Hay documentos que hablan de política y otros que hablan de las personas. Soluciones para México —https://bit.ly/4g29LLP—, la plataforma programática del Partido Acción Nacional, intenta ser, a la vez, un diagnóstico real del estado actual del país y una hoja de ruta concreta para salir de él, con 101 soluciones de inicio, para abrir la consulta con especialistas y con la ciudadanía.

México no necesita más discursos sobre salud; necesita soluciones medibles, financiadas y humanas. La propuesta del PAN, Soluciones para México, parte de una premisa sencilla: el derecho a la protección de la salud no puede depender del código postal, del patrón que se tenga, de la afiliación administrativa o de la suerte de encontrar medicamentos. La salud pública debe volver a ser un sistema: con puertas de entrada claras, medicamentos disponibles, médicos suficientes, prevención, continuidad de los cuidados y especial atención a quienes viven con mayor vulnerabilidad.

El marco conceptual del documento es el de un Estado que garantice, pero no improvise; que invierta, pero también mida; que atienda la enfermedad, pero se adelante a ella. La crisis actual se resume en cuatro fracturas: millones de personas sin acceso efectivo a servicios; desabasto de medicamentos; abandono de la vacunación y fragmentación institucional. Frente a ello, Acción Nacional plantea reconstruir el sistema desde la familia, la comunidad y la evidencia.

La primera solución es clara: hospital, médico y medicinas gratis para tu familia. No se trata de pintar de gratuidad lo que en la práctica no existe, sino de asegurar el acceso universal a servicios y medicamentos, para que ninguna familia deje de atenderse por falta de dinero.

La segunda es la Garantía Nacional de Abasto y Atención Básica: consulta de primer contacto en un plazo máximo de 72 horas, surtimiento completo de recetas prioritarias y una plataforma pública para conocer los inventarios por clínica y hospital. Lo que no se mide se esconde; y lo que se esconde suele terminar en corrupción o en abandono.

La tercera, Salud Cerca de Ti, propone consultorios públicos en zonas marginadas, con personal profesional, abasto suficiente y vinculación comunitaria. Además, plantea becas e incentivos salariales para médicos que permanezcan en comunidades rurales o marginadas. La salud debe llegar a donde hoy solo llega la necesidad.

La cuarta solución protege a los mayores de 55 años con atención médica oportuna, continua y gratuita, que incluye medicamentos para padecimientos agudos y crónicos. En un país que envejece, cuidar a los adultos mayores no es caridad: es justicia intergeneracional.

La quinta es el Seguro Popular 2.0, una versión mejorada para quienes no tienen IMSS, ISSSTE ni seguro privado. La idea central es que nadie quede fuera por no caber en un padrón. La salud no puede ser un privilegio laboral.

La sexta es un Sistema Nacional de Salud Integrado. Hoy, IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios estatales operan con reglas, expedientes y calidades distintas. La propuesta plantea un expediente clínico electrónico único, una ventanilla digital y una portabilidad real. El paciente debe transitar por el sistema; no perderse en él.

La séptima es un Programa Nacional de Personal de Salud que plantea más plazas permanentes en medicina familiar, pediatría, ginecología, urgencias y anestesia; bonos salariales y de vivienda para zonas rurales o violentas; y carrera profesional por mérito. No bastan los hospitales si no hay médicos, enfermeras ni especialistas.

La octava es México Sin Cáncer: prevención, detección temprana, atención oncológica integral, investigación y acompañamiento humano y psicológico. En particular, todos los niños con cáncer deben tener acceso a los medicamentos.

La novena solución es la vacunación completa de los hijos de México, con un rubro presupuestal específico que asegure el cuadro básico. Vacunar no es ideología: es una de las intervenciones más eficaces y solidarias de la medicina pública.

La décima prioriza la salud mental. Propone la prestación gratuita de servicios de psicología y psiquiatría en los centros de salud. No puede haber bienestar si el sufrimiento emocional sigue escondido o estigmatizado.

La undécima defiende a quienes dan la vida: mujeres embarazadas con apoyo integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de su hijo. El embarazo debe ser motivo de protección prioritaria del Estado, nunca de exclusión.

La duodécima se llama Primeros Mil Días: nutrición materna, consultas prenatales, hospital asignado para el parto, lactancia materna, estimulación temprana y vacunación completa. Ahí se juega buena parte del futuro de una persona.

La salud se reconstruye con presupuesto, ciencia, administración honesta y cercanía humana. Ese es el reto: pasar del eslogan al expediente, de la ocurrencia al medicamento, de la promesa a la consulta y del abandono a la dignidad. Los invito a participar y proponer más soluciones.

” Quiero escribir mi historia.” Mallory Smith

Durante casi un siglo, los antibióticos han sido una de las grandes conquistas de la medicina moderna. Gracias a ellos, infecciones que antes eran sentencia de muerte pudieron tratarse; cirugías complejas se volvieron más seguras; las cesáreas, los trasplantes, la quimioterapia contra el cáncer y muchos procedimientos hospitalarios encontraron una red de protección frente a las infecciones.

Pero esa protección se está debilitando. La resistencia antimicrobiana es uno de los mayores desafíos sanitarios de nuestro tiempo. Ocurre cuando bacterias, virus, hongos o parásitos dejan de responder a los medicamentos diseñados para combatirlos. En palabras sencillas: los microbios aprenden a sobrevivir y los tratamientos pierden eficacia. Entonces una infección común puede prolongarse, complicarse, requerir medicamentos más caros, aumentar la estancia hospitalaria o, en los casos más graves, causar la muerte.

Este problema no es lejano ni abstracto. Afecta a niñas y niños, personas adultas mayores, pacientes hospitalizados, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer, personas sometidas a cirugía y familias enteras que enfrentan infecciones cada vez más difíciles de tratar. También impacta al personal médico, que se ve con menos opciones terapéuticas frente a bacterias multirresistentes.

La resistencia antimicrobiana no se debe a una sola causa. Se alimenta del uso excesivo o inadecuado de antibióticos; de la automedicación; de recetas innecesarias para infecciones virales; de tratamientos incompletos; de infecciones asociadas a la atención hospitalaria; de malas prácticas de higiene; de la falta de acceso a diagnósticos oportunos; de productos apócrifos o de mala calidad; del uso inadecuado de antimicrobianos en animales y plantas; y de la contaminación del agua, el suelo y los alimentos.

Por eso, el enfoque debe ser integral. No basta con pedirle al paciente que no se automedique, aunque eso es indispensable. Tampoco basta con exigir mejores recetas, aunque la prescripción responsable es fundamental. La resistencia antimicrobiana es un fenómeno de salud humana, animal, vegetal y ambiental. Requiere una respuesta bajo el enfoque de “Una Salud”: si se usan mal los antimicrobianos en un hospital, en una granja, en una planta de alimentos o en el hogar, el riesgo puede terminar afectando a toda la comunidad.

Con esa visión presentamos una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de resistencia antimicrobiana. Su propósito es dotar de fuerza de ley a una política nacional permanente, coordinada y evaluable para prevenir y controlar este problema.

La propuesta establece que la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana, así como de las infecciones asociadas a la atención de la salud, sean materia de la salubridad general. Esto es relevante porque sitúa el tema en el nivel que corresponde: como una prioridad nacional de salud pública, no como un asunto técnico aislado o dependiente de esfuerzos administrativos dispersos.

La iniciativa también propone que el Sistema Nacional de Salud tenga como objetivo coordinar y ejecutar las acciones de la Estrategia Nacional de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. Además, plantea que el Consejo de Salubridad General sea responsable de emitir y conducir dicha estrategia, así como de establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.

Esta parte es esencial. México ya ha tenido avances, como la regulación de la venta de antibióticos con receta y la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Pero el tamaño del reto exige pasar de los lineamientos y acuerdos a una arquitectura legal más sólida, con responsabilidades claras, coordinación entre la Federación y las entidades federativas, vigilancia, información, financiamiento y rendición de cuentas.

La reforma plantea acciones concretas: fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; promover el uso adecuado de estos medicamentos; prevenir y controlar infecciones en unidades médicas y hospitalarias; mejorar la farmacovigilancia; garantizar acceso equitativo a medicamentos esenciales; incentivar la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos; impulsar diagnósticos rápidos, asequibles y precisos; y construir sistemas de información que permitan conocer con mayor claridad la situación de la resistencia antimicrobiana en México.

También incorpora un aspecto crucial: el monitoreo ambiental. La resistencia no vive sólo en los hospitales. Puede estar en el agua, el suelo, los alimentos y los animales. Por ello, si queremos enfrentarla en serio, necesitamos datos, vigilancia y coordinación con los sectores agrícola, pecuario, ambiental, académico, industrial y sanitario.

La iniciativa reconoce, además, la importancia de las campañas de concientización dirigidas a profesionales de la salud y a la población. El antibiótico no es un analgésico ni un remedio para cualquier malestar. No cura la gripa común cuando es viral. No debe compartirse. No debe suspenderse antes de tiempo. No debe comprarse sin indicación profesional. Cada uso innecesario abre una pequeña puerta a la resistencia.

Pero tampoco debemos simplificar el problema culpando sólo al paciente. Muchas personas se automedican porque no tienen acceso oportuno a consultas, diagnósticos o medicamentos de calidad. Otras reciben antibióticos sin confirmación adecuada porque el sistema no siempre cuenta con pruebas rápidas, laboratorios suficientes o protocolos claros. Combatir la resistencia antimicrobiana también implica fortalecer el acceso efectivo a los servicios de salud.

En el centro de esta discusión está la dignidad del paciente. Una madre que lleva a su hijo con fiebre merece un diagnóstico oportuno, no una receta automática. Un paciente hospitalizado merece medidas estrictas de prevención de infecciones. Una persona con sepsis merece que el sistema cuente con la capacidad de identificar el germen y tratarlo a tiempo. Un país entero merece que los antibióticos sigan funcionando cuando realmente se necesitan.

La resistencia antimicrobiana es una amenaza silenciosa porque no siempre se ve, pero sus consecuencias son contundentes. Puede convertir infecciones tratables en enfermedades graves. Puede encarecer la atención. Puede saturar hospitales. Puede realizar intervenciones más riesgosas que hoy damos por seguras. Y puede golpear con mayor fuerza a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.

Por eso legislar en esta materia no es un asunto secundario. Es proteger el futuro de la medicina. Es cuidar a las familias. Es anticiparnos antes de que la emergencia sea irreversible.

Los antibióticos son un bien común sanitario. Preservarlos exige ciencia, responsabilidad, regulación, presupuesto y conciencia social. Si queremos que sigan salvando vidas mañana, debemos usarlos bien hoy.

