Seguramente a usted también le ha llegado un video de alguien con bata blanca que promete bajar 10 kilos en un mes con unas gotas, un té o “el Ozempic natural”. Quien lo comparte no es ingenuo; suele llevar años peleando con la báscula y la culpa. Esa columna une tres textos que leí esta semana.

1) La mayor amenaza evitable del siglo. La Comisión de The Lancet sobre amenazas globales a la salud del siglo XXI, publicada en octubre, revisó 17 grandes riesgos hasta el año 2100: pandemias, cambio climático, guerras, incluso el mal uso de la inteligencia artificial. Su hallazgo sorprende: la carga de enfermedad más grande que podríamos evitar con buenas políticas públicas es la obesidad, entendida como el trío de exceso de peso, mala alimentación y poca actividad física. Hablamos de 23 mil millones de años de vida saludable en juego; para ponerlo en perspectiva, la COVID-19 costó alrededor de 500 millones de vidas.

La Comisión proyecta que, si nada cambia, en 2050 el 60% de los adultos del mundo y casi un tercio de los niños y adolescentes vivirán con sobrepeso u obesidad. Y reconoce con franqueza que las políticas para frenarla, hasta hoy, han fracasado, en parte por la enorme influencia de la industria de alimentos y bebidas sobre la regulación.

En casa no estamos mejor. Según la ENSANUT Continua 2023, tres de cada cuatro adultos guanajuatenses viven con sobrepeso u obesidad, al igual que uno de cada tres niños en edad escolar y más de un tercio de los adolescentes. Detrás de esas cifras hay diabetes, infartos, riñones que fallan y embarazos de riesgo..

2) No es falta de voluntad. La monografía “Obesidad: un enfoque epidemiológico” ayuda a entender por qué. La obesidad crece en entornos que cambiaron más rápido que nuestra biología: comida barata y densa en calorías, jornadas largas, desplazamientos en transporte público, colonias sin parques seguros, inseguridad alimentaria. Una dieta puede ser nutricionalmente perfecta y, al mismo tiempo, imposible de pagar o preparar.

Por eso el texto insiste en algo que suscribo como médico: el estigma no previene nada. Regañar no cura. La pregunta útil en el consultorio es otra: “¿Qué cambio es viable con su ingreso, su horario, su vivienda y su acceso a alimentos?” Piense en la trabajadora del calzado que sale de madrugada y regresa de noche: necesita opciones, no sermones.

Los nuevos medicamentos logran, en ensayos clínicos, reducciones de peso de entre 15% y 21%. Pero la Comisión advierte que, aun si la mitad de las personas que los necesitan tuviera acceso, el gran cambio seguiría dependiendo del entorno. Tampoco hay soluciones mágicas en la política fiscal: los impuestos a las bebidas azucaradas reducen sus ventas en cerca del 15% y el paquete chileno de etiquetado redujo las compras de productos “altos en”, pero comprar menos no siempre significa comer mejor. Las medidas deben evaluarse por sus resultados en salud, no por sus intenciones.

3) El consultorio ahora está en TikTok. El tercer texto, publicado en The BMJ, pregunta si los médicos debemos estar en redes sociales. En Estados Unidos, más de uno de cada cinco adultos ha tomado decisiones de salud según lo que vio al respecto, aunque el 78% cree que esa información suele ser falsa o engañosa. Unos colegas sostienen que debemos estar ahí para poner orden en el ruido; otros advierten que es un campo minado. Coinciden en lo esencial: hablar solo de lo que dominamos, declarar conflictos de interés, no dar consejos individuales sin consulta y rechazar patrocinios de suplementos milagro.

La obesidad es tierra fértil para la desinformación: medicamentos falsificados, tés “quemagrasa” y promesas sin respaldo científico. The Lancet lo dice claro: la confianza no es un adorno, sino una condición de gobierno. Sin ella, ninguna política de salud funciona.

¿Qué podemos hacer? Propongo tres frentes. Primero, cambiar el entorno: escuelas con agua potable, calles y parques seguros para caminar, alimentos frescos al alcance del bolsillo. Segundo, tratar la obesidad como enfermedad crónica, sin estigmatizarla, con acceso a atención médica y a tratamientos supervisados, y con vigilancia estricta contra los productos falsificados. Tercero, ocupar las redes con evidencia: invito a colegios médicos, universidades y profesionales de la salud de Guanajuato a contar la verdad con la misma creatividad con la que otros venden mentiras.

Y a usted, querido lector: antes de comprar un milagro, pregúntele a su médico. Nadie elige vivir con obesidad. Cambiemos el entorno, no culpemos a la persona.

En agosto pasado, pacientes con enfermedades terminales y sus familias marcharon por primera vez en la historia de México para exigir la legalización de la eutanasia. La llamada Ley Trasciende acumula cientos de miles de firmas; la Cámara de Diputados organizó en septiembre un conversatorio sobre el tema; Morena abrirá foros ciudadanos en la capital en noviembre. El debate sobre cómo morir ha cobrado fuerza y ya está en la agenda legislativa.

Como médico y como legislador, propongo empezar por una pregunta anterior: ¿por qué quiere morir quien pide morir? Entre las respuestas posibles, el dolor ocupa un lugar que el debate público suele soslayar. Una persona con dolor insoportable puede desear la muerte; aliviar ese dolor puede cambiar su perspectiva. La literatura clínica describe, además, que el deseo de adelantar la muerte es un fenómeno reactivo y multifactorial: el sufrimiento no se reduce al dolor físico; también requiere atención emocional, social y acompañamiento. Precisamente para eso existe la medicina paliativa. ¿Con qué servicios cuenta hoy el país para ofrecerla?

Los números reflejan una deuda enorme. La propia Secretaría de Salud estima una brecha del 79 por ciento entre la necesidad de atención paliativa y la capacidad instalada del país: de cerca de 373 mil personas que la requieren, solo hay capacidad para atender a 63 mil al año. Un estudio reciente, con datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), documenta que el consumo nacional de opioides para el dolor, en equivalentes de morfina, cayó de 6.3 miligramos per cápita en 2013 a 1.7 en 2021. En su informe más reciente, la JIFE vuelve a advertir que el acceso a analgésicos opioides sigue siendo insuficiente en buena parte del mundo, y considera inadecuado cualquier consumo inferior a 200 dosis diarias por millón de habitantes.

Ese abandono no ocurre en el vacío: tiene causas presupuestarias y normativas identificables. La afiliación a los servicios de salud cayó del 82.2 por ciento en 2015 al 72.5 por ciento en 2025; en 2025, 35.5 millones de personas no estaban afiliadas a ninguna institución. Nuestro sistema sigue segmentado por condición laboral: el IMSS para el sector formal, el ISSSTE para el sector público, IMSS-BIENESTAR para el resto. Cuando una persona se enferma fuera de su red, la atención depende de convenios voluntarios y de un decreto administrativo que no garantizan quién paga por las personas sin seguridad social, en qué plazo, ni qué ocurre si una institución no liquida. El riesgo previsible: negativas de atención, tratamientos interrumpidos y adeudos acumulados, con el paciente en medio.

La iniciativa que suscribí junto con el Grupo Parlamentario del PAN, publicada en la Gaceta Parlamentaria del 6 de octubre, busca dar certeza jurídica al financiamiento del intercambio de servicios de salud entre instituciones públicas y proteger el Fondo de Salud para el Bienestar. Su lógica es simple: convertir en derecho exigible lo que hoy depende de la buena voluntad administrativa.

Primero, atención de urgencias garantizada en cualquier establecimiento público, hasta la estabilización y el alta o el traslado seguro, con prohibición expresa de negar o retrasar el servicio por razones administrativas.

Segundo, un catálogo de servicios del intercambio de ampliación progresiva, con exclusiones únicamente por razones técnicas o sanitarias debidamente motivadas.

Tercero, una regla de pago clara: paga la institución a la que pertenece el paciente y la Federación cuando se trata de personas sin seguridad social, con conciliación mensual y pago a los sesenta días; las cuotas y reservas de la seguridad social se destinan exclusivamente a sus derechohabientes.

Cuarto, protección del Fondo que financia las enfermedades de alto costo: su umbral actual ha permitido retirar decenas de miles de millones de pesos; la propuesta lo sustituye por una reserva actuarial mínima y condiciona el reintegro del remanente a la Tesorería a una autorización expresa en el Presupuesto de Egresos.

Quinto, un cauce voluntario para que las ocho entidades no adheridas a IMSS-BIENESTAR —Guanajuato, entre ellas— participen sin perder sus aportaciones federales.

Sexto, trazabilidad presupuestal e informes trimestrales al Congreso, desagregados por institución, entidad, tipo de servicio, sexo y edad.

Mi iniciativa busca resolver quién paga y cómo se sostiene la atención entre las instituciones; no establece por sí sola una cobertura específica de cuidados paliativos. Propongo complementarla con tres medidas: incluir de manera expresa los cuidados paliativos en el catálogo del intercambio; prever presupuestalmente los opioides y los equipos de medicina del dolor; y fijar metas públicas de cobertura, incluida la atención domiciliaria, auditables mediante los informes trimestrales que la propia reforma ordena.

¿Qué tiene que ver esto con el final de la vida? Mucho. La primera etapa del Servicio Universal de Salud, que inicia el 1 de enero de 2027, incluye la continuidad de tratamientos de alto costo: insuficiencia renal crónica, cáncer, trasplantes, VIH, hemofilia. Son padecimientos en los que la medicina paliativa marca una diferencia decisiva. Un paciente con cáncer que cambia de régimen por perder el empleo, o que vive en un municipio sin hospital de referencia, necesita que la maquinaria financiera entre instituciones funcione; sin ella, su derecho a la salud es retórica.

El proyecto de presupuesto para 2027 prevé el programa R038 para el intercambio; la reforma ordena los flujos existentes, exige previsiones explícitas, asigna a cada institución la compensación que le corresponde y facilita la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

No vengo a descalificar a quienes marchan por la muerte digna: su demanda merece una respuesta seria. Pero la respuesta de un Estado serio no empieza por legislar la muerte; empieza por garantizar las condiciones para vivir hasta el final sin dolor. Aliviar el dolor puede cambiar la perspectiva. Garantizar ese alivio debe ser una obligación pública. Que nadie pida morir por un dolor que pudimos aliviar.

Detrás de cada indicador hay una persona. Una madre que no regresó a casa después del parto. Un recién nacido que no llegó a cumplir su primer mes. Un niño que enfermó de algo que una vacuna pudo haber prevenido. Un hombre de cincuenta años que vivía con hipertensión y a quien nadie ayudó a controlarla. Hablamos de ellos.

Junto con Carlos Arias y Sergio Arias, a quienes agradezco su generosidad y rigor en la elaboración de este trabajo, revisamos 380 indicadores de 34 programas federales de salud. Partimos de la Cuenta Pública 2025, del avance de 2026 y de las metas del Paquete Económico 2027. Usamos las promesas que el propio gobierno registró ante la Cámara de Diputados. Con lo que se gastó, ¿qué se logró?

1. El dinero sí estuvo. El discurso oficial suele refugiarse en la escasez. Los datos lo desmienten. En 2025, los programas de salud analizados contaron con 634 mil 848 millones de pesos aprobados y ejercieron 729 mil 300 millones: 14,9% más. Y para 2027, se propone que el gasto en salud crezca un 11% en términos reales.

No digo que el presupuesto sea suficiente. Por persona sin seguridad social se gastan 4 mil 820 pesos al año, frente a unos 9 mil 300 pesos por cada derechohabiente del IMSS. Pero el problema de estos años no fue la falta de recursos, sino que esos recursos no se tradujeron en salud.

2. Uno de cada tres. Solo el 35% de los indicadores estratégicos que miden si la salud de la gente mejora cumplieron su meta con un margen razonable. Los rezagos más dolorosos están donde más duele.

Madres y recién nacidos. En la población atendida por el IMSS-Bienestar, la de menores recursos, murieron 51.8 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta era de 35.6. El riesgo de morir por ser madre es casi un 50% mayor que el promedio nacional. La mortalidad neonatal fue de 11 por cada mil, frente a una meta de 7.1. El IMSS-Bienestar incumplió las siete metas de propósito de su programa principal, y lo hizo gastando un 65.8% más de lo aprobado.

Niñas y niños sin vacunas. La cuarta dosis de la vacuna hexavalente alcanzó apenas el 51% entre los niños de un año, cuando la meta era del 95%. Los casos de las enfermedades que esa vacuna previene en menores de 20 años aumentaron en 80,8%, cuando se esperaba reducirlos. La explicación oficial fue la “menor demanda”. Pero una política de vacunación no espera a que la gente llegue: la busca.

Enfermedades crónicas. En los centros de salud de la Secretaría, solo el 18.6% de los pacientes con hipertensión en tratamiento lograron controlarla; la meta era del 80%. En diabetes, 30.6% frente a 45%. Son las enfermedades que llenan nuestras salas de urgencias, nuestras unidades de hemodiálisis y nuestros panteones antes de tiempo.

