y esposas, quienes fueron designados. La ruta es clara: convertir todos los espacios que surgieron como ciudadanos en espacios patrimoniales y extensiones del gobierno municipal.

¿Para qué sirve una contraloría a modo? Para muestra, el saldo del contralor saliente, Pedro Pablo Cardona. Un medio de comunicación informó en septiembre pasado que durante su encargo recibió apenas 45 denuncias: 14 concluidas y 31 pendientes. Por confesión de parte, sabemos que de lo poco recibido hay una gran carga de trabajo sin resolver. De lo concluido, destacaban tres asuntos de acoso y el robo de una cabeza de puerco.  (Ver nota completa en: Contraloría de Guanajuato capital reparte sanciones por acoso y el robo de una cabeza de puerco – Periódico AM)

¿Y las auditorías a la autoridad? Cero. A quien tiene que ver como par, con su respectiva distancia —una presidenta o presidente municipal—, no pudo auditarle absolutamente nada: ni concesiones, ni convocatorias, ni decisiones de gobierno. La Contraloría de Guanajuato ha sido de trámite.

Será a mediados de julio cuando se determine al o a la elegida. Todo indica que será “el elegido”. Hoy por hoy, publicar esta lista en medio de las festividades tradicionales parece un albazo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tenemos todos los elementos para desconfiar de su imparcialidad y de su futuro desempeño como contrapeso de una autoridad cuestionada una y otra vez por falta de transparencia.

Ahora mismo destaca el tema de la movilidad municipal respecto a las concesiones de los camiones públicos, compra e instalación de semáforos y un largo etcétera. Con los antecedentes de Cardona, ¿quién garantiza que el próximo contralor sí audite esos contratos millonarios?

Con un vicepresidente General del IMCP y una contadora pública externa, el Ayuntamiento ya no puede argumentar falta de perfiles ciudadanos o técnicos. Los hay. Si el próximo contralor sale de la nómina municipal, Guanajuato no tendrá contraloría. Tendrá oficialía de partes, como la que deja Pedro Pablo Cardona.

Las fiestas pasan. El cargo dura tres años. Tendremos que estar atentas. Tendremos que estar atentos.

1. Nota al pie: Nota al pie: ¿Qué es un ciudadano para el PAN?

En diciembre de 2024, el gobierno municipal lanzó la convocatoria para el Comité Municipal Ciudadano, vigente de enero 2025 a enero 2029. Entre sus facultades: participar en la elección del titular de la Contraloría Municipal. Es decir, la ley prevé un contrapeso ciudadano real.

Pero el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ya lo aclaró esta semana: “El PAN no es un partido de ciudadanos, es un partido de militantes”. En Guanajuato capital eso se traduce así: de Ludovico Mata en SIMAPAG a los cuatro perfiles en nómina para contralor, la ciudadanía es solo trámite.

Si todo lo que tocan lo hacen patrimonio, del Comité Ciudadano hay poco que esperar. La ley dice “ciudadanos”. Ellos entienden “empleados”.

2. Nota el pie. ¿Y nosotros qué? El desencanto no audita concesiones. El contralor sí, o debería

Seamos honestos: dejamos de vigilar a los contralores porque nos decepcionaron. Se volvieron empleados del poder.

En el gobierno de la panista Samantha Smith, el contralor fue invisible. ¿Obra pública? ¿Pleitos de funcionarios en el Mercado Hidalgo que luego aparecen como asesores? Nada.

Entiendo el desencanto. Pero la nómina la seguimos pagando nosotros. Y mientras no inventemos otros contrapesos, estos son los que hay. A estos hay que exigirles.

Esa vez escuché muchas voces sumarse. Ciudadanas que coincidían: si las fiestas son del pueblo, que las mujeres del pueblo participen y enriquezcan el proceso. Que se reivindique el trabajo de las mujeres, no un reinado.

En aquel momento también, en franca minoría se hicieron presentes otras voces: las del privilegio argumentativo, “no cualquiera puede ser reina porque para ir a Ashland hay que tener visa”. Y no cualquiera tiene dinero para vestidos, porque el municipio solo aporta una parte. Esa lógica exhibe una sociedad donde no estamos representadas todas.

Trece años después, esta semana, la presidenta municipal Samantha Smith presenta —sin sorpresa— a dos jovencitas como reina y princesa. Sin convocatoria abierta. Sin proceso distinto. Elegidas, otra vez, a puerta cerrada.

En Europa, de donde viene la tradición monárquica, hoy vemos a mujeres de la realeza en la milicia o en ayuda humanitaria con enfoque de política pública. Aquí, la figura de la reina sigue anclada a “actividades rosas”, asistencialistas. Es un contrasentido para el llamado tiempo de las mujeres. Más grave cuando quien gobierna es, por primera vez, una mujer.

León ya probó que se puede cambiar. 

En 2013, durante la administración de Bárbara Botello, PRI, en León se desplazó y sustituyó la figura de las reinas. Fue propuesta de la entonces regidora del partido verde, Beatriz Manrique, quien en acuerdo con la alcaldesa impulsó transitar hacia espacios de participación para mujeres jóvenes, no de ornamento.

El gobierno de Alejandra Gutiérrez, PAN, ahora MC, reinstaló la figura. Ahí está el sesgo: perpetúan tradiciones que les permiten discrecionalidad con algunas familias.

Pero el problema es más amplio. La gran mayoría de municipios, no solo de Guanajuato sino del país, mantiene esta práctica. En Silao, la presidenta municipal Melanie Murillo anunció la semana pasada que habría una reina por cada comunidad y que sería elegida con “otro tipo de méritos”. Se trata de una propuesta más abierta, sí. Pero la denominación sigue cargando estereotipos: ¿por qué solo las mujeres debemos ser “reinas”?

La pregunta real es otra: ¿por qué no nombrar el reconocimiento desde lo que importa? El trabajo, la capacidad, las aportaciones de mujeres jóvenes que hacen gerencia en su comunidad. Que el mérito sea liderar un proyecto de agua, de salud, de seguridad para otras mujeres. No portar una corona.

El dato es claro: En 2013, mientras yo habría este debate aquí, en León ya cambiaban el modelo. Si León pudo desplazar la figura con un gobierno del PRI y reinstalarla con uno del PAN, es decisión política, no mandato histórico. Guanajuato capital ni siquiera ha dado el debate.

La única política para las jóvenes: una corona

Y aquí está la afrenta mayor: en una ciudad capital donde preexiste la violencia contra las mujeres, la única propuesta visible para las jóvenes parece ser hacer reina a la hija de una familia cercana.

El gobierno de Samantha Smith no mide. No diagnostica. No acota. Gobernar en el tiempo de las mujeres no es repartir coronas. Es garantizar que jóvenes de las comunidades de La Trinidad, El Zangarro y El Chocolate caminen seguras a su casa. Es entender que las mujeres de la comunidad de Santa Teresa no viven igual que las de la zona centro. Es asumir que la falta de iluminación pública sigue siendo un escenario para que sean atacadas.

No existe política pública para ellas. No hay empleo. No hay prevención con presupuesto. No hay rutas seguras. No hay apoyos educativos sostenidos. No hay albergues ni casas de transición sufragadas desde lo municipal. La falta de caminos y de transporte les duplica el riesgo y el cansancio para sus jornadas escolares y laborales. La ausencia de centros de salud cercanos a sus localidades la pone en desventaja sobre cualquier practica de autocuidado respecto a las que viven en cabeceras municipales.  Hay reina. Y la reina va a Ashland.

Las pocas oportunidades que hay para participar están acotadas. Para acceder a esa representación tienes que ser hija de una familia cercana a la autoridad. Tienes que ser invitada. No postulada. No elegida.

El contrasentido del tiempo de las mujeres

Samantha Smith repite “tiempo de las mujeres”. Ella repite sin cuestionar. No habita el significado.

Es la primera presidenta municipal, pero solo eso. No es pionera de las transformaciones ni del entendimiento que requieren hoy las mujeres. Repite las mismas prácticas: excluir para privilegiar a su círculo.

Si no puede abrir ni la elección de una reina, ¿qué proceso sí abrirá?

El cuestionamiento no es a las chicas elegidas ahora ni antes. Es a la autoridad que no dimensiona cómo abona a la exclusión y al privilegio en decisiones tan relevantes como la representación de nuestras fiestas.

Nosotras queremos piso parejo para todas. En todo. Incluyendo los reinados.

En el tiempo de las mujeres, las coronas a puerta cerrada no alcanzan cuando la ley exige medir violencia feminicida y en los callejones sigue sin luz.

Si en 2026 no se puede democratizar ni una reina, la única que se quedó en el siglo pasado, en los gobiernos de perpetuación de privilegios, en el gobierno de los otros, es Samantha Smith.

La que sí entiende

Mientras las presidencias municipales debaten cómo repartir coronas, en la telesecundaria de la comunidad San Antonio, en Silao, Julieta Gutiérrez, una maestra, propuso a sus estudiantes una adaptación de la poesía “México, país horror”, del autor Alejandro Merino, homenaje a las víctimas de feminicidio: nombrarlas, explicar por qué duele, hacer visible lo que el poder oculta. Ella ve el potencial de las jóvenes y lo encausa: no para adornar una fiesta, sino para defender la vida de otras. Ahí hay pedagogía del poder. En los palacios municipales, todavía hay monarquía.

[Nota al pie en tiempos de monarquía] 

Hace trece años hubo voces que salieron en defensa del privilegio. Hoy invito a esas voces, y a otras, a que el debate sea más amplio: no cuestionamos a las chicas elegidas; cuestionamos a una autoridad que promueve la división y la exclusión entre nosotras. Invito a no defender posiciones propias, sino a pensar desde el legítimo deseo que pueden tener muchas otras mujeres jóvenes en la capital de aspirar a representar las fiestas de su ciudad.

Dos años. Dos años planeamos esta entrevista Adriana Guzmán y yo. Dos años desde que una mujer de Uriangato, sorpresivamente, asumió la presidencia de Morena en Guanajuato. El partido de oposición al PAN, el mismo de hace tres décadas.