En México, la enfermedad sigue doliendo doble, primero en el cuerpo y luego en el bolsillo. Mientras no cambiemos la forma de financiar la salud, cada hospitalización o tratamiento de alto costo continuará siendo una amenaza para la estabilidad económica de los hogares más pobres. La evidencia nacional e internacional es consistente al mostrar que, cuando el Estado invierte poco en salud, las familias terminan cubriendo la diferencia con su propio dinero y, muchas veces, con deuda.

El primer paso que proponen los expertos consiste en aumentar de manera sostenida la inversión pública. Organismos internacionales recomiendan destinar alrededor del 6 % del producto interno bruto a la salud, mientras que México se mantiene por debajo de la mitad de esa meta. Este rezago se traduce en hospitales saturados, desabasto de medicamentos y listas de espera que llevan a las personas a consultorios privados y farmacias. Diversos centros de análisis coinciden en que los ajustes administrativos no bastan y plantean la necesidad de una reforma fiscal progresiva que genere ingresos adicionales etiquetados para salud, con reglas claras de asignación y una evaluación transparente del desempeño.

Otra pieza clave se relaciona con el gasto de bolsillo, que hoy sitúa a México entre los países con la mayor carga financiera para las familias. De cada cien pesos destinados a salud, más de cuarenta y seis salen directamente del bolsillo de los hogares, una proporción que prácticamente duplica el promedio de los países de la OCDE. Entre 2018 y 2024, este desembolso aumentó de forma importante en términos reales y el gasto promedio por hogar se elevó, con alzas más marcadas en los deciles de menores ingresos. La mayor parte de este dinero se destina a la compra de medicamentos, lo que puede representar hasta la mitad del gasto sanitario familiar cuando falla el abasto gratuito en las instituciones públicas. Las y los especialistas plantean como respuesta fortalecer de verdad el primer nivel de atención, garantizar el surtimiento completo de recetas esenciales y eliminar cobros informales o cuotas que hoy se disfrazan de recuperación de costos.

También preocupa el crecimiento de los llamados gastos catastróficos en salud, que superan el 30 % de la capacidad de pago de un hogar. En los últimos años, el número de familias en esta situación ha crecido notablemente hasta superar el millón de hogares. Para revertir la tendencia, se propone asegurar la gratuidad real mediante un paquete explícito de servicios prioritarios que incluya la atención de enfermedades crónicas, padecimientos de alto costo como el cáncer y las urgencias, así como construir un fondo de alto costo con reglas transparentes que evite que la posibilidad de tratamiento dependa del saldo en la cuenta bancaria de cada familia. La idea es que la enfermedad no obligue a vender patrimonio ni a endeudarse de forma crónica.

Los estudios sobre protección financiera en salud subrayan que el gasto de bolsillo y el riesgo de endeudamiento no se distribuyen de manera homogénea. Se concentran en hogares con adultos mayores, personas que han tenido hospitalizaciones recientes y jefes de hogar sin empleo formal. Por ello se recomienda diseñar programas específicos de apoyo para cuidadores y familias con miembros dependientes, así como esquemas de aseguramiento público para quienes trabajan en la informalidad y hoy quedan en un limbo de cobertura. Complementar la atención médica con apoyos sociales y económicos dirigidos a estos grupos puede marcar la diferencia entre un episodio de enfermedad manejable y una caída irreversible en la pobreza.

La experiencia de otros países demuestra que cuando el Estado financia la mayor parte del gasto en salud, el bolsillo de las familias deja de ser la primera línea de defensa. México ha seguido el camino inverso y, por eso, hoy los hogares pagan mucho más que el promedio internacional en desembolsos directos. La buena noticia es que conocemos los elementos de la solución. Se requieren más inversión pública bien dirigida, un abasto confiable de medicamentos, un paquete garantizado de servicios sin sorpresas en la caja del hospital y mecanismos de protección específicos para quienes corren mayor riesgo de empobrecerse por motivos de salud.

Mientras sigamos financiando la enfermedad con tarjetas de crédito, préstamos personales o colectas familiares, la promesa de un sistema de salud universal seguirá siendo solo eso, una promesa. Convertirla en realidad exige decisiones políticas claras y sostenidas que pongan en el centro a los hogares que hoy se endeudan para ejercer el derecho más básico, el derecho a recibir atención cuando la salud se rompe. La pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir más en salud, sino si podemos seguir pagando el costo social y económico de no hacerlo.

Hay pacientes para quienes llegar a una unidad médica ya es, por sí mismo, una enfermedad adicional. Pensemos en una persona adulta mayor que vive con diabetes, hipertensión y dificultad para caminar; en una mujer con discapacidad que depende de alguien para trasladarse; en un paciente recién egresado del hospital que necesita curaciones, medicamentos y seguimiento; o en una persona con enfermedad crónica que pasa horas esperando una consulta que pudo haberse resuelto en casa, con dignidad, oportunidad y calidad.

La pregunta es sencilla, pero profunda: ¿debe el derecho a la salud detenerse en la puerta del hospital? La respuesta es no. Si una persona no puede acudir al sistema de salud, este debe acercarse a ella.

Con esa convicción presentamos una iniciativa para adicionar el artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica domiciliaria. El propósito es establecer, con rango de ley, que los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud deberán ofrecer atención médica en el domicilio a pacientes que, por enfermedad crónica, discapacidad, edad avanzada o vulnerabilidad social, estén imposibilitados para acudir de manera presencial a una unidad médica.

No se trata de sustituir hospitales ni clínicas. Se trata de usar mejor el sistema. La atención médica domiciliaria permite llevar al hogar consultas básicas, seguimiento de tratamientos, suministro de medicamentos, toma de muestras para laboratorio, curaciones, rehabilitación, cuidados paliativos, seguimiento poshospitalario, educación para la salud y apoyo mediante tecnologías de la información y la comunicación.

En términos humanos, significa evitar traslados dolorosos e innecesarios. En términos sanitarios, significa prevenir complicaciones. En términos económicos, significa reducir hospitalizaciones evitables, disminuir la saturación de los servicios y utilizar de manera más racional los recursos públicos. En términos éticos, implica reconocer que el hogar también puede ser un espacio terapéutico.

México vive una transición demográfica y epidemiológica que ya no puede ignorarse. Cada vez hay más personas adultas mayores, más pacientes con enfermedades crónicas, más personas con discapacidad y más familias que cargan, casi solas, con el cuidado diario de sus enfermos. A ello se suma un territorio extenso, con comunidades rurales, zonas de difícil acceso y hogares en los que el simple traslado a una clínica implica dinero, tiempo, riesgo y desgaste físico.

La atención domiciliaria no es una ocurrencia. Ya existen antecedentes en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, así como experiencias locales en entidades como la Ciudad de México, Aguascalientes e Hidalgo. También existen disposiciones en materia de cuidados paliativos que reconocen el derecho de los pacientes terminales a recibir atención en su domicilio. Pero el país necesita pasar de esfuerzos parciales a una política nacional clara, permanente y evaluable.

La iniciativa propone que IMSS-Bienestar, en coordinación con los gobiernos estatales, implemente programas prioritarios para las personas sin seguridad social. Esto es fundamental porque quienes más enfrentan barreras de acceso suelen ser, al mismo tiempo, quienes tienen menos capacidad para pagar traslados, cuidadores privados, consultas particulares o servicios de enfermería.

También plantea lineamientos técnicos para definir criterios de elegibilidad, estándares de calidad, protocolos de actuación, supervisión, seguimiento, consentimiento informado, protección de datos personales y vías de denuncia ante omisiones. La atención domiciliaria debe ser cercana, sí, pero también segura, profesional y verificable.

Una visita al domicilio no puede improvisarse. Requiere personal capacitado, rutas organizadas, expediente clínico, coordinación con laboratorios, acceso a medicamentos, referencia oportuna a hospitales cuando sea necesario y comunicación efectiva con la familia. La calidez no debe estar separada de la calidad. La buena intención no sustituye la planeación.

La iniciativa también dialoga con el programa federal Salud Casa por Casa. Ese programa puede ser valioso para acercar servicios a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, una política administrativa depende de presupuestos anuales, prioridades sexenales y de reglas cambiantes. Una reforma a la Ley General de Salud busca otorgar permanencia, exigibilidad y continuidad a la atención domiciliaria como parte del derecho a la protección de la salud.

La diferencia es importante. Un programa ayuda; una ley obliga. Un programa puede cambiar; una ley puede dar estabilidad. Un programa puede focalizarse; una ley puede construir un modelo más amplio, progresivo y universal para quienes realmente no pueden acceder a los servicios de salud.

La atención médica domiciliaria también debe entenderse como parte de una medicina más inteligente. Muchos pacientes no necesitan una cama hospitalaria, pero sí seguimiento. No requieren urgencias, pero sí control. No necesitan estar internados, pero sí que alguien revise su evolución, sus medicamentos, sus signos vitales, sus heridas, su alimentación, su entorno y su capacidad real de cumplir con el tratamiento.

En el domicilio se ve lo que muchas veces no aparece en el consultorio: si el paciente vive solo, si entiende sus medicamentos, si puede caminar, si tiene refrigerador para conservar los insumos, si su familia puede cuidarlo, si hay barreras físicas, si existe abandono, pobreza o riesgo. La casa revela determinantes de la salud que el escritorio no siempre logra ver.

Por eso esta reforma tiene un sentido profundamente social. No sólo busca llevar médicos o enfermeras a los hogares. Busca llevar la presencia del Estado, aliviar a las familias y dar continuidad a los cuidados. Busca que la persona postrada no sea invisible; que el adulto mayor no tenga que elegir entre atenderse o sufrir el traslado; que la discapacidad no sea una condena al abandono; que la enfermedad crónica no avance por falta de seguimiento.

Naturalmente, esta política requiere financiamiento. Por ello, la iniciativa plantea una asignación progresiva de recursos federales y estatales, sujeta a evaluación y ajuste. La atención domiciliaria no debe construirse como una promesa sin presupuesto. Debe contar con viabilidad, metas, indicadores y rendición de cuentas.

México necesita hospitales fuertes, sí. Pero también necesita hogares acompañados. Necesita resoluciones urgentes, pero también prevención en casa. Necesita camas disponibles para quienes realmente las requieren y atención domiciliaria para quienes pueden recibir cuidados seguros fuera del hospital.

La salud pública del futuro no será únicamente la que espera detrás de una ventanilla. Será también la que sale al encuentro de las personas. La que entiende que el derecho a la salud no se mide sólo por edificios, sino por el acceso efectivo. La que reconoce que cuidar en casa, cuando es posible y seguro, también es curar.

Porque para miles de familias mexicanas, la atención médica domiciliaria no es comodidad: es dignidad. Y la dignidad en salud debe llegar hasta la puerta del hogar.