Acceso y medicamentos. Según el INEGI, la carencia de acceso a servicios de salud pasó del 16.2% en 2018 al 34.2% en 2024, lo que equivale a 44.5 millones de personas. Y mientras el IMSS y el ISSSTE reportan surtir entre el 96% y el 97% de las recetas, la ENSANUT revela que solo el 61.5% de las personas sin seguridad social sale con su receta completa. Cuatro de cada diez regresan a casa a comprar con su dinero lo que el Estado prometió gratis.

3. Mover la portería. Lo más grave no es fallar; es lo que se hace después. En lugar de corregir, el gobierno ajusta la vara de medir. En 2026, 41 indicadores de salud cambiaron su meta a medio año. La de control de diabetes del IMSS-Bienestar bajó del 40% al 33.7%; la de hipertensión, del 68% al 63.5%.

Para 2027 el patrón se consolida. Mientras la meta nacional de mortalidad materna baja, la del IMSS-Bienestar sube a 42.4. En un indicador de muertes, subir la meta equivale a aceptar que mueran más madres. Desaparecen, además, indicadores incómodos: la mortalidad neonatal del IMSS-Bienestar, el control de la hipertensión en el primer nivel y la cuarta dosis de la vacuna hexavalente. Lo que no se mide, no se ve; lo que no se ve, no se corrige.

Los dos nuevos programas de mayor monto para la población sin seguridad social no tienen un único indicador. Suman más de 76 mil millones de pesos, equivalentes al 39% del presupuesto del IMSS-Bienestar. Se pide a la Cámara que apruebe fondos sin especificar para qué se destinarán.

Las evaluaciones de programas federales cayeron de 195 en 2023 a 10 en 2025, de las cuales apenas tres son en salud; se cancelaron 67 compromisos de mejora y desapareció el CONEVAL. Cuando quien gasta define sus metas, las mide y se califica a sí mismo, el incentivo es cumplir el indicador, no mejorar la salud.

4. Reconocer lo que funciona. También hay avances. La mortalidad materna nacional cumplió su meta y el IMSS cumplió la suya en el control de la diabetes. Prueban que el rezago no es destino: cuando hay metas serias y capacidad institucional, se puede.

Por lo anterior, desde la tribuna de San Lázaro, propondremos cinco medidas a través del Decreto de Presupuesto 2027, sin reformar la ley: 1) Metas no regresivas: ninguna meta debe exigir menos que lo ya logrado. 2) Indicadores de todo el gasto, incluidos los programas nuevos, con reporte trimestral por estado. 3) Volver a medir la mortalidad neonatal, el control de la hipertensión y la cobertura de vacunación completa. 4) Contrastar lo que reportan las instituciones con datos independientes del INEGI y de la ENSANUT. 5) Recuperar la evaluación externa y las auditorías de desempeño de la ASF.

El artículo cuarto constitucional no garantiza un presupuesto; garantiza el derecho a la protección de la salud. Ese derecho no se cumple con discursos ni con metas a modo, sino cuando una madre vuelve a casa con su bebé en brazos, un niño crece protegido y un paciente sale de la clínica con todos sus medicamentos. Los indicadores existen. La tarea es que digan la verdad y que alguien los use para corregir.

Las mañaneras suelen presentar obras, afiliaciones, nuevas unidades y cifras administrativas como evidencia suficiente de la transformación. Pero un sistema de salud se evalúa, ante todo, por algo más elemental: si previene enfermedades, atiende oportunamente, salva vidas y trata a las personas con dignidad. Bajo esa prueba, el reporte internacional retrata a un país con avances aislados, pero con rezagos graves y persistentes.

México registra 135 muertes tratables y 176 prevenibles por cada 100 mil habitantes, ambas cifras superiores al promedio de América Latina y el Caribe: 130 y 167, respectivamente. La distancia con la OCDE es aún mayor: los promedios son de 57 muertes tratables y de 105 prevenibles. Una muerte tratable es aquella que pudo haberse evitado con atención médica oportuna y efectiva; una prevenible, aquella que pudo haberse evitado con políticas de salud pública. No son abstracciones estadísticas: son vidas perdidas por diagnósticos tardíos, fallas en la derivación, falta de continuidad y servicios incapaces de responder a tiempo.

El problema tampoco se resuelve afirmando que más personas tienen algún tipo de cobertura. La evidencia citada en el informe es contundente: entre el 50% y el 75% de la mortalidad evitable en la región se relaciona con una atención de baja calidad, no simplemente con la falta de acceso a los servicios. México, por tanto, debe abandonar la confusión entre la afiliación administrativa y el acceso efectivo. Tener una credencial, estar censado o recibir una consulta no garantiza atención resolutiva.

Urgencias que llegan tarde. La realidad es especialmente dramática en el infarto cerebral y el cardíaco. La mortalidad hospitalaria a 30 días por infarto agudo de miocardio en México alcanza el 22.6%, casi cuatro veces el promedio de la OCDE, que es de 6.5%. En la enfermedad vascular cerebral, México presenta la mayor letalidad entre los países comparados: 17% en eventos isquémicos y 30.6% en eventos hemorrágicos, frente a los promedios de la OCDE de 8.7% y 23.4%, respectivamente.

Estas cifras no se explican por una predisposición biológica nacional. Revelan fallas de organización: ausencia o debilidad de redes de código infarto y código ictus, traslados tardíos, capacidad de reperfusión insuficiente, disponibilidad desigual de tomografía y de unidades especializadas, y escasa medición pública de resultados. Cuando un paciente con dolor torácico o déficit neurológico llega tarde al tratamiento, la retórica política no reperfunde una arteria ni recupera una función cerebral perdida.

La diabetes expone otra contradicción. México tiene una prevalencia superior al 16%, entre las más altas de América Latina y el Caribe, y registra 149 hospitalizaciones evitables por diabetes por cada 100 mil habitantes: el valor más alto entre los países analizados y muy por encima del promedio de la OCDE, de 93. Es una señal de fracaso en el primer nivel de atención. La hospitalización por descompensación diabética no es inevitable: suele reflejar un control metabólico insuficiente, falta de seguimiento adecuado, interrupciones terapéuticas y una atención primaria sin capacidad resolutiva.

Prevención en retroceso. También resulta difícil sostener un discurso triunfalista ante el deterioro de las coberturas de vacunación. México reporta 78% para DTP3, 80% para la primera dosis de sarampión-rubéola-parotiditis, 69% para la segunda dosis y 78% para hepatitis B. Todas se encuentran por debajo del umbral del 90% recomendado para el control programático y, en el caso del sarampión, lejos del 95% requerido para sostener la eliminación.

La segunda dosis de SRP merece atención especial. Una cobertura del 69% deja a una cohorte considerablemente expuesta a brotes prevenibles. México, que durante décadas fue referente regional en vacunación, no debe normalizar que la recuperación de las coberturas se convierta en una promesa recurrente, mientras el rezago se acumula entre niñas y niños.

La salud materna tampoco admite propaganda. Solo el 88% de los partos son atendidos por personal calificado, por debajo del promedio regional, y la tasa de mortalidad materna es de 42 por cada 100 mil nacidos vivos, frente a 10 en la OCDE. A ello se suma una disponibilidad prácticamente nula de parteras profesionales en la fuerza laboral reportada. Un país que aspira a un sistema universal no puede aceptar que el embarazo y el parto sigan dependiendo del código postal, del subsistema de afiliación o de la capacidad de pago de una familia.

Sin recursos ni rendición de cuentas. El rezago es estructural. México gasta 1,653 dólares PPA por habitante en salud, frente a 6,097 dólares en el promedio de la OCDE. El informe describe un sistema segmentado, con mejores condiciones de acceso para los trabajadores formales y un mayor peso de los esquemas voluntarios de pago. El resultado previsible es la desigualdad: quien tiene seguridad social o puede pagar servicios privados enfrenta trayectorias distintas a las de quien depende de servicios públicos fragmentados y saturados.

A la insuficiencia financiera se suman déficits de personal e infraestructura. México cuenta con 3.0 enfermeras por cada mil habitantes, frente a 10.3 en la OCDE, y dispone de apenas 0.3 camas psiquiátricas por cada 10 mil habitantes, frente a 6.1 en la OCDE. La salud mental sigue siendo el eslabón olvidado de un sistema que privilegia los anuncios por encima de las capacidades sostenidas.

Aún más preocupante es la fragilidad de la gobernanza de la calidad. La acreditación de hospitales y unidades de primer nivel es voluntaria; la notificación de eventos adversos no constituye un sistema nacional robusto y obligatorio de aprendizaje; el desempeño comparado por prestador no se publica; y la calidad pesa menos del 10% en los mecanismos de pago. Sin información pública, sin consecuencias y sin incentivos, la calidad se reduce a un discurso administrativo.

Del relato a los resultados. Sería injusto negar todo avance. El informe reconoce que México tiene una mortalidad por cáncer tratable comparable a la de la OCDE, publica datos sobre infecciones asociadas a la atención tanto en los sectores público como privado y cuenta con planeación de personal para ambos sectores. Precisamente por ello, el país demuestra que puede construir capacidades cuando existen objetivos verificables y continuidad institucional.

Pero reconocer lo que funciona no obliga a maquillar lo que fracasa. La responsabilidad de un gobierno no consiste en administrar una narrativa optimista, sino en corregir aquello que cuesta vidas. México necesita metas nacionales y estatales de mortalidad evitable; redes efectivas para el infarto y el evento vascular cerebral; recuperación urgente de la vacunación; seguimiento nominal de la diabetes; profesionalización de la atención primaria; expediente clínico interoperable; acreditación obligatoria; y transparencia sobre los resultados por institución y territorio.

La salud no mejora solo porque se anuncie. Mejora cuando una persona con infarto recibe reperfusión a tiempo; cuando una niña completa su esquema de vacunación; cuando una mujer puede parir sin riesgo evitable; cuando un paciente con diabetes no termina hospitalizado por falta de control; y cuando el sistema aprende de sus errores en lugar de esconderlos.

El reporte de la OCDE no es una opinión opositora ni una pieza propagandística. Es una llamada de atención técnica. Ignorarla para preservar el éxito de la mañanera sería, además de irresponsable, una forma de ampliar la brecha entre el discurso oficial y la salud real de los mexicanos.

Hace algún tiempo escribí en estas páginas sobre el valor de cuidar la salud fuera de la “Matrix”: esa idea equivocada de que la salud se produce únicamente en el consultorio, el hospital, el laboratorio o en la receta médica. Hoy, un informe reciente del McKinsey Health Institute —https://bit.ly/4hCmRhM— vuelve a poner el tema sobre la mesa con una cifra que obliga a mirar más lejos: si lográramos modificar los principales riesgos prevenibles —conductuales, metabólicos y ambientales—, el mundo podría ganar hasta 12 años de vida saludable al nacer para 2050. No se trata sólo de vivir más; se trata de vivir mejor, con autonomía, energía, vínculos y propósito.

La cifra puede parecer lejana, incluso abstracta. Pero pensemos en lo cotidiano: una abuela que puede caminar con sus nietos sin dolor; un padre que conserva la fuerza para trabajar, jugar y acompañar; una joven que duerme bien, se alimenta mejor y no ve comprometido su futuro por una enfermedad prevenible; una persona mayor que mantiene su independencia, memoria, movilidad y ganas de participar en su comunidad. Ésa es la verdadera medida del progreso.

Durante décadas, hemos centrado gran parte de la conversación pública en curar enfermedades. Es indispensable hacerlo. México necesita hospitales dignos, medicamentos oportunos, personal de salud suficiente y servicios que no abandonen a nadie. Pero la medicina, por sí sola, llega tarde cuando las condiciones de vida empujan diariamente hacia la enfermedad. No basta con ampliar la atención si, al mismo tiempo, resulta difícil comer saludablemente, caminar con seguridad, respirar aire limpio, dormir lo necesario o encontrar espacios para convivir y realizar actividad física.

El informe identifica 23 determinantes modificables de la salud; 19 de ellos están fuera del sistema formal de atención médica. Allí están la alimentación, el movimiento, el sueño, el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, el estrés, la seguridad económica, la calidad del ambiente, la interacción social y las condiciones del lugar donde vivimos, estudiamos y trabajamos. La salud no es un producto que se entrega en una consulta: es una experiencia que se construye todos los días.

Esta afirmación no pretende cargar a las personas con toda la responsabilidad. Al contrario. Nadie debería tener que realizar actos heroicos para cuidar su salud. Es injusto exigir decisiones perfectas a quien vive en una colonia sin parques, trabaja jornadas extenuantes, enfrenta alimentos saludables caros o inaccesibles, utiliza un transporte inseguro o habita en un entorno contaminado. La libertad de elegir una vida sana también depende de que existan opciones reales para hacerlo.

Por eso, hablar del futuro de una vida sana exige pasar de los sermones a las condiciones. La opción saludable debe ser la más accesible, asequible y deseable. Debe ser posible desayunar mejor sin castigar el bolsillo; caminar o pedalear sin poner en riesgo la vida; tomar agua segura; contar con escuelas que enseñen salud mediante el ejemplo; tener centros de trabajo que respeten el descanso y promuevan el bienestar; y recibir atención preventiva antes de que aparezca la complicación.