Hace semanas, por fin, me recibió en su oficina. Lo primero que vi: flores. Muchas. Bien cuidadas. Hablan de ella. De la paciencia para ver crecer. Del empeño en sostener. La misma paciencia que ha tenido en la arena política: esperar una posición de representación, administrar silencios, elegir batallas. No se le conocen confrontaciones. Se nombra conciliadora, observadora, de escucha activa.

En septiembre de 2027 termina su cargo. Pero antes, en octubre de este año, Morena define perfiles para la elección que viene. ¿Qué sigue para Adriana? ¿Qué sigue para Morena frente al PAN? De eso hablamos. De quién es. De sus áreas de interés. De su relación con la gobernadora. De cómo visualiza a un partido que creció de 3 a 13 municipios mientras el PAN administraba el mismo poder de siempre.

Esta es esa entrevista. Dos años después. Con un año todavía al frente de un partido que no escapa a la complejidad, a la confrontación, a los grupos, a los intereses, a un dinamismo que lo pone al límite cada vez. Quedamos de volver a platicar en octubre, cuando defina sus siguientes pasos.

Y es que, en toda la conversación, Adriana se muestra prudente. Cuidadosa de las reglas electorales, sí. Pero, sobre todo, cuidadosa de su propio proyecto. No pierde de vista ni un segundo que quien habla es Adriana Guzman, la presidenta de Morena en Guanajuato. Frente al PAN de 30 años. En un estado donde cada palabra pesa.

—Soy Adriana Guzman Serna -arranca-, mujer de 46 años, madre de tres hijos, profesionista, esposa, compañera, morenista por convicción, luchadora social y política por naturaleza…Mis causas son la mujer, las juventudes, los niños.  Me interesa que las mujeres no tengan miedo a participar y luchar por sus derechos —

Se nombra mujer y madre antes que política. En Guanajuato, en un Uriangato que lleva años administrando un modelo conservador que le dijo a las mujeres dónde quedarse, ese orden es postura.

— Desde estudiante me interesó participar, desde pelear para que nos pavimentaran la calle. Tuve como ejemplo de ese liderazgo a mi padre Jorge Guzman. Somos cinco hijos, mi madre Guillermina Serna y mi padre se dedicaron siempre al comercio —

Licenciada en Informática por el ITESUR, Adriana Guzmán estudió eso por geografía, no por vocación. La decisión familiar: que no saliera de Uriangato. La política era lo suyo. Entró a los 18. A los 23 ya era regidora. “Era un Uriangato distinto”. Lo que no cambió: el cuestionamiento a las mujeres que hacen política.

Del territorio a la dirigencia

Mujer de relaciones largas. La frase le queda al matrimonio y a la política. A la regiduría le siguió la vida migrante. Una elección obligada, como la de más de la mitad de Guanajuato que sale a buscar oportunidades.

En 2013 regresa y se integra a la campaña del candidato a la presidencia municipal.  Y en 2017, la invitación que cambió todo: sumarse a Morena. Ajuste de destino definitivo que vendría de la voz de Manuel Álvarez Cos, un político de cepa morenista.

De ahí, al territorio. Servidora de la Nación. El programa estrella de López Obrador. Ahí tejió alianzas con la militancia y hacia adentro del partido. Era la antesala de 2018. Del triunfo de Andrés Manuel.

Morena en Guanajuato era testimonial. El PAN llevaba 26 años gobernando. Irse a tocar puertas con un chaleco guinda era nadar contra casi tres décadas. Ella y muchos lo hicieron.

En 2020 busca una diputación federal. No llega. Regresa al trabajo de base. Para Adriana, perder la encuesta y aceptar el resultado no fue disciplina: fue proyecto. Esa lectura la mantuvo adentro.

En el 2022 será designada consejera estatal por el distrito X. La antesala. Siete años sin renovación de dirigencia y la elección, por regla de género, debía recaer en una mujer. Adriana quedó electa con 74 votos. Dos en contra. Mayoría aplastante que le dotó de legitimidad para arrancar su gestión frente a los grupos.

—En aquel momento no medí la magnitud —reconoce—. Cuando me propusieron, lo acepté sin temor. Tenía experiencia en distintos espacios con las militancias —enfatiza el plural.

El plural no es accidente. “Yo no los nombro grupos. No los distingo como grupos. Yo reconozco a morenistas y a militancias”, corrige cuando le pregunto cómo dirige la diversidad interna. Donde otros ven tribus, ella ve base. Donde otros administran cuotas, ella habla de heterogeneidad.

Pero esa articulación tiene costo. —También ha sido duro —admite—. De la Adriana que aceptó el partido a la de hoy, hay aprendizaje a costa de experiencias en primera persona. La elección pasada, por ejemplo. Asumo que no fui la única para quien el resultado fue duro. Muchos morenistas pasamos por ahí.

No se esconde en la derrota. La nombra. Y con ese aprendizaje gobierna hoy 13 municipios.

—El día que me nombraron, para muchos era un perfil poco conocido —reconoce—. Tardé meses en dar posiciones en prensa. Esas vocerías las ocupaban otros miembros del comité.

No le molesta. —Cada quien tiene su espacio. No se trata de asumir silencios.

Lo dice sin reclamo. En dos años, los medios poco a poco le han abierto el espacio que al principio no tenía. Hoy habla ella. Porque tiene muy claro que la presidenta es ella.

De la dirigente que dejaba hablar a otros, a la dirigente que aumentó municipios y distritos, asume que la tarea ha sido colectiva.

El silencio no era ausencia. Era estrategia.  Ya ha comenzado a hablar la presidenta.

El reto: ser oposición al PAN

-Para mí, uno de los mayores retos como presidenta es ser oposición al PAN, un partido con más de 30 años en el gobierno. El reto político era y es muy importante-.

Y pone números. Cuando llegó: tres municipios gobernados por Morena. En 2024: trece. De dos diputados federales a nueve. De ocho diputados locales a once. “El crecimiento ahí está. No es solamente mi trabajo, pero he aportado una dirigencia, un equipo, una coordinación y el siempre sumar”. Ser oposición en Guanajuato no es gritar. Es crecer.

Y hablamos de lo que no pasó.

—¿Te has reunido con la gobernadora Libia Dennis Muñoz Ledo?

—No —responde sin rodeos—. En alguna ocasión lo hice con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo. Pero con la gobernadora no ha habido diálogo directo.

Insisto. En Guanajuato la política se mide en cafés, en fotos, en desayunos. ¿No la has buscado o no te ha buscado?

—La ideología es muy clara una cosa es el gobierno, otra es el partido —dice—. Sabemos quiénes somos. Ella sabe quién soy yo. Yo sé quiénes son ellos. Nos identificamos, nos saludamos cordialmente, pero no ha habido ningún encuentro.

El diálogo, explica, “ha transcurrido a través de los legisladores”. Y lo asume como “una postura de respeto al trabajo que se hace desde lo legislativo”.

Aquí el dato: PAN, PRI, Verde, MC. Todas las dirigencias estatales ya pasaron por el despacho de Libia Dennis. Morena es la única que no.

—¿Estarías cerrada a un encuentro?

—No —matiza—. Estoy consciente de que los encuentros pueden tener beneficios para Guanajuato.

No hay ruptura. Hay cálculo. Morena es el único partido sin reunión con la gobernadora. Adriana lo explica como respeto al trabajo legislativo y claridad ideológica. La prudencia es su proyecto. También su límite.

Y el proyecto tiene calendario. Sobre 2027, mide cada palabra. Evita hablar de aspiración concreta. Insisto. Guarda silencio.

Y ese silencio tiene nombre. Ella misma lo pone: —Los silencios que a lo largo de la entrevista me has cuestionado, yo los nombro desde una posición de expectativa, de observación y de preparación.

No es que no quiera. No es que se guarde. Es que observa. “Hay que estar listas. Hay que estar preparadas”, repite. Lo dice para todas. Pero también lo dice para ella Lo asumo como responsable de esta entrevista: tendría todo el derecho de buscar una posición. Lo que sí deja claro es que, ocurra lo que ocurra, permanecerá dentro del movimiento.

Porque el método en Morena es la encuesta. Y la encuesta llega en octubre de 2026. Esa fecha define si concluye su periodo completo o entrega antes para que entre quien encabece la boleta. Ella no lo confirma. Yo lo asumo: en Morena nadie tiene lugar seguro. Ni la presidenta aumentó en su dirigencia números y territorio. La encuesta puede ratificarla con nuevo espacio. O jubilarla por una temporada.

Por eso no habla de 2027. Habla de 2030. —Lo aprendido y lo vivido —responde cuando le pregunto qué se lleva de la política—. Tengo muy claro el objetivo: ser oposición y ser gobierno en el 2030.

Colofón: Lo que no cabe en la tarjeta 

—¿Y la alternancia para quienes la dudan? –le pregunto antes de despedirnos.

—Hay inconformidad por la inseguridad. La tarjeta rosa no podrá contenerla.

Valeria tenía 7 años. Era de Irapuato.

Por eso Adriana Guzmán no habla de 2027. Habla de estar preparadas. De observación. De expectativa.

En octubre de 2026 viene la prueba de liderazgo: definir candidaturas y mantener unido al partido.

En 2027, con el aprendizaje de 2024, Morena mide si está listo para que la tarjeta rosa deje de ser la única respuesta.

Es insostenible. No se puede hablar de derechos humanos de las mujeres y criminalizar el aborto en Guanajuato. Un territorio feminicida. Y aun así, el PAN sigue debatiendo si merecemos decidir. Sigue precarizando desde su voz, desde su voto, desde su gobierno. Por eso existe ese libro. Porque el abandono aquí no es nuevo tiene 30 años desplazando la agenda de los derechos humanos de las mujeres para imponer la agenda de sus grupos conservadores. Grupos que no solo administran desde el PAN: son el PAN. Por eso legislan con rosarios y votan con pañuelos azules.