Neil Armstrong, estimados lectores, falleció a causa de complicaciones derivadas de procedimientos cardiovasculares. Sirva, este ejemplo, para decir que colocar un desfibrilador cardíaco puede parecer un pequeño paso, pero representa un gran salto para salvar vidas. Por su importancia en México, les escribo ahora al respecto.

Hay enfermedades que avanzan en silencio durante años, hasta que un día se manifiestan con toda su crudeza. Así ocurre con muchas enfermedades cardiovasculares. La hipertensión no diagnosticada, la diabetes mal controlada, el colesterol elevado, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y el estrés acumulado van dañando las arterias y el corazón sin pedir permiso. Luego, llegan el dolor en el pecho, la falta de aire, el infarto, la arritmia, el paro cardíaco o la muerte súbita.

Detrás de cada estadística hay una familia que no estaba preparada para perder a su padre, a su madre, a su hermano, a su compañera de vida. Hay niñas y niños que dejan de escuchar una voz en casa. Hay hogares que enfrentan gastos médicos, discapacidad, rehabilitación, duelo y empobrecimiento. Por eso, hablar de salud cardíaca no es hablar sólo de medicina; es hablar de vida, de equidad y de responsabilidad pública.

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México. En el primer semestre de 2024 se registraron más de cien mil defunciones por enfermedades cardíacas, por encima de las causadas por la diabetes y los tumores malignos. La carga de la enfermedad cardiovascular no sólo se mide en muertes: también se mide en años de vida perdidos, consultas, hospitalizaciones, incapacidades laborales, cirugías, medicamentos, rehabilitación y sufrimiento familiar.

Ante este panorama, presentamos una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de salud cardíaca y de atención de las enfermedades cardiovasculares. La propuesta parte de una premisa sencilla: si las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en el país, deben tener una prioridad explícita en la política pública nacional.

La salud cardíaca no puede depender de campañas aisladas ni de esfuerzos fragmentados. Requiere prevención, detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y respuesta inmediata ante emergencias. Requiere coordinación entre la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, las entidades federativas, las instituciones públicas, el sector privado, las escuelas, los centros de trabajo y la comunidad.

La iniciativa propone reconocer, en la Ley General de Salud, que la salud cardíaca tendrá carácter prioritario en las políticas de salud, con acceso universal, igualitario y equitativo para su prevención, diagnóstico, tratamiento y control. Esto importa porque lo que no se nombra en la ley muchas veces se diluye en la práctica administrativa.

También se plantea una definición amplia de enfermedad cardiovascular, que incluya padecimientos de las arterias coronarias, hipertensión arterial, arritmias, cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, valvulopatías y muerte súbita cardíaca. Esta visión integral permite diseñar políticas más completas, desde la vida prenatal hasta la vejez.

Uno de los puntos más relevantes es el tamizaje cardíaco neonatal. Hoy sabemos que algunas cardiopatías congénitas pueden identificarse de forma temprana y que una prueba sencilla, como la oximetría de pulso, puede ayudar a detectar casos graves en recién nacidos. Cuando una cardiopatía crítica se diagnostica a tiempo, el sistema tiene más posibilidades de actuar. Cuando se detecta tarde, el costo puede ser la vida.

La iniciativa también busca fortalecer la educación de la población y del personal de salud para reconocer los síntomas de alarma: dolor u opresión en el pecho, falta de aire, sudoración fría, náusea, desmayo, palpitaciones o dolor que se irradia al brazo, al cuello, a la mandíbula o a la espalda. En salud cardíaca, saber identificar una emergencia puede ser tan importante como contar con un hospital cercano.

Pero hay un tema en el que cada minuto cuenta: el paro cardíaco súbito. Cuando el corazón entra en un ritmo letal, la supervivencia depende de una cadena de respuesta rápida: reconocer el evento, pedir ayuda, iniciar la reanimación cardiopulmonar y aplicar la desfibrilación temprana. La diferencia entre actuar en el primer minuto y esperar varios minutos puede ser la que separa vivir de morir.

Por eso proponemos que la Secretaría de Salud, con la opinión del Consejo de Salubridad General y de las autoridades sanitarias locales, diseñe un programa para la colocación y el funcionamiento de desfibriladores externos automáticos en espacios públicos y privados de alta concentración de personas o de riesgo cardiovascular: centros de trabajo, espacios deportivos, hoteles, centros turísticos, instituciones educativas, terminales de transporte, centros recreativos y otros lugares estratégicos.

Esto no es una ocurrencia. En diversos países, los espacios cardioprotegidos han demostrado que la desfibrilación temprana y la capacitación comunitaria salvan vidas. México ya cuenta con antecedentes normativos, pero estos han sido principalmente exhortos. El problema de un exhorto es que invita, pero no garantiza. Y frente a una emergencia cardíaca, una invitación no basta.

La propuesta también establece que los desfibriladores estén señalizados, accesibles y libres de obstáculos. No sirve tener un equipo escondido, sin mantenimiento o bajo llave. La tecnología salva vidas sólo cuando está disponible, funciona y la gente sabe usarla.

Otro elemento fundamental es la atención expedita. La iniciativa plantea que los servicios de salud presten atención inmediata a quienes presenten una emergencia cardiovascular, independientemente de su derechohabiencia o afiliación, siempre que cuenten con capacidad para atenderla. En una urgencia cardíaca, el primer deber es salvar vidas y prevenir daños irreversibles. La burocracia no puede llegar antes que el oxígeno.

Además, se reconoce la importancia de la rehabilitación cardíaca integral para quienes sobreviven a un evento cardiovascular. Sobrevivir a un infarto no debe significar regresar a casa sin acompañamiento. La rehabilitación física, el apoyo psicológico, la educación en autocuidado y el seguimiento clínico reducen las recurrencias y mejoran la calidad de vida.

Esta iniciativa no pretende resolver de un plumazo todos los rezagos del sistema de salud. Ninguna ley, por sí sola, sustituye el presupuesto, la infraestructura, el personal capacitado, los medicamentos y la gestión eficiente. Pero una buena ley puede establecer prioridades, crear obligaciones, orientar programas y abrir el camino a políticas públicas sostenidas.

La carga de la enfermedad cardiovascular exige seriedad. México necesita prevenir mejor, diagnosticar antes, atender más rápido y rehabilitar con dignidad. Necesita formar comunidades capaces de responder ante una emergencia. Necesita que un desfibrilador no sea privilegio de unos cuantos espacios, sino parte de una cultura nacional de protección de la vida.

Cuando el corazón se detiene, no pregunta por partido, institución, ingreso, edad ni afiliación. Simplemente deja de latir. La respuesta del Estado y de la sociedad debe ser igual de clara: actuar a tiempo para que más mexicanas y mexicanos sigan viviendo. Les comentaré el resultado final de este esfuerzo legislativo.

La confianza en la comunicación en salud es, en sí misma, una medida de protección sanitaria. Cuando la población percibe mensajes claros, honestos y coherentes entre autoridades, personal médico y medios, es más probable que adopte conductas preventivas razonables y menos probable que caiga en el pánico o en la indiferencia. En un entorno saturado de rumores, la mejor vacuna contra la desinformación es un sistema de salud que habla con transparencia, reconoce lo que sabe y lo que aún está investigando, y acompaña a la ciudadanía con información útil, no espectacular.

En el caso de los hantavirus, esa confianza es clave para explicar dos ideas simultáneas: sí, se trata de virus capaces de causar enfermedad grave y muerte en situaciones específicas; no, no estamos ante “el próximo COVID”. La evidencia acumulada muestra que los hantavirus producen síndromes como la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con letalidades altas en los casos graves, pero con transmisión muy ligada a exposiciones concretas, sobre todo a roedores silvestres y, en el caso del virus Andes, a contactos humanos muy estrechos. No se comportan como un virus respiratorio de fácil propagación comunitaria.

Si trasladamos esta discusión a México, el enfoque debe ser el de vigilancia inteligente, no el de alarma indiscriminada. Nuestro país, por su extensión, biodiversidad y presencia de roedores silvestres, tiene el potencial ecológico para albergar distintos ortohantavirus, como ya se ha documentado en América del Norte y del Sur. Esto obliga a los sistemas de vigilancia epidemiológica a mantener “radares encendidos”: integrar el síndrome hantaviral en la sospecha diagnóstica de pacientes con fiebre, dificultad respiratoria severa, choque y antecedentes de exposición rural o a roedores; fortalecer la red de laboratorios para realizar serología y PCR ante casos sospechosos; y participar activamente en redes regionales de intercambio de información con otros países de la región.

Sin embargo, a diferencia de la pandemia de COVID-19, los hantavirus no tienen, hasta hoy, las condiciones biológicas ni epidemiológicas para una transmisión explosiva en las grandes ciudades mexicanas. No se contagian en el transporte público por simples contactos breves ni por convivir en la oficina o en la escuela con alguien asintomático. Su “talón de Aquiles” es, justamente, que dependen de la interacción sostenida con roedores reservorios y, en el caso del virus Andes, de convivencias intensas con personas enfermas. Esto permite que las intervenciones clásicas de salud pública —control de roedores, educación comunitaria, protocolización hospitalaria— sean muy eficaces para mantenerlos a raya.

En Guanajuato, la discusión tiene matices propios. Somos un estado con una mezcla de zonas urbanas densamente pobladas, corredores industriales y amplias áreas rurales y agrícolas. Esa realidad implica dos tareas complementarias: en el campo y las comunidades rurales, reforzar las medidas de prevención primaria (almacenamiento seguro de granos, control de roedores en bodegas y viviendas, manejo cuidadoso de espacios cerrados con posible presencia de excretas); en las ciudades y hospitales, fortalecer la capacidad de reconocer y notificar de inmediato cualquier caso inusual de insuficiencia respiratoria grave con antecedente de exposición a roedores o viajes a zonas endémicas de América.

Para Guanajuato también es fundamental algo que aprendimos con la pandemia: la coordinación fina entre el sistema estatal de salud, las unidades de primer nivel, los hospitales generales y de alta especialidad, y las autoridades municipales. Los hantavirus ponen a prueba, más que la capacidad de reconvertir hospitales, la capacidad de hacer medicina clínica y epidemiología rigurosas: interrogar bien, conectar el dato ecológico con el cuadro clínico, y activar protocolos de aislamiento razonables sin criminalizar al paciente ni estigmatizar a su comunidad.

En este contexto, la comunicación con la población guanajuatense debe evitar dos extremos: ni minimizar el tema como una rareza irrelevante, ni presentarlo como una amenaza inminente que “viene en camino”. Se trata de explicar que los hantavirus son un riesgo real pero acotado, que requiere atención técnica y medidas específicas en ciertos grupos (trabajadores rurales, personal de limpieza de bodegas, ecoturistas, personal de salud), no una ansiedad generalizada en todos los barrios de León, Irapuato o Celaya.