La salud metabólica merece atención particular. El exceso de peso, la hipertensión, la glucosa elevada y otros factores de riesgo no son asuntos de vanidad ni fallas de carácter individual. Son señales de un entorno que ha normalizado la prisa, el sedentarismo, el consumo de ultraprocesados y la falta de tiempo para cuidarnos. Los nuevos tratamientos pueden ser herramientas valiosas para quienes los necesitan, pero ninguna innovación farmacológica sustituirá una política integral de prevención, alimentación adecuada, actividad física, sueño reparador y acompañamiento clínico oportuno.

El futuro también requerirá inteligencia y sensibilidad. La tecnología puede ayudar: dispositivos que promuevan el movimiento, herramientas digitales para conocer mejor nuestros hábitos, sistemas de información que identifiquen comunidades con mayor riesgo y faciliten intervenciones tempranas. Sin embargo, la tecnología debe estar al servicio de las personas, no de la ansiedad ni de la desigualdad. Medir pasos, horas de sueño o glucosa sólo tendrá sentido si esos datos se traducen en mejores decisiones, servicios más cercanos y comunidades más cuidadoras.

Hay ejemplos que invitan al optimismo. Programas públicos que combinan incentivos, actividad física y herramientas digitales han demostrado que es posible modificar hábitos a gran escala. El informe cita el caso de Singapur, donde un reto nacional de pasos logró una amplia participación y aumentos medibles en la actividad física. La lección no es copiar mecánicamente modelos ajenos, sino entender que los cambios sostenibles ocurren cuando el gobierno, las escuelas, las familias, las empresas, las comunidades y los profesionales de la salud comparten una misma dirección. ¿Usted, qué piensa?

Para una persona enferma, el debate sobre la naturaleza jurídica del IMSS-Bienestar parece lejano. No lo es. Cuando falta un medicamento, se cancela una cita de especialidad o nadie asume la responsabilidad por una atención negada, las deficiencias institucionales dejan de ser tecnicismos: se convierten en daño, incertidumbre e indefensión para el paciente.

México ha construido en pocos años un organismo de enorme escala. El OPD IMSS-Bienestar cuenta, en 2026, con un presupuesto de 172 mil 492 millones de pesos, atiende a 56 millones de personas y opera 10 mil 761 unidades médicas. Es, por su tamaño y sus recursos, el principal prestador público para quienes no cuentan con seguridad social. Precisamente por ello, su funcionamiento no puede basarse predominantemente en decretos administrativos, reglas cambiantes y responsabilidades difusas.

El problema no es que exista IMSS-Bienestar ni que se busque ampliar el acceso a la atención médica. Al contrario: México necesita un sistema de salud que no abandone a nadie por su condición laboral, su ingreso o el lugar donde vive. El problema es pretender garantizar un derecho constitucional de esa magnitud sin una arquitectura legal clara, estable y exigible.

Hoy el organismo ha sido definido como un “organismo público descentralizado no sectorizado”, una categoría que no está prevista expresamente ni en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ni en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La ley establece que las entidades paraestatales deben agruparse por sectores y contar con una dependencia coordinadora. Sin embargo, IMSS-Bienestar carece formalmente de dicha adscripción. Que la persona titular de la Secretaría de Salud presida su Junta de Gobierno puede resolver una necesidad práctica de coordinación, pero no sustituye lo que la ley exige: una responsabilidad institucional claramente definida y permanente. ¿Quién pierde con esa ambigüedad? El paciente.

Cuando una mujer con cáncer no recibe su quimioterapia; cuando un adulto mayor espera meses por una cirugía; cuando una familia rural no logra acceder a un especialista, no debería tener que descifrar si la responsabilidad recae en la Secretaría de Salud, en el OPD IMSS-Bienestar o en el gobierno estatal. El Estado tiene el deber de responder, pero para hacerlo eficazmente debe saber, con precisión jurídica, quién está obligado, quién coordina, quién financia y quién rinde cuentas.

Este vacío no es una hipótesis académica. En el Amparo en Revisión 452/2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó respecto de nueve autoridades porque, con el marco normativo vigente, no pudo determinar cuál era el sujeto obligado a garantizar el servicio de salud en el caso concreto. Es una señal de alarma: si un tribunal no puede identificar con claridad a la autoridad responsable, el ciudadano queda en una situación de vulnerabilidad inadmisible. Un derecho sin responsable identificable corre el riesgo de convertirse en una promesa sin garantía.

A ello se suma el anuncio del Servicio Universal de Salud, cuya primera etapa está prevista para enero de 2027. Su objetivo de facilitar el acceso mediante la CURP e integrar información clínica puede ser valioso, pero requiere ley, no sólo decreto. Un padrón nacional que vincule datos personales sensibles; un expediente clínico electrónico interoperable; y un mecanismo de acceso universal a los servicios de salud son decisiones de enorme calado constitucional. Deben contar con reglas aprobadas por el Congreso: protección de datos, responsabilidades, mecanismos de reclamación, financiamiento y salvaguardas para los pacientes.

No se trata de poner obstáculos a la universalización de la salud. Se trata de evitar que una política pública necesaria nazca jurídicamente frágil y que, por esa fragilidad, termine interrumpida, litigada o aplicada de manera desigual. La prisa administrativa no puede reemplazar la certeza jurídica, especialmente cuando están en juego diagnósticos, tratamientos y vidas.

También persisten problemas que afectan directamente la continuidad de la atención: la coexistencia confusa entre el antiguo programa IMSS-Bienestar y el nuevo OPD; la transferencia de hospitales, bienes, contratos y pasivos sin una regulación suficientemente clara; y los convenios de federalización que comprometen los servicios estatales por décadas, sin reglas claras para una eventual revisión, terminación o reversión. En un sistema que involucra a 24 entidades federativas adheridas, la falta de reglas precisas puede traducirse en interrupciones de servicios, disputas sobre personal y bienes, y falta de certeza para los pacientes.

Nuestra propuesta ha sido consistente: el Gobierno debe rectificar el estatus jurídico del OPD Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. No para debilitarlo, sino para fortalecerlo. Debe adscribirse formalmente al sector Salud, con reglas específicas de coordinación y rendición de cuentas; o bien, debe reformarse la legislación aplicable para definir con claridad el régimen de los organismos que prestan servicios universales de salud. Lo que no puede continuar es una institución de esta magnitud sostenida por una categoría administrativa sin fundamento legal suficiente.

Asimismo, deben reformarse los artículos correspondientes de la Ley General de Salud para definir, sin ambigüedades, quién responde ante el paciente según el modelo de atención aplicable: la Federación, el OPD, la Secretaría de Salud o las autoridades estatales. Esa precisión es indispensable para que los servicios sean exigibles y para que el paciente sepa a dónde acudir cuando el sistema falla.

La salud no admite zonas grises. Una receta no surtida, un estudio pospuesto o una referencia que nunca llega tienen consecuencias concretas en el cuerpo, en la economía familiar y en la dignidad de las personas.

México requiere más que anuncios y estructuras administrativas de gran tamaño. Requiere instituciones con responsabilidades definidas, recursos transparentes y reglas estables. Rectificar el estatus del OPD IMSS-Bienestar no es un debate burocrático: es una condición para que el derecho a la salud deje de depender de interpretaciones, convenios o decretos revocables, y se convierta en una garantía cierta para cada paciente.

“Bien hecho vale más que bien dicho” Benjamin Franklin

Dictis facta respondeant: que los hechos respondan a las palabras. La expresión de Séneca ofrece una regla justa para leer el Segundo Informe de Gobierno en materia de salud. No porque todo lo informado sea falso ni porque nada se haya hecho. Hay avances que deben reconocerse. El problema comienza cuando la actividad se presenta como resultado y la promesa como derecho cumplido.

El Informe señala que 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2019 y 2024 (p. 141). Es una buena noticia. Pero en 2024, 44,5 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud: 24,4 millones más que en 2018. Una transferencia de dinero puede aliviar el bolsillo, pero no sustituye la consulta que tarda meses, la cama que no aparece o el medicamento que la familia termina pagando.

También se afirma que el Servicio Universal de Salud, vigente desde el 17 de abril de 2026, “garantiza el acceso efectivo” sin importar la afiliación (p. 158). La aspiración es correcta: nadie debería quedar desprotegido por su empleo, domicilio o institución. Sin embargo, un decreto no crea médicos, enfermeras, quirófanos ni presupuesto. La ENCIG 2025 mostró la dimensión del reto previo: apenas 47% de las personas usuarias de IMSS-Bienestar se declararon satisfechas; 34,1% evaluaron favorablemente la disponibilidad de medicamentos y 29,3% la ausencia de saturación. Si se amplía la demanda sin fortalecer previamente la capacidad, puede universalizarse la fila, no la atención.

El Gobierno reporta 39.2 millones de consultas generales, 5.1 millones de consultas de especialidad, 630 mil procedimientos quirúrgicos y casi 1.3 millones de egresos hospitalarios en IMSS-Bienestar (p. 159). Es una actividad considerable y no debe minimizarse. Pero contar actos médicos no demuestra oportunidad, calidad ni resolución. Una consulta sin estudios, una cirugía diferida o un alta sin seguimiento también engrosan la estadística. La productividad sólo adquiere sentido cuando mejora la salud del paciente.

Salud Casa por Casa merece una lectura cuidadosa. El Informe registra 10,9 millones de personas atendidas, 20.799 servidores de la salud y un incremento real de 93,9% en sus recursos para 2026 (p. 157). Acercarse a las personas mayores y a las personas con discapacidad es valioso. Pero tocar una puerta no controla la presión arterial ni evita, por sí solo, una amputación. Falta saber cuántos pacientes referidos recibieron diagnóstico, tratamiento continuo y seguimiento hasta alcanzar la meta clínica.

Otro dato revela el tamaño de la tarea pendiente. Sólo 2.431 unidades cuentan con al menos un turno médico los siete días de la semana. Representan el 29,4% de la meta comprometida para 2030 (p. 159). Es un avance, sí, pero también significa que más del 70% de la meta sigue sin cumplirse. Para una comunidad rural, una clínica cerrada los fines de semana no es un porcentaje: es tiempo perdido cuando surge una urgencia.

El contraste más doloroso es el de los medicamentos. Rutas de la Salud, dice el Gobierno, “garantizó el abasto” mediante 242 millones de piezas (p. 159). Quince páginas después, el propio Informe precisa que se distribuyeron 192,3 de 218,9 millones de piezas: 88% de cumplimiento; en medicamentos, 87% de lo programado (p. 174). Entregar millones de cajas implica trabajo logístico, pero el 87% no garantiza el abasto. Una persona con cáncer no recibe el 87% de su quimioterapia; necesita cada fármaco en la dosis y en el momento indicados.

Aquí las palabras importan. Detrás de cada porcentaje hay una madre buscando un antibiótico, una persona con diabetes tratando de conseguir insulina o una familia endeudándose para impedir que se interrumpa un tratamiento. La salud no se mide cuando el camión sale del almacén, sino cuando el medicamento llega completo y a tiempo a la mano del paciente.

¿Qué hacer? Financiar la universalidad con recursos por persona y compensaciones transparentes entre instituciones; publicar tiempos de espera, recetas no surtidas y resultados clínicos por unidad; integrar cada visita domiciliaria a un expediente interoperable y a una unidad responsable; crear plazas con incentivos de permanencia donde se necesitan; y establecer una Garantía Nacional de Abasto. Si el sistema público no entrega una receta, una farmacia autorizada debe surtirla con pago directo por el Estado o con reembolso expedito.

Contrastar no significa negar los avances. Significa respetar a quienes padecen la brecha entre la estadística y la realidad. Un informe rinde cuentas cuando permite saber qué cambió en la vida del paciente, no sólo cuántas acciones realizó el gobierno. Dictis facta respondeant. Que cada cifra pueda sostenerse en una clínica abierta, una consulta oportuna y una receta completa. En salud, las palabras pueden prometer; los hechos son los que protegen la vida.

El artículo 5 de la Ley General de Salud es claro: el Sistema Nacional de Salud se integra por dependencias y entidades públicas, instituciones de seguridad social y establecimientos privados y sociales que prestan servicios de salud. La norma concibe un sistema plural, articulado y complementario. Sin embargo, el modelo que ha construido el Gobierno Federal con la “cuarta transtornación” (sic) de Morena transita en la dirección opuesta: se ha consolidado un monopsonio sanitario, en el que el Estado pretende ser prácticamente el único comprador relevante de servicios e insumos y, de facto, el principal prestador, concentrando decisiones, recursos y poder de mercado.

En economía de la salud, un monopsonio implica que un solo comprador domina el mercado, fija las condiciones y los precios y reduce la competencia entre proveedores. En México, esta lógica se ha extendido desde la compra consolidada de medicamentos hasta la centralización de los servicios estatales, primero bajo el esquema INSABI y ahora bajo IMSS-Bienestar, acompañada de la concentración presupuestal en un puñado de entidades federativas que deciden por todos. El resultado ha sido un sistema que se dice universal y gratuito, pero que opera con una racionalidad profundamente centralista, poco transparente y ajena a la diversidad de capacidades existentes en el país.