¿De qué va el fondo? De nombrar al responsable. De dejar de hablar de “el Estado” como si fuera un ente sin cara. El Estado que abandona, criminaliza y mata mujeres desde hace 30 años tiene nombre, apellido y logotipo: PAN. Por eso regatean la despenalización del aborto. No es moral. Es control. Despenalizar es perder poder. Es soltar el control sobre nuestros cuerpos. Y el PAN no gobierna Guanajuato para servir. Gobierna para tutelar.

Esto que sí ocurre: testimonios que el PAN no quiere leer

El libro no es abstracto. Tiene nombres. Sofía cuenta que fue al hospital después de usar misoprostol para confirmar que el aborto hubiera ocurrido. Ahí le hicieron una prueba de embarazo. Salió positiva. La doctora llamó a la trabajadora social. “Ambas me dijeron que en el estado donde vivo el aborto está penalizado, me explicaron que era considerado un delito y que tendrían que llamar al Ministerio Público”, escribe. “Me quedé en shock”.

Esto que dicen que no ocurre, sí ocurre. Esto que niegan en el Congreso quienes votan en contra de la despenalización por señalar que “a nadie meten a la cárcel”, sí pasa. Las mujeres son puestas en el banquillo. Son juzgadas. Son criminalizadas. De ahí la gravedad de mantener la penalización: del hospital al Ministerio Público. Esa es la ruta que el PAN diseñó en Guanajuato desde hace 30 años.

Sofía no usó anticonceptivos. No lo hizo por elección, por obligación o por desconocimiento Las razones son muchas. Y ahí está el otro crimen: 30 años prometiendo educación sexual y negándola en los hechos. Cada sexenio lo anuncian. Este también. Pero no entra a las aulas porque no la dirigen como política pública obligatoria. La negocian. La simulan. Dan por sentado que todas tendríamos que conocer nuestro cuerpo y nuestros derechos. ¿Cómo? ¿En un estado tan inhóspito de información?

Por eso el Ministerio Público. Por eso el miedo. Por eso la red. Porque si el Estado-PAN abandona, nosotras acompañamos. Sofía lo deja claro: sin la red, su historia sería cárcel o muerte. Con la red, su historia es libro. Es testimonio. Es prueba.

Y no es casualidad. Esto lo platiqué alguna vez con Luciana Weiner, autora de _Fortuito: La criminalización del aborto en México_. Ella lo documenta: la criminalización no es un error del sistema. Es el sistema. En Guanajuato se diseñó para operar justo así: del hospital al Ministerio Público. De la trabajadora social a la carpeta de investigación. Por eso Sofía no es “un caso aislado”. Es el método. Es la política pública del PAN desde hace 30 años.

Weiner lo llama fortuito porque así lo nombra el Estado: como si caer en la cárcel por abortar fuera un accidente. Pero no hay nada de fortuito cuando tienes tres décadas de gobiernos panistas sosteniendo el tipo penal, negando educación sexual y operando con los grupos conservadores que usan el Código Penal como rosario.

Ahí está la tesis de Luciana y la prueba de Sofía: en Guanajuato no se criminaliza por casualidad. Se criminaliza por diseño.

El libro no solo documenta el presente. Rompe 30 años de silencio. Está el testimonio de Virginia. Hace tres décadas, con miedo y con razones propias, accedió a un aborto. Lo hizo en el quirófano, con médicos, por ayuda de su pareja. Años después, un 8M, se vio frente a una iglesia. El templo protegido por una cadena de mujeres con pañuelos azules y rosarios entre los dedos. Otras les apuntaban con imágenes de la virgen cargando a su hijo. Y entonces Virginia gritó. Gritó por todos los años que calló: “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. Alzó el puño y vio el amor que la rodeaba. La rabia de todas. El motivo para estar ahí.

“Los abortos se seguirán practicando, pero en sus manos está lograr que dejen de ser riesgosos”, les dice Virginia a los legisladores. A los del PAN y sus aliadas. A los que hoy votan en contra diciendo que “a nadie meten a la cárcel”. Su testimonio es el de muchos silencios que hoy pesan como lápidas en los cuerpos de las mujeres. Silencios por culpa. Por terror. Por lo que la sociedad —y el Estado-PAN— nos dijo que era pecaminoso. Que era solo responsabilidad de las mujeres.

Porque en la criminalización no se cuestiona la responsabilidad de ellos. Toda la ira, todo el señalamiento, todo el dolo recae sobre los cuerpos, sobre la vida, sobre las conciencias de las mujeres. Nunca sobre los hombres. Nunca sobre el Estado que abandona. Nunca sobre el PAN que legisla y penaliza.

Treinta años. El testimonio de Virginia es de hace 30 años. El PAN lleva casi el mismo tiempo gobernando Guanajuato. Treinta años de silencio oficial, de rosarios en curules, de pañuelos azules legislando sobre nuestros cuerpos. Treinta años abandonando. Por eso el libro. Por eso las redes. Por eso el grito.

Es mentira que les importemos. 

Si les importáramos, Guanajuato no sería el estado donde abortar te puede llevar a la cárcel, pero parir te puede llevar a la muerte por falta de atención. Si les importáramos, la Secretaría de las Mujeres no sería una oficina decorativa: sin presupuesto, sin dientes, sin estrategia técnica para erradicar la violencia. La hicieron transitar a secretaria para que nada cambiara. Porque atender la violencia real implica soltar el discurso de “protección”.

El libro lo dice claro: nosotras te acompañamos. Porque el Estado-PAN no lo hace. Las redes lo hacen. Las mujeres lo hacen. Mientras ellos debaten si somos delincuentes por decidir, nosotras ya resolvimos acompañarnos para no morir.

La Corte ya ordenó al Congreso del Estado legislar. Hay plazo. Pero el PAN estira, simula, mete el tema a la congeladora. Cada día que regatean, una mujer arriesga su vida o su libertad.

Despenalizar no es ideología. Es dejar de usar el Código Penal como anticonceptivo. 

El PAN lo sabe. Pero prefiere tenernos con miedo, con culpa, procesadas. Porque una mujer con miedo no exige. Una mujer criminalizada no vota libre. Una mujer muerta no cuenta.

Hoy el libro pone el dedo en la llaga: Si el Estado te abandona… y en Guanajuato el Estado es el PAN. Entonces ya sabemos quién nos abandona. Ya sabemos a quién hay que señalar.

Treinta años de abandono tienen nombres. Treinta años de resistencia, también.

A Sofía, Jessica, Nayeli, Edith, Joseline, Virginia, María, Arelí, Elizabeth, Luz Alejandra, Maryra, Marissa: gracias. Por enarbolar desde su trabajo y su compromiso que las mujeres sostenemos a otras mujeres. Por su persistencia. Por su resistencia. Por su avance. Por no detenerse.

Porque ellas nos acompañan. Y nosotras las acompañamos a ellas.

Cuando el poder dice “Guanajuato se defiende” o “yo lo defenderé”, no habla de protegernos. Habla de tutelarnos. Nos ven como menores de edad, incapaces, sin voz propia. Y ahí está la trampa: quien se nombra tu defensor, se nombra tu dueño.

Samantha Smith decidió rotular su camioneta. La pintó de su color, le puso su frase, la convirtió en consigna. Lo hizo con sus recursos, presume. Primer error: gobierna Guanajuato de tiempo completo. No es ciudadana de fin de semana.

La frase “a la chingada” ya no es desahogo. Es programa de gobierno. Es el reduccionismo hecho política pública. Un gesto que cualquier vecino puede lanzar en Facebook, pero que en una alcaldesa revela ausencia de proyecto.

Samantha optó por el sitio de lo común. Lo mismo grita “a la chingada Morena” que responde con albures de banqueta cuando la confrontan con las pintas. ¿Qué busca? ¿Aplauso fácil? ¿Que la acompañemos en la ocurrencia? Subestima al ciudadano. Cree que la vamos a seguir al barro cuando lo que exigimos es altura.

Hay que reforzar algo: esta no es solo una ocurrencia personal. Es parte de la campaña nacional del PAN que dice querer “protegernos”. Esa mirada de protección que la historia nos muestra termina en retroceso. Es una afrenta a la ciudadanía. Cuando el PAN ha intentado proteger a las mujeres, se traduce en invalidar derechos, en infantilizarnos. Ahora no es la excepción. Traen esta cruzada de “defendernos”. Es peligroso e irresponsable. Es una campaña que hay que exhibir, leer y confrontar, sobre todo frente a los pocos resultados de los panistas, de la familia panista de la capital.

Siempre tuvo limitaciones para gobernar. Hoy las confirma. En días pasados tomó el micrófono en un evento con Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Ahí alzó la voz, histriónica, para cuestionar a Morena: ¿Dónde está la salud de Dinamarca que prometieron para México? ¿Dónde está la seguridad que prometieron para México? ¿Dónde están esos programas que prometieron para México?

Y aquí el detalle clave: la mirada de Jorge Romero. Quiso acompañarla, pero dudó. Fue un gesto que lo retrata. Es como si supiera lo que ocurre en la capital y no pudiera respaldarla del todo. El resto asentía. Desde la distancia parecían seres sin vida, aplaudiendo a la extranjera. Porque eso es Samantha en ese foro: una extranjera a su propia realidad. No tiene ninguna autoridad moral para preguntar eso.

Ella le pregunta a Morena. Y las y los guanajuatenses le preguntamos a ella

Ahora hay que parafrasearla. ¿Dónde está la seguridad que prometió para la capital? ¿Dónde está el turismo con el que iba a crecer la ciudad? El único crecimiento visible es para los negocios familiares. Pensemos en el caso específico de las momias: patrimonio cultural que sobrevive, que sobrevive… a duras penas. Los números confirman cuánto ha disminuido el acceso. Un museo que se cae a pedazos. Comercios aledaños en espera de clientes que no llegan.

