La consolidación de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) como fuerza política predominante en México ha modificado sustancialmente la configuración del sistema de partidos, las relaciones entre poderes públicos y los mecanismos mediante los cuales diversos grupos políticos disputan posiciones de decisión dentro del Estado. Este artículo propone analizar dicha transformación a partir de una perspectiva histórico-estructural y relacional del poder, articulando los aportes de la teoría marxista del Estado, la concepción gramsciana de hegemonía, la teoría relacional de Nicos Poulantzas, el enfoque estratégico-relacional de Bob Jessop y los estudios sobre organización e institucionalización partidaria de Angelo Panebianco y Robert Michels. Se sostiene que el denominado “reacomodo político en MORENA” no debe ser reducido a conflictos personales, disputas coyunturales o diferencias entre dirigentes, sino comprendido como expresión de una transformación más amplia en las relaciones de poder dentro del Estado mexicano. La institucionalización de MORENA como partido gobernante genera simultáneamente procesos de burocratización, concentración decisoria, circulación de élites, formación de grupos internos y competencia por posiciones institucionales y territoriales. Asimismo, esta dinámica se desarrolla dentro de una economía política caracterizada por la relación asimétrica entre México y Estados Unidos, cuya influencia debe analizarse mediante mecanismos concretos de interdependencia, negociación y capacidad de presión, y no mediante presupuestos deterministas de subordinación. El artículo propone el concepto de reacomodo intraestatal de las élites políticas para estudiar la reorganización de posiciones, alianzas y capacidades de decisión dentro de las instituciones estatales, particularmente en el contexto de la disputa política rumbo a 2027. A propósito de los 15 años de fundación, va mi abrazo fraterno a las/os compañeras/os de base, con quienes comparto la consigna necesaria de ser realistas para soñar lo imposible, como ser utópicos para no dejar de hacer.

Palabras clave: MORENA; Estado mexicano; élites políticas; poder; institucionalización partidaria; economía política; interdependencia asimétrica; reacomodo intraestatal.

Introducción

La transformación del sistema político mexicano durante las últimas décadas ha alcanzado una nueva fase con el ascenso y consolidación de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). La importancia de este fenómeno no radica exclusivamente en la sustitución electoral de unos partidos por otros, sino en la modificación de las relaciones mediante las cuales se organiza, distribuye y reproduce el poder político en México. La victoria presidencial de 2018 y la posterior expansión electoral de MORENA alteraron el equilibrio histórico del sistema de partidos y colocaron a esta organización en una posición de predominio que la literatura reciente identifica como una de las principales transformaciones del sistema partidario mexicano contemporáneo (Ponce, 2024).

Sin embargo, la consolidación electoral de MORENA no implica necesariamente la desaparición de las contradicciones inherentes a todo proceso de institucionalización política. Por el contrario, el tránsito de movimiento social y político a partido gobernante introduce nuevas tensiones entre movilización y burocratización, liderazgo y organización, participación y centralización, representación social y profesionalización política. En este sentido, estudiar MORENA exige superar una perspectiva exclusivamente electoral y analizarlo como una organización política que articula estructuras partidarias, gobiernos, grupos parlamentarios, liderazgos territoriales, redes políticas y diversos intereses sociales y económicos.

El problema central que orienta este artículo consiste en determinar cómo la institucionalización de MORENA como fuerza gobernante está modificando las relaciones de poder dentro del Estado mexicano y qué características adquiere, en este proceso, la competencia entre diferentes grupos políticos por posiciones institucionales, territoriales y estratégicas.

La hipótesis general sostiene que la institucionalización de MORENA ha producido un reacomodo intraestatal de las élites políticas, entendido como el proceso mediante el cual distintos grupos políticos, económicos y territoriales reorganizan sus posiciones, alianzas y capacidades de decisión dentro de las instituciones estatales como consecuencia de una modificación en la correlación de fuerzas políticas.

Desde esta perspectiva, el proceso rumbo a 2027 adquiere relevancia analítica porque permite observar la transformación de las relaciones de poder en un escenario donde las candidaturas, los gobiernos estatales, los congresos locales, las estructuras territoriales y las dirigencias partidarias se convierten en espacios de competencia por la reproducción y ampliación del poder político.

Desarrollo

1. El Estado como relación social de poder

El análisis del reacomodo político de MORENA requiere partir de una determinada concepción del Estado. No resulta suficiente comprenderlo como una estructura jurídica neutral ni como una maquinaria administrativa separada de las relaciones sociales. Desde una perspectiva materialista, el Estado debe ser entendido como una condensación institucional de relaciones sociales, económicas y políticas históricamente determinadas.

En Marx, el Estado moderno no puede comprenderse al margen de las relaciones materiales de producción y de las contradicciones existentes en la sociedad capitalista (Marx & Engels, 1974). Sin embargo, reducir el Estado a un instrumento directo y mecánico de una clase dominante produciría una interpretación insuficiente de las complejas relaciones existentes entre economía, política e instituciones.

La aportación de Gramsci permite profundizar esta perspectiva al incorporar las categorías de hegemonía, dirección política, consenso y coerción. El poder no se reproduce exclusivamente mediante la fuerza estatal, sino también mediante la construcción de consensos, valores, discursos e instituciones capaces de presentar intereses particulares como intereses generales (Gramsci, 1981).

Poulantzas desarrolla una concepción relacional particularmente relevante para el análisis contemporáneo. El Estado no constituye una entidad exterior a las clases y grupos sociales, sino una condensación material de relaciones de fuerza. Por ello, las contradicciones sociales se inscriben en el interior de las propias instituciones estatales (Poulantzas, 1979). En consecuencia, las disputas entre grupos políticos no deben ser interpretadas únicamente como conflictos personales, sino como manifestaciones de relaciones más amplias de poder.

Esta perspectiva permite formular una premisa fundamental: el Estado no es un espacio vacío ocupado alternativamente por diferentes actores; es un campo institucional estructurado en el que las relaciones sociales y políticas se condensan, reproducen y transforman.

Desde el enfoque estratégico-relacional de Jessop (1990), además, las instituciones estatales presentan determinadas “selectividades estratégicas” que favorecen algunas estrategias, actores e intereses sobre otros. Esto significa que el acceso al Estado no garantiza automáticamente la capacidad de transformar sus estructuras, pero sí modifica las condiciones bajo las cuales diferentes actores pueden disputar el poder.

Desde esta perspectiva, MORENA debe ser analizado no solamente como partido político, sino como uno de los principales vehículos contemporáneos de acceso, distribución y reproducción del poder estatal.

2. MORENA: de movimiento político a partido gobernante

MORENA surgió inicialmente como una organización político-social vinculada a un proceso de movilización y articulación de diversos sectores inconformes con el régimen político existente. Posteriormente se convirtió en partido político nacional y, a partir de 2018, adquirió una posición central dentro del sistema político mexicano.

La literatura especializada ha identificado diferentes dimensiones de este proceso. Ponce (2024) señala que la irrupción electoral de MORENA modificó profundamente el sistema partidario mexicano, históricamente caracterizado por una importante estabilidad organizativa y por la competencia entre fuerzas consolidadas.

Pero la transformación de un movimiento en partido y posteriormente en fuerza gobernante implica modificaciones organizativas sustantivas. El movimiento puede sostenerse mediante la movilización, la identidad política y la acción colectiva; el partido, en cambio, requiere estructuras permanentes, procedimientos, recursos, cuadros profesionales, mecanismos de selección y dispositivos de coordinación territorial.

Panebianco (1988) plantea que la institucionalización partidaria debe estudiarse a partir de la distribución y reproducción del poder dentro de la organización, así como de la formación de coaliciones dominantes y del control de zonas de incertidumbre organizativa. El partido, por tanto, no es una estructura homogénea, sino un espacio donde diferentes actores negocian, compiten y construyen alianzas.

En el caso de MORENA, esta problemática resulta particularmente significativa debido a la velocidad con que la organización transitó desde una estructura predominantemente movilizadora hacia una organización con responsabilidades gubernamentales, legislativas y territoriales.

La investigación de Bolívar Meza (2017) ya advertía, desde los primeros años de MORENA como partido, la coexistencia entre mecanismos formales de democracia interna y tendencias hacia la concentración del poder. El autor analiza específicamente la selección de dirigencias, candidaturas y mecanismos de decisión, mostrando la necesidad de distinguir entre las normas formales de la organización y su funcionamiento político efectivo.

Esta distinción es fundamental para estudiar el periodo posterior. La institucionalización no debe entenderse como un proceso lineal mediante el cual una organización simplemente adquiere reglas estables. También puede implicar burocratización, profesionalización, concentración decisoria y formación de grupos dirigentes.

3. Élites políticas, organización partidaria y competencia por el poder

La teoría de las élites proporciona otra dimensión indispensable para interpretar el proceso. Mosca, Pareto y Michels mostraron, desde diferentes perspectivas, que las organizaciones políticas tienden a generar minorías dirigentes capaces de concentrar recursos, conocimientos y capacidad de decisión.

Michels (1911/1962), mediante su conocida tesis sobre las tendencias oligárquicas de las organizaciones, sostuvo que la complejidad organizativa genera mecanismos de delegación que pueden producir concentración del poder. No obstante, una investigación contemporánea no debe convertir esta proposición en una ley determinista. Estudios posteriores han mostrado que la intensidad de las tendencias oligárquicas depende de condiciones institucionales, sociales y organizativas específicas.

Por ello, para estudiar MORENA resulta metodológicamente más adecuado preguntar qué grupos controlan determinados recursos, cómo se construyen las coaliciones internas, cuáles son los mecanismos de selección de candidaturas, qué actores controlan estructuras territoriales y cómo circulan los cuadros entre partido, gobierno y legislativo.

Aquí aparece la utilidad del concepto de élite política. Una élite no debe definirse únicamente por su posición formal. Es necesario considerar también su capacidad efectiva de influir sobre decisiones, recursos, nombramientos, candidaturas y políticas públicas.

En consecuencia, el objeto de estudio no debe ser exclusivamente la dirigencia nacional de MORENA. Deben considerarse también las élites estatales, los liderazgos territoriales, grupos parlamentarios, gobernadores, funcionarios públicos, operadores electorales y redes políticas capaces de articular recursos institucionales y territoriales.

De esta manera, el reacomodo político rumbo a 2027 puede ser estudiado como una competencia entre diferentes configuraciones de poder por controlar posiciones estratégicas dentro del aparato estatal.

4. El reacomodo intraestatal como categoría analítica

A partir de la articulación de las perspectivas anteriores se propone la categoría de reacomodo intraestatal de las élites políticas.

Esta categoría designa el proceso mediante el cual diferentes grupos políticos, económicos y territoriales modifican sus posiciones relativas dentro de las instituciones estatales, reorganizan alianzas, redistribuyen recursos y desarrollan nuevas estrategias para preservar o ampliar su capacidad de decisión.

El concepto contiene cinco dimensiones:

1. Institucional: competencia por cargos gubernamentales, legislativos y partidarios.
2. Territorial: disputa por estructuras locales, municipios, distritos y gobiernos estatales.
3. Organizativa: formación de grupos, alianzas y coaliciones dentro de MORENA.
4. Económica: vínculos diferenciados entre actores políticos y grupos económicos.
5. Internacional: condicionamientos derivados de la posición de México dentro de la economía política internacional.

Esta categoría permite evitar dos reduccionismos. El primero consiste en explicar los conflictos internos exclusivamente mediante diferencias ideológicas. El segundo consiste en reducirlos a enfrentamientos personales.

La competencia política puede contener componentes ideológicos, pero también disputas por candidaturas, recursos, posiciones institucionales, control territorial y capacidad de decisión.

Por tanto, el reacomodo debe estudiarse como una transformación de la correlación de fuerzas.

5. Estado, capital y autonomía relativa

Una dimensión adicional corresponde a las relaciones entre poder político y poder económico.

Desde Poulantzas (1979), el Estado capitalista no puede comprenderse como simple instrumento directo de una clase homogénea. Las clases dominantes presentan fracciones con intereses diferenciados y, en determinadas coyunturas, contradictorios. El Estado posee cierta autonomía relativa precisamente porque necesita organizar y mantener las condiciones generales de reproducción del orden social.

Esta perspectiva resulta particularmente útil para analizar las relaciones entre MORENA, los grupos empresariales y las estructuras económicas nacionales.

La investigación debe evitar dos posiciones igualmente problemáticas. La primera consiste en asumir que MORENA representa automáticamente los intereses de un determinado grupo económico. La segunda consiste en afirmar que el gobierno se encuentra completamente separado de las estructuras económicas.

La alternativa consiste en reconstruir empíricamente las relaciones entre actores políticos y económicos mediante evidencia documental, trayectorias profesionales, participación en organismos empresariales, vínculos institucionales, contratos, políticas públicas, redes de intermediación y procesos de toma de decisiones.

Así, la relación entre política y economía se convierte en un problema de investigación y no en una conclusión previamente establecida.

6. México y Estados Unidos: interdependencia asimétrica

El reacomodo político mexicano tampoco puede estudiarse al margen de la posición internacional de México.

La relación con Estados Unidos constituye una dimensión estructural debido a la magnitud de los vínculos comerciales, productivos, migratorios, financieros, energéticos y de seguridad. Sin embargo, definir esta relación simplemente como “intervención estadounidense” resultaría conceptualmente insuficiente si no se especifican los mecanismos concretos mediante los cuales se ejerce influencia.

Castro-Rea (2022) propone comprender América del Norte mediante la categoría de interdependencia asimétrica. Estados Unidos posee una posición de poder considerablemente mayor, pero la relación no constituye una dependencia absolutamente unilateral: la economía estadounidense también obtiene beneficios sustantivos de la integración regional y de la contribución mexicana a las cadenas productivas, los mercados y la fuerza laboral norteamericana.

Por ello, la investigación debe estudiar la influencia internacional mediante variables observables: presión diplomática, negociación comercial, cooperación de seguridad, política migratoria, inversiones, cadenas de suministro, dependencia tecnológica, mecanismos financieros y capacidades de negociación.

La soberanía, en consecuencia, no debe analizarse como una condición absoluta, sino como una capacidad política que se ejerce dentro de relaciones internacionales estructuralmente desiguales.

7. El proceso rumbo a 2027

El proceso electoral de 2027 constituye un escenario privilegiado para observar el reacomodo político porque las elecciones intermedias y locales pueden funcionar como mecanismos de redistribución de poder dentro de las organizaciones políticas.

Las candidaturas permiten observar qué grupos poseen capacidad de nominación; las alianzas muestran qué actores tienen capacidad de negociación; las estructuras territoriales permiten identificar redes de movilización; y los resultados electorales muestran qué grupos logran convertir recursos organizativos en poder institucional.

Por ello, el análisis debe construir una secuencia causal susceptible de comprobación:

cambio en la correlación electoral → acceso al gobierno → institucionalización partidaria → formación de grupos internos → competencia por posiciones estatales → alianzas políticas y económicas → disputa territorial → interacción con factores internacionales → reacomodo de élites → nueva correlación de fuerzas.

Esta secuencia permite formular una agenda de investigación empírica.