Los datos de las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025 del INEGI desmontan la narrativa de que el sector privado es marginal. En 2025, 2.689 establecimientos particulares con camas censables brindaron servicios de salud en 554 municipios, con 35.732 camas en operación. Más de la mitad de estas camas se concentran en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y Puebla, es decir, en las mismas regiones donde también se ubica buena parte de la demanda pública de servicios de alta complejidad. Pese a ello, la política federal trata a este universo de oferta como un actor accesorio, cuando en realidad es un componente estructural de la capacidad instalada del país.

El monopsonio gubernamental no solo se expresa en quién compra, sino también en quién decide qué se compra, a quién, cuándo y bajo qué reglas. La experiencia de la compra consolidada de medicamentos desde 2019 muestra cómo un diseño pensado para “ahorrar” terminó por crear un aparato hipertrofiado, burocrático y poco sensible a las necesidades reales de los pacientes. Al intentar que el Estado sea comprador, almacenador, distribuidor y dispensador casi exclusivo, se construyó un sistema que se administra a sí mismo y no a las personas: se habla de claves, de piezas y de órdenes de suministro, pero el medicamento no llega a tiempo al enfermo de cáncer ni al niño con enfermedad rara.

Mientras tanto, el sector privado ya está atendiendo una parte significativa de la carga de enfermedad. En 2025 se registraron 2,329,690 egresos hospitalarios en establecimientos particulares, con 99.2% de altas por morbilidad y 0.8% por defunción. Las principales causas de egreso incluyen embarazo, parto y puerperio, enfermedades digestivas y traumatismos, es decir, diagnósticos que forman parte de cualquier cartera de servicios esenciales. En el ámbito del tratamiento médico, la tasa de quimioterapia en establecimientos particulares alcanzó 43,3 tratamientos por cada 100 mil habitantes, mientras que la radioterapia aumentó su tasa en más de 30 unidades respecto a 2024, lo que evidencia un papel creciente en la atención oncológica. Dicho de otro modo: el gobierno diseña un sistema público que se declara autosuficiente, pero la realidad es que una porción relevante de las quimios y radioterapias que sostienen la vida de los pacientes se realiza en el sector privado.

La contradicción es brutal desde la perspectiva de los derechos sociales. El artículo 4 constitucional obliga al Estado a garantizar el acceso a los servicios de salud, pero no a poseer directamente todos los hospitales, todas las farmacias ni todos los equipos. Sin embargo, el diseño monopsonista ha confundido la rectoría con la propiedad y el control absoluto: se desincentiva la compra de servicios privados, se demoniza la colaboración público-privada, se ignoran los instrumentos de contratación por resultados y se perpetúa un esquema en el que las familias pagan con gasto de bolsillo lo que el sistema público se niega a adquirir de forma ordenada.

La literatura internacional y los análisis de organismos como la OCDE y el Banco Mundial han insistido en la necesidad de separar las funciones de comprador y de prestador, precisamente para evitar sesgos, la captura interna y la falta de incentivos para la eficiencia. México avanza en sentido contrario: al absorber servicios estatales y concentrar las decisiones en una sola estructura, se vuelve “juez y parte”, desincentiva la competencia entre prestadores y mantiene un uso ineficiente de recursos humanos, infraestructura y tecnología. El resultado es listas de espera largas, desabasto intermitente y, lo más grave, la pérdida de la confianza ciudadana.

La existencia de más de 100 mil médicas y médicos en contacto directo con pacientes en el sector privado, de los cuales casi el 85% son especialistas, y de 5,145 quirófanos, 856 laboratorios, 419 equipos de mastografía y 1,915 unidades de cuidados intensivos privados, debería ser un insumo central para el diseño de la política pública, no un dato decorativo en un comunicado del INEGI. Un sistema inteligente de salud no compite con estos recursos; los integra mediante contratos, esquemas de pago por caso, mecanismos de referencia y de contrarreferencia, y reglas claras de calidad y transparencia. El modelo monopsonista mexicano, en cambio, prefiere ignorarlos… hasta que el paciente, sin alternativas, se endeuda, se empobrece o abandona el tratamiento.

Persistir en este diseño no es neutro: significa mantener un sistema en el que el Estado concentra el poder de compra y de provisión, pero no ofrece resultados acordes, mientras que la oferta privada permanece subutilizada o reservada a quienes pueden pagar. Es, en términos económicos, la peor combinación posible: un monopsonio disfuncional, caro y altamente vulnerable a la corrupción y a la ineficiencia. Corregir el rumbo implica asumir, sin dogmas, que la rectoría pública no se mide por el número de hospitales que posee, sino por qué tan bien coordina, regula y contrata a todos los actores –públicos, sociales y privados– para garantizar que nadie se quede sin atención por falta de dinero, de acceso o de decisiones oportunas. Los “Servicios Universales de Salud” son una deformación más dentro del propio monopsonio sanitario mexicano,

Como médico y legislador, denuncio desde esta columna que desde 2018 hasta 2030, el gobierno de Morena seguirá sosteniendo un diseño monopsonista que ya demostró sus límites, con cargo a mexicanos que mueren por causas evitables y caen en pobreza por motivos de salud, y que no se atreve a construir un verdadero sistema nacional de salud que, en vez de negar al sector privado, lo incorpore como aliado estratégico en beneficio de los pacientes.

Referencias:

[1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares (ESEP) 2025: Reporte de resultados. INEGI.

Hace unos días, Luis Cárdenas planteaba desde esta misma tribuna una pregunta que me quedó dando vueltas en la cabeza: “¿Y si nos censuran, qué?”. Su diagnóstico era escalofriante no por alarmista, sino por certero: “los periodistas nos hemos encerrado en una caja de resonancia donde hablamos para nosotros mismos, mientras la audiencia—fatigada, desconfiada y distraída—nos da la espalda”. Cárdenas advertía que el verdadero peligro no es el autoritarismo en sí, sino la indiferencia ciudadana que lo hace posible. Que si mañana apagan los micrófonos, quizá nadie salga a defenderlos.

Al leerlo, no pude evitar trasladar su angustia a mi propio terreno. Porque si esa pregunta aplica al periodismo, aplica con la misma crudeza al sistema de salud: ¿Y si nos quedamos sin salud, qué?

Los médicos, los legisladores y quienes escribimos sobre el sector sanitario también nos debemos al público, no a los intereses de partido. Pero igual que en los medios, aquí el ruido de la coyuntura—las conferencias matutinas, los informes triunfalistas, las pugnas burocráticas—ha terminado por opacar la meta final: salvar vidas.

Y, como en el periodismo, la pérdida de confianza es devastadora. Si el Digital News Report documenta que sólo el 36% de los mexicanos confía en las noticias, en salud la desconfianza es aún más cruel: la gente ya no cree en las cifras oficiales de abasto, en las listas de espera ni en las promesas de cobertura universal. Seis de cada diez prefieren buscar remedios en redes sociales o preguntarle al vecino antes que ir a las unidades médicas.

Cárdenas decía que los periodistas nos estamos convirtiendo en nuestra propia audiencia. En salud, el símil es exacto: los funcionarios sanitarios y los expertos discutimos entre nosotros, en foros cerrados y boletines técnicos, mientras las familias en los hospitales urbanos y los escasos rurales —que son nuestra verdadera audiencia— nos han dejado de escuchar porque ya no les hablamos en su idioma. La censura que él teme, aquí se llama normalización del desabasto: ese efecto sutil y sistemático que nos acostumbra a ver vacías las farmacias de los hospitales, igual que su “apretar poco a poco” reduce la programación noticiosa a meros boletines.

Ahí radica la utilidad de mi libro titulado “Crónicas de Salud y Política: desde la curul 083” que presentaré el próximo viernes 21 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Jorge Ibarguengoitia del Forum Cultural, aquí en León, y de estas columnas. No son ejercicios de vanidad literaria, sino un intento—quizá terco—de romper esa caja de resonancia. He documentado cada recorte presupuestal, cada desabasto y cada muerte evitable como quien toma una fotografía de la realidad, porque estoy convencido de que un pueblo informado es un pueblo con herramientas para exigir. Así como Cárdenas propone reconquistar a la audiencia explicando por qué algo importa, yo he querido traducir el lenguaje tecnocrático de los expedientes oficiales en crónicas que duelan y que muevan: contar que un niño sin quimioterapia no es un número, y que una persona con diabetes sin insulina no es una estadística.

Pero también comparto su pregunta teleológica: si el colapso se consuma y los hospitales se vacían del todo, ¿saldrá alguien a reclamar? ¿O la sociedad, ya tan lastimada y cansada, asumirá que la mala salud es su destino inevitable? La respuesta que ambos vislumbramos es desalentadora: quizá no. Y esa —no la negligencia de los gobernantes— es la verdadera emergencia nacional.

El poder no necesita decretar una ley para que nos quedemos sin salud; le basta con que la apatía nos vuelva sordos al deterioro. Por eso, igual que él llama a trabajar para la gente y no para una clase política decadente, yo convoco a la sociedad a hacer suyo el derecho a la salud. Que lo defienda porque lo necesita. Un sistema que la gente vigila y exige no se desmorona fácilmente. El que nadie extraña—como el periodismo que se apaga solo—, el que nadie reclama, ese colapso se consuma en absoluto silencio.

Y de ese silencio, como bien escribió Luis Cárdenas, no podremos culpar al poder. Lo habremos firmado nosotros, con nuestra indiferencia. No permitamos que la historia de la salud en México sea eso: un expediente cerrado sin que nadie haya alzado la voz. Documentemos, informemos y exijamos. Porque la salud no es un favor; es un derecho que sólo vive si nosotros lo mantenemos con vida.

Estimadas y estimados lectores, los invito a la presentación. Participarán como panelistas María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (Revista Siempre), Maribel Ramírez Coronel (El Economista), Antonio Lascuráin Huerta (AM), Julio Castillo López (Fundación Rafael Preciado) y Francisco Javier Domínguez Garibaldi (Universidad La Salle Bajío). ¡Los espero!

Hay dolores para los que ninguna familia está preparada. La pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o los primeros días de vida es uno de ellos. En pocos instantes, la ilusión de recibir a un hijo se transforma en una despedida inesperada. Quedan una cuna vacía, planes suspendidos y preguntas que rara vez encuentran respuestas suficientes.

En México, durante 2024 se registraron 22 mil 31 defunciones fetales, cerca de 60 al día. La estadística permite dimensionar el problema, pero no describe el sufrimiento de las mujeres, las parejas y las familias. Tampoco revela cuántas recibieron apoyo psicológico, información comprensible o un trato respetuoso en la institución de salud.

En Guanajuato se registraron mil 424 defunciones fetales en 2024, la tercera cifra más alta entre las entidades del país. Fueron 53 casos menos que en 2023, pero siguen representando casi cuatro pérdidas diarias. Son familias guanajuatenses que requieren atención médica, así como privacidad, escucha y acompañamiento profesional. Cada una merece algo mejor que regresar a casa con los brazos vacíos y el dolor desatendido.

Los hospitales están preparados para atender embarazos, partos y complicaciones clínicas. Sin embargo, no todas las unidades cuentan con protocolos para acompañar a quienes reciben la noticia de que su bebé ha fallecido. La respuesta suele depender de los recursos disponibles, de la organización interna y, muchas veces, de la sensibilidad de quienes están de guardia.

También debemos reconocer la situación del personal sanitario. Médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales enfrentan momentos emocionalmente complejos. Comunicar una pérdida requiere tiempo, preparación y condiciones adecuadas. Capacitar al personal no significa cuestionar su vocación, sino ofrecerle herramientas para informar con claridad, escuchar sin apresuramiento y acompañar sin invadir.

Una palabra desafortunada puede permanecer durante años en la memoria de una madre. También puede hacerlo como gesto de respeto. La manera de comunicar la muerte, el lugar donde se brinda la información y la posibilidad de despedirse influyen en cómo comienza el duelo.

Por ello presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a las demás instituciones del Sistema Nacional de Salud a analizar la viabilidad de implementar protocolos integrales de atención al duelo gestacional, perinatal y neonatal.

La propuesta contempla una experiencia denominada “Código Mariposa”. Este modelo permite identificar a las familias que enfrentan una pérdida, activar el acompañamiento de psicología y de trabajo social, orientar sobre los procedimientos posteriores y favorecer una comunicación respetuosa.

Cuando la infraestructura lo permite, el protocolo contempla los llamados Cuartos Mariposa. Son espacios privados y tranquilos que evitan que una mujer que acaba de perder a su bebé permanezca en la misma área donde otras familias celebran un nacimiento. No se pretende ocultarla ni aislarla, sino proteger su intimidad durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

El ISSSTE ya ha impulsado esta estrategia en algunas unidades médicas. La experiencia demuestra que es posible avanzar hacia una atención más humana en las instituciones públicas. No obstante, todavía desconocemos cuántos hospitales cuentan con protocolos, personal capacitado, atención psicológica o espacios adecuados.

El punto de acuerdo no propone construir de inmediato una habitación especializada en cada hospital. Solicita primero un diagnóstico nacional y un análisis serio de las necesidades operativas, presupuestarias e infraestructura. A partir de sus resultados podrían emitirse lineamientos para una implementación gradual, adaptada a las posibilidades de cada unidad, pero sostenida en estándares comunes de dignidad, privacidad y acompañamiento.