Pero el problema no es solo el museo. Es la ciudad. Desorden en calles y callejones. Decadencia a plena luz del día y oscuridad por falta de iluminación. Un deficiente sistema de recolección que deja basura acumulada. Ausencia de un espacio digno para el tratamiento de residuos. Falta de seguridad pública en zonas que antes eran transitables. Cero profesionalización de los servidores públicos: improvisación por norma. Obra pública inexistente, salvo escenografías LED que ya se oxidan. ¿Dónde está lo que ella prometió?

De autocrítica, ni una palabra. De sus promesas, silencio. Es falso que Guanajuato esté más ordenado. Es falso que garantice oportunidades para todos. Es falso que crezca el producto turístico y con él la derrama económica. Es falso que haya armonía entre desarrollo económico y social. Es falso que bajara la corrupción. Es falso que cumpliera su plan de gobierno.

Error de Romero: ponerla como referente de cumplimiento. Exponer a Samantha como ariete contra Morena es dispararse al pie. No representa eficacia. Representa excusa. Y si Samantha es el ejemplo de su cumplimiento, entonces el PAN ya confesó su decadencia.

El problema de fondo es la coloquialidad convertida en vulgaridad. Prefiere el chiste a la eficiencia. La frase frontal al argumento. La forma al fondo. Eso no es estilo. Es renuncia. Renuncia para gobernar en el último tramo. A estas alturas dudo que alguna vez haya tenido la intención de hacerlo.

¿Su obra? Una escalera en los pastitos. Con led estridentes, fuera de lugar, ya deteriorada. Eso no es gestión. Es escenografía.

“A la chingada” como eslogan es un despropósito. Es abrazar el error. Es pretender ser opositora desde el rótulo, no desde el resultado. Queda chica la figura cuando su mayor aporte es una frase que cualquiera puede gritar.

Samantha está en declive. Está en crisis. Y no va sola. La acompaña quien hace seis años presidía el municipio y hoy irrumpe sesiones de ayuntamiento sin respetar la norma. El poder no es solo ganar elecciones. Es formación permanente. Y eso no se rotula.

Su arte final: no gobernar

A Samantha se le nota la desesperación. Le quedan diez meses y ya convirtió el gobierno en piñata: lo golpea con vulgaridades, con ocurrencias, con falta de herramientas. Hay intervencionismo real: integrantes de su familia operan donde ella no puede. Hay falta de concentración: brinca de la camioneta al micrófono, del rótulo al insulto, sin atender la banqueta.

El tiempo la exhibe. No la deja gobernar su propia impericia, la intervención familiar, y la ausencia de proyecto. Rotular fue fácil. Gobernar no pudo.

Su tiempo se acabó. Y Guanajuato sigue esperando autoridad, no espectáculo.

La presidenta municipal de Guanajuato Samantha Smith dijo “a la chingada” para referirse a Morena. No me sorprende el vocabulario. Es México. “A la chingada” lo decimos todos. Lo que sorprende es el motivo.

Discutir si una alcaldesa panista puede decir “a la chingada” es perder el tiempo. Puede. Es mexicana. El problema nunca fue la moralidad de la palabra. El problema es para qué la usa, y por qué ahora.

Ella representa a un partido que enarbola las “buenas formas” y las “buenas costumbres”. Esa doble moral es marca registrada del PAN: indignarse por un mural, pero callar ante el caos en el que tiene sometida a la ciudad. Persignarse en público, pactar en privado. Por eso sorprende que se dé la licencia de mandar a Morena “a la chingada”. Pero solo sorprende si no vemos el fondo.

Las y los guanajuatenses mandamos a la chingada a la inseguridad. A la chingada los homicidios diarios. A la chingada la extorsión que cierra negocios. A la chingada los baches, las obras mal hechas, los empleos de 7 mil pesos. A la chingada los cierres de calles, la corrupción que se fotografía en eventos y se niega en declaraciones.

La alcaldesa mandó a la chingada a un partido político porque la criticaron.

Esa es la distancia entre la calle y el Palacio Municipal. Nosotros usamos la palabra para nombrar el hartazgo de lo que no funciona. Ella la usa para defenderse de lo que sí funciona: la oposición, la crítica, el escrutinio.

El “a la chingada” ciudadano es un grito. El “a la chingada” del poder es un privilegio. Es darse licencia para enojarse por un señalamiento y no por el 68.7% de los capitalinos vivimos con miedo de acuerdo con el INEGI. Ya no es percepción: es rutina. A la chingada las balaceras en Marfil. A la chingada las ejecuciones en El Edén. A la chingada los asaltos en la Subida del Molino y los cristalazos en Pozuelos. A la chingada tener que mandar ubicación en tiempo real para cruzar la ciudad de noche. La capital dejó de ser “tranquila”. Ahora es trinchera.

Negocios con 40 años bajaron cortinas en Embajadoras, Sopeña y Alonso. No por la pandemia. Por el cobro de piso.

A la chingada los que cobran por dejarte trabajar. A la chingada los que ven y no hacen. A la chingada el miedo que se volvió parte del costo fijo de emprender aquí. El “centro vivo” que presumen está muriendo en abonos.

En Las Teresas, Cerro del Cuarto, Pastita, Lomas del Padre, la gente junta agua en tambos desde hace 3 años. A la chingada bañarse con jícara. A la chingada lavar ropa en la madrugada porque “a esa hora sí cae”. A la chingada los pozos que inauguran y a los dos meses ya no dan litros. A la chingada pagar el recibo completo por un servicio a medias. Patrimonio de la Humanidad sin agua en la llave.

A la chingada esperar 40 minutos el camión en Yerbabuena. A la chingada los 45 minutos para subir de la Central a San Javier. A la chingada los choferes que no completan la ruta. A la chingada gastar el 40% del salario mínimo solo en ir y venir. A la chingada un sistema que trata al usuario como rehén, no como ciudadano. Moverte en la capital es un acto de fe.

A la chingada el tapanco en el Jardín Unión cada que hay festival. A la chingada las calles que abren en mayo, parchan en junio y se inundan en julio. A la chingada los 8 meses que tardaron en Paseo de la Presa para que quedara igual. A la chingada los accidentes en la subterránea que ocurren cada lluvia como si fuera tradición. A la chingada los ríos de basura presentes en todos los callejones.

A la chingada los semáforos inútiles que solo alteraron la calidad de vida con esos absurdos aumentos en los tiempos de trayecto. Aquí no hay planeación: hay ocurrencias con moño.

A la chingada el tapanco en el Jardín Unión cada que hay festival. A la chingada las calles que abren en mayo, parchan en junio y se inundan en julio. A la chingada los 8 meses que tardaron en Paseo de la Presa para que quedara igual. A la chingada el socavón de Tepetapa que sale cada lluvia como si fuera tradición. Aquí no hay planeación: hay ocurrencias con moño. A la chingada convertir la ciudad en escenografía para el turista y en calvario para el que la sostiene.

No pedimos presidenta municipal de lenguaje impecable. Pedimos autoridades con prioridades impecables. Que se encabronen con la misma fuerza por una fosa clandestina que por un grito de un ciudadano que ejerce el derecho a no estar de acuerdo con ella y el gobierno que representa.

Porque mientras ella manda a la chingada a un partido, hay familias en Guanajuato que ya están ahí. Sin empleo, sin seguridad, sin agua. Y llegaron sin que nadie en el poder los mandara: los mandó el abandono.

Si la palabra va a usarse desde el poder, que sea para lo importante. Para mandar a la chingada a la impunidad. A la chingada la violencia feminicida. A la chingada los moches.

Y ahora se les están agotando las formas.

Lo vimos después. Su equipo de comunicación intentó convertir el insulto en chiste. Lo hicieron meme. Lo volvieron caricatura. “Es irónica”, dijeron. “Es auténtica”. Es el manual de crisis cuando ya no hay defensa posible: si no puedes negar, celebra. Si no puedes explicar, distrae.

Pero hacer caricatura de tu propio insulto revela algo más grave: ya no hay narrativa. Un gobierno con fondo hace política pública. Un gobierno sin fondo hace contenido. Y cuando el contenido ya ni siquiera indigna, solo da pena.

La forma también se agota. Primero insultas. Luego te ríes. Luego nadie te escucha.

No es un tema menor.

Que una alcaldesa panista rompa su propio molde de “buenas costumbres” no es anecdótico. Es diagnóstico. Es el momento en que el personaje se come a la persona porque el guion ya no da para más. Es la señal de que el proyecto político está vacío y solo queda el ruido.

No nos concentremos en si está bien o mal que lo diga. Concentrémonos en por qué lo dice ahora. Lo dice porque de seguridad no puede hablar. De empleo no puede hablar. De agua no puede hablar. Entonces habla de un partido. Y cuando eso ya no jala, hace memes.

A la chingada no se fue a Morena. A la chingada se fue el fondo. Y ahora van por las formas.

A los ciudadanos nos toca recordar que “a la chingada” lo decimos nosotros cuando se acaba la paciencia. Ellos lo dicen cuando se les acaban las ideas.

Lo demás es politiquería. Y de esa, Guanajuato ya está hasta la chingada.

Con una trayectoria panista de más de dos décadas, sería la primera vez que somos testigos de una voz disonante: la de Juan Carlos Romero Hicks, político guanajuatense más cómodo en los silencios y las complacencias que en la crítica, máxime cuando es para los de casa. Hoy legislador local, Romero Hicks sorprendió —para bien— con señalamientos velados desde tribuna en torno a las designaciones a modo en el SIMAPAG. Cierto: fue cuidadoso de las formas. De sus formas. Pero cuando un hombre de códigos habla, es porque el desaseo ya no cabe debajo de la alfombra.

Esa intervención ocurrió en el Congreso del Estado. Ahí, el legislador local por segunda ocasión, ya fue diputado federal, senador y gobernador de Guanajuato, usó la tribuna por varios minutos. No mencionó a la presidenta municipal ni a su familia. No hizo falta. Cuestionó el método de designación en el SIMAPAG y todos entendieron a los destinatarios: los Navarro Smith.