El estudio de casos deberá identificar, por ejemplo, trayectorias de dirigentes, circulación de cuadros entre partido y gobierno, mecanismos de selección de candidaturas, composición de coaliciones, conflictos internos, redes territoriales y resultados electorales.

En este punto resulta fundamental diferenciar entre hecho, evidencia, interpretación, explicación y evaluación. Una acusación pública no constituye por sí misma una demostración científica; una coincidencia temporal no demuestra causalidad; y una relación política visible no implica necesariamente subordinación económica.

Una investigación doctoral o de critica culta debe, por tanto, sostener sus afirmaciones en fuentes verificables y permitir que sus hipótesis puedan ser confirmadas, modificadas o refutadas mediante evidencia.

8. Una agenda de investigación para el análisis del poder político

El concepto de reacomodo intraestatal permite construir una agenda de investigación capaz de superar los estudios exclusivamente electorales sobre MORENA.

La pregunta fundamental deja de ser simplemente quién gana una elección y pasa a ser qué relaciones de poder se modifican después de una elección, qué grupos se fortalecen, cuáles pierden posiciones, qué instituciones adquieren mayor centralidad y cómo se reorganizan las alianzas políticas y económicas.

De esta forma, MORENA constituye un caso privilegiado para analizar una cuestión más amplia: la transformación del Estado mexicano en un contexto de cambio partidario, concentración electoral, competencia intraélite, persistencia de estructuras económicas capitalistas e interdependencia internacional asimétrica.

La cuestión de fondo no consiste únicamente en determinar si MORENA representa una ruptura o una continuidad respecto del régimen político anterior. El problema científico consiste en identificar qué estructuras se han transformado, cuáles permanecen y mediante qué mecanismos se produce la combinación entre cambio y continuidad.

Conclusiones

El análisis desarrollado permite sostener que el denominado reacomodo político de MORENA no debe interpretarse exclusivamente como una disputa coyuntural entre dirigentes o como una sucesión de conflictos personales. Se trata de un fenómeno potencialmente más profundo: la reorganización de las relaciones mediante las cuales distintos grupos políticos disputan posiciones, recursos y capacidades de decisión dentro del Estado mexicano.

La institucionalización de MORENA ha modificado el sistema partidario y ha generado nuevas condiciones de competencia. El tránsito de movimiento a partido y posteriormente a fuerza gobernante implica necesariamente la construcción de estructuras burocráticas, mecanismos de selección, redes territoriales y coaliciones internas. Estos procesos pueden fortalecer la capacidad institucional del partido, pero también generar concentración de poder y tendencias oligárquicas.

La teoría de Poulantzas permite comprender que dichas disputas no ocurren fuera del Estado, sino dentro de un entramado institucional que condensa relaciones sociales y correlaciones de fuerza. Desde esta perspectiva, la lucha por candidaturas, gobiernos, posiciones legislativas y estructuras partidarias forma parte de una disputa más amplia por la orientación y control de determinadas capacidades estatales.

El concepto de reacomodo intraestatal de las élites políticas constituye, en este sentido, una herramienta analítica para estudiar la reorganización de esas relaciones de poder. Su utilidad reside en que permite integrar dimensiones institucionales, territoriales, organizativas, económicas e internacionales sin reducir ninguna de ellas a una explicación monocausal.

Asimismo, la relación México-Estados Unidos debe ser incorporada al análisis desde la categoría de interdependencia asimétrica. La existencia de una relación estructuralmente desigual no implica que la política mexicana sea completamente determinada desde el exterior. Por el contrario, la asimetría genera restricciones, incentivos y capacidades diferenciadas de negociación, pero también espacios de agencia política.

Rumbo a 2027, la cuestión central será determinar si MORENA avanza hacia una institucionalización capaz de generar reglas relativamente estables y mecanismos de procesamiento de sus conflictos internos, o si el predominio electoral se acompaña de una concentración creciente de las decisiones en grupos reducidos.

La investigación doctoral o la crítica culta deberá, por tanto, evitar tanto la idealización como la descalificación apriorística de MORENA. El objeto científico no es demostrar que el partido representa necesariamente una ruptura democrática ni, en sentido contrario, confirmar anticipadamente una hipótesis de regresión autoritaria. El objetivo consiste en identificar empíricamente las transformaciones de las relaciones de poder.

En última instancia, estudiar MORENA rumbo a 2027 significa estudiar una transformación más amplia del Estado mexicano. El problema central no es solamente quién ocupa el poder, sino cómo se reorganiza el poder, qué grupos logran convertir sus recursos políticos en capacidades institucionales, qué relaciones económicas condicionan esa disputa y cuáles son los límites estructurales de la transformación política dentro del capitalismo mexicano.

Bibliografía

Bolívar Meza, R. (2017). Movimiento de Regeneración Nacional: democracia interna y tendencias oligárquicas. Foro Internacional, 57(2), 460–489. https://doi.org/10.24201/fi.v57i2.2385

Cadena-Roa, J. (2003). State pacts, elites, and social movements in Mexico’s transition to democracy. En J. A. Goldstone (Ed.), States, parties, and social movements (pp. 107–144). Cambridge University Press.

Castro-Rea, J. (2022). Asymmetric interdependence: North America’s political economy. En Z. Cope & I. Ness (Eds.), The Oxford handbook of economic imperialism (pp. 553–566). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197527085.013.41

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Jessop, B. (1990). State theory: Putting the capitalist state in its place. Polity Press.

Marx, K., & Engels, F. (1974). La ideología alemana. Ediciones Pueblos Unidos.

Michels, R. (1962). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy. Free Press. (Trabajo original publicado en 1911).

Panebianco, A. (1988). Political parties: Organization and power. Cambridge University Press.

Ponce, A. F. (2024). The weakening of the Mexican party system: The rise of AMLO’s MORENA. En T. Poguntke & W. Hofmeister (Eds.), Political parties and the crisis of democracy: Organization, resilience, and reform (pp. 289–309). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198888734.003.0014

Poulantzas, N. (1979). Estado, poder y socialismo. Siglo XXI Editores. (Trabajo original publicado en 1978).

Los procesos electorales contemporáneos constituyen uno de los espacios privilegiados para observar las contradicciones existentes entre democracia formal, representación política y desigualdad social. La elección, presentada institucionalmente como el mecanismo mediante el cual la ciudadanía ejerce su soberanía, no puede ser comprendida únicamente como un procedimiento técnico destinado a seleccionar gobernantes. Es también un campo de disputa simbólica, ideológica y material en el que diferentes actores compiten por conquistar legitimidad, construir representaciones de la realidad y obtener capacidad de dirección sobre el conjunto de la sociedad.

Uno de los fenómenos más significativos de la política contemporánea es su creciente espectacularización. La competencia electoral se encuentra cada vez más atravesada por la producción de imágenes, la personalización de los candidatos, la construcción mediática de acontecimientos y la conversión de la vida cotidiana en material de propaganda. El candidato aparece comiendo en una fonda, caminando por calles enlodadas, durmiendo en el suelo, bailando con habitantes de una comunidad, abrazando vendedores ambulantes, trabajando albañilería, regalando comida o elotes, uniéndose a los trends como los pet friendly, defensores inclaudicables de la comunidad LGBT, defensoras férreas de las luchadoras de las madres buscadoras, defensores incansables de los pueblos originarios, defensores soberanos del territorio del campo y la ciudad, defensores del cupo sobrepobalcional de la educación en las aulas, exponiéndose deliberadamente a la lluvia o protagonizando actos destinados a producir una respuesta emocional inmediata en las redes sociales. Pero, les falta mucho pueblo y construcción de base.

No se trata de considerar que cualquier contacto entre un candidato y sectores populares sea necesariamente falso o ilegítimo. El problema teórico aparece cuando la representación de la cercanía sustituye la construcción de vínculos políticos sustantivos y cuando la pobreza, la precariedad y las condiciones materiales de existencia son convertidas en recursos escenográficos destinados a producir legitimidad electoral.

El argumento central de este análisis, desde la pluma libertaria, sostiene que la espectacularización de la política no constituye un fenómeno superficial ni exclusivamente mediático. Es una expresión de transformaciones más profundas en las relaciones entre representación, poder, ciudadanía y producción de legitimidad. La política-espectáculo tiende a convertir al ciudadano en espectador, al candidato en mercancía simbólica y a la realidad social en escenario de representación.

La cuestión de fondo no consiste, por tanto, en determinar si determinados candidatos son personalmente auténticos o simuladores, sino en comprender qué condiciones sociales, económicas, institucionales y mediáticas hacen posible que la apariencia de representación adquiera mayor centralidad que la participación política efectiva.

La política como espectáculo y la transformación de la representación.

Guy Debord formuló una de las herramientas conceptuales más importantes para comprender esta transformación al definir el espectáculo no simplemente como una acumulación de imágenes, sino como una relación social mediada por imágenes. En su planteamiento, el espectáculo no constituye un elemento decorativo de la sociedad, sino una forma de organización de la experiencia social en la que la representación adquiere autonomía y la vida directamente experimentada tiende a presentarse a través de imágenes.

Esta categoría permite comprender la política electoral contemporánea más allá de la simple proliferación de propaganda. El espectáculo político no consiste solamente en que existan fotografías, videos, anuncios o transmisiones digitales. Consiste en que las relaciones políticas mismas comienzan a organizarse mediante dispositivos de visibilidad. El candidato necesita aparecer; la comunidad necesita ser mostrada; la pobreza necesita ser dramatizada; la cercanía necesita ser fotografiada; la indignación necesita convertirse en contenido; la solidaridad necesita transformarse en imagen.

De esta manera, la apariencia de proximidad puede adquirir autonomía respecto de la relación social que pretende representar. El candidato que se fotografía comiendo con trabajadores o caminando por una comunidad no necesariamente está mintiendo; pero la imagen producida puede funcionar independientemente de la profundidad de la relación política existente. El acontecimiento visual comienza a sustituir al vínculo social. La fotografía-video no demuestra por sí misma compromiso, así como la presencia física en una comunidad tampoco demuestra la existencia de un proyecto político orientado a transformar sus condiciones materiales.

Aquí aparece una contradicción fundamental: mientras más se perfeccionan las tecnologías de representación, mayor puede ser la distancia entre la imagen política y la experiencia cotidiana de las poblaciones representadas. La política corre así el riesgo de convertirse en una esfera en la que aparecer cercano puede adquirir mayor valor que construir relaciones políticas permanentes.

El candidato como mercancía simbólica.

La espectacularización se encuentra estrechamente relacionada con la personalización de la política. Los partidos políticos de tinte conservador o burguesa, programas, plataformas e instituciones pierden parcialmente centralidad frente a la construcción de personajes capaces de concentrar expectativas, emociones y conflictos. El candidato deja de ser únicamente el representante de una organización política y se convierte en una marca. Su apariencia, lenguaje, vestimenta, comportamiento, historia personal, familia, gestos y capacidad de producir contenidos adquieren valor político.

Esta transformación puede comprenderse mediante la categoría de campo político desarrollada por Pierre Bourdieu. Para Bourdieu, la representación política se encuentra vinculada a procesos de concentración del capital político y a la creciente profesionalización de las organizaciones políticas. La representación puede generar una separación entre representantes y representados, especialmente cuando estos últimos poseen menores recursos culturales y políticos.

Desde esta perspectiva, la política profesional desarrolla sus propias reglas de funcionamiento. Los actores políticos compiten no solamente por votos, sino también por reconocimiento, lealtad (tan en boga por los grupos caciquiles de horca y cuchillo) legitimidad, visibilidad, capacidad de movilización y acceso a posiciones institucionales.

El candidato exitoso no es necesariamente aquel que posee mayor conocimiento de las estructuras sociales, sino aquel que consigue transformar determinados atributos personales en capital político. La autenticidad, por ejemplo, puede convertirse en una mercancía política.

La imagen de “ser del pueblo”, “comer como el pueblo”, “caminar como el pueblo” o “sufrir como el pueblo” puede transformarse en un recurso de legitimación; pero nunca, jamás, significa necesariamente ser pueblo.  El pueblo aparece entonces como fuente de autenticidad simbólica, mientras el candidato obtiene de esa representación un incremento de capital político. La paradoja es evidente: quienes históricamente han ocupado posiciones sociales alejadas de las condiciones de vida de las mayorías pueden necesitar representar simbólicamente aquello de lo que materialmente se encuentran distantes.

La pobreza como escenario de legitimación.

La utilización electoral de la pobreza constituye una de las expresiones más problemáticas de esta lógica. Las comunidades populares no son únicamente espacios geográficos. Son territorios atravesados por relaciones históricas de desigualdad, explotación, exclusión y resistencia. Cuando una campaña transforma esas condiciones en escenario para producir imágenes de sensibilidad social, existe el riesgo de que la pobreza sea despolitizada.

La pobreza deja de aparecer como resultado de relaciones económicas, laborales e institucionales y comienza a representarse como un paisaje humano que permite al candidato demostrar sensibilidad. La consecuencia ideológica de esta operación es importante: la estructura se transforma en escena y la contradicción social se transforma en imagen.

Un candidato puede aparecer caminando por una calle sin pavimentar sin que ello implique necesariamente una explicación acerca de por qué esa comunidad carece de infraestructura. Puede comer con una familia sin discutir las condiciones laborales que determinan sus ingresos. Puede entregar materiales de construcción sin cuestionar las causas estructurales de la precariedad habitacional.

La imagen produce cercanía, pero no necesariamente comprensión estructural. Aquí reside uno de los principales límites de la política espectacular: la visibilización de la pobreza no implica necesariamente la comprensión de sus causas estructurales; por el contrario, puede contribuir a ocultar las relaciones sociales de explotación, dominación y desigualdad que intervienen en su producción y reproducción.

Clientelismo y transformación de los derechos en favores.

La espectacularización de la política no puede separarse de las prácticas clientelares. En sociedades profundamente desiguales, las necesidades materiales pueden convertirse en instrumentos de mediación política. En sociedades atravesadas por la explotación y profundas desigualdades de clase, la precariedad material puede ser convertida en instrumento de mediación política:  tarjetas para despensas, materiales de construcción, fertilizantes, láminas, computadoras, tinacos, cemento, prendas de vestir, becerros, cochinos, marranos, marranos, más marranos, alimentos y otros bienes pueden formar parte de estrategias electorales cuando su entrega se vincula con expectativas de apoyo político y de ningún modo como proyecto de transformación de largo aliento.

Es indispensable distinguir aquí entre política social y clientelismo. Un programa público basado en derechos, criterios generales y reglas institucionales no es equivalente a una dádiva electoral. La diferencia fundamental reside en la relación entre el recurso y la ciudadanía. Cuando un derecho se presenta como favor, se establece una relación de dependencia.

La operación clientelar puede sintetizarse de la siguiente manera: necesidad material → intermediación política → entrega selectiva → expectativa de reciprocidad → subordinación política.

El ciudadano deja entonces de relacionarse con el Estado desde la perspectiva de un derecho exigible y comienza a hacerlo mediante una relación personalizada de agradecimiento y dependencia. Esta dinámica tiene consecuencias sobre la autonomía política. Una persona que depende de un recurso proporcionado por un intermediario político puede enfrentar mayores dificultades para expresar libremente su desacuerdo. El clientelismo no elimina formalmente la libertad electoral, pero puede condicionarla materialmente.