Si somos capaces de sostener una comunicación honesta, basada en evidencia, y de traducirla en acciones concretas —mejor vigilancia, capacitación médica, control de roedores y educación comunitaria—, el saldo será doblemente positivo: estaremos preparados para detectar y contener eventuales casos de hantavirus y, al mismo tiempo, fortaleceremos la confianza social en las instituciones de salud. Y esa es, quizá, la conclusión más importante: los hantavirus merecen atención, pero por su biología, sus modos de transmisión y su patrón de presentación clínica, todo indica que no serán el próximo COVID.

España acaba de dar un paso firme: la Agencia Española de Medicamentos publicó en abril de 2026 un informe contundente que concluye que “no existe evidencia científica publicada que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico “. La decisión no es aislada. Reino Unido eliminó su financiamiento en 2010. Francia lo retiró completamente en 2021. Australia declaró en 2015 que no existen condiciones clínicas para las que se disponga de evidencia de la efectividad de la homeopatía. Alemania se prepara para dejar de cubrir en 2026.

Mientras tanto, en México tenemos un Hospital Nacional Homeopático en operación desde 1893, que atiende 37.000 consultas anuales con recursos públicos, universidades que ofrecen licenciaturas en homeopatía con reconocimiento oficial, y la COFEPRIS, que regula una Farmacopea Homeopática “para fortalecer la seguridad de la Homeopatía como modelo médico clínico terapéutico incorporado al Sistema Nacional de Salud”. Esta contradicción merece una conversación honesta y empática.

El informe en español revisó 64 estudios sistemáticos publicados desde 2009. Su conclusión fue inequívoca: en la mayoría de los casos se concluye que “la evidencia es insuficiente para recomendar el uso de productos homeopáticos en ninguna patología”, ya sea porque no demuestran diferencias frente al placebo o porque la calidad metodológica es tan baja que los resultados podrían deberse al azar.

Un hallazgo particularmente revelador: “a mayor calidad metodológica de los estudios, menor es el efecto de la homeopatía”. Cuando los estudios están bien diseñados, el efecto desaparece. Las diluciones infinitesimales utilizadas en ciertos preparados hacen imposible asegurar una relación causa-efecto: una dilución centesimal homeopática 12 CH equivale a disolver 10 gramos de una sustancia en toda el agua del mar Mediterráneo.

El verdadero riesgo no está en los preparados homeopáticos en sí, que, al estar tan diluidos, rara vez causan daño directo. El peligro está en el tiempo perdido, en el diagnóstico retrasado, en el tratamiento efectivo que se pospone. Cuando un paciente con cáncer, diabetes o hipertensión elige la homeopatía en lugar de un tratamiento con evidencia científica, no está ejerciendo una preferencia inocua: está poniendo en riesgo su vida.

Y aquí viene la empatía necesaria: muchos pacientes recurren a la homeopatía porque el sistema de salud tradicional los ha defraudado. Consultas de siete minutos, médicos que no escuchan, tratamientos que no pueden costear. La homeopatía ofrece algo valioso: tiempo, escucha, atención personalizada. Pero eso no es homeopatía; es medicina humanizada y podríamos tenerla sin caer en la pseudociencia.

México tiene miles de personas formadas en homeopatía, muchas de ellas con títulos universitarios reconocidos. Cerrar hospitales o prohibir su práctica de manera abrupta sería irresponsable. Pero mantener el statu quo también lo es.

La transición debe ser gradual y respetuosa: reconversión profesional con apoyo institucional, programas de actualización en medicina basada en la evidencia y, sobre todo, dejar de formar nuevos homeópatas con recursos y reconocimiento público. No podemos seguir otorgando validez oficial a carreras que enseñan principios que contradicen las leyes fundamentales de la física y la química.

España tomó una decisión. México debe hacer lo propio. Propongo suspender el reconocimiento oficial de nuevas carreras en homeopatía; eliminar gradualmente el financiamiento público al Hospital Nacional Homeopático y reconvertirlo hacia áreas de la salud con medicina basada en evidencia; exigir un etiquetado claro como: “Este producto no tiene evidencia científica de eficacia”; ofrecer programas de reconversión profesional para homeópatas; e invertir esos recursos en humanizar la medicina convencional.

No se trata de prohibir. Quien quiera consultar a un homeópata en el ámbito privado, con su dinero y bajo su responsabilidad informada, puede hacerlo. Pero los recursos públicos de un país en el que millones de personas no tienen acceso a medicamentos esenciales deben destinarse a tratamientos eficaces.

La medicina basada en evidencia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Y nuestros pacientes, especialmente los más vulnerables, merecen que defendamos ese principio, aunque sea incómodo y genere resistencia. La empatía no consiste en validar creencias infundadas. Está en decir la verdad con respeto y ofrecer alternativas reales. Les informaré de las iniciativas que presentaré y exhortaré al Ejecutivo Federal y al Consejo de Salubridad General a dar causa a mis propuestas.

“La verdadera caridad no consiste en dar limosna, sino en ayudar a que se haga justicia.” Papa Juan Pablo II

En México, cuidar a una persona con discapacidad o dependencia funcional es, al mismo tiempo, un acto de amor y un factor silencioso de empobrecimiento y desigualdad para millones de hogares. Esta columna se inspira y se nutre del trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el cuidado a largo plazo en América Latina, que ha visibilizado la carga económica y emocional que asumen, sobre todo las mujeres cuidadoras, en la región, así como el valor macroeconómico del cuidado no remunerado. A ellas y a las familias que hoy hacen malabares entre medicinas, terapias y recibos de luz, va dirigida esta reflexión.

El BID ha documentado que el trabajo de cuidado —en su mayoría no remunerado, realizado en casa y asignado casi siempre a mujeres— es literalmente un motor oculto de la economía latinoamericana. Si ese tiempo y esfuerzo se pagaran a precios de mercado, representaría alrededor del 21% del PIB regional, una cifra que supera a muchos sectores productivos formales. Pero en las estadísticas fiscales ese aporte aparece como “costo familiar”, no como inversión social; en la hoja de vida de la cuidadora, como un “hueco laboral” que luego se le reprocha en el mercado de trabajo.

En México, esta realidad tiene rostro y nombre. De los 130,3 millones de habitantes estimados para 2024, 9,5 millones viven con alguna discapacidad, es decir, el 7,3% de la población. Detrás de cada persona con discapacidad suele haber al menos una cuidadora principal —casi siempre madre, hija o esposa— que reorganiza o abandona su empleo, reduce ingresos presentes y pensión futura, y asume además la carga emocional de ver sufrir a quien ama.

Los datos nacionales son contundentes: los hogares con al menos una persona con discapacidad gastan significativamente más en salud que los hogares sin esta condición. Según cifras recientes del INEGI, el gasto trimestral en consulta externa de estos hogares ronda los 2,181 pesos, frente a 1,432 pesos en hogares sin discapacidad; es decir, un esfuerzo financiero casi un 50% mayor solo por tener a alguien que requiere cuidados especiales. Para una familia de ingresos limitados, esa diferencia puede significar dejar de pagar internet para las tareas escolares, posponer el arreglo de una fuga de agua o renunciar a una canasta básica completa.

A ese sobrecosto se suma la pérdida de ingresos laborales. Estudios del BID con encuestas de uso del tiempo muestran que entre el 63% y el 84% de los cuidadores de largo plazo en América Latina son mujeres, y que la necesidad de brindar cuidados está asociada con una reducción significativa en la probabilidad de trabajar y en las horas laboradas, especialmente en el grupo de 50 a 64 años. En otras palabras, en cientos de miles de hogares mexicanos el mismo evento —la aparición de una dependencia severa— aumenta el gasto estructural y, al mismo tiempo, reduce la capacidad de generar ingresos estables.

Es aquí donde la empatía no es un lujo discursivo, sino una obligación ética. Detrás de cada estadística hay una familia que decidió que alguien dejara su plaza eventual en una maquila para poder bañar, alimentar y movilizar a su padre con secuelas de un infarto cerebral; una joven que interrumpió la universidad para acompañar a su hermano con discapacidad motriz a terapias diarias; una madre que se turna noches en vela con su hija con parálisis cerebral mientras calcula si la quimioterapia del abuelo alcanzará junto con la renta. Ninguna de esas decisiones aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación; todas pesan en el refrigerador vacío.

Pese a la magnitud del problema, el andamiaje de apoyo institucional en México sigue siendo claramente insuficiente. El propio INEGI ha informado que casi el 70% de las personas con discapacidad no recibe ningún apoyo institucional; solo alrededor del 30% de quienes tienen entre 18 y 70 años acceden a algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental. Esto implica que la gran mayoría de los costos —tiempo, dinero, salud mental— se socializan en la familia y se “privatizan” a espaldas de las cuidadoras.

El BID ha insistido en que, en contextos donde la oferta de servicios formales de cuidado de largo plazo es mínima, cualquier discusión de política pública debe partir del reconocimiento explícito del cuidado familiar y de sus costos de oportunidad, especialmente para las mujeres. No se trata de desplazar a la familia, sino de dejar de explotarla como el último amortiguador silencioso de los vacíos del Estado.

Desde la perspectiva de la política pública, México necesita transitar de la lógica del “apoyo disperso” a la construcción de un sistema nacional de cuidados de largo plazo, alineado con las recomendaciones técnicas del BID y con las experiencias emergentes de otros países de la región. Esto implica al menos cinco líneas de acción: 1) Reconocer jurídicamente el derecho al cuidado y la corresponsabilidad del Estado, del mercado, de la comunidad y de la familia. 2) Generar un padrón nacional de personas con dependencia funcional y sus cuidadores, que permita dimensionar con precisión la demanda de servicios y apoyos. 3) Profesionalizar el cuidado: formación, certificación, protección social y empleo digno para cuidadoras y cuidadores formales. 4) Establecer prestaciones económicas condicionadas al plan de cuidados que compensen parcialmente la pérdida de ingresos laborales en el hogar. 5) Ampliar los servicios de respiro, los centros de día, la rehabilitación comunitaria y el apoyo a la salud mental para las familias cuidadoras.

Para un país con 9,5 millones de personas con discapacidad y un rápido envejecimiento demográfico, seguir postergando esta agenda significa consolidar un círculo de empobrecimiento silencioso que golpea con más fuerza a los hogares más vulnerables.

Como legislador y médico, pero sobre todo como padre y abuelo, no puedo mirar estas cifras sin pensar en las familias que hoy me leen tal vez desde la sala de espera de un hospital o desde la esquina de una cama hospitalaria improvisada en la recámara. A ustedes, que cuidan sin horarios ni aguinaldos, esta columna quiere decirles algo muy claro: el país les debe una deuda que no se salda con gratitud retórica, sino con leyes, presupuestos y servicios concretos.