Sería la primera vez. Juan Carlos Romero Hicks cuestionando públicamente a una familia señalada por excesos en el ejercicio del poder. El mismo que durante años ha aparecido en sus eventos, el mismo que ha guardado silencio en procesos donde pudo hablar. Pareciera que su voluntad de no hacerlo venía del respeto a lo que esa familia asume como propio: Guanajuato.

Hoy no solo usó el Congreso para lanzar una crítica velada y severa. Rompió un silencio de dos décadas. Y esa ruptura puede marcar los próximos meses: Romero Hicks como contrapeso interno. Como voz crítica de los panistas que abusan, que se exceden, que desgastan la sigla. Si consolida esa ruta, abona a lo que ya se comenta en corrillos: su posicionamiento como candidato natural de un PAN que busca lavarse la cara.

La generación de la disciplina que ya no calla

Romero Hicks forma parte de una generación forjada en la disciplina partidista. Fue rector universitario y al término de su gestión aceptó una diputación plurinominal por el PAN. Ahí vimos la transición: del académico al político, pero sin perder las formas ni los silencios. Esa generación de hombres disciplinados hoy habla.

No es el único. Desde la trinchera priista Francisco Arroyo Vieyra —también guanajuatense y de amplia trayectoria pública y partidista— ha usado sus redes para exhibir el manoseo en los nombramientos de consejeros del SIMAPAG. Lo dijo sin rodeos: “El asunto de SIMAPAG puede tener visos de legalidad, pero ninguno de moralidad. Es un espejo de la manera de ser de la familia Navarro Smith”.

Y el cochinero está documentado. En la lista de aspirantes al Consejo desfilaron operadores políticos y parentescos: el esposo de un regidor, la esposa de un síndico, y destaca una exregidora de Morena hoy vinculada a un regidor priista. Parentesco, partido y poder en la misma boleta.

Cierto: nombrar amigos y familiares no está prohibido. Pero es éticamente reprobable. Nos encontramos frente a un sector del panismo capitalino que toma todo lo que puede.

La cara joven del desaseo

José Carlos Domínguez, joven regidor panista, integrante de la Comisión de Asuntos Legislativos, ha sido enviado al frente. Él pone la cara. Él invoca la legalidad del procedimiento. Y siendo un cuadro listo —porque lo es— resulta evidente que está pagando el costo político por defender intereses que no son suyos: los de la familia Navarro Smith.

Se expone de manera innecesaria por un proceso al que se le cuestiona el fondo, no la forma. Porque si este miércoles 29 se confirman las designaciones, estaremos frente a un Consejo a modo. Un Consejo diseñado para una sola cosa: que la presidencia recaiga en Ludovico Mata. Un operador político más cuestionado por su ausente probidad que por resultados apegados a la legalidad.

Ahí está la ruta completa: se nombra a los amigos, los amigos votan al operador, el operador responde a la familia. Legal, sí. Moral, ni de lejos.

Miércoles 29: legalizar el botín

El próximo miércoles se definirá la integración del Consejo. Se espera mayoría panista votando en bloque. Fueron elegidos para eso. Es la condición para permanecer. Su compromiso no es con la ciudadanía: es con quien los invitó a la planilla.

Con esos votos llegarían Patricia Lain Sánchez y Minette Leticia Rodríguez González. De Movimiento Ciudadano se espera su voto a favor de esta ignominiosa lista por el interés directo de que entre el empresario hotelero Salvador Jaime.

Por supuesto, se esperan los votos a favor de los dos priistas —regidor y síndico— que han caminado estrechamente con el PAN. Tienen interés claro en que llegue una exregidora de Morena, hoy en la lista de finalistas de aspirantes.

De ser nombrada, el mote que ella misma eligió regidora —”la más joven”— quedaría como leyenda. Una leyenda triste. Porque entonces habría que parafrasear a Jesús Reyes Heroles: hay juventudes de cien años y vejeces antes de tiempo. Cierto es que es joven. Cierto también que sus prácticas son viejas.

Habría que revisar la posición de un partido que ha cuestionado severamente este tipo de acuerdos. Porque se prevé que, por primera vez, los cuatro regidores de Morena voten en contra. Sería extraordinario: Julio César García, regidor que siempre ha mantenido una actitud complaciente con el PAN, esta vez rompería filas.

Llama la atención el caso de la regidora Liliana Preciado. Tiene trayectoria, capital político y todas las condiciones para ser una oposición consistente. Sin embargo, en momentos clave ha mostrado niveles de acuerdo con el poder superiores a los de cualquier oposición digna de llamarse tal.

La aritmética es simple: si Lili decide no votar la propuesta, el PAN no alcanza la mayoría. Hoy, la última esperanza de frenar este Consejo a modo recae en ella. Es hora de que defina su papel: será cómplice por omisión o será la opositora potente que muchos esperan.

Y un dato que no es menor: ese mismo miércoles, mientras Guanajuato capital define su SIMAPAG, se especula que Movimiento Ciudadano presentará a Alejandra Gutiérrez, presidenta municipal de León, entre sus filas. El mensaje es potente y retumba en la capital: la oposición real sí existe, y tiene proyecto. ¿Le alcanzará ese mensaje a Lili Preciado para sumarse y proyectarse como un cuadro para los próximos años? Porque si no, el miércoles no solo se formalizará un Consejo ignominioso. Se formalizará también el acta de defunción de la oposición en Guanajuato capital.

Así se formalizará un Consejo ignominioso. Un Consejo que atenta incluso contra la trayectoria de algún perfil valioso que, al entrar a esta lógica de cuotas y nombramientos, pierde toda legitimidad. Porque quien llega, llega a obedecer. Y lo primero que tendrán que obedecer será nombrar a Ludovico Mata como presidente consejero.

P.D. La viajera ausente

Todo esto ocurre mientras, en un mundo paralelo, la presidenta municipal Samantha Smith expone “resultados” de un viaje a China. Resultados que, como otros hermanamientos, existirán solo a razón de su dicho.

No es casual su ausencia. Lo grave es que confirma la regla: la operación se ejecuta sin ella, pero con su validación. La articulación de voluntades de los regidores que votarán el miércoles 29 no la necesita presente.

Aquel viaje que le costó un lapsus lingual hoy le cobra otro: el de la omisión. Porque mientras muestra postales de China, aquí se reparte el SIMAPAG. Es una gobernante que viaja para que otros gobiernen.

No es propósito de esta columna ahondar en las razones que tuvo la presidenta municipal más votada de León, la primera panista en gobernar la ciudad, para dejar una militancia de más de 20 años. De eso ya se encargarán otras plumas, otros medios, la historia y, seguramente, las instituciones de fiscalización del estado al que hoy señala.

Me interesa lo que Alejandra Gutiérrez eligió como narrativa de despedida. Tuvo tiempo de planear, estructurar, quitar y agregar renglones. El resultado: una salida con señalamientos que la proyectan como la mayor vocera crítica del panismo estatal. Y como la fiscal directa de su dirigencia.

En su intervención, la primera presidenta panista de León eligió frases cortas, de impacto. Recurrió a los golpes de lengua en sustitución de los golpes de pecho. Se mostró como una oradora con postura definida, con propósitos y con un enojo que supo potencializar al casi memorizar su intervención. Vimos el rostro de una mujer genuinamente molesta, de respiración pausada, usando el cuerpo para subrayar cada palabra: “…Me voy del PAN porque se alejó de su origen, se alejó de su lucha, perdió la brújula. Hoy lo digo con claridad, el PAN se ha alejado de la gente, por eso la gente se está alejando del PAN…”. Era el minuto 1:20 y Alejandra —una mujer que se sabe respaldada por el poder que representa en el país y en el PAN— contradecía en cadena nacional al entusiasta dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, que apenas en marzo hablaba de “renovación para conectar”. En lugar de eso, la alcaldesa expuso la crisis

Minutos antes, la presidenta municipal abordaba los ataques sistemáticos de los que ha sido objeto su equipo y hacía señalamientos directos a la dirigencia estatal y nacional. Es entonces cuando lanza un recordatorio crudo y real: “…Renuncio porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al municipio de León, uno de los gobiernos más importantes y uno de los pocos que le quedan en el país…”. Su señalamiento no miente: en los últimos años el Partido Acción Nacional ha perdido territorio, primero frente al PRI, luego frente a Morena, Verde y hasta MC ha tenido la osadía de mermarlo. Ahí está Jalisco, con Enrique Alfaro, como referencia.

En la lectura nacional, Guanajuato —y en particular León— es el último bastión preciado de un panismo doblegado. León, la joya de la corona, hoy está en manos de quien los desconoce y los señala. No es un tema menor. Por eso la frase de Gutiérrez es un amargo recordatorio: León es de los pocos territorios que le quedan al PAN.

Ale Gutiérrez se va y se lleva consigo la posición, la voz y la memoria. Ella sabe cosas, no solo se las saben. Su intervención lo recuerda: “…Renuncio porque han hecho todo para intentar descarrilar nuestro gobierno…Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León y eso no lo puedo permitir…”. En sus señalamientos no hubo miramientos. Capitalizó meses de ausencias en eventos partidistas y gestos incómodos frente a una dirigencia estatal que ya suma varios descalabros. La renuncia, dirigida a ciudadanos y leoneses, contrasta con el boletín de respuesta de la dirigencia estatal y ahonda la percepción de sus serias limitaciones, entre otras, las de comunicación política.

Con su renuncia, Alejandra se convierte en la tercera figura que, habiendo gobernado León por el PAN, rompe y exhibe al partido. Antes lo hicieron Eliseo Martínez —expulsado en 2002— y Ricardo Sheffield, quien dejó el PAN en 2018 para sumarse a Morena. La diferencia: ellos lo hicieron años después de su gestión. La actual presidenta lo hace en funciones, en su segundo periodo y a meses de un proceso electoral intermedio que se asoma complejo. El tiempo elegido por Alejandra marca un ritmo distinto a su salida. No hay manera de minimizarlo: ni narrativamente, ni con una cargada de mensajeros, y menos aún con boletines tan insípidos como timoratos.