La desigualdad económica como desigualdad política.

La igualdad política formal constituye uno de los principios fundamentales de la democracia moderna. Sin embargo, la existencia de derechos políticos iguales no significa que todos los ciudadanos posean iguales capacidades materiales para ejercerlos. Aquí aparece una de las contradicciones centrales de las democracias contemporáneas: igualdad jurídica y desigualdad material pueden coexistir dentro de una misma estructura institucional. Todos pueden votar, pero no todos poseen los mismos recursos para producir discursos públicos. Todos pueden participar, pero no todos tienen acceso equivalente a medios de comunicación. Todos pueden organizarse, pero no todos poseen las mismas condiciones económicas para sostener organizaciones. Todos pueden aspirar formalmente a cargos públicos, pero los costos económicos, culturales, sociales y organizativos de la competencia política son profundamente diferenciados.

La democracia electoral, por tanto, no puede analizarse exclusivamente desde la igualdad ante la urna. Debe estudiarse también desde la distribución social del capital económico, cultural, simbólico y político. En este punto, la aportación de Bourdieu resulta particularmente relevante: el campo político desarrolla mecanismos propios de profesionalización y concentración del capital político, de manera que la distancia entre representantes y representados puede ampliarse cuando los segundos carecen de recursos para intervenir autónomamente en ese campo.

Hegemonía, consenso y construcción del sentido común.

El problema tampoco puede reducirse a la manipulación mediática. La política requiere comprender cómo determinadas representaciones consiguen convertirse en sentido común. Aquí resulta fundamental la categoría gramsciana de hegemonía. Gramsci analiza la relación entre sociedad civil, Estado, dirección política y consentimiento. En su concepción, la dominación no descansa exclusivamente en la coerción, sino también en la capacidad de los grupos dominantes para producir dirección intelectual y moral, organizar consensos y presentar determinadas concepciones del mundo como naturales o universalmente aceptables.

El espectáculo político puede desempeñar una función hegemónica. La imagen del candidato cercano, humilde, trabajador, sensible o “igual al pueblo” no necesita ser impuesta por la fuerza. Puede ser aceptada voluntariamente si logra articularse con las expectativas, valores y aspiraciones existentes en la sociedad. El poder simbólico funciona precisamente cuando determinadas representaciones dejan de percibirse como representaciones y comienzan a experimentarse como realidad.

La hegemonía política se fortalece cuando el candidato consigue que su propia imagen sea identificada con el interés general. El “yo represento al pueblo” puede convertirse entonces en una operación de poder: quien consigue definir simbólicamente quién es el pueblo adquiere una posición privilegiada para hablar en su nombre.

Representación y expropiación de la palabra política.

La representación contiene una paradoja democrática. Para que exista representación, alguien debe hablar en nombre de otros. Pero cuanto mayor sea la distancia entre quienes hablan y quienes son representados, mayor puede ser la posibilidad de que la representación se transforme en sustitución.

El representante comienza hablando por el representado y puede terminar hablando en lugar del representado. Esta problemática adquiere especial relevancia cuando las organizaciones políticas se profesionalizan. La política puede convertirse en una actividad especializada, reservada progresivamente a individuos que poseen las competencias, redes, recursos y trayectorias necesarias para acceder al campo institucional.

La ciudadanía queda entonces convertida en audiencia. El pueblo aparece como destinatario de discursos, pero no necesariamente como productor de decisiones. La consecuencia más profunda de este proceso no es solamente la distancia entre gobernantes y gobernados, sino la posible expropiación de la capacidad colectiva de producir política.

El Estado y las relaciones de poder.

Una lectura critica culta del problema exige, sin embargo, evitar una explicación excesivamente simplista según la cual el Estado sería únicamente un instrumento mecánico de una clase social. La teoría de Nicos Poulantzas resulta útil precisamente porque conceptualiza el Estado capitalista como una condensación de relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, y no simplemente como una herramienta externa manipulada directamente por determinados individuos o grupos. Su planteamiento permite analizar la autonomía relativa de las instituciones y las contradicciones que atraviesan al propio aparato estatal.

Esta precisión resulta fundamental. No todo funcionario representa automáticamente los intereses de un grupo económico particular. No toda política pública responde de manera directa a una voluntad homogénea de la clase dominante. El Estado posee instituciones, burocracias, procedimientos y dinámicas propias. Sin embargo, estas instituciones operan dentro de determinadas estructuras económicas y relaciones sociales.

El problema, por tanto, no es preguntar únicamente quién ocupa el gobierno, sino qué relaciones de poder se condensan dentro de las instituciones y qué condiciones estructurales limitan o amplían el margen de acción de quienes gobiernan. Esta perspectiva permite superar dos reduccionismos: el primero consiste en considerar que el Estado es absolutamente autónomo de las relaciones económicas; el segundo, en considerarlo un simple instrumento pasivo controlado directamente por una clase. El Estado es, más bien, un terreno contradictorio de relaciones de poder.

Las contradicciones interburguesas y la competencia electoral.

Las elecciones expresan también disputas entre diferentes proyectos, grupos y fracciones de poder. Los partidos pueden representar intereses diferenciados, desarrollar estrategias distintas y proponer políticas divergentes. Una perspectiva crítica no debe negar estas diferencias. El problema consiste en determinar hasta qué punto esas contradicciones modifican las estructuras fundamentales de la sociedad.

La competencia electoral puede producir cambios importantes en políticas públicas, derechos, instituciones y relaciones sociales. Pero la alternancia gubernamental no implica automáticamente una transformación de las relaciones estructurales que organizan la economía y el poder. Por ello, resulta insuficiente identificar la transformación democrática exclusivamente con la sustitución de gobernantes. La pregunta estructural es otra: ¿qué cambia en las relaciones sociales que producen y reproducen el poder? Esta pregunta permite desplazar el análisis desde la superficie electoral hacia la estructura histórica de la sociedad.

La democracia burguesa como problema teórico.

Desde determinadas tradiciones marxistas, la expresión “democracia burguesa” busca señalar precisamente la contradicción entre las formas políticas de igualdad y las relaciones materiales de desigualdad. La categoría no debería utilizarse como simple descalificación retórica. Su valor analítico depende de la capacidad para demostrar cómo las instituciones democráticas funcionan dentro de determinadas relaciones de producción y estructuras de clase.

La democracia liberal ha producido conquistas históricas fundamentales: derechos civiles, sufragio, libertades políticas, mecanismos de representación y procedimientos institucionales de alternancia. Una crítica académicamente rigurosa no necesita negar esos elementos. Lo que debe analizarse es su límite estructural.

La igualdad política puede existir dentro de una sociedad caracterizada por profundas desigualdades económicas. El derecho a participar no elimina por sí mismo las condiciones materiales que determinan quién posee mayor capacidad de influencia. De esta manera, la democracia burguesa puede ser entendida como una forma histórica de articulación entre igualdad política formal y desigualdad material. El problema teórico no es negar la primera, sino explicar la persistencia de la segunda.

Demagogia y personalización de las contradicciones sociales.

La demagogia desempeña una función específica dentro de esta estructura. Los problemas colectivos son convertidos en promesas individuales. El desempleo se transforma en la promesa de un candidato. La pobreza se convierte en una fotografía. La inseguridad se convierte en una consigna. La falta de infraestructura se convierte en una promesa de obra. La desigualdad se convierte en un discurso de campaña. De esta manera, las contradicciones estructurales aparecen como problemas susceptibles de ser solucionados por la voluntad de un individuo. Se produce una personalización de la política que oculta la naturaleza colectiva de los problemas sociales.

El candidato aparece como sujeto capaz de resolver aquello que, en realidad, depende de relaciones institucionales, económicas y sociales mucho más amplias. La política se convierte así en una pedagogía de la dependencia: el ciudadano espera que otro actúe en su nombre.

Del ciudadano al espectador.

La consecuencia más profunda de este proceso es la transformación del ciudadano en espectador.

Debord permite comprender este desplazamiento al señalar que el espectáculo no es simplemente una colección de imágenes, sino una relación social mediada por ellas. La representación puede independizarse de la experiencia directa y producir un mundo que se contempla más de lo que se transforma.

En la política electoral, esta lógica produce una ciudadanía que observa campañas, consume discursos, comparte videos, comenta fotografías y reacciona ante acontecimientos políticos, pero que no necesariamente participa en la construcción cotidiana de las decisiones públicas. La participación se vuelve episódica. La ciudadanía aparece intensamente durante la campaña y desaparece después de la elección. Esta temporalidad constituye uno de los principales problemas de la democracia contemporánea.

La crisis de representación como crisis de mediación.

La crisis de representación no debe interpretarse exclusivamente como una crisis de confianza en determinados políticos. Puede ser comprendida como una crisis de los mecanismos mediante los cuales la sociedad se representa políticamente a sí misma. Cuando los partidos dejan de funcionar como espacios de deliberación y organización social, cuando las comunidades aparecen únicamente durante los procesos electorales y cuando la ciudadanía participa principalmente mediante el voto, se debilitan las mediaciones entre sociedad e instituciones.

El problema no consiste únicamente en que los políticos estén alejados del pueblo. El problema es que se debilitan los mecanismos sociales mediante los cuales el pueblo puede organizarse, deliberar, formular demandas, producir dirigentes y ejercer control permanente sobre quienes ocupan posiciones institucionales. La crisis de representación es, en este sentido, también una crisis de organización política.

La dimensión estructural de la corrupción y el oportunismo.

Reducir la corrupción a una cuestión moral individual resulta insuficiente para la crítica política culta forjada por la Revolución. La existencia de individuos corruptos es un problema real y debe ser investigada y sancionada cuando corresponda. Pero la reproducción sistemática de prácticas corruptas requiere también condiciones institucionales que las hagan posibles. Por ello, la corrupción debe analizarse simultáneamente como comportamiento individual y como fenómeno estructural. La misma consideración puede aplicarse al oportunismo político.

Si las instituciones electorales premian la visibilidad, la personalización, la espectacularización y la capacidad de movilizar recursos, determinados comportamientos individuales pueden reproducirse independientemente de las convicciones ideológicas de quienes los protagonizan. El sistema puede generar incentivos que producen conductas semejantes entre actores políticamente diferentes. Ésta es una cuestión fundamental: las estructuras pueden reproducir prácticas incluso cuando los individuos que las ocupan cambian.

Hacia una democracia sustantiva.

Una crítica rigurosa de la democracia electoral no debería concluir en la negación de la política ni en la descalificación general de las instituciones. El desafío consiste en reconstruir el sentido de la participación política.

La democracia sustantiva requiere algo más que procedimientos electorales. Requiere condiciones materiales de ciudadanía. Requiere acceso efectivo a derechos. Requiere organización social. Requiere deliberación. Requiere transparencia. Requiere rendición de cuentas. Requiere mecanismos permanentes de control ciudadano. Requiere instituciones capaces de responder a la sociedad y sociedades capaces de controlar a sus instituciones.

La ciudadanía debe dejar de ser comprendida únicamente como capacidad de elegir representantes y comenzar a ser entendida como capacidad permanente de intervenir en la producción de las decisiones colectivas.

Del pueblo representado al pueblo como sujeto político.

La cuestión fundamental que emerge de este análisis puede formularse de manera sencilla pero radical: ¿puede existir democracia sustantiva cuando el pueblo participa fundamentalmente como espectador de su propia representación? La respuesta exige desplazar el centro del análisis. No se trata únicamente de quién gana las elecciones. Se trata de quién produce las decisiones. No se trata únicamente de quién habla en nombre del pueblo. Se trata de quién tiene capacidad efectiva para definir la agenda pública. No se trata únicamente de quién promete transformar la realidad. Se trata de quién participa efectivamente en la construcción de esa transformación. La diferencia entre una democracia meramente procedimental y una democracia sustantiva reside precisamente en esta transición: pasar del pueblo como objeto de representación al pueblo como sujeto político.

Superar la política como espectáculo:

La espectacularización de la política constituye, en consecuencia, mucho más que una transformación de las campañas electorales. Es una expresión de la creciente centralidad de la imagen en la producción contemporánea de legitimidad política, pero también de una transformación más profunda de la relación entre ciudadanía, representación y poder.

La imagen del candidato que se mezcla con los sectores populares puede producir cercanía simbólica; sin embargo, esa cercanía no debe confundirse automáticamente con representación política efectiva. La fotografía de la pobreza no elimina la pobreza. La presencia temporal en una comunidad no sustituye la participación permanente. La entrega de un recurso no equivale necesariamente al reconocimiento de un derecho. La promesa electoral no constituye por sí misma una política pública.

El problema central reside en la distancia entre representación y transformación.

Debord permite comprender cómo la política puede convertirse en espectáculo; Bourdieu ayuda a explicar la concentración del capital político y la profesionalización de la representación; Gramsci permite analizar la producción de consenso y hegemonía; Poulantzas aporta una concepción relacional del Estado y de las contradicciones de clase que evita reducirlo a un simple instrumento mecánico. En conjunto, estas categorías permiten construir una lectura más compleja de la política electoral contemporánea.

El desafío democrático no consiste simplemente en sustituir a un candidato por otro, ni en esperar que la próxima elección resuelva por sí misma las contradicciones acumuladas. El desafío consiste en reconstruir las capacidades sociales de participación, organización y deliberación.

Una democracia verdaderamente sustantiva requiere que quienes padecen las consecuencias de las decisiones políticas puedan participar en su elaboración; que las comunidades no sean únicamente escenarios electorales, sino espacios permanentes de deliberación; que los derechos sociales no sean convertidos en favores; que la representación no implique expropiación de la palabra colectiva; y que el ejercicio del poder esté sometido a mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas.

El problema histórico, por tanto, no es solamente el espectáculo electoral. Es la posibilidad de que el espectáculo llegue a ocupar el lugar de la política. Cuando la apariencia sustituye a la deliberación, la imagen a la organización, la promesa al programa, el candidato al sujeto colectivo y el espectador al ciudadano, la democracia corre el riesgo de conservar sus formas mientras pierde progresivamente parte de su contenido y, sobre todo: construir transformando.

La tarea democrática consiste precisamente en invertir esta relación: que la política deje de producir ciudadanos espectadores y contribuya a formar sujetos políticos capaces de comprender, cuestionar y transformar las condiciones históricas de su propia existencia.

En esa transición se encuentra el verdadero problema de la democracia contemporánea: no únicamente quién gobierna, sino quién participa en la producción social del poder, bajo qué condiciones y con qué capacidad efectiva para transformarlo.

Referencias teóricas fundamentales:

Bourdieu, P. (1981). La représentation politique. Actes de la recherche en sciences sociales, 36, 3–24.

Debord, G. (1967). La Société du spectacle. Buchet-Chastel. La conceptualización del espectáculo como relación social mediada por imágenes constituye uno de los ejes teóricos de este análisis.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers. En particular, sus desarrollos sobre hegemonía, sociedad civil, Estado, partidos e intelectuales.

Poulantzas, N. (1968). Pouvoir politique et classes sociales. François Maspero. Su teoría permite analizar el Estado como una relación estructurada por las contradicciones entre clases y fracciones de clase.