El duelo no corresponde únicamente a la madre. La pareja, los hermanos y los abuelos también pueden experimentar una pérdida profunda. Con frecuencia sufren en silencio porque socialmente se minimiza la muerte de quien apenas comenzaba a vivir. Ningún hijo es reemplazable y ningún duelo tiene un calendario predeterminado.

La medicina dispone de tecnología extraordinaria, pero su calidad no puede medirse únicamente por el equipamiento, las camas o los procedimientos realizados. También se revela en la capacidad de acompañar cuando la curación ya no es posible.

No podemos evitar todas las pérdidas gestacionales, perinatales o neonatales. Si podemos evitar que una familia las enfrente en soledad o que la atención hospitalaria agrave su sufrimiento. Código Mariposa significa reconocer que una vida, aunque haya sido breve, deja una huella que merece respeto, cuidado y memoria.

Comienzo, estimados lectores, con un agradecimiento. En nombre de las y los pacientes guanajuatenses que, por nuestro conducto, han solicitado apoyo ante un problema de salud, reconozco públicamente la disposición del doctor Eusebio Rosales Partida, titular del IMSS en Guanajuato. Cada caso ha sido atendido con sensibilidad, empatía y respeto, sin cortapisas ni excusas burocráticas.

No afirmo que todos los problemas hayan quedado resueltos ni que esté en sus manos corregir las carencias acumuladas del Instituto. Sería injusto atribuirle facultades o recursos que no tiene. Lo que sí puedo testimoniar es que escucha, responde y busca alternativas. Para quien vive la angustia de una enfermedad, saber que alguien atiende su llamado ya constituye una diferencia profundamente humana.

Recordé al doctor Rosales al leer el discurso de la cirujana Kari Rosenkranz, “Tail Wags and Belly Rubs: Lessons from a Dog” (Colas que se mueven y caricias en la panza: lecciones de un perro). La autora sostiene que los perros pueden enseñarnos algo esencial: que comunicarse no consiste solo en hablar. Ellos observan, perciben la tensión, reconocen el miedo y permanecen cerca. Escuchan con todo el cuerpo.

La medicina y el servicio público necesitan recuperar esa capacidad. Con frecuencia hablamos para ser escuchados, pero pocas veces escuchamos para comprender. Detrás de cada expediente existe una persona; detrás de cada folio, una familia; detrás de cada espera, miedo, dolor e incertidumbre.

El propio doctor Rosales ha expresado que la atención debe sustentarse en la ética profesional, en el trato digno y en la empatía. No parece una frase aprendida para un discurso. Coincide con la manera en que ha respondido cuando le hemos planteado casos concretos de derechohabientes.

Su historia personal también merece contarse. Sus raíces se encuentran en Sonora y en una realidad alejada de los privilegios. Llegar a ser médico exigió estudio, esfuerzo y perseverancia. Después cursó la especialidad en Medicina Familiar, continuó capacitándose en gestión directiva, investigación educativa y administración de servicios de salud y obtuvo una maestría en Educación Basada en Competencias.

No llegó a Guanajuato por improvisación. Acumula 25 años de trayectoria en el IMSS. Fue asumiendo responsabilidades por su desempeño y por la confianza de colaboradores y superiores: ocupó cargos directivos en Sonora, fue jefe de Servicios de Prestaciones Médicas y desempeñó funciones de planeación y de conducción médica en Baja California. Finalmente, participó en la cuarta edición del Concurso de Oposición para titulares de los órganos estatales del Instituto y obtuvo la responsabilidad de dirigir el IMSS en Guanajuato.

Rosenkranz desmonta también el mito del “perro alfa”. En una manada, el verdadero líder no es quien intimida, sino quien orienta, protege, escucha y mantiene unido al grupo. En los hospitales ocurre lo mismo: los mejores dirigentes no son quienes “ladran” órdenes desde una oficina, sino quienes recorren las unidades, conocen las necesidades del personal y generan confianza para que alguien pueda advertir un riesgo antes de que se convierta en una tragedia.

Ese liderazgo será indispensable porque el doctor Rosales recibe una institución sometida a enormes presiones. El IMSS atiende en Guanajuato a alrededor de 2,9 millones de personas. Enfrenta una demanda creciente, infraestructura insuficiente, hospitales pendientes, escasez de especialistas, procesos burocráticos y trabajadores (médicos internos y residentes) que, en muchas unidades, sostienen los servicios con cargas de trabajo excesivas.

El Informe del IMSS 2024-5 reconoce que los recursos son cada vez más limitados. Conoce, además, el cansancio del personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo. No puede pedírseles un trato digno a los pacientes sin procurar también condiciones dignas para quienes los atienden. Los perros son animales de manada, recuerda Rosenkranz; la salud también es un trabajo colectivo. Ningún delegado, por capaz que sea, puede sustituir al equipo ni compensar indefinidamente las insuficiencias presupuestales.

Por eso mi reconocimiento no es un cheque en blanco. A una autoridad se le respalda cuando actúa bien, pero también se le exige que defienda a los derechohabientes, gestione recursos, transparente los resultados y no normalice las carencias. La empatía debe traducirse en mejores tiempos de atención, abasto suficiente, personal completo y hospitales que funcionen.

Confío en que su trayectoria institucional y su sensibilidad le permitirán encabezar este esfuerzo. Guanajuato necesita un IMSS que escuche antes de responder; que acompañe antes de justificar; que recuerde que cada expediente tiene nombre y rostro.

Los perros, concluye Rosenkranz, lideran, enseñan y aman mediante su presencia. En el servicio público, estar presente también es una forma de cuidar. Hasta ahora, el doctor Eusebio Rosales ha sabido estar. En nombre de los pacientes a quienes ha ayudado, gracias. Ahora viene el mayor desafío: transformar esa sensibilidad personal en una cultura institucional que alcance a todos.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad en México y representan un problema de salud pública por su elevada carga de enfermedad, su impacto en la calidad de vida y los altos costos que generan para el sistema de salud y la economía nacional. De acuerdo con datos del INEGI, las defunciones por enfermedades del corazón superan los 140,000 casos anuales y se mantienen de manera sostenida como la primera causa de muerte a nivel nacional.

Como médico y diputado federal, considero que el país necesita avanzar hacia una política pública nacional de salud cardíaca. No basta con reconocer que las enfermedades cardiovasculares son frecuentes; es necesario que la Ley General de Salud establezca con claridad que la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la atención de emergencias de estas enfermedades deben tener carácter prioritario dentro del Sistema Nacional de Salud.

El objetivo de la iniciativa que hemos presentado en el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados es reformar la Ley General de Salud en materia de salud cardíaca y de atención de las enfermedades cardiovasculares. La propuesta busca incorporar un capítulo específico denominado “De la Salud Cardíaca y la Atención a Enfermedades Cardiovasculares”, dentro del Título Octavo, relativo a la prevención y control de enfermedades y accidentes.

El propósito es claro: reconocer que la salud cardíaca debe tener carácter prioritario en las políticas de salud y que el Estado debe garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control.

Uno de los componentes más relevantes de la propuesta es la implementación de un programa de acceso a la desfibrilación en espacios públicos y privados, así como la prevención de la muerte súbita cardíaca. El uso de desfibriladores externos automáticos, junto con maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, ha demostrado aumentar significativamente la supervivencia de las personas que sufren paros cardíacos súbitos. Por ello, la instalación de estos equipos y la capacitación del público en zonas de alta densidad poblacional pueden salvar vidas.

México tiene una tasa baja de implantes de desfibriladores en pacientes con historial de cardiopatía: entre uno y tres por cada millón de habitantes, frente a otros países de América Latina, que colocan en promedio alrededor de 100 por cada millón.

La gravedad del problema también se evidencia en la mortalidad por infarto. En México, uno de cada cuatro pacientes con infarto fallece, cifra que refleja la necesidad de priorizar la atención cardiovascular mediante la prevención, la capacitación del personal médico, la disponibilidad de insumos y una respuesta organizada ante emergencias.

Por ello, nuestra propuesta legislativa plantea que la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo de Salubridad General y de las autoridades sanitarias locales, diseñe un programa para la colocación y el funcionamiento de desfibriladores externos automáticos en espacios públicos y privados de alta afluencia de personas. Esto incluye centros de trabajo, espacios culturales, deportivos, instituciones educativas o académicas, centros recreativos, terminales de transporte, hoteles, centros turísticos, vías generales de comunicación, edificios públicos y otros lugares que, por su naturaleza, presenten riesgos cardiovasculares o altos flujos de personas.

Es importante recordar que ya existe un antecedente regulatorio. Ante el crecimiento de muertes ocasionadas por enfermedades del corazón, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de marzo de 2013, un acuerdo por el que se exhortó a propietarios y responsables de establecimientos con grandes concentraciones de personas, así como a instituciones o personas físicas con unidades de emergencia móvil y ambulancias, a contar con desfibriladores automáticos externos en sus instalaciones.

Ese acuerdo consideró establecimientos con grandes concentraciones de personas: terminales de transporte con capacidad para 500 personas o más, centros comerciales superiores a 1.000 metros cuadrados, estadios, locales de espectáculos, salas de conferencias, eventos o exposiciones, hoteles, centros turísticos o de recreación, instituciones sociales y centros educativos de todos los niveles. También incluyó instituciones deportivas con capacidad igual o superior a 250 personas, así como aeronaves, trenes o embarcaciones con capacidad igual o superior a 100 pasajeros.

Sin embargo, ese instrumento quedó únicamente como un exhorto. Es decir, como una invitación o recomendación sin vinculación legal suficiente para asegurar su cumplimiento, mantenimiento, señalización, capacitación o seguimiento. Esa es precisamente una de las razones por las que se requiere reformar la Ley General de Salud.

La reforma también propone que los servicios de salud presten atención expedita a las personas que presenten una emergencia cardiovascular, independientemente de su derechohabiencia o afiliación, ya sea solicitada directamente o por referencia de otra unidad médica.

Por eso resulta preocupante que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Pedro Zenteno, esté rechazando esta iniciativa sin entrar al fondo de la discusión médica, técnica y de salud pública. Se trata de una reforma sustentada en la principal causa de muerte en México, en las recomendaciones internacionales, en los antecedentes del propio Consejo de Salubridad General y en la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y atender emergencias cardiovasculares.

Por ello, desde la Cámara de Diputados solicitaremos formalmente a la Secretaría de Salud que realice una revisión técnica del proyecto. La discusión no debe cerrarse por razones políticas. Debe analizarse con criterios médicos, científicos, presupuestales y de salud pública. Si la Secretaría de Salud considera que deben hacerse ajustes, propóngalos. Si se requiere gradualidad, que se establezca. Si se necesitan lineamientos específicos, que se elaboren.

Lo que no podemos aceptar es que una iniciativa orientada a salvar vidas sea rechazada sin una deliberación seria. Cuando una persona sufre una emergencia cardiovascular, cada minuto cuenta.

En pocos años, la atención a quienes no tienen seguridad social ha pasado del Seguro Popular al INSABI y, hoy, al IMSS-Bienestar. El gobierno de Morena ha repetido que la atención será “gratuita y para todos”, pero millones de pacientes se han topado con otra realidad: citas diferidas, estudios que no se realizan, recetas sin surtir y familias obligadas a comprar fuera de lo que el sistema debió garantizarles.

Detrás de cada “regrese mañana”, de cada “no hay ese medicamento”, hay un problema de diseño. El organismo que hoy coordina servicios en 24 estados se creó con reglas incompletas, decisiones tomadas sin suficiente debate parlamentario y una conducción débil por parte de la Secretaría de Salud. Cuando no está claro quién manda, quién coordina y quién rinde cuentas, el caos administrativo termina en algo muy sencillo y doloroso: el paciente esperando soluciones que nadie se hace responsable de dar.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario del PAN hemos decidido no quedarnos solo en la crítica y presentar una iniciativa concreta, integrada en las “111 soluciones para México”, pensada desde la perspectiva del ciudadano, no desde el escritorio. Nuestro objetivo es que la persona sin seguridad social pueda acceder a una unidad del IMSS-Bienestar y encontrar un sistema alineado, donde la Secretaría de Salud sea realmente la cabeza que guía, supervisa y responde, y no un invitado marginal en las decisiones.

Sectorizar al IMSS-Bienestar bajo la rectoría plena de la Secretaría de Salud no es un asunto burocrático; es una medida para que el presupuesto, el personal, los medicamentos y los protocolos se decidan con visión de sistema y con la salud del paciente en el centro. Significa que las políticas ya no dependen de ocurrencias cada sexenio, sino de reglas claras y estables.

La iniciativa establece, de manera sencilla, que el IMSS-Bienestar sea reconocido como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Salud, con una Junta de Gobierno encabezada por la propia Secretaría e integrada por las instituciones clave del sector y por representantes de los trabajadores. Esa Junta no sería un órgano decorativo: tendría facultades explícitas para fijar políticas, aprobar el programa institucional alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el programa sectorial de salud, coordinarse con el IMSS, el ISSSTE y los servicios estatales, y evaluar periódicamente las metas y los resultados.