Hay quienes señalan que la renuncia pública que hoy confirma Gutiérrez Campos se da a destiempo. Todo indica lo contrario: no pudo ser más calculada y puede traer otras noticias consigo. Un ejemplo es el mensaje del exdiputado local panista, el irapuatense Sergio Carlo Bernal, quien usó sus redes para, desde sus palabras, acompañar lo dicho por la hoy expanista: “…Papelón de las dirigencias nacional y estatal, mediocres e incapaces de resolver conflictos internos. Les queda grande dirigir las instituciones”.

Lo que no deja de sorprender es el tiempo que dio la hoy expanista para que los de casa prepararan una postura contundente. El tiempo no les alcanzó y, hasta ahora, ninguna narrativa política ha superado a la presidenta municipal leonesa que se va diciéndoles: “…Lo que le están haciendo a León es muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país…”.

Esta historia de la anunciada renuncia de Gutiérrez Campos cierra hoy su primer capítulo. Se aproximan varios más. Hubo tiempo para mantener al municipio en la estructura panista. Hubo confianza excesiva y fuego interno que distrajo objetivos. El saldo no es favorable para el partido ni para sus dirigencias. Solo una mirada ingenua —no optimista— puede evaluar que lo ocurrido hoy no genera mermas.

Una salida que, desde el análisis patriarcal, buscarán reducir a una pugna entre dos actoras públicas: Libia Dennise y Alejandra. Mentira. Hubo y hay más actores, y afrentas públicas de por medio. Ahora mismo, el anuncio de la gobernadora sobre los vuelos Bajío-Canadá es un intento —absurdo, por cierto, de parte de sus asesores— por centrar el conflicto complejo en un asunto de dos. Para los voraces ánimos misóginos, un conflicto entre mujeres. Nada más lejano ni más simplista.

Basta de lecturas insulsas. La salida pública de Alejandra Gutiérrez del PAN, confirmada hoy, no admite boletines pusilánimes ni explicaciones de ocasión. Exige autopsia. Porque cuando la alcaldesa del último bastión dice “se perdieron”, no habla del pasado. Habla de 2027. Y si el PAN no lee bien este golpe de lengua, el siguiente será de realidad.

Han pasado dos años desde el asesinato de Gisela Gaytan en la comunidad de San Miguel Octopan, Celaya, se encontraba iniciando su campaña por la presidencia municipal de ese municipio marcado por la violencia en general, y la violencia que ocurre sobre los cuerpos de las mujeres de forma enfática. Consciente de ese escenario ella decidió contender, lo hizo a pesar del partido que la postulo, Morena, y después lo hizo con algunos militantes convencidos, otros resignados, otros tantos resentidos. Es valioso recordar que el camino de la candidata no fue una ruta sencilla, de ahí que su ausencia debe ser una lección permanente para todas y todos.  No ha lugar a hablar de paridad cuando el camino de llegar a las candidaturas representa procesos violentos para las mujeres, sí llegan, pero con altos costos que no se nombran, y es hora de que se visibilicen y se denuncien estos actos de violencia para que no se repitan

La contienda interna por la candidatura estuvo marcada por la confrontación, la descalificación y la velada misoginia, esa candidatura la querían otros, para otros y para ellos. Ella y quienes le apoyaron, muchas de ellas mujeres, se mantuvieron firmes hasta conseguirlo, lograron descolocar cuestionamientos sobre su trayectoria partidista al no ser militante fundadora, algunos otros más absurdos ligados a su capacidad de hacer frente a los retos de la elección, ella era una mujer con las capacidades de cualquiera de sus detractores y dectractoras. A esa contienda interna, seguiría la contienda frente al PAN el partido a vencer, ella estaba lista se preparó buena parte de su vida para ello, la acompañaban la confianza, la experiencia y las alianzas con otras, y algunos otros.

En las primeras posiciones de su planilla propuso a mujeres capaces y leales a su proyecto para contrarrestar las otras imposiciones que fueron inevitables. Hoy esas mujeres Liliana Celedón, Selene Hernández y Laura Benites Rivera, todas regidoras electas han asumidos en lo individual y en lo colectivo la vigencia de muchos de los compromisos que elaboraron con ella seguramente en muchas tardes y días donde se imaginaban construyendo juntas, ellas y otras, ese Celaya bajo el liderazgo de una Gisela Gaytan que dedico varios años de preparación para ese sueño que le costó la vida: gobernar el municipio que le vio crecer a ella y sus dos hermanas, hacerlo de ese territorio un espacio habitable y seguro para las mujeres, dejar un legado trascendente. Esa meta vital y profesional no pudo ser, esa tarde del 1 de abril el joven cuerpo de Gisela topó con las balas que la esperaban en su recorrido de campaña.

Las siguientes horas se especuló de su afán de atender esa invitación a una comunidad identificada por la violencia, este reiterado señalamiento parecía responsabilizarla del fatal desenlace. Mantener esa narrativa es no asignar la responsabilidad a los verdaderos culpables, ella, una mujer candidata que fue asesinada por hacer uso del espacio público y partidista fue víctima de un gobierno y de un sistema de partidos misógino, patriarcal y violento con las mujeres.  Por supuesto, también hay responsables intelectuales y materiales, también a ellos, a esas personas, deberemos señalarles con toda la fuerza de la memoria y de la exigencia de justicia.

El legado

El asesinato de Gisela Gaytán marcó el inicio del proceso electoral del 2024, un proceso marcado por la alta participación de las mujeres gracias a las reformas electorales. Lo ocurrido aquella tarde de abril fue también un mensaje para todas las candidatas y las mujeres. Muchas de ellas reforzaron sus equipos de seguridad, lo que no tuvo entonces Gisela. Muchas de las participantes en contienda exigieron al Estado y a sus partidos la revisión exhaustiva de lugares a visitar, recorridos y actividades en campaña. Con el proceso electoral, las que resultaron ganadoras mantuvieron esas medidas y sumaron otras, vivieron con miedo el proceso electoral, ese miedo que les permitió aumentar medidas de auto cuidado y de exigencia. Ese miedo que les permitió mantenerse con vida.

A distancia de estos dos años reitero, lo ocurrido fue un mensaje para todas y las ubicó respecto a sus territorios y aspiraciones. Nada fue igual en el proceso electoral, menos para ellas. Lo ocurrido las recolocó en la vulnerabilidad que atraviesa la vida de todas las mujeres que habitamos Guanajuato, ese miedo nos unió a todas. Pero también nos unió la indignación, la exigencia y ahora mismo la memoria. Olvidar lo ocurrido con Gisela Gaytan aquella tarde del primero de abril nos conducirá a la repetición, a la ignominia como sociedad y a la comodidad de los gobiernos.

Para esos días pude entrevistar a varias mujeres candidatas, hablaban del miedo en voz baja, temían abordarlo en voz alta como si les fuera prohibido, temían verse menos competitivas frente a los varones, frente a las estructuras patriarcales de sus partidos, como si ellos no tuvieran miedo. Cuando abordaba con ellas lo ocurrido con Gisela, todas se mostraban con el terror de saberse en ese cuerpo. Abordaba con ellas, entonces, la vulnerabilidad de todas y la importancia de que, si lo nombran, visibilizaran y politizaran el miedo como una exigencia para garantizar la seguridad para todas.

Las mujeres electas, en particular, deben tener presente no solo la vida y la memoria de lo ocurrido con Gisela, sino también priorizar la erradicación de la violencia contra las mujeres en sus ejercicios de gobierno. Ellas llegaron al poder en un proceso marcado por la violencia, marcado por esa tarde del 1 de abril donde le arrebataron la vida a Gisela. Olvidar lo ocurrido sería una falta de memoria que las vulnera, las expone y las mimetiza con otros varones que han gobernado sin esta perspectiva.

Una justicia que no llega

Es simplista asumir que el asesinato de Gisela Gaytán se reduce a una coyuntura electoral. Quienes planearon su asesinato lo hicieron sabiendo que podrían hacerlo: eligieron a una mujer candidata en una plaza pública, a las cinco de la tarde, frente a una multitud y no les importó. Lo hicieron precisamente porque pudieron, porque saben que la impunidad rebasa la legalidad, porque, como señala Sayuri Herrera, ex fiscal federal especializada en feminicidios, los cuerpos de las mujeres son basurizados por un sistema político y judicial que sigue enviando mensajes de tolerancia a la violencia hacia las mujeres.

La declaración hecha por el fiscal Gerardo Alatriste en estos días en su visita a Celaya, en particular, no solo aumenta la indignación por el desdén con el que atiende la exigencia de información por un hecho público, sino que pareciera minimizar una herida social y familiar que permanece abierta. El fiscal, cansado según dice por ser siempre cuestionado del tema, confirmó que hay dos detenidos materiales, no hay detenidos intelectuales y que la investigación compete únicamente a la familia, y remata afirmando que con lo dicho hay justicia.

Señor fiscal Alatriste, recordarle: Lo ocurrido con Gisela Gaytán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, fue un hecho público notorio. Es indispensable un mensaje público sobre lo ocurrido y le corresponde a usted informar. Permítame precisarle algo elemental: cuando hablamos de justicia, no hay términos medios. Se trata de un valor y un derecho integral, no admite partes a medias. En este entendido, y a partir de lo que no se ha logrado a dos años de distancia, se puede concluir con contundencia: no ha habido justicia para Gisela Gaytán y su familia.