El cuidado, estimados lectores, no es un “asunto privado” ni un problema doméstico; es infraestructura social que sostiene la productividad, la cohesión y el futuro de México. Poner a las familias cuidadoras en el centro de la discusión económica no es un gesto de caridad: es un acto mínimo de justicia con quienes ya han puesto —y siguen poniendo— el cuerpo, el tiempo y el corazón.

Hace unos días participé, como médico y legislador mexicano, en el 6º Congreso Mundial de Sepsis, un encuentro que reunió a expertos, pacientes y tomadores de decisiones de todos los continentes para discutir cómo evitar muertes prevenibles por esta condición. A mi regreso, me parece urgente acercar este debate a los lectores de El Economista, porque lo que ahí discutimos no es un problema lejano: es una realidad cotidiana en los hospitales de México.

Empecemos por lo básico: ¿qué es la sepsis? La sepsis es una reacción extrema del organismo ante una infección. Casi siempre comienza con algo que suena familiar: una neumonía, una infección urinaria, una infección abdominal, una complicación del embarazo o una infección en un recién nacido. Cuando esas infecciones no se detectan ni se tratan a tiempo, el sistema de defensa del cuerpo se descontrola, la inflamación se vuelve generalizada y empieza a dañar órganos vitales: pulmones, riñones, corazón, cerebro. Si no se actúa con rapidez, la presión arterial cae, los órganos dejan de funcionar y el paciente puede morir. A ese estado grave lo llamamos “choque séptico”.

En palabras simples: la sepsis ocurre cuando una infección “enciende un incendio” dentro del cuerpo y el fuego se sale de control. No es algo raro ni exótico: puede ocurrir en cualquier persona, pero es especialmente frecuente y peligrosa en recién nacidos, mujeres embarazadas o en el posparto, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

En el Congreso Mundial de Sepsis, donde tuve el honor de participar en un panel sobre mujeres, niños y familias, se insistió en una idea clave: la sepsis no es solo un problema médico; es un síntoma del desempeño de todo el sistema de salud. Cuando una mujer con fiebre después del parto recorre varios hospitales sin ser atendida, cuando un recién nacido adquiere una infección grave dentro de una unidad de cuidados neonatales o cuando un niño con fiebre y dificultad para respirar llega demasiado tarde a urgencias, lo que falla no es solo una decisión individual, sino la suma de muchas omisiones: prevención insuficiente, servicios saturados, falta de insumos, protocolos que no se aplican, datos que no se registran.

En México, aunque las cifras son fragmentarias, lo que sabemos preocupa. Diversos hospitales públicos de referencia han documentado que la sepsis es una de las principales causas de enfermedad grave y muerte en recién nacidos, y que contribuye de manera importante a la mortalidad materna. En algunos centros, ya se le reconoce como la tercera causa de muerte neonatal. Además, cada vez vemos más infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos habituales, lo que vuelve el tratamiento más difícil y costoso.

Esta realidad tiene un impacto directo en las familias y la economía. Una sepsis no solo pone en riesgo la vida, sino que también puede dejar secuelas permanentes, obliga a largas estancias hospitalarias y genera gastos que muchas familias no pueden asumir. Desde la perspectiva macroeconómica, implica días de trabajo perdidos, pensiones por invalidez, incremento del gasto público en salud y presión adicional sobre sistemas que ya operan al límite.

La gran pregunta es: si la sepsis es tan grave, ¿por qué casi no aparece en el debate público? En los informes oficiales suele esconderse bajo nombres más conocidos (“neumonía”, “complicaciones del embarazo”, “infección generalizada”). En las discusiones presupuestales hablamos de hospitales, plazas y obras, pero rara vez de fortalecer los laboratorios clínicos, los esquemas de vacunación, los programas de prevención de infecciones hospitalarias o la capacitación específica para reconocer y tratar a tiempo la sepsis.

No todo son malas noticias. Nuestro país ha dado pasos relevantes: se han establecido acciones obligatorias de seguridad del paciente, hay hospitales que han logrado reducir las infecciones del torrente sanguíneo mediante protocolos estrictos de higiene y manejo de dispositivos, y se ha avanzado en estrategias para usar mejor los antibióticos. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo parciales y, sobre todo, poco visibles para la ciudadanía.

¿Qué habría que hacer para que lo discutido en el Congreso Mundial de Sepsis se traduzca en cambios concretos en México? Primero, nombrar el problema. La sepsis debe figurar explícitamente en nuestras leyes, normas y planes nacionales de salud. Lo que no se nombra no se mide, y lo que no se mide no se gobierna. Incluir metas específicas para reducir la sepsis materna y neonatal en los programas sectoriales sería un buen inicio.

Segundo, integrar la sepsis en agendas ya prioritarias. No se trata de crear un nuevo “programa de sepsis” con más burocracia, sino de incorporar acciones claras de prevención y manejo en las políticas de salud materna, perinatal, pediátrica y de control de infecciones. Vacunar, garantizar un parto seguro, vigilar la higiene hospitalaria y usar bien los antibióticos son medidas que salvan vidas frente a la sepsis sin requerir inventar la rueda.

Tercero, invertir con inteligencia. La lucha contra la sepsis no se gana solo con grandes hospitales de alta especialidad, sino con muchas decisiones pequeñas: contar con personal suficiente en urgencias, disponer de antibióticos eficaces, contar con laboratorios capaces de identificar a tiempo las bacterias responsables, asegurar oxígeno y equipo básico en hospitales generales y entrenar a los equipos para reconocer la sepsis en sus primeras horas.

Cuarto, exigir cuentas. El Congreso, los órganos de control y la sociedad tienen derecho a saber cuántas personas mueren por sepsis, en qué condiciones y qué se está haciendo para evitarlo. Informes periódicos, indicadores públicos y evaluaciones independientes no son un lujo tecnocrático: son herramientas para salvar vidas.

En el Congreso Mundial de Sepsis, una frase quedó resonando: “La sepsis revela quién cuenta y quién no en un sistema de salud”. En México, la probabilidad de sobrevivir a una sepsis todavía depende demasiado del lugar de nacimiento, del ingreso familiar y del tipo de cobertura. Aceptar esa realidad sería renunciar a la idea misma de la justicia sanitaria.

Traer este debate a las páginas de un periódico económico no es un desvío, es ir a la raíz. Un país que tolera muertes evitables por infecciones tratables difícilmente podrá aspirar a un desarrollo sostenible, a una fuerza laboral sana y a finanzas públicas sólidas. Poner la sepsis en la agenda es, en el fondo, una decisión sobre qué tan en serio nos tomamos la vida y la dignidad de las personas, especialmente de las más vulnerables.

Escribo estas líneas después de la reunión con el secretario de Salud, Dr. David Kersenovich, y a diez días del anuncio grandilocuente del llamado “Servicio Universal de Salud”. Estando exactamente en el mismo punto con un puñado de diapositivas de PowerPoint, dizque mucha credencialización, de menos del 1% de la población, eso sí, con derecho a voto, salud casa por casa y carritos de farmacias banqueteras, sin ninguna ruta constitucional ni financiera seria. Es decir, rentabilidad política a corto plazo (2027) y desprecio por la salud de los mexicanos.

La Presidenta ha prometido que, mediante un decreto, cualquier persona podrá atenderse de “cualquier padecimiento” en cualquier institución pública: IMSS, ISSSTE o IMSS‑Bienestar, con una credencial que también servirá como identificación oficial y llave de acceso a programas de bienestar. Suena bien en la conferencia de prensa. Lo preocupante es que se quiera rehacer, por decreto presidencial, lo que la Constitución reserva expresamente a la ley.

Le señalé al secretario federal, que la salud no se reforma por decreto. El artículo 4º constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud y ordena que sea una ley reglamentaria —la Ley General de Salud— la que establezca las bases y modalidades de acceso, así como la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas. A su vez, el artículo 123 prevé que la Ley del Seguro Social y las leyes del ISSSTE e ISSFAM definan quién es derechohabiente, qué prestaciones recibe y cómo se financian los seguros de enfermedades, maternidad, invalidez y riesgos de trabajo.

De esos preceptos se desprende un principio elemental de reserva de ley: las decisiones que cambian de fondo quién tiene derecho, qué servicios se otorgan y con qué recursos se pagan deben pasar por el Congreso, no por un simple decreto administrativo del Ejecutivo. El Presidente puede reglamentar las leyes, no reescribirlas por la vía corta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente: ni las entidades federativas pueden desbordar la Ley General de Salud en materias de salubridad general, ni los reglamentos pueden crear derechos u obligaciones nuevos, ni las reformas legales son válidas si, en la práctica, permiten regresiones en el derecho a la salud. Mucho menos puede hacerlo un decreto presidencial que pretenda rediseñar, de facto, el sistema de seguridad social.

Microidea, macrodesintegrada. La “ruta hacia el Servicio Universal de Salud” presentada por el gobierno descansa en una pieza simbólica: una credencial física y digital que funcionará como identificación oficial, sustituirá paulatinamente los carnets del IMSS y del ISSSTE y será el “pase de entrada” a la universalidad de los servicios.

A partir de enero de 2027 se promete, en un solo paquete, atención universal a urgencias y hospitalización, embarazos de alto riesgo, códigos de infarto y de cerebro con hemodinamia, diagnóstico de cáncer de mama, continuidad de tratamientos de cáncer, insuficiencia renal y trasplantes, vacunación universal y consultas de primer nivel con surtimiento de medicamentos. En una segunda etapa, hacia finales de 2027‑2028, se añaden el intercambio de servicios especializados, la radioterapia, el expediente digital, la teleconsulta y una app con inteligencia artificial.

Todo esto se anuncia sin una sola línea sobre cuántas camas, quirófanos, unidades de hemodinamia, servicios oncológicos o consultorios adicionales se van a construir; cuántos médicos, enfermeras y personal de apoyo se requieren, cómo se formarán y con qué condiciones laborales se les retendrá; ni cuánto costará realmente la universalidad prometida y de dónde saldrá el financiamiento adicional, en un contexto de gasto público en salud crónicamente bajo y espacio fiscal limitado.

Las propias cifras oficiales muestran que México invierte alrededor de 2,6% del PIB en salud, cuando una cobertura efectiva y universal exige entre 4,5 y 5,5% del PIB. Los precriterios 2027 de gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aumentan en un 3.4% el gasto de los programas de salud, y existe una inflación estimada de los servicios médicos del 14% en 2026 Sin reforma legal, sin aumento sostenido de presupuesto y sin hoja de ruta de infraestructura y recursos humanos, esta universalidad corre el riesgo (creo absoluto) de quedarse en credenciales para la foto y anuncios sexenales, mientras se saturan aún más instituciones ya rebasadas.