Poulantzas, N. (1976). The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau. New Left Review. El debate resulta particularmente relevante para discutir la autonomía relativa del Estado y su relación con las clases sociales.

El problema fundamental reside en que la inteligencia artificial se desarrolla sobre una estructura material altamente concentrada: datos, centros de cómputo, semiconductores, energía, redes, conocimiento científico, capital financiero y trabajo especializado. El control de estos elementos proporciona ventajas que trascienden el ámbito estrictamente tecnológico y pueden traducirse en posiciones dominantes dentro de la economía mundial y en nuevas capacidades de intervención militar, vigilancia y control social. La competencia tecnológica, por tanto, constituye también una disputa por el control de las fuerzas productivas contemporáneas.

El presente texto sostiene que la inteligencia artificial está configurando un nuevo frente de confrontación estratégica dentro de la reestructuración del orden mundial. La hipótesis central es que la disputa por la IA expresa simultáneamente la competencia entre las grandes potencias, la concentración del capital tecnológico y la lucha por controlar las nuevas fuerzas productivas basadas en datos, algoritmos e infraestructura computacional. En consecuencia, el problema decisivo no consiste solamente en determinar quién desarrolla los sistemas de IA más avanzados, sino quién controla sus condiciones materiales de producción, quién define sus finalidades y quién se apropia de sus beneficios y capacidades estratégicas.

Inteligencia artificial y transformación de las fuerzas productivas

La importancia histórica de la inteligencia artificial puede comprenderse mejor si se la relaciona con el desarrollo de las fuerzas productivas. En la tradición de la economía política, las fuerzas productivas comprenden los medios de producción, los conocimientos, las capacidades técnicas y el trabajo mediante los cuales las sociedades producen sus condiciones materiales de existencia (Marx, 1971, 1975).

A la luz de este planteamiento, la tecnología no constituye una esfera independiente de las relaciones sociales, sino una expresión material de determinadas formas históricas de producción y apropiación.

La IA introduce una transformación cualitativa porque incorpora capacidades de procesamiento, clasificación, predicción, reconocimiento y generación de información que anteriormente dependían en mayor medida de actividades humanas directas. Pero estas capacidades no existen de manera abstracta. Requieren una compleja infraestructura material compuesta por datos, algoritmos, modelos, semiconductores, centros de datos, redes, energía, capital y conocimiento especializado.

Por ello, puede proponerse la categoría de fuerzas productivas algorítmicas para identificar el conjunto integrado de capacidades materiales, científicas y laborales que hacen posible la producción basada en inteligencia artificial. No se trata solamente del algoritmo, sino de toda la arquitectura económica y tecnológica que permite su existencia.

Partiendo de esta consideración permite superar el denominado tecnofetichismo: la tendencia a considerar que la tecnología posee una capacidad autónoma para transformar la sociedad con independencia de las relaciones económicas y políticas. Un sistema de inteligencia artificial puede ser técnicamente extraordinario, pero su función social dependerá de las instituciones que lo controlan, de los objetivos para los cuales fue diseñado y de las relaciones de propiedad dentro de las cuales opera.

El problema adquiere especial importancia porque las fuerzas productivas algorítmicas se encuentran altamente concentradas. Los datos recientes muestran que la industria tecnológica produjo la gran mayoría de los modelos de frontera más relevantes durante 2025, mientras las capacidades de infraestructura computacional, inversión y fabricación de semiconductores permanecen fuertemente concentradas en determinados países y empresas (Stanford HAI, 2026). La aparente universalización de la IA coexiste, así, con una concentración extraordinaria de las condiciones materiales que permiten producirla.

Disputa interimperialista y concentración tecnológica

La competencia tecnológica debe situarse dentro de la transformación de la correlación mundial de fuerzas. Estados Unidos mantiene una posición dominante en inversión privada, infraestructura computacional y desarrollo de determinados modelos de frontera, mientras China ha construido importantes capacidades científicas, industriales y tecnológicas, particularmente en publicaciones, patentes y desarrollo de modelos. La diferencia entre ambos países en determinadas capacidades de IA se ha reducido considerablemente, configurando una competencia tecnológica cada vez más estrecha (Stanford HAI, 2026).

Esta disputa no debe interpretarse como una simple competencia empresarial. Constituye una confrontación por el dominio de sectores estratégicos de la economía mundial. Los semiconductores, los centros de datos, los sistemas de nube, las plataformas digitales, los modelos de IA y las redes de telecomunicaciones constituyen infraestructuras críticas para el funcionamiento de múltiples ramas productivas.

En términos de economía política, la concentración tecnológica representa una nueva dimensión de la concentración del capital. Los grandes conglomerados tecnológicos disponen de ventajas acumulativas: mayor capacidad financiera permite construir más infraestructura; esta infraestructura permite procesar más datos; el procesamiento de datos posibilita desarrollar modelos más sofisticados; estos modelos fortalecen la posición de mercado y permiten atraer mayores cantidades de capital. Se genera así un proceso de concentración autorreforzado.

La disputa por la inteligencia artificial es, por tanto, también una disputa por la dirección futura del capitalismo mundial.

La noción clásica de imperialismo adquiere bajo estas condiciones nuevas expresiones. Si anteriormente el dominio económico se encontraba asociado fundamentalmente con el control de territorios, materias primas, mercados y capital financiero, en la actualidad adquiere creciente importancia el control de infraestructuras digitales, conocimiento, datos y capacidades algorítmicas. Esto no significa que las formas tradicionales de dominación hayan desaparecido; significa que se articulan con nuevas estructuras tecnológicas.

La inteligencia artificial puede convertirse así en un instrumento de reproducción de las relaciones de poder existentes y, simultáneamente, en un factor capaz de modificar la correlación internacional de fuerzas.

Militarización de la IA y transformación de la guerra

La dimensión militar constituye una de las expresiones más críticas de esta transformación. La inteligencia artificial está siendo incorporada progresivamente a tareas de vigilancia, inteligencia, reconocimiento, logística, análisis de información, planificación y sistemas de armas. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido que la incorporación de IA al ámbito militar plantea riesgos relacionados con la aceleración de las operaciones, la imprevisibilidad de determinados sistemas y la reducción del control humano sobre decisiones que pueden producir consecuencias letales.

La cuestión central no es simplemente la automatización de determinadas funciones. El problema aparece cuando la velocidad de procesamiento algorítmico comienza a superar la capacidad humana de deliberación, supervisión y evaluación contextual. Cuanto menor sea el tiempo entre la identificación de un objetivo y la ejecución de una acción, mayor será el riesgo de errores y de decisiones adoptadas sobre información incompleta o incorrecta.

Esto plantea un problema fundamental de responsabilidad. Una máquina no puede convertirse en sujeto último de responsabilidad jurídica o política. La responsabilidad permanece en quienes diseñan, autorizan, despliegan y utilizan los sistemas.

La guerra contemporánea, además, ya no se limita al campo de batalla convencional. Redes de comunicación, sistemas financieros, satélites, infraestructura energética, cadenas logísticas, bases de datos y sistemas industriales constituyen nuevos espacios de confrontación. La frontera entre guerra económica, guerra cibernética, guerra política y guerra militar se vuelve progresivamente más difusa.

La IA amplifica esta transformación al permitir analizar grandes cantidades de información, identificar patrones, automatizar determinadas respuestas y coordinar operaciones complejas. En consecuencia, la superioridad tecnológica puede transformarse en una ventaja estratégica transversal.

El desarrollo de la inteligencia artificial militar plantea, por ello, una contradicción entre capacidad técnica y control político. Cuanto mayor sea la autonomía operativa de los sistemas, mayor deberá ser la capacidad institucional de supervisión y responsabilidad humana.

Vigilancia algorítmica y nuevas formas de control social

La militarización no constituye la única dimensión problemática. La expansión de sistemas de vigilancia algorítmica puede transformar también las relaciones entre Estado, empresas y ciudadanía.

La digitalización permite integrar información sobre identidad, movilidad, comunicaciones, consumo y actividades económicas. Cuando diferentes bases de datos son interconectadas y procesadas mediante sistemas algorítmicos, puede construirse una capacidad de identificación y clasificación poblacional de una magnitud desconocida para las formas tradicionales de vigilancia.

El problema no reside exclusivamente en la existencia de cámaras, registros o bases de datos. El salto cualitativo aparece cuando estas herramientas dejan de funcionar aisladamente y pasan a formar parte de una infraestructura integrada de observación, clasificación y predicción.

En este punto adquiere relevancia el concepto foucaultiano de vigilancia: el poder no necesita ejercerse permanentemente mediante la coerción directa si consigue establecer condiciones permanentes de observación y clasificación (Foucault, 1975). La IA puede ampliar considerablemente esta capacidad al automatizar procesos que anteriormente requerían grandes cantidades de trabajo humano.

El caso palestino plantea una expresión extrema de esta articulación entre tecnología, vigilancia y guerra. Más allá de las particularidades históricas y jurídicas del conflicto, el problema analítico consiste en comprender qué ocurre cuando tecnologías de identificación, recopilación de datos, clasificación y vigilancia se integran en operaciones militares y mecanismos permanentes de control poblacional.

La pregunta adquiere así una dimensión universal:

¿qué ocurre cuando la vigilancia deja de ser una capacidad excepcional del Estado y se convierte en infraestructura permanente de la vida social?

Esta interrogante resulta especialmente relevante para sociedades que, bajo argumentos de seguridad, combate al crimen o modernización administrativa, expanden sistemas digitales de identificación e interconexión de información. La existencia de una infraestructura tecnológica no implica necesariamente su utilización autoritaria; sin embargo, cuanto mayor sea su capacidad de concentración de información, mayor será la necesidad de controles jurídicos, institucionales y democráticos.

México y el problema de la soberanía tecnológica

México enfrenta este proceso desde una posición contradictoria. Por una parte, la digitalización del Estado puede mejorar servicios, fortalecer capacidades administrativas y facilitar la gestión de información. Por otra, la expansión de sistemas biométricos, reconocimiento facial, interconexión de bases de datos y otras tecnologías plantea interrogantes respecto de la privacidad, protección de datos, transparencia y concentración institucional de información.

El problema debe analizarse evitando tanto el tecnofetichismo como el determinismo tecnológico. No toda digitalización conduce inevitablemente a la vigilancia, pero tampoco puede asumirse que la tecnología es políticamente neutral. Su significado depende de las instituciones, relaciones jurídicas y estructuras de poder que determinan quién puede acceder a la información y con qué objetivos.

Para México, la cuestión tecnológica posee además una dimensión de soberanía. Utilizar tecnologías extranjeras no equivale a poseer soberanía tecnológica. Una sociedad puede consumir plataformas, modelos de IA y servicios digitales sin controlar los centros de datos, los semiconductores, los algoritmos, los estándares técnicos ni las condiciones de procesamiento de sus propios datos.

La soberanía tecnológica debe comprenderse entonces como capacidad de decisión. Implica desarrollar conocimiento científico, infraestructura, talento especializado, capacidades computacionales, sistemas propios de investigación, mecanismos de auditoría y capacidad regulatoria.

Para los países del Sur Global, este problema puede adquirir la forma de una nueva dependencia. La dependencia ya no se expresa exclusivamente mediante la importación de maquinaria, capital o bienes manufacturados, sino también mediante la dependencia de plataformas, servicios de nube, sistemas algorítmicos, propiedad intelectual, chips y capacidades de procesamiento.

De ahí que la soberanía tecnológica no deba confundirse con autarquía. Su objetivo no es aislar a los países, sino garantizar capacidad de negociación, decisión, adaptación y sustitución en áreas tecnológicas estratégicas.

La dirección social de las fuerzas productivas algorítmicas

A partir de los elementos anteriores puede formularse una categoría teórica que permite integrar el problema tecnológico con la cuestión política: la dirección social de las fuerzas productivas algorítmicas.

Esta categoría designa la capacidad de una sociedad para determinar quién posee la infraestructura tecnológica, quién controla los datos, qué objetivos persiguen los sistemas, bajo qué criterios son diseñados, quién supervisa sus resultados, quién responde por sus consecuencias y quién recibe los beneficios derivados de su utilización.

La importancia de esta categoría reside en que desplaza el centro del debate. La pregunta deja de ser únicamente:

¿qué puede hacer la inteligencia artificial?

y pasa a ser:

¿quién decide qué hará la inteligencia artificial?

Esta diferencia resulta fundamental.

La discusión tecnológica contemporánea suele concentrarse en la eficiencia, velocidad y capacidad de los sistemas. Sin embargo, desde una perspectiva de economía política, debe analizarse también la propiedad, el control y la apropiación.

La IA puede incrementar extraordinariamente la capacidad productiva de la humanidad, pero también puede profundizar la concentración económica y política si sus capacidades quedan subordinadas exclusivamente a intereses corporativos, militares o geopolíticos.

Por ello, la contradicción fundamental no se encuentra entre humanidad y tecnología, sino entre las enormes posibilidades materiales abiertas por el desarrollo tecnológico y las relaciones sociales bajo las cuales esas posibilidades son apropiadas.

La cuestión histórica es, entonces, quién tendrá la capacidad de orientar las nuevas fuerzas productivas hacia determinados fines sociales.

Desde una aproximación hermenéutica y crítica a la letra libre, la inteligencia artificial constituye uno de los principales campos estratégicos de la transformación mundial contemporánea. Su importancia no deriva únicamente de sus capacidades técnicas, sino de su creciente integración con la economía, el Estado, las estructuras militares y los sistemas de vigilancia.

La disputa por la IA debe comprenderse como una disputa por el control de nuevas fuerzas productivas. Los datos, algoritmos, modelos, semiconductores, centros de datos, energía, conocimiento científico y trabajo especializado forman una arquitectura tecnológica cuya concentración puede producir nuevas formas de poder económico y geopolítico.

La competencia entre Estados Unidos y China-Rusia muestra que la inteligencia artificial se ha convertido en un componente de la disputa por la hegemonía mundial. Al mismo tiempo, la concentración empresarial plantea el riesgo de que capacidades fundamentales para el desarrollo social queden bajo control de un reducido número de corporaciones.

La militarización de la IA agrega una dimensión particularmente grave: la posibilidad de acelerar decisiones militares, ampliar capacidades de vigilancia y reducir los márgenes temporales de intervención humana. La cuestión de la responsabilidad, por tanto, no puede ser desplazada hacia la máquina; permanece en las instituciones y sujetos que deciden su utilización.

La expansión de la vigilancia algorítmica plantea un problema igualmente profundo. Cuando los datos sobre identidad, movilidad, comunicaciones y comportamiento pueden ser integrados y procesados automáticamente, la vigilancia puede transformarse en infraestructura permanente de la vida social.

Para México y el Sur Global, estos procesos plantean el desafío de construir soberanía tecnológica. No basta con consumir tecnologías desarrolladas en otros centros de poder. Es necesario desarrollar capacidades científicas, infraestructura, conocimiento, regulación y mecanismos de cooperación que permitan reducir la dependencia.

En este sentido, la categoría de fuerzas productivas algorítmicas permite comprender la dimensión material del nuevo poder tecnológico, mientras que la categoría de dirección social de las fuerzas productivas algorítmicas permite formular la pregunta política decisiva.