Querida Gisela, a partir de lo ocurrido, este es mi tercer texto que dedico a tu vida, a tu memoria, y a tu legado. Seguiré escribiendo de ti, seguiré aportando para que tu memoria siga viva, para que tu legado siga vigente y para que el gobierno de Celaya y el resto de los gobiernos nunca olvide el compromiso que tienen con la seguridad, con la integridad, y con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Las mujeres hemos estado presentes en la marcha del 8M en la capital de forma constante en la última década. A diferencia de otros municipios, Guanajuato, León e Irapuato han sido de los territorios con mayor persistencia y presencia en convocatoria, como en otros espacios el llamado al encuentro proviene de organizaciones feministas y de mujeres, quienes se encargan previo y durante de la ubicación de los distintos grupos: madres buscadoras, mujeres embarazadas con hijos e hijas, mujeres con sus mascotas y otros grupos. Es una marcha que corresponde en su totalidad a las mujeres que convocan y organizan, reflejo de trabajo y resistencia, nos reúnen las causas en común en medio de la diversidad que nos caracteriza.

Así marchamos en el 2019 gritando el nombre de Wendy Morales, cuyo caso conmovió a la comunidad, su cuerpo fue encontrado entre brechas en el Cerro de “La Crucita”, en Guanajuato capital, tras más de 45 días desaparecida. El siguiente año lo haríamos por Ana Daniela Vega, de 24 años, una joven estudiante de la licenciatura de Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato, víctima de feminicidio.

Algunos años esas mismas calles del recorrido de la marcha fueron testigos del llamado a la justicia para, Wendy, una joven estudiante de economía que estuvo desaparecida más de una semana para después “aparecer” en la zona alta de la sierra de santa rosa “colgada”, la última vez que fue vista discutía con su exnovio en el centro de la ciudad. También recordamos a Cris, habitante de la zona de Mellado, quien fue víctima de feminicidio después de ser engañada con una oferta de empleo, dejando en la orfandad a dos niños.

Con los años se sumarian otras voces gritando otros nombres, incluso otras voces que eligen el silencio. En el contingente participan madres de familia que temen nombrar a sus hijas asesinadas o desaparecidas, su temor nace de lo que las autoridades han hablado con ellas respecto “a los malos pasos de sus hijas y a la inconveniencia de que la gente responsable se entere de que andan de revoltosas”, una información no oficial que ellas asumen en su angustia como regla de silencio, sin embargo, ello  no impide que participen es su forma de rebelarse a los delitos que han cometido contra sus hijas, incluido la revictimización a su memoria.

Una marcha en que las mujeres se apropian de las calles principales, participando con la convicción de ser voces propias y de otras. Cuerpos vivos que invocan a otras, muchas de ellas cuerpos muertos, las que ya no están debiendo estar, a quienes les ha sido arrebatada la vida o quienes hoy sobreviven en la indiferencia de propios y extraños. Una marcha que nos fortalece, que esa tarde nos une y nos encuentra.

Una conmemoración en las calles en la que participamos con la conciencia de lo que ello implica: hacer presencia y romper las inercias de los silencios y del “aquí no pasa nada, Guanajuato es seguro para todas”, nuestra presencia abona a desmitificar esa gran mentira quienes marchamos lo hacemos desde ese grito de prevención y exigencia, sí pasa, la memoria nos indica si ha pasado, que sigue pasando y que seguirá pasando. ¡Pinche gobierno cuéntanos bien!

Recuerdo haber escuchado a una estudiante originaria de Cuerámaro compartirme su experiencia de primera marcha en la capital, para después con todos los temores reunidos, ser la voz convocante en su municipio “apenas pudimos marcha éramos 10, no es como en Guanajuato, la gente nos veía raro, pero logramos hacerlo”. Tengo casi la certeza de que muchas mujeres que han participado de un 8M en la capital han sido posteriores convocantes en sus municipios de origen, muchas de ellas universitarias, otras tantas en ciernes de un activismo que aviva sus territorios y sus vidas.

Una presencia en calles que supera demarcaciones territoriales, años anteriores participan del recorrido mujeres de otros municipios, muchas de ellas sobrevivientes. Varias de ellas dejaron de hacerlo porque hoy en sus espacios ya existe esa organización y presencia de muchas que se acompañan. El activismo en un estado con 46 municipios es creciente en territorios antes no imaginados.

Somos muchas, fuimos todas: el bloque negro

Un llamado de las mujeres, a todas, que ha ido teniendo evolución, nuevas participantes, nuevos grupos y nuevas expresiones. La presencia del bloque negro hace rato es parte de un contingente donde nos encontramos muchas mujeres y expresiones, el bloque negro, una de ellas. Se trata de compañeras que cubren su rostro y su cuerpo por seguridad, no existe temor en lo que hacen, solo una convicción profunda de que su lucha es justa y necesaria. Tengo la convicción de que se expresan con la legitimidad de muchas voces, de muchas historias, y también, como un medio de apropiación y dosis de memoria en un espacio público que nos ha sido negado y cuya población es de memoria corta.

Las integrantes del bloque negro son protegidas por todas las que caminamos con ellas, de ninguna manera nos son ajenas, ellas somos nosotras. En la pasada marcha, en la calle de Pocitos, por ejemplo, ellas y todas plasmamos para los siguientes días las siguientes consignas: ¡No sea indiferente, Guanajuato feminicida!¡Estoy cansada de ser valiente!, esta última una frase que nombra un relato habitual entre nosotras.

Ninguna nos atrevemos a cuestionar porque “las del bloque negro” se cubren el rostro, sabemos que sobran los motivos para sentirnos inseguras de la autoridad y de los misóginos que ese día se asoman en busca de nuevas víctimas. Las compañeras del bloque negro son más valientes que muchos, y muchas, actúan para nombrar, para visibilizar, para generar esa incomodidad necesaria para que una sociedad pasiva se indigne, aunque sea por las razones equivocadas: ¡mis paredes!, al frente del contingente las madres buscadoras o víctimas de la violencia feminicida gritan: ¡mis hijas, devuélvanme a mis hijas!

Una sociedad de contrastes. Las que viven en un mundo donde la violencia feminicida no ha atravesado su vida, o eso creen por ahora, y las que hoy gritamos con la conciencia de lo que implica ser mujer en un país y estado machista y misógino, donde la lucha por la justicia y la igualdad es un camino largo y harto complejo.

Desde las banquetas, otro activismo invisibilizado

No todo ocurre en la marcha, a nuestros alrededores siempre ha habido sociedad civil que observa. Su forma de participar es hacerse presente a los costados de la ruta, su mirada acompaña, al tiempo que nos asoma afanes de reconocer los motivos que nos tienen ese día en la calle a muchas. Leen con atención la variedad de carteles y consignas, incluso hay quienes a nuestro paso nos obsequian botellas de agua para seguir el camino,  no es un recorrido de distancia es de simbolismo.

Algunas otras mujeres de todas las edades desde banquetas y balcones gritan frases, entonan canciones o brincan con nosotras, el llamado las incluye y razones tendrán para esa tarde no ser parte del contingente, aunque si lo son. A nuestro paso, también en banquetas compañeras de los medios de comunicación que hacen coberturas de acuerdo con las reglas establecidas por las organizadoras: no tomar imágenes de los rostros de las participantes y realizar coberturas con perspectiva de género.

La mayoría de los medios envían a mujeres periodistas a cubrir el evento, no fue una concesión, se trató de una exigencia, de un proceso reeducativo a los medios. No todos cumplen, a nuestro paso también encontramos medios de comunicación cuya consigna es transgredir reglas y manipular lo que esa tarde ocurre: tomarán imágenes de las bardas rayadas, no así replicarán los gritos de ayuda de las madres buscadoras, un ejemplo más de la forma en que se perpetúa la violencia mediática y se silencia a las víctimas.

El sentido político de la marcha exhibe a los gobiernos locales

La marcha del 8M es un ejercicio de expresión simbólica y política de la presencia, de la condición y de las causas de las mujeres. Las mujeres desde sociedad civil lo entendimos bien y así lo replicamos en distintos espacios. Lo que en el movimiento de las mujeres fue evolución en la mayoría de los gobiernos fue involución: optan por no entender los contenidos y alcances de esta conmemoración, eligen la complacencia, la banalidad y las expresiones de una ignorancia misógina colmada de misoginia.

El colmo de los colmos: eventos pagados con recursos públicos para hacer apología de ellas mismas, sus trayectorias y su “yoyismo”, nos preguntamos: ¿para eso queríamos mujeres en los gobiernos?, la respuesta es no. Así, frente a gobiernos municipales, como el de la desdibujada presidenta Samantha Simth que organizan foros para escucharse entre ellas mismas, eventos colmados de ruido y carentes reflexiones, un derroche de recursos para eventos de bajo impacto, las mujeres en las calles nos organizamos frente a autoridades locales que siguen tratando de entender de qué se trata ello, nosotras hace mucho tiempo construimos el sentido conmemorativo que tantas incomodidades causa.

Es claro que no lo entienden y no les interesa, les incomoda porque se saben cuestionados y esa parte, entre otras, de ser autoridades no les gusta. ¿De qué si sirven las marchas? Pregunta la o el que se siente incómodo e indignado con la presencia de las mujeres en las calles. Sirven para eso precisamente: para incomodar, para cuestionar, para recordarle a los gobiernos que no pueden ignorarnos. ¡Exacto! Las marchas sirven, también, para generar incomodidad, y eso significa que lo estamos haciendo bien.

Posdata:  En el recorrido de este año, una adulta mayor se viralizó al estar colocada en las escalinatas de la universidad para proteger con su bastón cada uno de los escalones, para una mayoría se trató de una heroína, para muchas otras una señora que se explica desde sus circunstancias, oportunidades y experiencias vitales. No veo razón de confrontación: ella defiende escalones, otras exigimos por la vida, un asunto de prioridades y causas.

Así lo entendieron las compañeras del bloque negro, quienes optaron por retirarse de la zona para evitar que la confrontación escalara, a eso me refiero cuando digo que ellas, “las encapuchadas” son valientes.

Su origen

El ‘Día de la Mujer’ se empezó a conmemorar en los inicios del siglo pasado, para recordar los sucesos trágicos ocurridos durante la huelga realizada por mujeres empleadas en la fábrica estadunidense “Triangle Shirtwaist Company” en reclamo de mejoras laborales. Los partidos socialistas de Europa y Estados Unidos habían establecido un Women´s day para promover el derecho al voto y las reivindicaciones de las trabajadoras, que en 1908 celebraron en mayo. Siendo hasta el año de 1911 que se conmemoro el Día de la Mujer en Europa con manifestaciones en las que se exigió el sufragio femenino y otros derechos políticos, como el de ocupar cargos públicos, el derecho a trabajar y a una jornada laboral digna.