Universalidad nominal, riesgo real. Más allá de la retórica, el diseño anunciado opera mediante un mecanismo muy delicado. Compartir servicios entre IMSS, ISSSTE e IMSS‑Bienestar para atender también a la población sin seguridad social, sin reformar las leyes que definen el carácter contributivo de esos seguros.

Abrir, por decreto, los seguros de enfermedad y maternidad a la población que no cotiza, sin nuevas fuentes de financiamiento claramente establecidas en la ley, diluye el principio contributivo, presiona los equilibrios actuariales y pone en riesgo las prestaciones de quienes sí han aportado durante décadas. La propia Corte ya ha invalidado esquemas que trasladan cargas indebidas a los derechohabientes o desnaturalizan la seguridad social financiada con cuotas y aportaciones.

Al mismo tiempo, el discurso de “cobertura total y gratuita” choca con el marco jurídico vigente, que sigue distinguiendo entre asegurados y no asegurados. Esto abre la puerta a una ola de amparos por la negación de servicios y a controversias entre la Federación y los estados (llamados “no federados” —curioso término— por la Presidenta) por responsabilidades financieras, en ausencia de reglas claras de coordinación y de financiamiento. La universalidad se vuelve entonces nominal: todos tienen credencial, pero no todos reciben la atención oportuna, integral y de calidad que el derecho a la salud exige.

Federalismo, gobernanza y captura política. El andamiaje programático del sexenio —Plan Nacional de Salud 2024‑2030, Programa Sectorial de Salud 2025‑2030 y Programa Institucional de IMSS‑Bienestar 2025‑2030, entre otros— habla de integración de servicios, acceso universal y modernización, pero no ancla esas metas en trayectorias financieras ni en metas cuantificadas de infraestructura y personal.

Además, se pretende cambiar, por decreto, la organización del Sistema Nacional de Salud y la concurrencia Federación‑estados prevista en la Ley General de Salud, sin procesos claros de concertación ni acuerdos federativos transparentes. Ya vimos en la experiencia de INSABI e IMSS‑Bienestar que muchos estados resisten integrarse plenamente por dudas de gobernanza y de financiamiento, lo que produce un mosaico desigual de coberturas y, en no pocos casos, un verdadero limbo de aseguramiento.

En términos de economía política, todo indica una apuesta de alto rendimiento simbólico —credencial universal, app, promesa de un solo sistema— y de bajo sustento jurídico y financiero. La salud se politiza como emblema del sexenio, pero se posterga la discusión sobre lo necesario: la reforma fiscal progresiva, la priorización explícita del paquete de beneficios, el papel del sector privado y del asegurador, y la racionalización del mapa hospitalario.

Decretos presidenciales vs. decretos legislativos. Conviene recordar algo que a veces se olvida: el Congreso también emite “decretos”. Un decreto legislativo es el acto mediante el cual el Poder Legislativo reforma leyes, aprueba el Presupuesto, ratifica tratados o incluso aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. Se discute, se vota y, en su caso, se envía al Ejecutivo para su publicación.

En cambio, lo que hoy se nos pide respaldar es otra cosa: una reforma por decreto del Ejecutivo, que intenta modificar, por vía reglamentaria, el contenido material de leyes como la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social o la Ley del ISSSTE o del ISSFAM, sin pasar por el proceso legislativo. Esa “reforma por decreto” no es una categoría jurídica válida; es un uso abusivo de la potestad reglamentaria, vulnerable a acciones de inconstitucionalidad y controversias, precisamente por invadir la reserva de ley.

Lo raro no es que el Ejecutivo anuncie un decreto; raro es que se nos pida, a las y los legisladores, “opinar” sobre un decreto presidencial ya decidido, en lugar de invitarnos a construir juntos el decreto constitucional que sí corresponde: el que se aprueba mediante reformas legales discutidas a la luz de los artículos 4º y 123, con números sobre la mesa y responsabilidades claramente distribuidas.

Una posición responsable. Como médico, como legislador y como defensor del derecho a la salud, no puedo prestarme a una universalidad ficticia que se sostiene en credenciales y conferencias, pero no en leyes, presupuesto y capacidad instalada. Nuestra posición, en lo personal y como grupo parlamentario del PAN, es tan sencilla como firme: la salud no se reforma por decreto, se reforma por ley; la seguridad social no se financia con discursos, sino con cuotas, impuestos y reglas actuariales claras; la universalidad no se mide por el número de credenciales emitidas, sino por la reducción del gasto de bolsillo, la oportunidad de la atención y la calidad de los servicios.

Cuando el gobierno federal emita su decreto, lo estudiaremos con el rigor constitucional, financiero y sanitario que la materia exige y emitiremos una opinión fundada. Pero no confundamos los papeles: el Ejecutivo administra; el Legislativo legisla. Y el derecho a la salud, consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, no es un programa sexenal ni una estrategia de comunicación; es un mandato jurídico permanente que ni la mejor campaña de credencialización puede sustituir.

México está a tiempo de aprovechar la inteligencia artificial (IA) en los laboratorios clínicos, pero si no actuamos desde la política pública, la regulación y la educación, perderemos una oportunidad histórica y ampliaremos las brechas de desigualdad en salud. Nuestra investigación nacional, con 362 profesionales de laboratorios clínicos y de investigación en todo el país, ofrece una fotografía clara de este momento de transición: la IA ya está presente en su vida cotidiana y en muchos procesos de trabajo, pero sin un marco de comprensión suficiente ni una arquitectura institucional que oriente su uso ético, seguro y equitativo.

Uno de los hallazgos más reveladores es la contradicción entre el uso intensivo de herramientas basadas en IA y la baja autopercepción del propio conocimiento. La mayoría de los encuestados utiliza a diario asistentes conversacionales, aplicaciones integradas en mensajería instantánea y sistemas de reconocimiento de imágenes, pero muy pocos se consideran expertos o muy familiarizados con la IA, y son aún menos quienes identifican con precisión cuáles de estas herramientas incorporan algoritmos inteligentes. Esta “familiaridad superficial” resulta suficiente para intuir el potencial de la tecnología, pero claramente insuficiente para liderar una integración responsable en la práctica diagnóstica y administrativa de los laboratorios clínicos.

Cuando se les pregunta a estos profesionales en qué ámbitos de su trabajo consideran que la IA puede aportar más beneficios, las respuestas son consistentes: visualizan un enorme potencial en el análisis de datos, la detección de errores, la verificación de resultados y la automatización de tareas administrativas y repetitivas. Señalan reiteradamente el deseo de reducir los errores en la fase preanalítica, de ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. No se trata, por tanto, de un rechazo a la tecnología, sino de una expectativa concreta: quieren que la IA sirva para mejorar la calidad, la seguridad y la oportunidad del diagnóstico. De hecho, tres de cada cuatro profesionales apoyan expresamente la incorporación de herramientas de IA en su laboratorio, y más de la mitad considera que esta implementación debería ocurrir en el corto plazo.

Sin embargo, este entusiasmo convive con un triángulo de preocupaciones que no puede ignorarse: el miedo, el desconocimiento y los dilemas éticos. Una amplia mayoría manifiesta preocupación por su propia falta de conocimientos y de capacitación en IA. Dos de cada tres temen perder su empleo si ciertas pruebas se automatizan y una proporción similar percibe poca disposición de las direcciones de laboratorio para invertir en tecnologías inteligentes y en la formación asociada.

En el terreno ético, predominan las inquietudes por la seguridad de los datos, la privacidad y el manejo de información sensible. A ello se suman preguntas de enorme trascendencia jurídica, hoy sin respuesta satisfactoria: si un algoritmo contribuye a un error diagnóstico, ¿quién asume la responsabilidad?, ¿el desarrollador del software, el fabricante del equipo, el laboratorio que lo adopta o el profesional que valida el resultado? Estas dudas no son solo filosóficas; son el tipo de preguntas que, en ausencia de regulación, terminarán dirimiéndose caso por caso, a menudo después de que el daño esté hecho.

El dato que condensa esta tensión es el de la formación: apenas una pequeña fracción de los encuestados ha recibido educación formal en IA, pero una abrumadora mayoría declara estar dispuesta a capacitarse, aunque ello suponga enfrentar una curva de aprendizaje pronunciada. Es decir, el obstáculo principal no es la resistencia del personal, sino la ausencia de una oferta estructurada de formación y de un marco normativo que la exija, la oriente y la certifique. En un país donde las mujeres constituyen más de la mitad de la fuerza laboral en laboratorios clínicos y donde una proporción significativa ya cuenta con estudios de posgrado, desperdiciar esta disposición a aprender sería un error estratégico.

Nuestra investigación también se distingue por su alcance. Hasta donde se tiene registro, es el primer estudio que analiza de manera sistemática en América Latina la conceptualización de la IA entre profesionales de laboratorios clínicos y de investigación, tanto en instituciones públicas como privadas, considerando además el tamaño del laboratorio y su distribución geográfica. A diferencia de encuestas realizadas en Europa, Estados Unidos y Asia, este trabajo incorpora variables sociodemográficas y contextuales propias de México, lo que permite comprender cómo factores culturales, educativos y estructurales influyen en la percepción y la disposición hacia la IA. El resultado es una fotografía de un sistema en transición: por un lado, laboratorios privados que parecen avanzar más rápido en la adopción de estas tecnologías; por otro, instituciones públicas que enfrentan rezagos en infraestructura, digitalización y estrategias de capacitación.

Si este proceso continúa sin dirección, la adopción de la IA será profundamente desigual. Algunos laboratorios acreditados en grandes ciudades incorporarán herramientas de aprendizaje automático, reconocimiento avanzado de imágenes y sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, mientras que otros seguirán operando con infraestructura limitada, sin capacidad de aprovechar estas innovaciones. El riesgo es evidente: que la IA, lejos de cerrar brechas, consolide una medicina de “dos velocidades”, donde solo ciertos segmentos de la población accedan a diagnósticos de precisión, tiempos de respuesta más cortos y mejores resultados clínicos.

Frente a este escenario, la evidencia que aporta nuestra investigación debe traducirse en una agenda clara de política pública. En primer lugar, es imprescindible integrar la IA en los planes de estudio de las carreras químico‑biológicas, biomédicas y afines, así como en la educación profesional continua del personal de laboratorio y del personal médico que interpreta sus resultados.

No se trata de convertir a todos en programadores, sino de asegurar competencias mínimas para comprender cómo se entrenan los algoritmos, cuáles son sus sesgos potenciales, cómo se validan y bajo qué criterios se integran en el proceso diagnóstico. Esta formación debe alinearse con estándares internacionales como ISO 15189, que establece los requisitos de calidad y competencia para laboratorios médicos, incorporando ahora los desafíos específicos de la IA.