Además, proponemos que el IMSS-Bienestar se sujete obligatoriamente a las normas oficiales mexicanas, a las guías y protocolos que emita la Secretaría de Salud, y a criterios uniformes de calidad y seguridad. Para la familia que enfrenta un cáncer, una diabetes complicada o una enfermedad rara, esto no es lenguaje técnico: es la diferencia entre recibir un tratamiento adecuado y actualizado y quedar atrapada en un sistema que decide “como se pueda” en cada hospital. La calidad no puede ser un privilegio; tiene que ser una obligación legal.

Pensando en quienes sostienen el sistema todos los días, también proponemos algo fundamental: la estabilidad laboral para las y los trabajadores durante la transición. No hay buen servicio sin personal comprometido, y no se puede pedir compromiso cuando se vive con miedo a perder los derechos adquiridos. Un equipo médico y de enfermería con certeza laboral tiene mejores condiciones para concentrarse en lo que importa: cuidar vidas.

Finalmente, proponemos que el Congreso reciba informes semestrales sobre la implementación de estos cambios. No es un trámite más: es una forma de asegurar que la voz de la ciudadanía —expresada a través de sus representantes— acompañe, vigile y corrija el rumbo de una reforma que toca directamente la vida de millones de personas. La salud no puede depender de decisiones tomadas en la oscuridad, sin rendición de cuentas.

Cuando el sistema falla, duele en la familia: en la abuela que no consigue sus medicinas, en el joven que suspende un tratamiento por falta de citas, en el niño que aprende demasiado pronto lo que es esperar horas en una sala de urgencias. Nuestra propuesta busca que ese dolor no se normalice, que la respuesta del Estado sea un sistema ordenado, transparente y coordinado, donde el “sí, hay y es tu derecho” deje de ser una excepción y se convierta en la regla.

“Salud quebrada, bolsillos vacíos”

La corrupción en México no está en retirada. Está peor que nunca. Y el sistema de salud es su víctima más documentada, estimados lectores. El pasado 25 de junio, el Partido Acción Nacional presentó “111 Soluciones para rescatar a México” —https://bit.ly/4g29LLP—, siete de ellas para acabar con la corrupción en salud: gobierno en tiempo real, fiscales autónomos y contratos a concurso.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional ubicó a México en el lugar 141 de 182 países y territorios, con apenas 27 puntos sobre 100; dentro de la OCDE —el club al que México presume pertenecer— volvió a ocupar el último lugar en percepción de la integridad pública. Pero más allá de los índices, lo que esta corrupción les ha costado a los mexicanos tiene nombre, apellido y número de expediente clínico. Lo ocurrido en el sector salud en los últimos siete años, bajo los gobiernos de Morena, no tiene precedentes.

Cuando el gobierno eliminó el Seguro Popular y creó el INSABI, prometió acabar con la corrupción en las compras de medicamentos. Lo que siguió fue una concentración de decisiones, opacidad en las adquisiciones y fallas graves de abasto. En la revisión de 2021, la Auditoría Superior de la Federación documentó que el INSABI dejó pendientes de aclaración 751.8 millones de pesos en compras de medicamentos oncológicos y que, de una demanda inicial de 12.7 millones de piezas solicitadas por las instituciones públicas, solo entregó 643 mil, es decir, 5.1% del total requerido; En las 61 claves prioritarias para el cáncer, la entrega fue peor todavía: apenas 1,1% al primer trimestre de ese año. Buena parte de ese hueco se tradujo en tratamientos interrumpidos y en niños con cáncer que pagaron la ineficiencia con sus propias vidas.

El IMSS tampoco fue ajeno a este patrón. En 2022 y 2023, el instituto otorgó alrededor de 1,600 millones de pesos en contratos directos de medicamentos a 19 empresas de reciente creación —algunas con solo dos o tres meses de existencia— que vendieron insumos a precios sobrevaluados, con márgenes de hasta 678% por encima del precio de referencia. La Auditoría Superior de la Federación calculó daños probables al erario por 2,570 millones de pesos en ese período, derivados de compras irregulares, contratos con empresas inhabilitadas y servicios fantasma; la presión pública terminó por obligar al IMSS a cancelar y revisar más de 200 contratos relacionados con sobrecostos y deficiencias en el abasto.

El capítulo más reciente se llama “Birmex”. En abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anuló la compra consolidada de medicamentos 2025–2026 —la más grande en la historia del sector salud— al detectar sobreprecios en 175 claves de medicamentos que representaban un sobrecosto cercano a 13 mil millones de pesos. Cuatro funcionarios de Birmex, incluido su director general, fueron removidos y se ordenó reiniciar el proceso licitatorio desde cero. El daño al erario puede discutirse en auditorías; el daño al paciente ya está hecho: entre 2019 y 2023, el colectivo Cero Desabasto documentó más de 82 millones de recetas no surtidas en instituciones públicas, un número que traduce la corrupción y la mala gestión en consultas inútiles, tratamientos suspendidos y familias obligadas a endeudarse para no abandonar la atención.

Todo esto ocurrió en un contexto de debilitamiento institucional deliberado. La eliminación de facto del INAI como garantía de la transparencia, el abandono del Sistema Nacional Anticorrupción, la ausencia de reglas claras en los programas sociales y una Fiscalía General de la República que actúa con motivaciones políticas antes que con vocación de justicia han dejado a la ciudadanía sin contrapesos eficaces. Según el INEGI, en 2023 el 83.1% de la población reportó que los actos de corrupción fueron frecuentes en su entidad y solo el 4.8% de las víctimas se atrevieron a denunciarlos. En materia de salud, cada contrato mal asignado y cada licitación anulada tarde no son solo un expediente administrativo: son la quimioterapia que no llegó, el antibiótico que se sustituyó por un préstamo familiar y la cama que se utilizó con retraso porque alguien decidió que la opacidad valía más que la vida de un paciente.

Frente a este historial, el Partido Acción Nacional propone en Soluciones para México siete medidas concretas para reconstruir la integridad pública:

1. Corrupción cero en vivo. Plataforma digital que publique en tiempo real todos los contratos, obras y gastos del gobierno —incluidas las compras de medicamentos—, con geolocalización y acceso inmediato para la ciudadanía. Que cada compra de pastillas sea rastreable desde el primer peso.
2. No más fiscales carnales. Las fiscalías anticorrupción y las contralorías serán autónomas y apartidistas. Su función será perseguir la corrupción, no proteger al funcionario de turno.
3. Verificación real del patrimonio. Declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses verdaderamente auditables, interoperables y sujetos a cruces automáticos de información. No basta con que los funcionarios “declaren”: hay que verificar.
4. Menos trámites, menos discrecionalidad. Simplificación de procesos y de la tecnología para eliminar los espacios donde florece la corrupción, junto con una cultura de integridad en el servicio público desde la formación de los funcionarios.
5. No más contratos para los cuates y compadres. Las adjudicaciones directas serán la excepción, no la norma. La regla general en los contratos gubernamentales —especialmente en salud— será siempre la licitación pública, abierta y competitiva. El 75% de las adjudicaciones directas en medicamentos no puede volver a ocurrir.
6. Servidores públicos profesionales. Restablecimiento de un servicio civil de carrera moderno. Los funcionarios de salud llegarán a sus puestos por mérito y permanecerán en ellos por resultados, no por lealtades políticas.

7. Auditoría Superior con dientes. Auditorías concurrentes y preventivas en programas prioritarios de salud; semáforos de riesgo para transferencias federales; y suspensión automática de pagos ante alertas graves. La ASF dejará de documentar el daño una vez que ocurra para empezar a prevenirlo.

Hay documentos que hablan de política y otros que hablan de las personas. Soluciones para México —https://bit.ly/4g29LLP—, la plataforma programática del Partido Acción Nacional, intenta ser, a la vez, un diagnóstico real del estado actual del país y una hoja de ruta concreta para salir de él, con 101 soluciones de inicio, para abrir la consulta con especialistas y con la ciudadanía.

México no necesita más discursos sobre salud; necesita soluciones medibles, financiadas y humanas. La propuesta del PAN, Soluciones para México, parte de una premisa sencilla: el derecho a la protección de la salud no puede depender del código postal, del patrón que se tenga, de la afiliación administrativa o de la suerte de encontrar medicamentos. La salud pública debe volver a ser un sistema: con puertas de entrada claras, medicamentos disponibles, médicos suficientes, prevención, continuidad de los cuidados y especial atención a quienes viven con mayor vulnerabilidad.

El marco conceptual del documento es el de un Estado que garantice, pero no improvise; que invierta, pero también mida; que atienda la enfermedad, pero se adelante a ella. La crisis actual se resume en cuatro fracturas: millones de personas sin acceso efectivo a servicios; desabasto de medicamentos; abandono de la vacunación y fragmentación institucional. Frente a ello, Acción Nacional plantea reconstruir el sistema desde la familia, la comunidad y la evidencia.

La primera solución es clara: hospital, médico y medicinas gratis para tu familia. No se trata de pintar de gratuidad lo que en la práctica no existe, sino de asegurar el acceso universal a servicios y medicamentos, para que ninguna familia deje de atenderse por falta de dinero.

La segunda es la Garantía Nacional de Abasto y Atención Básica: consulta de primer contacto en un plazo máximo de 72 horas, surtimiento completo de recetas prioritarias y una plataforma pública para conocer los inventarios por clínica y hospital. Lo que no se mide se esconde; y lo que se esconde suele terminar en corrupción o en abandono.

La tercera, Salud Cerca de Ti, propone consultorios públicos en zonas marginadas, con personal profesional, abasto suficiente y vinculación comunitaria. Además, plantea becas e incentivos salariales para médicos que permanezcan en comunidades rurales o marginadas. La salud debe llegar a donde hoy solo llega la necesidad.

La cuarta solución protege a los mayores de 55 años con atención médica oportuna, continua y gratuita, que incluye medicamentos para padecimientos agudos y crónicos. En un país que envejece, cuidar a los adultos mayores no es caridad: es justicia intergeneracional.

La quinta es el Seguro Popular 2.0, una versión mejorada para quienes no tienen IMSS, ISSSTE ni seguro privado. La idea central es que nadie quede fuera por no caber en un padrón. La salud no puede ser un privilegio laboral.

La sexta es un Sistema Nacional de Salud Integrado. Hoy, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales operan con reglas, expedientes y calidades distintas. La propuesta plantea un expediente clínico electrónico único, una ventanilla digital y una portabilidad real. El paciente debe transitar por el sistema; no perderse en él.

La séptima es un Programa Nacional de Personal de Salud que plantea más plazas permanentes en medicina familiar, pediatría, ginecología, urgencias y anestesia; bonos salariales y de vivienda para zonas rurales o violentas; y carrera profesional por mérito. No bastan los hospitales si no hay médicos, enfermeras ni especialistas.

La octava es México Sin Cáncer: prevención, detección temprana, atención oncológica integral, investigación y acompañamiento humano y psicológico. En particular, todos los niños con cáncer deben tener acceso a los medicamentos.

La novena solución es la vacunación completa de los hijos de México, con un rubro presupuestal específico que asegure el cuadro básico. Vacunar no es ideología: es una de las intervenciones más eficaces y solidarias de la medicina pública.

La décima prioriza la salud mental. Propone la prestación gratuita de servicios de psicología y psiquiatría en los centros de salud. No puede haber bienestar si el sufrimiento emocional sigue escondido o estigmatizado.

La undécima defiende a quienes dan la vida: mujeres embarazadas con apoyo integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de su hijo. El embarazo debe ser motivo de protección prioritaria del Estado, nunca de exclusión.

La duodécima se llama Primeros Mil Días: nutrición materna, consultas prenatales, hospital asignado para el parto, lactancia materna, estimulación temprana y vacunación completa. Ahí se juega buena parte del futuro de una persona.

La salud se reconstruye con presupuesto, ciencia, administración honesta y cercanía humana. Ese es el reto: pasar del eslogan al expediente, de la ocurrencia al medicamento, de la promesa a la consulta y del abandono a la dignidad. Los invito a participar y proponer más soluciones.

” Quiero escribir mi historia.” Mallory Smith

Durante casi un siglo, los antibióticos han sido una de las grandes conquistas de la medicina moderna. Gracias a ellos, infecciones que antes eran sentencia de muerte pudieron tratarse; cirugías complejas se volvieron más seguras; las cesáreas, los trasplantes, la quimioterapia contra el cáncer y muchos procedimientos hospitalarios encontraron una red de protección frente a las infecciones.

Pero esa protección se está debilitando. La resistencia antimicrobiana es uno de los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo. Ocurre cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos. En palabras sencillas: los microbios aprenden a sobrevivir y los tratamientos pierden eficacia. Entonces una infección común puede prolongarse, complicarse, requerir medicamentos más caros, aumentar la estancia hospitalaria o, en los casos más graves, causar la muerte.

Este problema no es lejano ni abstracto. Afecta a niñas y niños, personas adultas mayores, pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, personas sometidas a cirugía y familias enteras que enfrentan infecciones cada vez más difíciles de tratar. También impacta al personal médico, que se ve con menos opciones terapéuticas frente a bacterias multirresistentes.

La resistencia antimicrobiana no se debe a una sola causa. Se alimenta del uso excesivo o inadecuado de antibióticos; de la automedicación; de recetas innecesarias para infecciones virales; de tratamientos incompletos; de infecciones asociadas a la atención hospitalaria; de malas prácticas de higiene; de la falta de acceso a diagnósticos oportunos; de productos apócrifos o de mala calidad; del uso inadecuado de antimicrobianos en animales y plantas; y de la contaminación del agua, el suelo y los alimentos.