El futuro de la inteligencia artificial no estará determinado únicamente por su evolución técnica.

Estará determinado por las relaciones sociales dentro de las cuales esa evolución tenga lugar.

Por ello, la pregunta fundamental del siglo XXI no consiste solamente en saber quién desarrollará la inteligencia artificial más poderosa, sino quién controlará las fuerzas productivas algorítmicas, bajo qué principios, con qué mecanismos de responsabilidad y en beneficio de quién.

En última instancia, la disputa tecnológica es una disputa por el tipo de sociedad que habrá de emerger de esta transformación histórica. La inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento sin precedentes de concentración del poder o en una herramienta para ampliar las capacidades colectivas de la humanidad. La resolución de esta contradicción dependerá menos de la tecnología considerada en abstracto que de las relaciones económicas, políticas y sociales que determinen su dirección histórica.

Referencias

Crawford, K. (2021). Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence. Yale University Press.

Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Gallimard.

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

International Committee of the Red Cross. (2026). Artificial intelligence in the military domain: Frequently asked questions.

Lenin, V. I. (1975). El imperialismo, fase superior del capitalismo. Progreso. (Trabajo original publicado en 1917).

Marx, K. (1971). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 1857–1858. Siglo XXI.

Marx, K. (1975). El capital. Siglo XXI. (Trabajo original publicado en 1867).

Muldoon, J., & Wu, B. A. (2023). Artificial intelligence in the colonial matrix of power. Philosophy & Technology, 36, 80.

Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). The AI Index Report 2026.

Steinhoff, U. (2021). Automation and autonomy: Labour, capital and machines in the artificial intelligence industry. Palgrave Macmillan.

Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism. PublicAffairs.

La importancia de esta formulación radica precisamente en que desplaza el campo de confrontación desde el terrorismo entendido como fenómeno estrictamente asociado con organizaciones armadas hacia un universo político considerablemente más amplio: movimientos de izquierda, organizaciones revolucionarias, expresiones anticapitalistas y sectores que cuestionan el orden político y económico dominante. En este sentido, la categoría adquiere una dimensión eminentemente política, pues establece una frontera entre aquellas fuerzas consideradas legítimas dentro del orden vigente y aquellas que son construidas discursivamente como amenazas.

El fenómeno no puede comprenderse de manera aislada. Debe situarse en el contexto de una transformación de la correlación internacional de fuerzas, caracterizada por el ascenso de nuevas potencias, el cuestionamiento de la hegemonía estadounidense y la disputa por recursos estratégicos, mercados, territorios y áreas de influencia. La convocatoria promovida por Marco Rubio en 2026 contra lo que la administración estadounidense denomina “terrorismo político de extrema izquierda”, con participación de representantes de decenas de países, constituye una expresión concreta de esta reorientación discursiva y política.

Desde esta perspectiva, el anticomunismo no aparece como una reminiscencia de la Guerra Fría, sino como una categoría política susceptible de ser reactivada y adaptada a las condiciones del capitalismo contemporáneo.

I. La construcción del enemigo político

El capitalismo, particularmente en sus fases de crisis, requiere mecanismos ideológicos que permitan presentar las contradicciones sociales como problemas de seguridad y no como expresiones de las propias estructuras económicas y políticas. En este marco, la construcción del “enemigo” cumple una función estratégica: desplaza el debate sobre las causas de la desigualdad, la explotación y la concentración de la riqueza hacia la identificación de sujetos considerados peligrosos para el orden establecido.

El concepto de “terrorismo de izquierda” puede ser analizado precisamente desde esta perspectiva. Su relevancia política no radica solamente en los sujetos que eventualmente pudieran ser incluidos dentro de dicha categoría, sino en la posibilidad de ampliar el campo de aplicación de los dispositivos contrainsurgentes mediante una definición suficientemente flexible del adversario.

La operación ideológica consiste en producir una equivalencia entre radicalidad política, oposición al capitalismo y amenaza terrorista. Bajo esta lógica, una organización revolucionaria deja de ser interpretada primordialmente como actor político y pasa a ser considerada un problema de seguridad; una movilización anticapitalista deja de ser comprendida como expresión de conflicto social y puede ser incorporada al lenguaje de la amenaza; y la crítica estructural al capitalismo puede ser presentada como una forma de extremismo.

Esta transformación resulta particularmente significativa porque el propio imperialismo estadounidense había difundido durante décadas la idea de que el marxismo constituía una doctrina superada, incapaz de responder a las condiciones contemporáneas. La reaparición del anticomunismo como eje explícito de la política exterior y de seguridad revela, paradójicamente, que aquello que se pretendía sepultar continúa siendo considerado un referente político capaz de disputar el orden dominante.

El problema, por tanto, no reside únicamente en la existencia de organizaciones revolucionarias, sino en la capacidad de las ideas anticapitalistas para proporcionar una interpretación estructural de las relaciones sociales. El marxismo no se limita a denunciar determinados abusos del capitalismo: plantea una crítica de sus relaciones de producción, de sus mecanismos de apropiación y de las formas de poder que las reproducen.

II. De la Guerra Fría a la actualización del anticomunismo

La desaparición de la Unión Soviética y la desintegración del campo socialista modificaron profundamente la correlación internacional de fuerzas. Durante la década de 1990, la hegemonía estadounidense pareció alcanzar una posición prácticamente incontestable. El discurso del “fin de la historia” presentó al capitalismo liberal como horizonte definitivo de la humanidad y redujo el socialismo a una experiencia histórica supuestamente clausurada.

Sin embargo, la desaparición de un determinado equilibrio internacional no significó la desaparición de las contradicciones que habían dado origen a la lucha de clases. Tampoco eliminó las condiciones materiales que producen desigualdad, concentración de la riqueza, explotación laboral, dependencia económica y subordinación geopolítica.

Por ello, la cuestión fundamental del siglo XXI no consiste en determinar si la Guerra Fría regresó exactamente en los mismos términos, sino en analizar cómo determinadas categorías de aquella confrontación están siendo reconstruidas bajo nuevas condiciones.

El anticomunismo contemporáneo posee características diferentes. Ya no necesita necesariamente organizarse alrededor de una confrontación bipolar entre dos superpotencias. Puede funcionar como un dispositivo transnacional de clasificación política, mediante el cual Washington define determinados proyectos, movimientos o gobiernos como amenazas para la seguridad regional y los incorpora a una arquitectura más amplia de contención.

Desde esta perspectiva, la expresión “terrorismo de izquierda” constituye una actualización conceptual del enemigo. El término permite insertar dentro del lenguaje de la seguridad nacional aquello que anteriormente era identificado fundamentalmente mediante categorías político-ideológicas como comunismo, subversión o insurgencia.

III. América Latina como espacio estratégico

América Latina ocupa un lugar central dentro de esta reconfiguración debido a su importancia económica, geopolítica y estratégica. La región concentra recursos energéticos, minerales estratégicos, biodiversidad, agua, tierras productivas y una posición geográfica fundamental para la competencia mundial.

La creación en 2026 del denominado Shield of the Americas debe analizarse dentro de este contexto. La iniciativa estadounidense fue presentada oficialmente como una estructura de cooperación regional contra los cárteles y el crimen transnacional, pero diversos análisis han señalado que también incorpora una dimensión geopolítica vinculada con la disputa por la influencia estadounidense en el hemisferio y con la creciente presencia de otras potencias.

La cuestión central no consiste en negar la existencia del crimen organizado ni la necesidad de enfrentar sus consecuencias sociales, sino en examinar críticamente qué intereses acompañan la construcción de determinadas arquitecturas regionales de seguridad y cuáles son sus implicaciones para la soberanía de los Estados latinoamericanos.

La historia del continente demuestra que la doctrina de seguridad hemisférica ha sido utilizada en distintos momentos para legitimar intervenciones, golpes de Estado, operaciones contrainsurgentes y mecanismos de subordinación política. Por ello, toda nueva estructura hemisférica de seguridad debe ser examinada no únicamente por sus objetivos declarados, sino por las relaciones de poder que establece, los actores que la dirigen y las capacidades que concentra.

La preocupación adquiere mayor relevancia cuando las agendas de seguridad comienzan a converger con categorías ideológicas destinadas a identificar enemigos políticos.

IV. La disputa por la hegemonía mundial

La ofensiva estadounidense no puede explicarse únicamente por la política latinoamericana. Forma parte de una disputa internacional más profunda.

El mundo contemporáneo se encuentra atravesado por una transformación de la correlación de fuerzas. El ascenso económico, tecnológico y político de China; la persistencia de Rusia como potencia militar y energética; la consolidación de agrupamientos como los BRICS; y la búsqueda de mayores márgenes de autonomía por parte de distintos Estados del Sur Global cuestionan la estructura unipolar que predominó después de la desaparición de la URSS.

La competencia ya no se limita al control territorial. Se desarrolla alrededor de minerales críticos, cadenas de suministro, energía, tecnología, infraestructura, mercados financieros y posiciones geoestratégicas.

En este escenario, América Latina adquiere una importancia renovada. La disputa por recursos como litio, cobre, tierras raras, hidrocarburos y otros minerales estratégicos convierte al continente en un espacio de competencia entre proyectos de integración subordinada y proyectos de mayor autonomía.

De ahí que la política exterior estadounidense deba ser analizada simultáneamente en sus dimensiones económica, militar, política e ideológica.

V. México y la contradicción entre soberanía discursiva y dependencia estructural

Dentro de esta dinámica, México ocupa una posición particularmente compleja debido a la profundidad de sus vínculos económicos con Estados Unidos.

La ausencia mexicana de determinadas reuniones impulsadas por Washington no constituye, por sí misma, evidencia suficiente para afirmar una ruptura con la política estadounidense. La cuestión sustantiva debe buscarse en la estructura de las relaciones económicas, comerciales, financieras, migratorias y de seguridad que vinculan a ambos países.

La dependencia no necesariamente adopta la forma de una subordinación abierta. Puede expresarse mediante mecanismos institucionales, comerciales y financieros que condicionan el margen de decisión de un Estado.

En este sentido, la soberanía debe ser examinada no únicamente desde el discurso diplomático, sino desde la capacidad material de un país para tomar decisiones independientes.

El problema fundamental es, por tanto, la contradicción entre una narrativa política que reivindica la soberanía nacional y una estructura económica profundamente integrada y dependiente del mercado estadounidense. Esta contradicción limita objetivamente el margen de maniobra de cualquier gobierno mexicano, independientemente de su discurso político.

VI. El anticomunismo como política de clase

La vigencia del anticomunismo debe entenderse, finalmente, desde una perspectiva de clase.

El capitalismo no elimina las contradicciones sociales al transformar sus formas de acumulación. Por el contrario, genera permanentemente relaciones entre quienes poseen y controlan los medios de producción y quienes dependen de la venta de su fuerza de trabajo.

En momentos de crisis, las clases dominantes pueden recurrir a mecanismos de coerción más intensos para preservar las condiciones de reproducción del orden existente. Esto significa que todo régimen capitalista y que toda política de seguridad es fascista. Una caracterización rigurosa requiere analizar las condiciones históricas concretas, las instituciones, las formas de coerción, la relación entre Estado y clases sociales y el grado de supresión de las libertades políticas.

No obstante, sí resulta pertinente estudiar la creciente normalización de discursos autoritarios, militarizados y anticomunistas como parte de una transformación del campo político.

La experiencia histórica demuestra que el fascismo no surge exclusivamente como resultado de una doctrina previamente consolidada. Puede emerger como respuesta política de sectores dominantes frente a crisis profundas de legitimidad, acumulación y gobernabilidad, particularmente cuando los mecanismos ordinarios de dominación resultan insuficientes.

Por ello, el retorno de un discurso anticomunista agresivo no debe ser considerado un fenómeno anecdótico.

VII. Cuba y el símbolo de la resistencia

Dentro de esta confrontación, Cuba ocupa un lugar particular en la imaginación política latinoamericana.

Más allá de las valoraciones que puedan realizarse sobre el proceso cubano, su permanencia como Estado socialista constituye un hecho histórico de enorme relevancia. Su existencia demuestra que la desaparición del campo socialista europeo no significó la desaparición automática de experiencias políticas que reivindican el socialismo.

Por ello, Cuba continúa funcionando como un símbolo dentro de la disputa ideológica continental. Para el pensamiento revolucionario representa la persistencia de una alternativa histórica al capitalismo; para la política estadounidense constituye un problema geopolítico e ideológico cuya relevancia excede considerablemente sus dimensiones territoriales y económicas.

En este punto se encuentra una de las paradojas fundamentales del anticomunismo contemporáneo: cuanto más se afirma que el comunismo constituye una doctrina superada, mayor importancia política adquiere la necesidad de combatir sus expresiones existentes.

Conclusión: una nueva fase de la confrontación

La actual recuperación del lenguaje anticomunista y la construcción de categorías como “terrorismo de izquierda” deben ser estudiadas como parte de una transformación más amplia del sistema internacional.

No se trata simplemente del retorno mecánico de la Guerra Fría. El escenario contemporáneo es cualitativamente distinto: existe una mayor fragmentación del poder mundial, una competencia creciente entre potencias, una disputa por recursos estratégicos y una crisis de la hegemonía estadounidense que se expresa de manera diferenciada en Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

En este contexto, Washington busca reconstruir mecanismos de influencia política, económica, militar e ideológica sobre el hemisferio occidental. El Shield of the Americas representa una de las expresiones institucionales de esta búsqueda de articulación hemisférica. La convocatoria internacional promovida por Rubio contra el denominado “terrorismo de extrema izquierda” representa, por su parte, una dimensión ideológica y securitaria de esa misma reorientación.

Desde una perspectiva crítica, el problema central no consiste solamente en determinar quiénes son incluidos dentro de la categoría de “terrorismo de izquierda”, sino en preguntar qué intereses de poder se encuentran detrás de esa definición, qué instituciones serán movilizadas para hacerla efectiva y cuáles serán las consecuencias para las organizaciones políticas, los movimientos sociales y los Estados que cuestionen la estructura de dominación existente.

La historia latinoamericana obliga a mantener una posición vigilante frente a cualquier intento de convertir conflictos políticos y sociales en problemas exclusivamente militares o de seguridad. La construcción de un enemigo ideológico puede servir para legitimar políticas que, bajo el lenguaje de la seguridad, terminen restringiendo derechos políticos, ampliando la militarización y reduciendo los márgenes de soberanía nacional.

En consecuencia, el desafío para las fuerzas democráticas, populares, progresistas, antiimperialistas y revolucionarias no consiste únicamente en responder discursivamente al anticomunismo. Requiere comprender las nuevas formas de dominación, estudiar objetivamente la transformación de la correlación internacional de fuerzas y construir alternativas políticas capaces de articular soberanía, justicia social, autodeterminación de los pueblos y cooperación internacional.

La disputa fundamental permanece abierta: no entre dos bloques idénticos a los del siglo XX, sino entre distintos proyectos de organización del poder mundial. El capitalismo continúa reproduciendo contradicciones estructurales y, mientras estas persistan, también persistirá la disputa por las alternativas históricas a su dominación.