En segundo término, es urgente desarrollar un marco jurídico específico para la IA en laboratorios clínicos. La regulación sanitaria debe contemplar la validación de algoritmos, la transparencia en los criterios de toma de decisiones automatizadas, la gestión de sesgos y la distribución de responsabilidades ante eventos adversos. De la misma forma que la farmacovigilancia obliga a reportar reacciones adversas a medicamentos, deberían existir mecanismos de vigilancia y reporte de incidentes vinculados al uso de IA en procesos diagnósticos. Sin esta “vigilancia ex post” será difícil corregir errores, identificar patrones de riesgo y ajustar la regulación conforme evoluciona la tecnología.

Un tercer elemento clave es la acreditación. Los esquemas actuales de evaluación y acreditación de laboratorios deben incorporar criterios específicos para los que integren IA en sus procesos. No basta con afirmar que se usan herramientas inteligentes; habrá que demostrar que se utilizan de manera segura, ética y equitativa, que se respetan los principios de privacidad y anonimización de datos, que existe una supervisión humana significativa y que se cuenta con protocolos claros para la actualización, auditoría y posible retiro de sistemas que no cumplan con los estándares esperados.

Finalmente, cualquier política de IA en salud en México debe tener la equidad como eje rector. En un país marcado por desigualdades regionales y socioeconómicas, la IA tiene el potencial de llevar diagnósticos de alta complejidad a regiones donde hoy no existen suficientes especialistas, por ejemplo, mediante telepatología o análisis automatizado de imágenes. Pero si la adopción se deja exclusivamente a la lógica del mercado y a la capacidad financiera de cada institución, la IA terminará concentrándose en donde ya existen ventajas, reforzando las brechas existentes. Diseñar esquemas de financiamiento, compras consolidadas, acompañamiento técnico y cooperación entre instituciones públicas, privadas y académicas será esencial para que esta tecnología contribuya a cerrar, y no a abrir, la brecha diagnóstica.

Tal vez la lección más poderosa que deja este estudio es que el problema no es la IA, sino dejar al personal de salud solo frente a ella. El miedo a ser reemplazados se alimenta del vacío de políticas, de la falta de capacitación y de la ausencia de reglas claras sobre para qué, cómo y bajo qué principios se utilizará esta tecnología. Si asumimos que la IA no viene a sustituir al profesional, sino a potenciar su capacidad para ofrecer diagnósticos más precisos, oportunos y seguros, entonces la prioridad no es frenar la innovación, sino gobernarla.

Quien se forme en el uso de una IA regulada, estandarizada y sometida a un escrutinio ético no será prescindible: será indispensable. La verdadera disyuntiva para el sistema de salud y para los tomadores de decisiones es si queremos que la IA en los laboratorios clínicos sea una moda tecnológica más o el detonante de una política de calidad y equidad diagnóstica a la altura de los retos de México.

Hoy el sector salud no tiene un registro nominal completo que le diga, con nombre y apellido, quién está vacunado, con qué biológico (vacuna), cuántas dosis le faltan y dónde vive. La herramienta principal sigue siendo la cartilla en papel, muchas veces perdida, incompleta o guardada en un cajón, y en no pocos casos se recurre a la memoria de la madre para reconstruir el esquema de vacunación.

Eso impide planear con precisión, dirigir campañas a las colonias o comunidades con más rezago, y reaccionar a tiempo ante un brote como el de sarampión que hoy nos golpea. Sin información nominal, el Estado camina a ciegas: no sabe cuántos niños faltan por vacunar, ni en qué localidades urge reforzar, ni dónde están las brechas más profundas.

Por eso, desde la Cámara de Diputados presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y dejar plasmado en la ley algo muy sencillo y poderoso, que el sistema de información en vacunación se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, con plena protección de sus datos personales. Es decir, que cada dosis, cada aplicación y cada refuerzo queden registrados en un sistema digital que permita saber, en tiempo real, quién está protegido y quién no.

Junto con ello, proponemos que exista una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual, que sea obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y privados. La versión digital permitiría a madres y padres consultar el esquema de sus hijas e hijos desde una aplicación en el celular, recibir recordatorios cuando toque una nueva dosis y contar con un respaldo de la información si se pierde la cartilla en papel.

Esta cartilla electrónica no es ciencia ficción: ya existe experiencia en México con proyectos como la Cartilla Electrónica de Vacunación desarrollada con apoyo de la Fundación Slim y operada en varios estados, y la propia pandemia de Covid-19 demostró que es posible emitir certificados electrónicos y códigos QR para millones de personas. Lo que hace falta es voluntad política para convertir este avance en una política de Estado, universal y permanente.

Una cartilla electrónica no es solo comodidad digital; es, sobre todo, un instrumento de justicia en salud. Un registro nominal permite construir un verdadero censo de vacunación por persona, por colonia, por municipio y por estado, de tal manera que las autoridades puedan identificar con precisión dónde está la población sin esquema completo.

Con esa información, la Secretaría de Salud y las entidades federativas pueden organizar brigadas específicas para ir a los barrios, comunidades rurales y zonas marginadas donde la cobertura es más baja; pueden calcular con exactitud cuántas dosis se necesitan; y pueden monitorear semana a semana si el rezago se está cerrando o ampliando. En un brote como el actual, contar con un censo nominal de vacunación significa poder actuar a tiempo y salvar vidas que hoy estamos perdiendo.

La otra pieza clave de la iniciativa es el dinero. Proponemos que la Cámara de Diputados esté obligada a asignar cada año recursos suficientes y etiquetados exclusivamente para vacunación, de manera que no puedan desviarse a otros fines ni dejarse sin ejercer por decisiones políticas o administrativas. Además, se establece el deber del Estado de garantizar el abasto y la distribución oportuna de vacunas e insumos, incluso en contexto de crisis sanitarias, y de contar con personal y recursos materiales adecuados para las campañas.

La vacunación no puede depender del humor de un funcionario ni de ocurrencias sexenales; debe estar protegida por la ley y respaldada por un presupuesto estable y transparente, con cuentas claras ante la ciudadanía. Cada peso no ejercido en vacunas se traduce en más gasto de bolsillo, más hospitalizaciones evitables y más desigualdad entre quienes pueden pagar un consultorio privado y quienes dependen del sistema público.

México necesita dar un salto decidido a la salud digital, y la vacunación es el terreno perfecto para demostrar que la tecnología puede salvar vidas y hacer más justo el sistema. Un registro nominal interoperable, conectado con una cartilla electrónica, permitiría que cualquier institución pública —IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, servicios estatales— consulte el historial de vacunación de una persona y continúe su esquema sin duplicidades ni lagunas.

Nuestra agenda en salud no solo busca más recursos, sino usarlos mejor. Por eso, hemos presentado reformas para ordenar el intercambio de servicios entre instituciones, con reglas claras de financiamiento, expedientes digitales que acompañen al paciente y prohibiciones expresas para no tocar las reservas financieras del IMSS y del ISSSTE. Un sistema que comparte información, respeta la privacidad y pone al paciente en el centro es un sistema que avanza hacia la universalidad real.

“Los estragos de la fiebre amarilla son simplemente indescriptibles”. Charles Leclerc

La reaparición de la fiebre amarilla en Venezuela y los brotes recientes en América Latina no son un accidente aislado: son una señal temprana de un mundo cada vez más interconectado en sus amenazas sanitarias, ambientales y políticas. Si no cambiamos la forma en que entendemos esa interconexión, seguiremos respondiendo tarde y mal ante enfermedades como la fiebre amarilla, que son prevenibles con una sola vacuna de por vida.

Entre 2025 y principios de 2026, Venezuela confirmó 36 casos de fiebre amarilla con 20 defunciones, la mayoría en adultos jóvenes de 10 a 49 años, y una letalidad superior al 55%, una de las más altas de la región. Barinas concentró un tercio de los casos y siete muertes, en un corredor selvático–agrícola que se extiende hacia Apure, Portuguesa, Guárico, Lara y Táchira, con claras implicaciones transfronterizas. Esos mismos meses, Colombia detectó casos importados de Apure y Amazonas, que sirvieron como “alerta temprana” de una transmisión activa que Venezuela aún no reportaba oficialmente.

En paralelo, el resto de Sudamérica vivía su propia ola: entre enero y abril de 2025 se notificaron 301 casos y 124 muertes de fiebre amarilla en la región, con una letalidad de 41,1%; Bolivia, Brasil, Colombia y Perú concentraron 289 casos y 115 defunciones. La tasa de muertes supera la del gran brote de São Paulo en 2018, que ya había encendido las alarmas por la rapidez de su expansión desde zonas selváticas hacia áreas densamente pobladas con baja tasa de vacunación. Estamos, en otras palabras, ante una enfermedad descrita hace más de un siglo, con una vacuna altamente eficaz, que regresa con patrones más letales y de mayor alcance geográfico.

Los autores del análisis regional muestran que la fiebre amarilla se desenvuelve hoy en un paisaje ecoepidemiológico profundamente distinto al de hace apenas dos décadas. Cuatro elementos se entrelazan: 1) Deforestación y expansión agrícola que rompen bosques continuos, acercan a trabajadores y comunidades a mosquitos silvestres Haemagogus y Sabethes, y empujan a los primates no humanos —nuestros centinelas— a morir más cerca de las personas. 2) Cambio climático que alarga las temporadas lluviosas, modifica las temperaturas y aumenta la abundancia de vectores en zonas antes poco afectadas, incluidas las áreas periurbanas. 3) Migración y fronteras porosas que permiten que un brote “silencioso” en un estado venezolano se manifieste primero como caso importado en un hospital colombiano. 4) Debilidad institucional y conflictos que dificultan el acceso con vacunas, vigilancia entomológica y equipos de salud a territorios controlados por el crimen organizado o por grupos armados.

El resultado es un ciclo casi perfecto para la reemergencia: retrasos en la notificación, baja cobertura de vacunación en la población adulta rural, laboratorios saturados y sistemas de información incapaces de captar los casos leves. No sorprende que la letalidad aparente supere el 40% en varios países; probablemente estamos viendo la punta de un iceberg de subregistro.

La fiebre amarilla es solo un caso concreto dentro de una tendencia más amplia que la ciencia ya documenta: el entrelazamiento entre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el auge de las enfermedades infecciosas. La fragmentación de hábitats y la desaparición de especies no son únicamente tragedias ecológicas; alteran las redes tróficas, cambian los patrones de contacto entre humanos, animales y vectores, y abren la puerta a “nuevas” epidemias o al retorno de viejas.