Por eso, el enfoque debe ser integral. No basta con pedirle al paciente que no se automedique, aunque eso es indispensable. Tampoco basta con exigir mejores recetas, aunque la prescripción responsable es fundamental. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno de salud humana, animal, vegetal y ambiental. Requiere una respuesta bajo el enfoque de “Una Salud”: si se usan mal los antimicrobianos en un hospital, en una granja, en una planta de alimentos o en el hogar, el riesgo puede terminar afectando a toda la comunidad.

Con esa visión presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de resistencia antimicrobiana. Su propósito es dotar de fuerza de ley a una política nacional permanente, coordinada y evaluable para prevenir y controlar este problema.

La propuesta establece que la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, así como de las infecciones asociadas a la atención de la salud, sean materia de la salubridad general. Esto es relevante porque sitúa el tema en el nivel que corresponde: como una prioridad nacional de salud pública, no como un asunto técnico aislado o dependiente de esfuerzos administrativos dispersos.

La iniciativa también propone que el Sistema Nacional de Salud tenga como objetivo coordinar y ejecutar las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Además, plantea que el Consejo de Salubridad General sea responsable de emitir y conducir dicha estrategia, así como de establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.

Esta parte es esencial. México ya ha tenido avances, como la regulación de la venta de antibióticos con receta y la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Pero el tamaño del reto exige pasar de los lineamientos y acuerdos a una arquitectura legal más sólida, con responsabilidades claras, coordinación entre la Federación y las entidades federativas, vigilancia, información, financiamiento y rendición de cuentas.

La reforma plantea acciones concretas: fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; promover el uso adecuado de estos medicamentos; prevenir y controlar infecciones en unidades médicas y hospitalarias; mejorar la farmacovigilancia; garantizar acceso equitativo a medicamentos esenciales; incentivar la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos; impulsar diagnósticos rápidos, asequibles y precisos; y construir sistemas de información que permitan conocer con mayor claridad la situación de la resistencia antimicrobiana en México.

También incorpora un aspecto crucial: el monitoreo ambiental. La resistencia no vive sólo en los hospitales. Puede estar en el agua, el suelo, los alimentos y los animales. Por ello, si queremos enfrentarla en serio, necesitamos datos, vigilancia y coordinación con los sectores agrícola, pecuario, ambiental, académico, industrial y sanitario.

La iniciativa reconoce, además, la importancia de las campañas de concientización dirigidas a profesionales de la salud y a la población. El antibiótico no es un analgésico ni un remedio para cualquier malestar. No cura la gripa común cuando es viral. No debe compartirse. No debe suspenderse antes de tiempo. No debe comprarse sin indicación profesional. Cada uso innecesario abre una pequeña puerta a la resistencia.

Pero tampoco debemos simplificar el problema culpando sólo al paciente. Muchas personas se automedican porque no tienen acceso oportuno a consultas, diagnósticos o medicamentos de calidad. Otras reciben antibióticos sin confirmación adecuada porque el sistema no siempre cuenta con pruebas rápidas, laboratorios suficientes o protocolos claros. Combatir la resistencia antimicrobiana también implica fortalecer el acceso efectivo a los servicios de salud.

En el centro de esta discusión está la dignidad del paciente. Una madre que lleva a su hijo con fiebre merece un diagnóstico oportuno, no una receta automática. Un paciente hospitalizado merece medidas estrictas de prevención de infecciones. Una persona con sepsis merece que el sistema cuente con la capacidad de identificar el germen y tratarlo a tiempo. Un país entero merece que los antibióticos sigan funcionando cuando realmente se necesitan.

La resistencia antimicrobiana es una amenaza silenciosa porque no siempre se ve, pero sus consecuencias son contundentes. Puede convertir infecciones tratables en enfermedades graves. Puede encarecer la atención. Puede saturar hospitales. Puede realizar intervenciones más riesgosas que hoy damos por seguras. Y puede golpear con mayor fuerza a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.

Por eso legislar en esta materia no es un asunto secundario. Es proteger el futuro de la medicina. Es cuidar a las familias. Es anticiparnos antes de que la emergencia sea irreversible.

Los antibióticos son un bien común sanitario. Preservarlos exige ciencia, responsabilidad, regulación, presupuesto y conciencia social. Si queremos que sigan salvando vidas mañana, debemos usarlos bien hoy.

En México, la enfermedad sigue doliendo doble, primero en el cuerpo y luego en el bolsillo. Mientras no cambiemos la forma de financiar la salud, cada hospitalización o tratamiento de alto costo continuará siendo una amenaza para la estabilidad económica de los hogares más pobres. La evidencia nacional e internacional es consistente al mostrar que, cuando el Estado invierte poco en salud, las familias terminan cubriendo la diferencia con su propio dinero y, muchas veces, con deuda.

El primer paso que proponen los expertos consiste en aumentar de manera sostenida la inversión pública. Organismos internacionales recomiendan destinar alrededor del 6 % del producto interno bruto a la salud, mientras que México se mantiene por debajo de la mitad de esa meta. Este rezago se traduce en hospitales saturados, desabasto de medicamentos y listas de espera que llevan a las personas a consultorios privados y farmacias. Diversos centros de análisis coinciden en que los ajustes administrativos no bastan y plantean la necesidad de una reforma fiscal progresiva que genere ingresos adicionales etiquetados para salud, con reglas claras de asignación y una evaluación transparente del desempeño.

Otra pieza clave se relaciona con el gasto de bolsillo, que hoy sitúa a México entre los países con la mayor carga financiera para las familias. De cada cien pesos destinados a salud, más de cuarenta y seis salen directamente del bolsillo de los hogares, una proporción que prácticamente duplica el promedio de los países de la OCDE. Entre 2018 y 2024, este desembolso aumentó de forma importante en términos reales y el gasto promedio por hogar se elevó, con alzas más marcadas en los deciles de menores ingresos. La mayor parte de este dinero se destina a la compra de medicamentos, lo que puede representar hasta la mitad del gasto sanitario familiar cuando falla el abasto gratuito en las instituciones públicas. Las y los especialistas plantean como respuesta fortalecer de verdad el primer nivel de atención, garantizar el surtimiento completo de recetas esenciales y eliminar cobros informales o cuotas que hoy se disfrazan de recuperación de costos.

También preocupa el crecimiento de los llamados gastos catastróficos en salud, que superan el 30 % de la capacidad de pago de un hogar. En los últimos años, el número de familias en esta situación ha crecido notablemente hasta superar el millón de hogares. Para revertir la tendencia, se propone asegurar la gratuidad real mediante un paquete explícito de servicios prioritarios que incluya la atención de enfermedades crónicas, padecimientos de alto costo como el cáncer y las urgencias, así como construir un fondo de alto costo con reglas transparentes que evite que la posibilidad de tratamiento dependa del saldo en la cuenta bancaria de cada familia. La idea es que la enfermedad no obligue a vender patrimonio ni a endeudarse de forma crónica.

Los estudios sobre protección financiera en salud subrayan que el gasto de bolsillo y el riesgo de endeudamiento no se distribuyen de manera homogénea. Se concentran en hogares con adultos mayores, personas que han tenido hospitalizaciones recientes y jefes de hogar sin empleo formal. Por ello se recomienda diseñar programas específicos de apoyo para cuidadores y familias con miembros dependientes, así como esquemas de aseguramiento público para quienes trabajan en la informalidad y hoy quedan en un limbo de cobertura. Complementar la atención médica con apoyos sociales y económicos dirigidos a estos grupos puede marcar la diferencia entre un episodio de enfermedad manejable y una caída irreversible en la pobreza.

La experiencia de otros países demuestra que cuando el Estado financia la mayor parte del gasto en salud, el bolsillo de las familias deja de ser la primera línea de defensa. México ha seguido el camino inverso y, por eso, hoy los hogares pagan mucho más que el promedio internacional en desembolsos directos. La buena noticia es que conocemos los elementos de la solución. Se requieren más inversión pública bien dirigida, un abasto confiable de medicamentos, un paquete garantizado de servicios sin sorpresas en la caja del hospital y mecanismos de protección específicos para quienes corren mayor riesgo de empobrecerse por motivos de salud.

Mientras sigamos financiando la enfermedad con tarjetas de crédito, préstamos personales o colectas familiares, la promesa de un sistema de salud universal seguirá siendo solo eso, una promesa. Convertirla en realidad exige decisiones políticas claras y sostenidas que pongan en el centro a los hogares que hoy se endeudan para ejercer el derecho más básico, el derecho a recibir atención cuando la salud se rompe. La pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir más en salud, sino si podemos seguir pagando el costo social y económico de no hacerlo.

Hay pacientes para quienes llegar a una unidad médica ya es, por sí mismo, una enfermedad adicional. Pensemos en una persona adulta mayor que vive con diabetes, hipertensión y dificultad para caminar; en una mujer con discapacidad que depende de alguien para trasladarse; en un paciente recién egresado del hospital que necesita curaciones, medicamentos y seguimiento; o en una persona con enfermedad crónica que pasa horas esperando una consulta que pudo haberse resuelto en casa, con dignidad, oportunidad y calidad.

La pregunta es sencilla, pero profunda: ¿debe el derecho a la salud detenerse en la puerta del hospital? La respuesta es no. Si una persona no puede acudir al sistema de salud, este debe acercarse a ella.

Con esa convicción presentamos una iniciativa para adicionar el artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica domiciliaria. El propósito es establecer, con rango de ley, que los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud deberán ofrecer atención médica en el domicilio a pacientes que, por enfermedad crónica, discapacidad, edad avanzada o vulnerabilidad social, estén imposibilitados para acudir de manera presencial a una unidad médica.

No se trata de sustituir hospitales ni clínicas. Se trata de usar mejor el sistema. La atención médica domiciliaria permite llevar al hogar consultas básicas, seguimiento de tratamientos, suministro de medicamentos, toma de muestras para laboratorio, curaciones, rehabilitación, cuidados paliativos, seguimiento poshospitalario, educación para la salud y apoyo mediante tecnologías de la información y la comunicación.

En términos humanos, significa evitar traslados dolorosos e innecesarios. En términos sanitarios, significa prevenir complicaciones. En términos económicos, significa reducir hospitalizaciones evitables, disminuir la saturación de los servicios y utilizar de manera más racional los recursos públicos. En términos éticos, implica reconocer que el hogar también puede ser un espacio terapéutico.

México vive una transición demográfica y epidemiológica que ya no puede ignorarse. Cada vez hay más personas adultas mayores, más pacientes con enfermedades crónicas, más personas con discapacidad y más familias que cargan, casi solas, con el cuidado diario de sus enfermos. A ello se suma un territorio extenso, con comunidades rurales, zonas de difícil acceso y hogares en los que el simple traslado a una clínica implica dinero, tiempo, riesgo y desgaste físico.

La atención domiciliaria no es una ocurrencia. Ya existen antecedentes en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, así como experiencias locales en entidades como la Ciudad de México, Aguascalientes e Hidalgo. También existen disposiciones en materia de cuidados paliativos que reconocen el derecho de los pacientes terminales a recibir atención en su domicilio. Pero el país necesita pasar de esfuerzos parciales a una política nacional clara, permanente y evaluable.

La iniciativa propone que IMSS-Bienestar, en coordinación con los gobiernos estatales, implemente programas prioritarios para las personas sin seguridad social. Esto es fundamental porque quienes más enfrentan barreras de acceso suelen ser, al mismo tiempo, quienes tienen menos capacidad para pagar traslados, cuidadores privados, consultas particulares o servicios de enfermería.

También plantea lineamientos técnicos para definir criterios de elegibilidad, estándares de calidad, protocolos de actuación, supervisión, seguimiento, consentimiento informado, protección de datos personales y vías de denuncia ante omisiones. La atención domiciliaria debe ser cercana, sí, pero también segura, profesional y verificable.

Una visita al domicilio no puede improvisarse. Requiere personal capacitado, rutas organizadas, expediente clínico, coordinación con laboratorios, acceso a medicamentos, referencia oportuna a hospitales cuando sea necesario y comunicación efectiva con la familia. La calidez no debe estar separada de la calidad. La buena intención no sustituye la planeación.

La iniciativa también dialoga con el programa federal Salud Casa por Casa. Ese programa puede ser valioso para acercar servicios a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, una política administrativa depende de presupuestos anuales, prioridades sexenales y de reglas cambiantes. Una reforma a la Ley General de Salud busca otorgar permanencia, exigibilidad y continuidad a la atención domiciliaria como parte del derecho a la protección de la salud.

La diferencia es importante. Un programa ayuda; una ley obliga. Un programa puede cambiar; una ley puede dar estabilidad. Un programa puede focalizarse; una ley puede construir un modelo más amplio, progresivo y universal para quienes realmente no pueden acceder a los servicios de salud.

La atención médica domiciliaria también debe entenderse como parte de una medicina más inteligente. Muchos pacientes no necesitan una cama hospitalaria, pero sí seguimiento. No requieren urgencias, pero sí control. No necesitan estar internados, pero sí que alguien revise su evolución, sus medicamentos, sus signos vitales, sus heridas, su alimentación, su entorno y su capacidad real de cumplir con el tratamiento.