En este sentido, el nuevo anticomunismo no debe ser interpretado como una simple anomalía ideológica del presente. Constituye, al menos potencialmente, un componente de la respuesta política de las fuerzas dominantes ante un mundo en transformación. Su estudio exige, por tanto, superar tanto la nostalgia de la Guerra Fría como la ilusión de que sus contradicciones desaparecieron con la caída de la URSS.

La historia no terminó. La lucha por definir el futuro de la humanidad continúa abierta

Desde esta perspectiva, la metodología de construcción en la lucha popular puede definirse como el proceso histórico, político y pedagógico mediante el cual los individuos desarrollan capacidades para interpretar críticamente su realidad, reconocer intereses comunes, organizarse de manera consciente y participar colectivamente en su transformación.

La metodología no debe reducirse a una serie de procedimientos técnicos. Implica establecer una relación coherente entre objetivos, principios, sujetos, medios y resultados; es decir, responder no solamente qué hacer, sino también para qué, con quiénes, bajo qué condiciones y mediante qué mecanismos evaluar la práctica. Su finalidad consiste en superar tanto el espontaneísmo —que deposita en la movilización inmediata la posibilidad de producir transformaciones duraderas— como el practicismo, entendido como actividad constante desvinculada de la reflexión, la sistematización y la evaluación crítica.

La tesis central de esta propuesta sostiene que la construcción de una fuerza popular con capacidad transformadora depende de la articulación dialéctica entre formación del sujeto, organización colectiva y praxis consciente. La organización no es únicamente un instrumento para alcanzar determinados objetivos; constituye también un espacio de formación, producción de conocimiento, construcción de identidad colectiva y transformación de las relaciones sociales.

1. Teoría, práctica y producción de conocimiento

Toda práctica transformadora requiere una comprensión crítica de la realidad. Los problemas sociales no pueden explicarse únicamente a partir de sus manifestaciones inmediatas; es necesario identificar las relaciones históricas, económicas, políticas y culturales que los producen y reproducen.

Por ello, la metodología debe permitir transitar de la experiencia inmediata al análisis crítico, sin desvalorizar la experiencia como fuente de conocimiento. Las comunidades y sectores populares poseen saberes construidos históricamente a partir de sus propias condiciones de vida y de sus experiencias de organización y lucha.

La relación entre teoría y práctica debe concebirse como un proceso dialéctico: la teoría orienta la acción; la práctica permite contrastarla con la realidad; la experiencia produce nuevos conocimientos; y estos conocimientos modifican nuevamente la práctica. La praxis constituye así un proceso permanente de acción, reflexión, evaluación y rectificación.

Desde esta perspectiva, cada experiencia organizativa debe convertirse en aprendizaje colectivo. Los avances, contradicciones, errores y derrotas no deben permanecer como acontecimientos aislados, sino ser analizados y sistematizados para incrementar la capacidad política de la organización. El conocimiento deja entonces de ser una actividad separada de la acción y se convierte en un componente de la construcción colectiva.

2. Del individuo al sujeto colectivo

La existencia objetiva de desigualdad, explotación o exclusión no produce automáticamente conciencia ni organización. Entre la experiencia individual de una problemática y la construcción de una fuerza colectiva existe un proceso de reconocimiento, problematización, formación y organización.

El punto de partida es el individuo concreto, con sus necesidades, experiencias, capacidades y contradicciones. Sin embargo, la construcción política busca que esas experiencias puedan relacionarse con las de otros sujetos hasta identificar problemas e intereses comunes. Este proceso puede expresarse conceptualmente como un tránsito de la necesidad a la conciencia, de la conciencia a la organización y de la organización a la acción colectiva.

No se trata de un proceso lineal ni mecánico. Las dinámicas sociales están atravesadas por contradicciones, avances y retrocesos. Sin embargo, la articulación de estos momentos permite comprender que organizar no significa simplemente incorporar personas a una estructura, sino favorecer la constitución de sujetos colectivos capaces de comprender su realidad y actuar sobre ella.

La transformación personal adquiere aquí una dimensión política. Participar en una organización supone desarrollar capacidades para deliberar, asumir responsabilidades, resolver contradicciones, construir acuerdos y superar prácticas individualistas. No se trata de negar la individualidad, sino de integrarla en una perspectiva de responsabilidad colectiva y solidaridad social.

3. Formación política y construcción de capacidades

La formación constituye una dimensión estratégica de la metodología. Una organización que no reproduce y amplía sus capacidades termina dependiendo del conocimiento acumulado por unos cuantos individuos. Por ello, la formación debe ser permanente y abarcar dimensiones teóricas, prácticas, éticas, técnicas y humanas.

La formación política debe proporcionar herramientas para comprender las estructuras sociales y las relaciones de poder, pero también desarrollar capacidades para intervenir sobre ellas. En este sentido, la formación de cuadros no debe reducirse a la transmisión doctrinaria. Un cuadro político requiere pensamiento crítico, iniciativa, capacidad de análisis, responsabilidad, disposición para aprender, habilidad para trabajar colectivamente y capacidad para formar a otros.

La finalidad de la formación no es concentrar el conocimiento, sino multiplicar capacidades y favorecer la autonomía organizativa. Una organización políticamente madura es aquella capaz de formar nuevos sujetos, distribuir responsabilidades y generar mecanismos que permitan la continuidad del proceso más allá de determinados individuos.

Asimismo, la formación debe vincularse con la experiencia concreta. El conocimiento teórico adquiere capacidad transformadora cuando permite interpretar problemas reales y orientar acciones colectivas. De ahí la importancia de una pedagogía política basada en el diálogo, la reflexión crítica y la sistematización de las experiencias.

4. La relación política como práctica ética

La construcción organizativa requiere relaciones humanas y políticas basadas en la confianza, el respeto, la honestidad y la responsabilidad. Ningún proceso colectivo puede consolidarse sobre la manipulación o la imposición.

Convencer significa construir condiciones para el diálogo y la apropiación consciente de los objetivos colectivos. La relación política debe ser, por tanto, simultáneamente ética, pedagógica y organizativa: ética porque exige coherencia entre principios y conducta; pedagógica porque supone aprender y enseñar de manera recíproca; y organizativa porque busca transformar relaciones individuales dispersas en capacidades colectivas.

Valores como la honestidad, solidaridad, responsabilidad, sencillez, disciplina consciente, perseverancia y congruencia no deben entenderse como atributos abstractos, sino como condiciones concretas para generar confianza y cohesión.

La relación con el pueblo exige, además, capacidad de escucha y reconocimiento. Los sectores populares no deben ser concebidos como objetos de incorporación, sino como sujetos portadores de experiencias, conocimientos y capacidades. La organización política debe aprender de ellos y contribuir a que esas experiencias puedan articularse colectivamente.

La transformación social comienza también en las relaciones que se construyen dentro del propio proceso organizativo. Por ello, la autocrítica y la transformación personal son elementos necesarios para evitar la reproducción de prácticas autoritarias, individualistas o contradictorias con los objetivos emancipatorios.

5. Organización y democracia

La organización popular debe entenderse como capacidad colectiva para deliberar, decidir y actuar. Su fortaleza no depende únicamente de su estructura formal, sino del nivel de participación consciente de sus integrantes.

La democracia interna requiere mecanismos de deliberación, distribución de responsabilidades, rendición de cuentas y evaluación colectiva. La autoridad política encuentra legitimidad cuando está vinculada con la responsabilidad, el conocimiento, la participación y el reconocimiento colectivo, y no únicamente con la posición formal dentro de una estructura.

La organización debe procurar, por tanto, la construcción progresiva de autonomía. Esta autonomía no significa aislamiento, sino capacidad para definir colectivamente objetivos, establecer criterios propios y tomar decisiones sin subordinación a intereses externos.

Al mismo tiempo, la metodología debe reconocer las particularidades históricas, culturales y sociales de cada territorio. La construcción política necesita creatividad y capacidad de adaptación, pero sin convertir las particularidades locales en fragmentación o regionalismo. Lo local debe comprenderse en relación con procesos sociales más amplios.

6. Un ciclo metodológico para la construcción popular

A partir de los elementos anteriores puede establecerse un ciclo metodológico compuesto por seis momentos interrelacionados:

Primero, diagnóstico crítico: conocer las condiciones concretas, necesidades, contradicciones, actores y relaciones de poder existentes.

Segundo, vinculación: establecer relaciones humanas basadas en respeto, escucha, confianza y reconocimiento.

Tercero, problematización y formación: transformar las experiencias inmediatas en objetos de reflexión colectiva y desarrollar capacidades para comprender sus determinaciones sociales.

Cuarto, organización: construir espacios democráticos de participación, deliberación, decisión y responsabilidad.

Quinto, praxis transformadora: desarrollar acciones colectivas orientadas a modificar determinadas condiciones sociales y políticas.

Sexto, evaluación y rectificación: analizar resultados, reconocer errores y aciertos, sistematizar aprendizajes y redefinir las estrategias.

Estos momentos no constituyen etapas rígidas. Forman un ciclo permanente en el que cada experiencia genera nuevas condiciones, problemas y conocimientos. La metodología, por tanto, no concluye con la acción; la acción produce nuevos aprendizajes que deben regresar al proceso de análisis y formación.

Conclusión: construir organización es construir capacidad histórica:

La metodología de construcción en la lucha popular debe entenderse como una praxis consciente orientada a la formación de sujetos colectivos capaces de intervenir históricamente en la transformación de su realidad. Su fundamento se encuentra en la articulación entre teoría y práctica, formación y organización, individuo y colectividad, ética y acción.

Construir organización significa transformar la dispersión en articulación, la experiencia individual en conocimiento colectivo y la inconformidad en capacidad consciente de acción. Para ello se requiere superar tanto el espontaneísmo como el activismo desvinculado de la reflexión.

La organización necesita conocimiento para evitar la improvisación; formación para reproducir capacidades; democracia para garantizar participación; ética para mantener la coherencia entre medios y fines; y praxis para convertir el conocimiento en acción transformadora.

La metodología propuesta no constituye una fórmula cerrada. Su carácter científico y político radica en su capacidad para ser permanentemente contrastada con la realidad mediante la observación, el análisis, la intervención, la evaluación y la rectificación.

En última instancia, construir organización popular significa construir sujetos capaces de superar el aislamiento individual, reconocer la dimensión colectiva de sus problemas, ejercer su autonomía y participar conscientemente en la transformación de las relaciones sociales que condicionan su existencia.

Por ello, la pregunta metodológica fundamental no es únicamente cómo organizar, sino qué sujetos, qué relaciones sociales y qué horizonte histórico se están construyendo mediante la propia práctica organizativa. La respuesta a esta pregunta determina el sentido profundo de toda praxis orientada a la emancipación social.

Desde esta perspectiva, la política de alianzas no puede reducirse a la celebración de acuerdos coyunturales entre organizaciones ni a la suma cuantitativa de fuerzas. Debe comprenderse como un proceso político mediante el cual diferentes sujetos colectivos, conservando inicialmente grados diversos de autonomía y diferenciación, pueden establecer relaciones de cooperación, construir objetivos comunes y desarrollar formas superiores de articulación. En este proceso resulta fundamental distinguir entre coordinación, alianza y unidad, pues cada una expresa un nivel cualitativamente diferente de relación política.

La propuesta que aquí se desarrolla se articula con el concepto de Dirección Histórica Humanista (DHH), entendido como la capacidad colectiva, consciente, organizada, democrática y autocorrectiva de los sujetos sociales para interpretar críticamente las condiciones históricas de su existencia, construir objetivos comunes, articular sus capacidades y orientar su acción hacia la transformación de las relaciones sociales. La dirección histórica, desde esta perspectiva, no equivale al mando de una organización sobre otras ni a la imposición de una voluntad particular; constituye una función colectiva que se construye mediante conocimiento, experiencia, deliberación, organización y acción.

Coordinación, alianza y unidad

La coordinación constituye el nivel inicial de articulación entre fuerzas populares. Se produce cuando diferentes organizaciones, colectivos o expresiones sociales encuentran una coincidencia suficiente para actuar conjuntamente frente a una problemática determinada. Su fundamento puede ser una demanda concreta, una reivindicación sectorial, una coyuntura política o la necesidad de enfrentar una medida que afecta intereses compartidos.

La coordinación no presupone identidad ideológica ni unidad estratégica. Su valor reside precisamente en permitir que fuerzas diferentes descubran, mediante la práctica, la existencia de intereses comunes y capacidades complementarias. Constituye, por ello, una forma inicial de acumulación de experiencia y fuerza política.

Sin embargo, no toda coordinación se transforma necesariamente en alianza. Para que ello ocurra se requiere un desarrollo cualitativo de la relación política. La alianza implica objetivos comunes más definidos, compromisos recíprocos, mecanismos de cooperación y un horizonte de continuidad mayor que el de una acción coyuntural. Puede mantener diferencias ideológicas, programáticas o estratégicas entre sus integrantes, pero existe un campo común suficientemente amplio para sostener una acción política compartida.

De esta manera, puede establecerse una primera proposición conceptual: toda alianza implica coordinación, pero no toda coordinación constituye una alianza.

La alianza posee, por tanto, un carácter predominantemente táctico. Puede ampliarse, transformarse, estancarse o desaparecer de acuerdo con la evolución de la coyuntura y de los objetivos que le dieron origen. Su eventual disolución no significa necesariamente un fracaso; puede haber cumplido una función histórica al modificar la correlación de fuerzas, conquistar una reivindicación, generar experiencia organizativa o establecer nuevas condiciones para futuras articulaciones.

La unidad, en cambio, constituye una transformación cualitativa de las relaciones entre las fuerzas participantes. No puede ser reducida a la suma de coordinaciones o alianzas. Supone la construcción progresiva de objetivos estratégicos comunes, convergencias programáticas, principios políticos compartidos y formas superiores de organización y dirección.

La unidad posee, por tanto, dimensiones políticas, programáticas, ideológicas y orgánicas. Estas dimensiones no necesariamente aparecen simultáneamente ni se desarrollan de manera uniforme. Puede existir unidad de acción sin plena homogeneidad ideológica, o convergencia programática sin integración orgánica. Por ello, la unidad debe ser comprendida como un proceso histórico de construcción y profundización, y no como un estado definitivo.

La dialéctica de la articulación popular

La relación entre coordinación, alianza y unidad no debe entenderse como una secuencia mecánica. Una representación simplificada podría expresarse como:

coordinación → alianza → unidad.

Sin embargo, esta relación constituye únicamente una posibilidad histórica. Una coordinación puede permanecer como tal; una alianza puede romperse; una experiencia de unidad puede retroceder o fragmentarse. La transformación de un nivel de articulación en otro depende de las condiciones objetivas, de la correlación de fuerzas, de la capacidad organizativa, de la experiencia acumulada y del desarrollo de la conciencia política.

En este sentido, la construcción de unidad constituye un proceso dialéctico. La práctica conjunta permite el conocimiento mutuo; el conocimiento puede generar confianza; la confianza posibilita nuevos acuerdos; los acuerdos generan experiencias comunes; y estas experiencias pueden contribuir a la construcción de un programa compartido. Pero en cada momento aparecen contradicciones que deben ser procesadas políticamente.