En México se incorporó la conmemoración después de la década de los sesenta, donde la participación de las mujeres se intensificó, en condiciones paritarias con los hombres, en las luchas por las causas sociales. Por muchos años fue fecha conmemorativa de la izquierda… hasta que se “institucionalizó”.

La jaula rosa

Desde la federación hasta los ayuntamientos, en medio de eventos “solemnes”, demagógicos, e incluso absurdos, enmarcados por la ausencia de una reflexión social y generación de compromisos concretos de la clase gobernante, los días “8 de marzo” se han convertido en la ocasión para decir discursos “políticamente correctos” … Nunca faltan referencias al número de mujeres en la familia del gobernante y su relación afectiva con ellas, “quiero mucho a las mujeres, porque provengo de una madre”, la entrega de flores y la exaltación de todas las “cualidades que deberán tener las mujeres, la mujer madre, esposa e hija, soportes del hogar, trabajadoras, responsables” … en fin, la individualidad reducida a los roles sociales impuestos.

Y por supuesto, no pueden ser omitidas “la celebración”, que dejó de ser CONMEMORACIÓN, las felicitaciones absurdas en torno a una condición de sexo: “felicidades por ser mujer”. Acto seguido, la realización de desayunos o comidas y entrega de “presentes, por ser su día”.

Como la cruda que sigue a la borrachera, luego del festejo, las mujeres regresan a sus realidades cotidianas, caracterizadas por sus variables más agraviantes, desigualdad, discriminación, violencia y exclusión.

La simulación y el engaño

Al vacío de estas celebraciones, convertidas en una extensión del machismo, como tendencia creciente, en Guanajuato y sus municipios, se ha incorporado la aberrante práctica, desde las instituciones públicas y con recursos público, de “premiar a las mejores mujeres”. Distinguidas de esta manera, para reproducir los patrones de subordinación y exclusión, que reproducen los que las designan, se presumen, y ellas se asumen, como “modelo de mujer”. Y coadyuvan, de esa manera, a la reproducción de las tradiciones que las subyugan.

Estas cuestionables y ofensivas premiaciones, cuya única variación es su denominación “a partir de sus modelos locales de mejores mujeres”, pretenden encubrir lo que las motiva; imponer una función uniformadora de todas las mujeres. Un rol.

Estas y otras acciones ordinarias, generadas desde los gobiernos conservadores, como el caso de Guanajuato, han venido supliendo las conmemoraciones del 8 de Marzo, que en su razón histórica representa la ocasión para examinar y fortalecer las acciones emprendidas en beneficio de las mujeres. A cambio, las celebraciones de un día mantienen y acrecientan las adversas realidades de las mujeres.

El extremo de la adulteración estaba por llegar… y llegó. En el municipio de Salamanca el presidente municipal Cesar Prieto ha anunciado “con bombo y platillo” un concierto el próximo 7 de marzo de la cantante María José con el título “Festival Late Salamanca”, en palabras de su esposa Eugenia Leonor Martínez, “…justamente conmemorando a todas las mujeres (sic) a toda esta lucha que se ha realizado…”. La aberración y la ignominia no puede ser mayor en uno de los municipios marcados por la violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas.

En el caso de la capital nuevamente un 8M enmarcado en los sitios comunes, la presidenta Samantha Smith se queda en la superficie. Vendimias, eventos deportivos y reconocimientos que ya se hicieron. No hay nada nuevo, nada que inspire, nada que cambie. La conmemoración se reduce a un ejercicio de repetición y desmemoria.

Ante semejante panorama, la alternativa es retomar las razones del “Día de la Mujer” y convertirlas en causas. La liberación vendrá de nuestras propias acciones, y la primera deberá ser la de renunciar a ser parte de “la fiesta”.

• ¿Qué entiende la presidenta por ‘bien mayor’? ¿Llevar a cabo una serie de actividades sin consultar a la ciudadanía y con evidente desarticulación de propósitos? ¿Cerrar las calles principales para una actividad deportiva que podría tener otros espacios, incluso de mayor seguridad para las y los deportistas? Las calles sin mantenimiento, banquetas rotas y sucias son un riesgo para muchos de los atletas que participaron en la justa. ¿Es este el ‘bien mayor’ que promueve la autoridad? ¿Y qué decir de los establecimientos comerciales que enfrentan adversidades en ventas e ingresos debido a la actividad? ¿Es este el ‘bien mayor’ que se busca?”
• La ‘derrama económica’ a la que hace referencia, ¿es realmente una cantidad desbordante? ¿Cuál es la magnitud real de esta derrama? El término ‘derrama económica’ parece ser utilizado de manera inflada, sin una base sólida que lo respalde. ¿A quiénes beneficia realmente? ¿Podemos hablar de una mayoría de beneficiarios? O, más bien, ¿se trata de las y los mismos de siempre, que sin mayor esfuerzo son los receptores de lo que genera una carrera? Los atletas, en su mayoría locales, no requirieron hospedaje, no es el maratón de la Ciudad de México, ni siquiera comparable con lo que organiza el municipio de León. Los alimentos y bebidas consumidos, ¿pueden realmente considerarse una derrama económica significativa.
• ¿A qué guanajuatenses se refiere la presidenta? No creo que sean los mismos a los que se les impide el tránsito vehicular o peatonal con cada evento. ¿Qué beneficios pueden tener los vecinos del Cantador que continúan con un jardín abandonado, sucio y seco? ¿O los beneficios son para los habitantes del callejón del Salto del Mono que mantienen espacios sin iluminación, grafitis por doquier y la inseguridad como elemento latente? ¿O se refiere a las guanajuatenses que deben caminar con permanente temor por los callejones aledaños a la calzada? No, presidenta, no hay tal mirada de beneficios colectivos. Las ganancias obtenidas son pírricas, ni siquiera alcanzan para elevar la imagen de tu gobierno.
• ¿Qué promoción y empleo? Si la promoción a la que se aspira es a ser la ciudad de los eventos sin planeación, sin orden y en franco avasallamiento de las mayorías, va bien. Esta es la promoción obtenida. La calidad de los eventos, aunque muchos, no da para una oferta turística sólida. Ni siquiera el evento deportivo del pasado fin de semana puede ser un referente competitivo como sí los hay en otras ciudades. Lo que vimos el pasado fin de semana no tiene nada de espectacular en cuanto a organización; en el caso de la capital, ya lo señalamos en este mismo espacio los premios no correspondieron al esfuerzo de las y los atletas, como tampoco al nombre asignado a la actividad. No es un asunto menor: la bolsa de premios por categoría fue irrisoria para un evento que aspira a ser de primer nivel. Y, por supuesto, la cereza del pastel: cerrar la calle para un evento que, según ella, ‘va a cambiar la historia de la ciudad’… ¡ja!”

Varios internautas señalan en la nota que da cuenta de las declaraciones de Smtih: “paciencia se pide a los habitantes, pero es cada semana, incluso hasta dos veces, y de la derrama económica no se aplica a la ciudad que cada vez está más sucia y destruida” (Javier Cardoso). Otro más, “la derrama económica ¿para quién?” (Jorge Serrano), y varios más en el mismo sentido. Un formato aspiracional que se desinfla a la mínima revisión.

La nota son las molestias que genera una autoridad carente de planeación y sentido común para garantizar el derecho irrestricto de las y los ciudadanos a gozar de sus espacios. En el caso de nuestra ciudad, hablar de calles principales es casi hablar de las calles únicas, aquellas que tenemos como alternativa para trasladarnos en la cotidianidad. La “alternativa” que está pensando la autoridad como adicional es la calle Panorámica, una ruta con poco mantenimiento, en varios tramos insegura y angosta para soportar toda la carga vehicular que pretenden trasladar en nombre del “bien mayor”.

Cerrar las calles ya no es novedad, es práctica habitual y arbitraria del gobierno de Smith. Lo mismo para una carrera de bicicletas que para una vendimia de lo que sea, o bien la realización de una actividad de último minuto sin propósito sostenido, como casi todo lo que este gobierno realiza. En franca impostura, Smith Gutiérrez aprovechó su declaración del evento del pasado sábado para anunciar que el próximo 28 de febrero habrá otra actividad deportiva que ameritará cierres, otra vez.

Un gobierno que asume su vocación como organizadora de eventos, la mayoría malas copias de eventos de primer nivel. Alguna vez hubo un vocero presidencial que hacía las necesarias traducciones a un presidente poco capaz de expresarse con coherencia y mínimo soporte de verdad; luego, su vocero salía al rescate con aquella popular frase: “lo que quiso decir el presidente fue…”. Parafraseando a Rubén Aguilar, creador de esta pícara frase, lo que quiso decir Samantha con aquello de “privilegiar el bien mayor” es: cierro la calle porque puedo, porque se me ocurre y ante la falta de lo grandioso, lo grandote. Que nos vean como que trabajamos, como que sabemos lo que hacemos. Hagamos eventos, no importa que sean malas copias de los buenos eventos, pero por favor, más fotos para la galería.

P.D En tiempos de irreverencia

Lo ocurrido el pasado domingo en la capital y en el país requiere todo un espacio de análisis. La respuesta de la autoridad local ante la crisis ha sido cuestionada por su falta de prudencia y entendimiento de la situación. La presidenta Smith, en una de sus muchas transmisiones, afirmó que ‘Guanajuato capital está protegido’, un comentario que contrasta con la realidad de negocios y vehículos incendiados. ¿Qué entiende la autoridad local por ‘protegido’? La ilógica de la autoridad local es un tema que requiere un análisis más profundo, pero basta decir que su respuesta ante la crisis es un ejemplo más de su desconexión con la realidad y su falta de capacidad para gobernar.