En el domicilio se ve lo que muchas veces no aparece en el consultorio: si el paciente vive solo, si entiende sus medicamentos, si puede caminar, si tiene refrigerador para conservar los insumos, si su familia puede cuidarlo, si hay barreras físicas, si existe abandono, pobreza o riesgo. La casa revela determinantes de la salud que el escritorio no siempre logra ver.

Por eso esta reforma tiene un sentido profundamente social. No sólo busca llevar médicos o enfermeras a los hogares. Busca llevar la presencia del Estado, aliviar a las familias y dar continuidad a los cuidados. Busca que la persona postrada no sea invisible; que el adulto mayor no tenga que elegir entre atenderse o sufrir el traslado; que la discapacidad no sea una condena al abandono; que la enfermedad crónica no avance por falta de seguimiento.

Naturalmente, esta política requiere financiamiento. Por ello, la iniciativa plantea una asignación progresiva de recursos federales y estatales, sujeta a evaluación y ajuste. La atención domiciliaria no debe construirse como una promesa sin presupuesto. Debe contar con viabilidad, metas, indicadores y rendición de cuentas.

México necesita hospitales fuertes, sí. Pero también necesita hogares acompañados. Necesita resoluciones urgentes, pero también prevención en casa. Necesita camas disponibles para quienes realmente las requieren y atención domiciliaria para quienes pueden recibir cuidados seguros fuera del hospital.

La salud pública del futuro no será únicamente la que espera detrás de una ventanilla. Será también la que sale al encuentro de las personas. La que entiende que el derecho a la salud no se mide sólo por edificios, sino por el acceso efectivo. La que reconoce que cuidar en casa, cuando es posible y seguro, también es curar.

Porque para miles de familias mexicanas, la atención médica domiciliaria no es comodidad: es dignidad. Y la dignidad en salud debe llegar hasta la puerta del hogar.

Neil Armstrong, estimados lectores, falleció a causa de complicaciones derivadas de procedimientos cardiovasculares. Sirva, este ejemplo, para decir que colocar un desfibrilador cardíaco puede parecer un pequeño paso, pero representa un gran salto para salvar vidas. Por su importancia en México, les escribo ahora al respecto.

Hay enfermedades que avanzan en silencio durante años, hasta que un día se manifiestan con toda su crudeza. Así ocurre con muchas enfermedades cardiovasculares. La hipertensión no diagnosticada, la diabetes mal controlada, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estrés acumulado van dañando las arterias y el corazón sin pedir permiso. Luego, llegan el dolor en el pecho, la falta de aire, el infarto, la arritmia, el paro cardíaco o la muerte súbita.

Detrás de cada estadística hay una familia que no estaba preparada para perder a su padre, a su madre, a su hermano, a su compañera de vida. Hay niñas y niños que dejan de escuchar una voz en casa. Hay hogares que enfrentan gastos médicos, discapacidad, rehabilitación, duelo y empobrecimiento. Por eso, hablar de salud cardíaca no es hablar sólo de medicina; es hablar de vida, de equidad y de responsabilidad pública.

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México. En el primer semestre de 2024 se registraron más de cien mil defunciones por enfermedades cardíacas, por encima de las causadas por la diabetes y los tumores malignos. La carga de la enfermedad cardiovascular no sólo se mide en muertes: también se mide en años de vida perdidos, consultas, hospitalizaciones, incapacidades laborales, cirugías, medicamentos, rehabilitación y sufrimiento familiar.

Ante este panorama, presentamos una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de salud cardíaca y de atención de las enfermedades cardiovasculares. La propuesta parte de una premisa sencilla: si las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el país, deben tener una prioridad explícita en la política pública nacional.

La salud cardíaca no puede depender de campañas aisladas ni de esfuerzos fragmentados. Requiere prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y respuesta inmediata ante emergencias. Requiere coordinación entre la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, las entidades federativas, las instituciones públicas, el sector privado, las escuelas, los centros de trabajo y la comunidad.

La iniciativa propone reconocer, en la Ley General de Salud, que la salud cardíaca tendrá carácter prioritario en las políticas de salud, con acceso universal, igualitario y equitativo para su prevención, diagnóstico, tratamiento y control. Esto importa porque lo que no se nombra en la ley muchas veces se diluye en la práctica administrativa.

También se plantea una definición amplia de enfermedad cardiovascular, que incluya padecimientos de las arterias coronarias, hipertensión arterial, arritmias, cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y muerte súbita cardíaca. Esta visión integral permite diseñar políticas más completas, desde la vida prenatal hasta la vejez.

Uno de los puntos más relevantes es el tamizaje cardíaco neonatal. Hoy sabemos que algunas cardiopatías congénitas pueden identificarse de forma temprana y que una prueba sencilla, como la oximetría de pulso, puede ayudar a detectar casos graves en recién nacidos. Cuando una cardiopatía crítica se diagnostica a tiempo, el sistema tiene más posibilidades de actuar. Cuando se detecta tarde, el costo puede ser la vida.

La iniciativa también busca fortalecer la educación de la población y del personal de salud para reconocer los síntomas de alarma: dolor u opresión en el pecho, falta de aire, sudoración fría, náusea, desmayo, palpitaciones o dolor que se irradia al brazo, al cuello, a la mandíbula o a la espalda. En salud cardíaca, saber identificar una emergencia puede ser tan importante como contar con un hospital cercano.

Pero hay un tema en el que cada minuto cuenta: el paro cardíaco súbito. Cuando el corazón entra en un ritmo letal, la supervivencia depende de una cadena de respuesta rápida: reconocer el evento, pedir ayuda, iniciar la reanimación cardiopulmonar y aplicar la desfibrilación temprana. La diferencia entre actuar en el primer minuto y esperar varios minutos puede ser la que separa vivir de morir.

Por eso proponemos que la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo de Salubridad General y de las autoridades sanitarias locales, diseñe un programa para la colocación y el funcionamiento de desfibriladores externos automáticos en espacios públicos y privados de alta concentración de personas o de riesgo cardiovascular: centros de trabajo, espacios deportivos, hoteles, centros turísticos, instituciones educativas, terminales de transporte, centros recreativos y otros lugares estratégicos.

Esto no es una ocurrencia. En diversos países, los espacios cardioprotegidos han demostrado que la desfibrilación temprana y la capacitación comunitaria salvan vidas. México ya cuenta con antecedentes normativos, pero estos han sido principalmente exhortos. El problema de un exhorto es que invita, pero no garantiza. Y frente a una emergencia cardíaca, una invitación no basta.

La propuesta también establece que los desfibriladores estén señalizados, accesibles y libres de obstáculos. No sirve tener un equipo escondido, sin mantenimiento o bajo llave. La tecnología salva vidas sólo cuando está disponible, funciona y la gente sabe usarla.

Otro elemento fundamental es la atención expedita. La iniciativa plantea que los servicios de salud presten atención inmediata a quienes presenten una emergencia cardiovascular, independientemente de su derechohabiencia o afiliación, siempre que cuenten con capacidad para atenderla. En una urgencia cardíaca, el primer deber es salvar vidas y prevenir daños irreversibles. La burocracia no puede llegar antes que el oxígeno.

Además, se reconoce la importancia de la rehabilitación cardíaca integral para quienes sobreviven a un evento cardiovascular. Sobrevivir a un infarto no debe significar regresar a casa sin acompañamiento. La rehabilitación física, el apoyo psicológico, la educación en autocuidado y el seguimiento clínico reducen las recurrencias y mejoran la calidad de vida.

Esta iniciativa no pretende resolver de un plumazo todos los rezagos del sistema de salud. Ninguna ley, por sí sola, sustituye el presupuesto, la infraestructura, el personal capacitado, los medicamentos y la gestión eficiente. Pero una buena ley puede establecer prioridades, crear obligaciones, orientar programas y abrir el camino a políticas públicas sostenidas.

La carga de la enfermedad cardiovascular exige seriedad. México necesita prevenir mejor, diagnosticar antes, atender más rápido y rehabilitar con dignidad. Necesita formar comunidades capaces de responder ante una emergencia. Necesita que un desfibrilador no sea privilegio de unos cuantos espacios, sino parte de una cultura nacional de protección de la vida.

Cuando el corazón se detiene, no pregunta por partido, institución, ingreso, edad ni afiliación. Simplemente deja de latir. La respuesta del Estado y de la sociedad debe ser igual de clara: actuar a tiempo para que más mexicanas y mexicanos sigan viviendo. Les comentaré el resultado final de este esfuerzo legislativo.

La confianza en la comunicación en salud es, en sí misma, una medida de protección sanitaria. Cuando la población percibe mensajes claros, honestos y coherentes entre autoridades, personal médico y medios, es más probable que adopte conductas preventivas razonables y menos probable que caiga en el pánico o en la indiferencia. En un entorno saturado de rumores, la mejor vacuna contra la desinformación es un sistema de salud que habla con transparencia, reconoce lo que sabe y lo que aún está investigando, y acompaña a la ciudadanía con información útil, no espectacular.

En el caso de los hantavirus, esa confianza es clave para explicar dos ideas simultáneas: sí, se trata de virus capaces de causar enfermedad grave y muerte en situaciones específicas; no, no estamos ante “el próximo COVID”. La evidencia acumulada muestra que los hantavirus producen síndromes como la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con letalidades altas en los casos graves, pero con transmisión muy ligada a exposiciones concretas, sobre todo a roedores silvestres y, en el caso del virus Andes, a contactos humanos muy estrechos. No se comportan como un virus respiratorio de fácil propagación comunitaria.

Si trasladamos esta discusión a México, el enfoque debe ser el de vigilancia inteligente, no el de alarma indiscriminada. Nuestro país, por su extensión, biodiversidad y presencia de roedores silvestres, tiene el potencial ecológico para albergar distintos ortohantavirus, como ya se ha documentado en América del Norte y del Sur. Esto obliga a los sistemas de vigilancia epidemiológica a mantener “radares encendidos”: integrar el síndrome hantaviral en la sospecha diagnóstica de pacientes con fiebre, dificultad respiratoria severa, choque y antecedentes de exposición rural o a roedores; fortalecer la red de laboratorios para realizar serología y PCR ante casos sospechosos; y participar activamente en redes regionales de intercambio de información con otros países de la región.

Sin embargo, a diferencia de la pandemia de COVID-19, los hantavirus no tienen, hasta hoy, las condiciones biológicas ni epidemiológicas para una transmisión explosiva en las grandes ciudades mexicanas. No se contagian en el transporte público por simples contactos breves ni por convivir en la oficina o en la escuela con alguien asintomático. Su “talón de Aquiles” es, justamente, que dependen de la interacción sostenida con roedores reservorios y, en el caso del virus Andes, de convivencias intensas con personas enfermas. Esto permite que las intervenciones clásicas de salud pública —control de roedores, educación comunitaria, protocolización hospitalaria— sean muy eficaces para mantenerlos a raya.

En Guanajuato, la discusión tiene matices propios. Somos un estado con una mezcla de zonas urbanas densamente pobladas, corredores industriales y amplias áreas rurales y agrícolas. Esa realidad implica dos tareas complementarias: en el campo y las comunidades rurales, reforzar las medidas de prevención primaria (almacenamiento seguro de granos, control de roedores en bodegas y viviendas, manejo cuidadoso de espacios cerrados con posible presencia de excretas); en las ciudades y hospitales, fortalecer la capacidad de reconocer y notificar de inmediato cualquier caso inusual de insuficiencia respiratoria grave con antecedente de exposición a roedores o viajes a zonas endémicas de América.

Para Guanajuato también es fundamental algo que aprendimos con la pandemia: la coordinación fina entre el sistema estatal de salud, las unidades de primer nivel, los hospitales generales y de alta especialidad, y las autoridades municipales. Los hantavirus ponen a prueba, más que la capacidad de reconvertir hospitales, la capacidad de hacer medicina clínica y epidemiología rigurosas: interrogar bien, conectar el dato ecológico con el cuadro clínico, y activar protocolos de aislamiento razonables sin criminalizar al paciente ni estigmatizar a su comunidad.

En este contexto, la comunicación con la población guanajuatense debe evitar dos extremos: ni minimizar el tema como una rareza irrelevante, ni presentarlo como una amenaza inminente que “viene en camino”. Se trata de explicar que los hantavirus son un riesgo real pero acotado, que requiere atención técnica y medidas específicas en ciertos grupos (trabajadores rurales, personal de limpieza de bodegas, ecoturistas, personal de salud), no una ansiedad generalizada en todos los barrios de León, Irapuato o Celaya.

Si somos capaces de sostener una comunicación honesta, basada en evidencia, y de traducirla en acciones concretas —mejor vigilancia, capacitación médica, control de roedores y educación comunitaria—, el saldo será doblemente positivo: estaremos preparados para detectar y contener eventuales casos de hantavirus y, al mismo tiempo, fortaleceremos la confianza social en las instituciones de salud. Y esa es, quizá, la conclusión más importante: los hantavirus merecen atención, pero por su biología, sus modos de transmisión y su patrón de presentación clínica, todo indica que no serán el próximo COVID.