La unidad no significa eliminar la diversidad. Por el contrario, una unidad políticamente madura debe ser capaz de transformar la diversidad en fuerza colectiva. La uniformidad impuesta puede destruir la riqueza de las experiencias sociales y producir nuevas formas de subordinación. La unidad estratégica requiere, en consecuencia, combinar autonomía y convergencia, identidad y proyecto común, diversidad y dirección colectiva.

Dirección Histórica Humanista y unidad popular

La política de alianzas adquiere una dimensión superior cuando se relaciona con la construcción de una capacidad colectiva de dirección histórica. Desde la perspectiva de la Dirección Histórica Humanista, las fuerzas populares no deben limitarse a reaccionar ante las coyunturas, sino desarrollar capacidades para interpretar las condiciones históricas, establecer prioridades, construir programas, organizar sus fuerzas y evaluar críticamente los resultados de su acción.

La DHH parte de una concepción no determinista de la historia. Las condiciones materiales establecen límites y posibilidades, pero no determinan mecánicamente los resultados históricos. Los sujetos sociales intervienen sobre dichas condiciones mediante su conciencia, organización y acción colectiva. De ahí que la dirección histórica pueda ser entendida como una relación dialéctica entre condiciones objetivas, experiencia social, conciencia, organización y acción transformadora.

Esta concepción encuentra puntos de diálogo con la tradición marxista. De Lenin recupera la importancia de la organización, la relación entre táctica y estrategia y la necesidad de vincular la acción política con la experiencia concreta de las masas. De Gramsci retoma la problemática de la hegemonía, la dirección intelectual y moral y la construcción de una voluntad colectiva. De Poulantzas incorpora la necesidad de comprender las relaciones entre clases y fuerzas sociales dentro de una determinada correlación de fuerzas. Asimismo, los aportes contemporáneos de la teoría de la articulación permiten comprender cómo demandas heterogéneas pueden vincularse dentro de un campo político común.

No obstante, la Dirección Histórica Humanista introduce una dimensión específica: la dirección política debe ser evaluada no solamente por su eficacia, sino también por la naturaleza de las relaciones que construye. Una organización que pretende superar relaciones de dominación no puede reproducir internamente prácticas permanentes de imposición, subordinación, personalismo o exclusión.

La dirección humanista debe ser democrática, participativa y autocorrectiva. La crítica no debe ser considerada una amenaza a la unidad, sino una condición para su fortalecimiento. La capacidad de revisar decisiones, reconocer errores, incorporar experiencias y modificar estrategias constituye una característica esencial de una dirección política que pretende ser históricamente responsable.

De la acumulación de fuerzas a la unidad del pueblo

La política de alianzas constituye, en consecuencia, un mecanismo de acumulación política. Pero esta acumulación no debe comprenderse únicamente en términos cuantitativos. Es necesario considerar la acumulación organizativa, política, programática, ideológica y de conciencia.

Una fuerza popular puede crecer numéricamente sin incrementar proporcionalmente su capacidad política. Por ello, el problema central no consiste solamente en sumar organizaciones, sino en transformar las capacidades dispersas en una fuerza colectiva consciente de sus objetivos y posibilidades.

De aquí se desprende una diferencia fundamental entre unidad de organizaciones y unidad popular. La primera puede constituir una condición necesaria; la segunda requiere establecer una relación orgánica con amplios sectores sociales y con sus necesidades concretas.

La unidad popular no puede decretarse desde las estructuras dirigentes. Debe construirse mediante la participación de las masas, la experiencia compartida, la elaboración programática y la organización democrática. Su objetivo no es únicamente conquistar reivindicaciones inmediatas, sino desarrollar capacidades sociales que permitan modificar progresivamente la correlación de fuerzas.

En este sentido, la coordinación, la alianza y la unidad pueden ser comprendidas como diferentes formas de acumulación dentro de un proceso más amplio de constitución del sujeto popular. La coordinación permite comenzar a actuar conjuntamente; la alianza permite sostener objetivos comunes; la unidad permite construir una fuerza política estratégica; y la Dirección Histórica Humanista proporciona un marco para orientar esa fuerza mediante la conciencia, la democracia, la ética y la capacidad colectiva de transformación.

Esta convicción es lo que sin duda explica, desde la pluma libertaria, más que ninguna otra, permite acercarnos más a la verdad, sin pretender nunca poseerla totalmente, que  la política de alianzas no constituye una dimensión secundaria de la organización popular. Es una condición fundamental para superar la dispersión y transformar las coincidencias sociales en capacidad política colectiva.

La coordinación representa una forma inicial de convergencia; la alianza, una forma cualitativamente superior de cooperación política; y la unidad, una forma estratégica de articulación política, programática, ideológica y orgánica. Su relación es dialéctica y abierta: puede avanzar, estancarse o retroceder de acuerdo con las condiciones históricas y con la capacidad de los sujetos para procesar sus contradicciones.

La construcción de la unidad exige superar el sectarismo, el protagonismo y el voluntarismo, pero también evitar la falsa idea de que unidad significa uniformidad. La verdadera unidad popular debe ser capaz de articular la diversidad alrededor de objetivos estratégicos comunes.

Desde la perspectiva de la Dirección Histórica Humanista, el desafío fundamental consiste en transformar la experiencia social en conciencia, la conciencia en organización, la organización en articulación política y la articulación en unidad estratégica. Sólo mediante este proceso las fuerzas populares pueden avanzar de la resistencia fragmentada hacia la constitución de un sujeto colectivo con capacidad para intervenir conscientemente en la dirección de su propia historia.

En última instancia, la unidad popular no representa únicamente una forma superior de organización: constituye una capacidad histórica de los pueblos para reconocerse como sujetos, construir colectivamente sus objetivos y transformar las condiciones materiales, políticas y sociales de su existencia.

Durante décadas, la palabra izquierda se ha utilizado para identificar partidos, gobiernos, movimientos sociales y proyectos políticos que reivindican la igualdad, la justicia social, los derechos de los trabajadores, la soberanía y el bienestar de las mayorías.

Sin embargo, existe un problema: decirse de izquierda no necesariamente significa transformar las estructuras que producen desigualdad y concentración del poder.

Un gobierno puede hablar de justicia social y mantener privilegios. Puede impulsar programas sociales y conservar estructuras de concentración política o económica. Puede defender la soberanía nacional y, al mismo tiempo, mantener relaciones de dependencia. Puede incluso llegar al poder en nombre del pueblo y terminar alejando al pueblo de las decisiones fundamentales.

Por eso, la pregunta ya no debería ser solamente:

¿Quién dice ser de izquierda?

La pregunta verdaderamente importante es:

¿Qué estructuras de poder pretende transformar, cuáles reproduce y hacia qué tipo de sociedad orienta su acción?

La izquierda no puede reducirse a una etiqueta

La historia demuestra que la izquierda nunca ha sido una corriente única.

Marx puso en el centro la relación entre capital, trabajo, propiedad y desigualdad. Lenin incorporó la dimensión internacional del poder y el imperialismo. Rosa Luxemburgo advirtió sobre los peligros de separar la emancipación de la libertad y la democracia. Gramsci mostró que el poder no se sostiene solamente mediante la fuerza, sino también mediante la cultura, las ideas y la construcción del consenso.

El pensamiento latinoamericano agregó otra dimensión fundamental: la dependencia y la soberanía.

Estas aportaciones permiten comprender que la desigualdad no es solamente económica. También puede ser política, cultural, tecnológica, social y geopolítica.

Por eso, ser de izquierda en el siglo XXI exige mirar el poder en todas sus dimensiones.

No basta con cambiar a los gobernantes

Una de las grandes confusiones de la política consiste en creer que cambiar de gobierno significa necesariamente transformar la sociedad.

No es lo mismo cambiar de gobernantes que cambiar las estructuras de poder.

Una transformación verdadera debe preguntarse:

¿Quién decide? ¿Quién posee? ¿Quién controla los recursos? ¿Quién controla el conocimiento? ¿Quién controla la tecnología? ¿Quién tiene capacidad real para participar en las decisiones?

La democracia tampoco puede reducirse al acto de votar cada cierto número de años.

Una democracia verdaderamente participativa requiere ciudadanos capaces de organizarse, deliberar, vigilar, proponer y controlar a quienes ejercen el poder.

Por eso, el objetivo de una izquierda democrática no debería ser simplemente controlar el Estado, sino democratizarlo.

La emancipación no consiste en sustituir una élite por otra.

Existe una pregunta que toda izquierda debería hacerse:

¿Puede llamarse emancipación a un proceso que simplemente sustituye una estructura de dominación por otra?

Si una élite económica es reemplazada por una élite política, pero la sociedad continúa sin capacidad efectiva para decidir sobre su destino, la estructura de dominación puede haber cambiado de forma sin cambiar necesariamente de fondo.

La emancipación debe significar algo más profundo. Debe permitir que las personas tengan mejores condiciones materiales de vida, pero también mayor libertad, participación, conocimiento, dignidad y capacidad de decidir. Por ello, la emancipación tiene muchas dimensiones: económica, política, social, cultural, nacional, global y humana.

La soberanía también debe ser democrática

Para América Latina, la soberanía constituye una cuestión fundamental. Pero soberanía no significa únicamente defender las fronteras o proclamar la independencia frente a otras naciones. Una sociedad verdaderamente soberana debe tener capacidad efectiva para decidir sobre sus recursos, su economía, su conocimiento, su tecnología y su proyecto de futuro.

Pero existe una condición inseparable: soberanía hacia afuera y democracia hacia adentro.

La soberanía no puede utilizarse como argumento para eliminar libertades, derechos, pluralidad o participación ciudadana.

Hacia una nueva concepción de izquierda

A partir de estas consideraciones surge una propuesta: la Dirección Histórica Humanista.

Esta concepción parte de una idea sencilla, pero profunda:

toda sociedad tiene una dirección histórica.

Incluso cuando no existe un proyecto consciente, las decisiones económicas, políticas, culturales y tecnológicas están llevando a la sociedad hacia algún lugar.

Una sociedad orientada exclusivamente por la acumulación económica seguirá una determinada dirección.

Una sociedad dominada por la concentración del poder seguirá otra.

Una sociedad que coloque la dignidad humana, la justicia, la libertad, la igualdad y la participación en el centro de sus decisiones puede construir una dirección histórica diferente.

Por ello, la pregunta fundamental debería ser:

¿El proceso histórico está ampliando o reduciendo las posibilidades de realización humana?

¿Qué propone la Dirección Histórica Humanista?

La Dirección Histórica Humanista propone que el desarrollo de una sociedad debe orientarse por algunos principios fundamentales:

Dignidad humana: la persona debe ser el centro y finalidad del desarrollo.

Igualdad sustantiva: no basta con que todos sean formalmente iguales; deben existir condiciones reales para ejercer los derechos.

Democracia participativa: la ciudadanía debe participar más allá de las elecciones.

Democratización del poder: no basta con redistribuir la riqueza; también hay que distribuir las capacidades de decisión.

Soberanía: los pueblos deben conservar capacidad efectiva para decidir sobre su futuro.

Justicia económica: la economía debe estar al servicio de la sociedad y no únicamente de la acumulación.

Pluralismo: ninguna causa emancipadora puede justificar la eliminación de la diversidad política o intelectual.

Responsabilidad histórica: las decisiones presentes deben considerar también a las generaciones futuras.

La izquierda del futuro

El siglo XXI plantea desafíos que las izquierdas del pasado no pudieron prever completamente.

La inteligencia artificial, la automatización, la concentración tecnológica, el control de los datos, la crisis ambiental, la precarización laboral y el poder de las grandes plataformas digitales están transformando las relaciones sociales.

Por ello, la pregunta contemporánea ya no puede ser solamente:

¿Quién controla la tierra, las fábricas o el capital?

También debemos preguntar:

¿Quién controla los datos, la tecnología, los algoritmos, el conocimiento y la información?

La democratización del futuro tendrá que incluir también la democratización del conocimiento y de la tecnología.

Entonces, ¿qué significa ser de izquierda?

Ser de izquierda en el siglo XXI no debería significar simplemente pertenecer a un partido, utilizar determinado discurso o estar ubicado en una determinada posición electoral.

Significa asumir una posición crítica frente a toda estructura que produzca dominación, desigualdad, explotación, exclusión o dependencia.

Significa trabajar por una sociedad donde el poder económico, político, cultural y tecnológico pueda ser progresivamente democratizado.

Y significa comprender que la verdadera transformación no consiste únicamente en decidir quién gobierna, sino en construir las condiciones para que la sociedad tenga cada vez mayor capacidad de decidir sobre su propio destino.

Por eso, la pregunta históricamente más importante no es:

¿Quién debe gobernar?

Sino:

¿Cómo debemos organizar la sociedad para que ningún grupo pueda apropiarse indefinidamente del poder y para que cada persona pueda participar efectivamente en la construcción de su propio destino?

En conclusión: La izquierda no debe definirse por la identidad, autoadscripción o pertenencia partidista de los sujetos, organizaciones o gobiernos que se reivindican como tales, sino por la dirección histórica que imprimen a las relaciones sociales de poder y por las transformaciones estructurales que producen, promueven o reproducen en ellas. En consecuencia, la condición sustancialmente izquierdista de un proyecto político se determina por su capacidad efectiva para transformar las estructuras históricas de dominación, democratizar progresiva y materialmente el ejercicio del poder, reducir las desigualdades estructurales, ampliar las libertades, los derechos y las capacidades sociales, fortalecer la soberanía popular y nacional, y subordinar las dinámicas económicas, políticas y culturales a la dignidad humana, la justicia social, la libertad y la emancipación integral de la persona y de la sociedad.

Dentro de la tradición marxista tampoco existe una teoría sistemática del liderazgo. En la obra de Karl Marx y Friedrich Engels el interés se centra en categorías como la praxis, la alienación, la lucha de clases, el Estado, la ideología y la emancipación humana. Posteriormente, Vladimir Lenin desarrolla la teoría de la organización revolucionaria; Antonio Gramsci profundiza en la hegemonía y la dirección político-cultural; Ernesto Che Guevara incorpora la dimensión ética del sujeto revolucionario; y Fidel Castro aporta una reflexión práctica sobre la dirección política en procesos revolucionarios. Paralelamente, el denominado marxismo humanista —representado por György Lukács, Erich Fromm, Henri Lefebvre, István Mészáros y otros autores— desplaza el centro del análisis hacia la recuperación del ser humano como sujeto de la historia, cuestionando las formas de alienación, burocratización y cosificación que pueden reproducirse incluso dentro de proyectos democráticos transformador.

La presente propuesta parte del supuesto de que estas tradiciones no deben entenderse como perspectivas excluyentes, sino como momentos de un mismo desarrollo teórico. Su articulación permite reconstruir una Teoría Marxista Humanista del Liderazgo Revolucionario, concebida como un paradigma explicativo del liderazgo entendido no como atributo individual, sino como proceso histórico, ético y colectivo de construcción de sujetos emancipadores.

El liderazgo como categoría histórico-dialéctica

Desde el materialismo histórico, el liderazgo no constituye una cualidad natural ni una condición psicológica inherente a determinados individuos. Surge de las contradicciones objetivas que caracterizan una formación económico-social y adquiere sentido únicamente en relación con la praxis colectiva orientada a transformar dichas contradicciones.

Esta afirmación implica una primera ruptura con las teorías tradicionales del liderazgo. Mientras estas suelen explicar la conducción social a partir de las capacidades personales del dirigente, la perspectiva marxista sostiene que ningún liderazgo puede comprenderse al margen de las condiciones materiales que posibilitan su emergencia. El líder no crea la historia desde su voluntad individual; actúa como mediación consciente dentro de un proceso histórico protagonizado por sujetos colectivos.

No obstante, reducir el liderazgo únicamente a una consecuencia mecánica de las condiciones estructurales conduciría a un determinismo incompatible con la propia dialéctica marxista. La historia no avanza automáticamente por el desarrollo de las fuerzas productivas; requiere organización, conciencia, decisiones políticas y acción colectiva. En consecuencia, el liderazgo representa la articulación dinámica entre objetividad histórica y subjetividad revolucionaria.

El diálogo con el marxismo humanista

El marxismo humanista introduce un cuestionamiento decisivo: una revolución que transforme únicamente las estructuras económicas, pero no las relaciones humanas, la cultura política ni la conciencia de las personas, corre el riesgo de reproducir nuevas formas de dominación.

György Lukács plantea que la cosificación convierte las relaciones sociales en relaciones entre cosas, debilitando la conciencia histórica de los sujetos. Erich Fromm advierte que la emancipación económica resulta insuficiente cuando persisten formas de enajenación psicológica, dependencia y pérdida del sentido de la libertad. Henri Lefebvre sostiene que la transformación revolucionaria debe alcanzar también la vida cotidiana, mientras que István Mészáros argumenta que la superación del capital exige transformar integralmente el metabolismo social y no únicamente las instituciones económicas.

Estas aportaciones permiten ampliar el concepto de liderazgo revolucionario. La dirección política deja de orientarse exclusivamente a la conquista del poder estatal y asume una tarea más profunda: impulsar procesos permanentes de humanización, desarrollo de la conciencia crítica, fortalecimiento de la autonomía y reconstrucción del tejido social.

Desde esta perspectiva, el liderazgo revolucionario no persigue únicamente modificar estructuras objetivas; busca crear sujetos capaces de ejercer libremente su condición histórica mediante relaciones sociales basadas en la cooperación, la solidaridad y la dignidad humana.

Praxis, conciencia y humanización

La categoría central de la teoría continúa siendo la praxis. Sin embargo, esta deja de entenderse únicamente como unidad entre teoría y acción para incorporar una tercera dimensión: la humanización.

Toda praxis revolucionaria auténtica debe producir simultáneamente transformación estructural y desarrollo humano. Una práctica política que conquiste instituciones sin formar sujetos críticos permanece incompleta; de igual manera, una formación ética desligada de la transformación material corre el riesgo de convertirse en un ejercicio moral abstracto.

La praxis revolucionaria constituye, por tanto, el espacio donde convergen conocimiento científico, acción transformadora y desarrollo integral de las personas. Su finalidad no consiste únicamente en modificar las condiciones materiales de existencia, sino en ampliar progresivamente las capacidades humanas para la participación consciente, la solidaridad y la autonomía.

Hegemonía ética y dirección colectiva

La teoría de la hegemonía desarrollada por Antonio Gramsci permite comprender que el liderazgo revolucionario no puede sostenerse exclusivamente mediante la autoridad institucional. Toda dirección política requiere legitimidad cultural, intelectual y moral.

En consecuencia, el liderazgo revolucionario debe construir consenso sin renunciar al análisis crítico de las contradicciones sociales. Su autoridad depende de la capacidad para integrar conocimiento científico, experiencia popular y coherencia ética dentro de un proyecto histórico compartido.

Esta perspectiva se complementa con la crítica del marxismo humanista a la burocratización. Cuando la organización sustituye al pueblo como sujeto de la historia, el liderazgo pierde su carácter emancipador y comienza a reproducir relaciones de dominación incompatibles con el horizonte transformador.

Por ello, la dirección colectiva constituye un principio irrenunciable. El liderazgo revolucionario no concentra capacidades; las multiplica. No produce dependencia política; desarrolla autonomía organizada. No busca seguidores permanentes; forma nuevos sujetos históricos capaces de asumir responsabilidades colectivas.

Ética de la emancipación

La dimensión ética representa el principal punto de encuentro entre la tradición revolucionaria latinoamericana y el marxismo humanista.

La ética revolucionaria no puede reducirse al cumplimiento formal de normas ni a la lealtad organizacional. Constituye una práctica permanente de coherencia entre pensamiento, acción y responsabilidad social. La autoridad política solo adquiere legitimidad cuando expresa un compromiso verificable con la dignidad humana, la justicia social, la transparencia, la solidaridad y el servicio al pueblo.

Desde esta perspectiva, la ética deja de ser una cualidad individual para convertirse en una condición estructural del proceso revolucionario. Allí donde la ética desaparece, la burocracia sustituye a la participación, el poder reemplaza al servicio y la emancipación se convierte en una promesa vacía.

La Teoría Marxista Humanista del Liderazgo Revolucionario define el liderazgo como una categoría histórico-dialéctica que expresa la capacidad organizada de un sujeto político, individual y colectivo, para interpretar científicamente las contradicciones objetivas del desarrollo social, construir conciencia crítica, ejercer hegemonía ética, organizar la praxis transformadora y promover procesos permanentes de humanización orientados a la emancipación integral de las personas y de la sociedad. Su legitimidad no deriva del poder formal, del carisma individual ni de la autoridad burocrática, sino de la unidad entre teoría y práctica, de la coherencia ética de su actuación, de su vinculación permanente con el pueblo y de su capacidad para formar nuevos sujetos históricos que reproduzcan de manera consciente el proyecto emancipador mediante instituciones democráticas, relaciones solidarias y formas superiores de justicia social.

La Teoría Marxista Humanista del Liderazgo Revolucionario propone superar tanto las concepciones individualistas del liderazgo como las interpretaciones estructuralistas que diluyen el papel de la subjetividad política. El liderazgo se comprende como una mediación dialéctica entre estructura y acción, entre historia y conciencia, entre organización y libertad. Su finalidad no consiste en perpetuar el ejercicio del poder, sino en contribuir a la construcción de una sociedad donde la emancipación material y la humanización de las relaciones sociales avancen de manera inseparable. En este sentido, el liderazgo revolucionario encuentra su máxima legitimidad cuando logra que el pueblo deje de ser objeto de dirección para convertirse en sujeto consciente de su propio desarrollo histórico.

La singularidad del culto a la personalidad reside precisamente en la transformación del poder político en un fenómeno de carácter simbólico. La autoridad deja de derivar exclusivamente de la legalidad o del consenso racional y comienza a sostenerse mediante mecanismos de identificación emocional, legitimación moral y representación heroica. La figura del dirigente concentra expectativas colectivas, encarna los valores oficiales del régimen y termina funcionando como la principal fuente de cohesión política. En consecuencia, la fidelidad al proyecto político se desplaza progresivamente hacia la fidelidad personal al líder, produciendo una identificación entre ambos que dificulta distinguir la continuidad de las instituciones de la permanencia del gobernante.

Desde la teoría política contemporánea, este fenómeno puede comprenderse como una forma de personalización extrema del poder. Toda organización política requiere liderazgo; sin embargo, la estabilidad institucional depende de que dicho liderazgo permanezca subordinado a un conjunto de reglas impersonales que limiten el ejercicio de la autoridad. Cuando el dirigente comienza a situarse por encima de esos límites, las instituciones dejan de funcionar como espacios autónomos de deliberación y control para convertirse en instrumentos de validación de decisiones previamente adoptadas por una autoridad personal. El resultado no es únicamente la concentración del poder, sino una modificación de la naturaleza misma de la legitimidad política.

La diferencia entre liderazgo y culto a la personalidad constituye, por ello, una distinción analítica fundamental. El liderazgo supone la capacidad de orientar procesos colectivos, construir consensos y representar aspiraciones sociales dentro de un marco institucional determinado. El culto a la personalidad aparece cuando esa representación deja de estar sometida a mecanismos de evaluación, crítica y control, transformando al dirigente en un referente cuya autoridad adquiere un carácter prácticamente incuestionable. En otras palabras, mientras el liderazgo fortalece las instituciones al ponerlas al servicio de un proyecto político, el culto a la personalidad tiende a invertir esa relación al colocar las instituciones al servicio de la preservación del prestigio individual.

Desde la tradición marxista, esta problemática adquiere una dimensión particularmente significativa. El materialismo histórico desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels sostiene que las transformaciones sociales son producto del desarrollo de las condiciones materiales de existencia y de la lucha de clases, donde las masas populares constituyen el sujeto histórico fundamental. Los individuos desempeñan un papel relevante como expresión de determinadas coyunturas, pero nunca como causa exclusiva del movimiento histórico. La historia no avanza por la voluntad aislada de grandes hombres, sino por la interacción entre las condiciones objetivas y la acción organizada de amplios sectores sociales.

Bajo esta perspectiva, el culto a la personalidad representa una tensión permanente con los fundamentos del pensamiento marxista. Si la transformación revolucionaria es una obra esencialmente colectiva, la concentración del protagonismo histórico en un solo individuo constituye una inversión del principio materialista que sitúa a las masas como motor del cambio social. La figura del dirigente puede sintetizar aspiraciones populares, orientar estrategias o acelerar determinados procesos históricos; sin embargo, cuando se le atribuye la totalidad de los logros revolucionarios, se invisibiliza el papel creador de la sociedad y se sustituye la acción colectiva por la voluntad individual.

Esta crítica no implica desconocer la importancia del liderazgo revolucionario. Toda revolución requiere cuadros políticos capaces de organizar, interpretar las contradicciones sociales y conducir procesos de transformación. No obstante, la tradición marxista ha sostenido que dicha conducción solo conserva su legitimidad cuando permanece vinculada a principios como la dirección colectiva, la democracia interna, la crítica, la autocrítica, la responsabilidad compartida y la subordinación de los dirigentes a los intereses generales del movimiento. Cuando estos mecanismos son desplazados por relaciones de obediencia personal, la organización corre el riesgo de sustituir la conciencia política por la lealtad individual, debilitando su capacidad transformadora.

El culto a la personalidad no surge espontáneamente como consecuencia del carisma individual. Constituye, en la mayoría de los casos, una construcción política e institucional que requiere mecanismos permanentes de reproducción simbólica. La propaganda, los sistemas educativos, los medios de comunicación, las ceremonias públicas, la iconografía oficial y la reiteración de narrativas heroicas contribuyen a consolidar una representación del dirigente como figura excepcional. Estas prácticas producen un efecto acumulativo: la historia comienza a narrarse desde la biografía del líder, los éxitos colectivos se atribuyen principalmente a su voluntad y los fracasos tienden a explicarse mediante factores externos o por la actuación de sus adversarios. El resultado es una simplificación de la realidad histórica que reduce procesos sociales extraordinariamente complejos a la actuación de una personalidad excepcional.

Sin embargo, desde una perspectiva metodológica resulta insuficiente identificar el culto a la personalidad únicamente por la presencia de monumentos, imágenes o discursos de exaltación. Tales manifestaciones constituyen indicadores visibles, pero no necesariamente decisivos. El análisis requiere considerar variables de mayor profundidad institucional: la existencia de división efectiva de poderes, la autonomía de los órganos del Estado, la pluralidad política, la libertad para formular críticas, la independencia de los mecanismos de control y el grado de institucionalización de la toma de decisiones. Solo el examen articulado de estos elementos permite establecer si la autoridad política se encuentra realmente concentrada en una persona o si continúa descansando sobre estructuras colectivas de gobierno.

Esta precisión resulta particularmente importante al analizar procesos revolucionarios. En circunstancias excepcionales —como guerras de liberación, revoluciones sociales o crisis nacionales profundas— determinados dirigentes alcanzan niveles extraordinarios de legitimidad popular. Dicho reconocimiento puede responder a condiciones históricas objetivas y no necesariamente constituir un culto a la personalidad. La popularidad de un líder, incluso cuando adquiere dimensiones masivas, no basta para demostrar la existencia de este fenómeno. Lo determinante consiste en analizar si el sistema político mantiene mecanismos efectivos de institucionalización del poder o si, por el contrario, la autoridad termina dependiendo fundamentalmente de la permanencia de una figura individual.

Esta distinción adquiere especial relevancia en el estudio del liderazgo de Fidel Castro. Diversas investigaciones señalan que rechazó expresamente algunas de las formas tradicionales mediante las cuales suele institucionalizarse el culto a la personalidad, como la construcción de monumentos, el uso de su nombre para designar espacios públicos o la promoción de homenajes personales permanentes. Tales hechos constituyen elementos relevantes del registro histórico y deben incorporarse a cualquier análisis serio del caso. Sin embargo, la ausencia de estos símbolos, por sí sola, no basta para resolver el debate. La cuestión central consiste en examinar hasta qué punto la estructura institucional del sistema político permitió la existencia de contrapesos efectivos, deliberación colectiva y mecanismos autónomos de crítica y evaluación del liderazgo.

En consecuencia, el culto a la personalidad no puede definirse por criterios exclusivamente simbólicos ni por juicios morales sobre un dirigente determinado. Se trata, ante todo, de una categoría analítica que describe una forma específica de organización del poder político, caracterizada por la personalización de la legitimidad, la subordinación progresiva de las instituciones y la identificación entre el destino del Estado y la permanencia de un individuo. Desde esta perspectiva, el fenómeno puede manifestarse en sistemas de muy distinta orientación ideológica, tanto revolucionarios como conservadores, autoritarios o incluso formalmente democráticos, siempre que la autoridad institucional sea progresivamente sustituida por la autoridad personal.

La dimensión ética del problema resulta igualmente significativa. Toda comunidad política necesita referentes capaces de inspirar confianza y orientar proyectos colectivos. No obstante, la legitimidad democrática exige que esos liderazgos permanezcan sometidos a la crítica, a la responsabilidad pública y al control institucional. La admiración hacia un dirigente puede fortalecer la cohesión social; la sacralización de su figura, en cambio, tiende a debilitar la autonomía de los ciudadanos y a sustituir el ejercicio de la razón crítica por relaciones de obediencia. En este sentido, el verdadero desafío consiste en preservar el equilibrio entre la autoridad necesaria para conducir un proyecto político y los límites indispensables para impedir que esa autoridad se convierta en dominación personal.

En definitiva, el culto a la personalidad constituye una de las expresiones más sofisticadas de la concentración del poder porque modifica simultáneamente la estructura institucional del Estado y la cultura política de la sociedad. Su principal riesgo no reside únicamente en la existencia de un dirigente ampliamente admirado, sino en la transformación de esa admiración en un principio de legitimidad que sitúe al individuo por encima de las instituciones, de la crítica y del derecho. Por ello, el análisis histórico no debe preguntarse exclusivamente cuánto fue querido un líder por su pueblo, sino en qué medida el sistema político preservó la autonomía institucional, la participación colectiva y la posibilidad de cuestionar el ejercicio del poder. Solo desde esa perspectiva es posible distinguir entre un liderazgo histórico legítimo y un auténtico culto a la personalidad.