El calentamiento global modifica los rangos de distribución de los mosquitos y sus reservorios, empujando los patógenos hacia altitudes y latitudes donde las poblaciones carecen de inmunidad y de infraestructura sanitaria. Las mismas carreteras que abren paso a la tala ilegal y a la minería informal sirven de corredor para que trabajadores no vacunados lleven virus desde el corazón de la selva hasta las periferias urbanas precarias. Conflictos, inestabilidad política y crisis humanitarias, como las vividas en Venezuela y otras regiones, debilitan los programas de vacunación sistemática y las redes de vigilancia, creando “zonas ciegas” donde los brotes pueden crecer sin ser detectados.

La evidencia es clara: tratar el cambio climático, la biodiversidad y las enfermedades como agendas separadas nos condena a políticas fragmentadas y poco efectivas. Los enfoques de One Health y de salud planetaria, que recomiendan articular la salud humana, animal y ambiental, dejan de ser un discurso académico para convertirse en un requisito mínimo de seguridad sanitaria.

Para México, y para países que se perciben “lejos” del Amazonas, la lección de la fiebre amarilla venezolana debe alertarnos ya. Compartimos vectores competentes, ecosistemas fragmentados, cinturones de pobreza urbana y flujos migratorios intensos; la distancia geográfica no es una barrera sólida frente a virus transmitidos por mosquitos y movilizados por personas. El riesgo no se limita a la fiebre amarilla: dengue, zika, chikunguña y otras arbovirosis responden a los mismos motores ambientales y sociales.

Esto obliga a replantear al menos tres dimensiones de la política pública: 1) La vacunación contra la fiebre amarilla y otras enfermedades emergentes ya no puede planificarse únicamente con mapas estáticos de “zonas endémicas”, sino con modelos dinámicos que integren el clima, los cambios en el uso del suelo, la movilidad humana y los datos de fauna silvestre. 2) La política ambiental —bosques, agua, territorio indígena, minería— es, simultáneamente, política de salud pública y de seguridad nacional. Destruir manglares, selvas o humedales es debilitar las barreras naturales que frenan la emergencia de patógenos. 3) La transparencia en la notificación de brotes y la cooperación regional deben prevalecer sobre las tentaciones de ocultar cifras por cálculo político; cada semana de retraso aumentó la letalidad y la dispersión del brote venezolano.

Estimados lectores, no se trata de sembrar pánico, sino de reconocer que vivimos en un ecosistema compartido donde el incendio sanitario en un país vecino terminará, tarde o temprano, tocando nuestras puertas.

Al lector le puede parecer que estos escenarios pertenecen a un futuro abstracto o a geografías lejanas. Sin embargo, hay historias concretas dignas de visibilizar: agricultores que no recibieron una vacuna disponible desde hace décadas, comunidades que ven morir a sus monos aulladores sin comprender que son el aviso de un virus que se aproxima, madres que llegan tarde a un hospital saturado. A ellos les debemos algo más que discursos técnicos; les debemos políticas que se anticipen en lugar de reaccionar.

Eso implica invertir en ciencia que integre datos de salud, clima y biodiversidad, fortalecer los sistemas de vigilancia con participación comunitaria y reconocer el conocimiento local e indígena como aliado en la detección temprana. Supone, también, una conversación honesta sobre los costos reales de seguir degradando ecosistemas a cambio de ganancias económicas de corto plazo.

La fiebre amarilla nos recuerda que el siglo XXI no será solo el de la inteligencia artificial o la exploración espacial, sino también el de la disputa silenciosa entre sociedades que aprendan a leer las señales del planeta y actuar en consecuencia, y aquellas que sigan viendo cada brote como un “hecho aislado”. La pregunta que esta columna puede ayudar a plantear en la discusión pública es sencilla, pero urgente: ¿de qué lado queremos estar?

Hay una paradoja cruel en la salud pública mexicana que merece nombrarse sin eufemismos: resulta políticamente más sencillo reformar una ley que dotarla de contenido real. El cáncer —tercera causa de muerte en el país, con cerca de 91 562 fallecimientos anuales según el INEGI— es el ejemplo más doloroso de esta distancia sideral entre el derecho escrito y el derecho vivido.

Cuando el Congreso modifica la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de enero de 2026, para “atender” el cáncer, el acto genera titulares, ruedas de prensa y la sensación de que algo cambió. Pero en los pasillos del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” —el más emblemático del sector público en el país—, los pacientes oncológicos llevan más de tres años sin acceso a la radioterapia en sus propias instalaciones. Tres años. Antes de su cierre, el hospital contaba con tres aceleradores lineales capaces de administrar cerca de 180 sesiones diarias, además de un servicio de braquiterapia orientado al cáncer cervicouterino. Hoy, esa capacidad está paralizada. Esto equivale a practicar oncología como se hacía antes de 1917, cuando tales equipos ni siquiera existían. La ironía histórica duele especialmente en un establecimiento que lleva en su nombre el apellido de la modernidad institucional.

El caso más reciente de este surrealismo sanitario ocurrió apenas ayer, con la apertura del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”. Ahí se anunció, con razón, que el gran objetivo es acortar los tiempos entre el diagnóstico y el tratamiento, y la presidenta aseguró que en 30 días iniciará la atención. Pero hay un detalle que desnuda la fragilidad del discurso: desde que se presentó el proyecto, las propias autoridades explicaron que la nueva unidad contaría con prácticamente todos los servicios, excepto la radioterapia. Abrir un hospital oncológico sin sala de radioterapia es como inaugurar un aeropuerto sin pista: puede haber edificio, ventanillas y discursos, pero falta una pieza esencial para cumplir la promesa.

El diagnóstico que nadie quiere leer

El primer censo nacional de radioterapia en México, publicado en Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, ofrece cifras que deberían avergonzar a cualquier gobierno: el país tenía apenas 1.19 aceleradores lineales por millón de habitantes, la densidad más baja entre los miembros de la OCDE. Estados Unidos dispone de 11.5 equipos por millón; Canadá, 3.0; Polonia, 4.5. Solo la Ciudad de México alcanza el umbral mínimo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de 4 equipos por millón; en once estados hay un único centro de radioterapia, y en Tlaxcala no hay ninguno.

La situación no es exclusiva de México. Elbanna y colaboradores, en un análisis publicado en The Lancet Oncology con datos del OIEA, documentan que América Latina y el Caribe enfrentan un déficit actual de al menos 668 unidades de megavoltaje. Para 2030, esa brecha se duplicará: se necesitarán 2,455 unidades adicionales. La cobertura regional promedio es de apenas 63%, con una mediana de 0.8 equipos por cada 1,000 casos de cáncer. La región trata a sus pacientes con herramientas del siglo pasado, mientras el cáncer avanza a toda velocidad en el presente.

La inmunohistoquímica: el diagnóstico que no llega

Antes siquiera de llegar a la radioterapia, existe otra barrera que casi nunca aparece en los debates legislativos: la inmunohistoquímica. Esta técnica —hoy estándar de oro en oncología— permite identificar los subtipos moleculares de un tumor: receptores hormonales, HER2, marcadores de proliferación. Con ella se define el tratamiento más eficaz y personalizado; sin ella, el oncólogo trabaja en la oscuridad, prescribiendo quimioterapia de amplio espectro cuando debería ir la terapia dirigida, o al revés.

En casi todo el sector público mexicano, la inmunohistoquímica es una rareza o una espera de semanas. Para una paciente con cáncer de mama en estadio localmente avanzado, ese tiempo no es burocrático: es biológico. El tumor no espera la firma del contrato de adquisición ni el proceso de licitación.

La ley y la realidad

La radioterapia no es una opción secundaria ni un lujo tecnológico: forma parte del tratamiento estándar en más del 50% de los pacientes con cáncer. Reformar la ley para garantizar una atención oncológica integral es un paso necesario, pero absolutamente insuficiente si no viene acompañado de una inversión real, sostenida y verificable. El artículo 4° constitucional no puede cumplirse con decretos, sino con aceleradores lineales funcionando, con laboratorios de inmunohistoquímica en cada hospital de segundo y tercer nivel, y con oncólogos radioterapeutas en número adecuado a la carga de enfermedad del país.

Las señales de alarma están documentadas en revistas internacionales indexadas. Los números están publicados. Los pacientes esperan en filas reales, en ciudades reales, con tumores que no conocen de dilaciones institucionales. La pregunta que queda sobre la mesa no es si México tiene leyes de protección para el paciente oncológico. Las tiene. La pregunta es si existe voluntad política y presupuestal para honrarlas. ¿Usted qué piensa, estimado lector?

En los primeros meses de 2026, el encarecimiento de los Seguros de Gastos Médicos Mayores (SGMM) dejó de ser un tema técnico para convertirse en un problema cotidiano en los hogares mexicanos. No se trata de aumentos marginales: en pólizas individuales y familiares, las primas han subido entre 20 y 40%, mientras que en adultos mayores o en personas con enfermedades crónicas los incrementos pueden llegar hasta 60 o 75%. Para muchas familias de clase media, esto significa elegir entre seguir aseguradas o pagar la colegiatura, la hipoteca o el cuidado de otros integrantes del hogar.

El golpe no es homogéneo. Afecta con especial dureza a mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes viven con enfermedades crónicas, justamente quienes tienen mayor probabilidad de requerir hospitalización, cirugías o tratamientos de alta especialidad. Cuando la prima se vuelve impagable, estas personas pasan de tener acceso a atención privada oportuna a depender exclusivamente de servicios públicos ya saturados, con largas listas de espera y carencia recurrente de medicamentos.

Detrás de este encarecimiento hay dos fuerzas que se han combinado de manera explosiva. La primera es la inflación médica, que en México se ha mantenido sistemáticamente por encima de la inflación general y se proyecta entre 13 y 15 % anual, ubicando a nuestro país entre los de mayor aumento en costos de atención médica a nivel global. La segunda es un cambio fiscal introducido en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026: el artículo 25, fracción XIV, prohíbe a las aseguradoras acreditar el IVA que pagan en bienes y servicios utilizados para cumplir sus obligaciones de indemnización cuando éstas se realizan mediante reposición del bien o resarcimiento del daño a través de terceros, incluidos hospitales privados.

Hasta 2025, el IVA pagado por las aseguradoras al liquidar siniestros era acreditable contra el IVA que cobraban, de modo que el impuesto resultaba neutral en sus costos. Con la nueva redacción, el IVA se convierte en un costo definitivo que se traslada a las primas para mantener la solvencia y cumplir con los requerimientos prudenciales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la CNSF. Traducido al lenguaje ciudadano: un diseño fiscal pensado para cerrar espacios de controversia con las aseguradoras terminó convirtiéndose en gasolina sobre el fuego de la inflación médica.

El resultado es un efecto regresivo. Los hogares de mayores ingresos pueden absorber el aumento sin perder cobertura, pero las familias de ingreso medio —que ya destinaban una proporción considerable de su presupuesto a pagar el seguro— están siendo expulsadas del sistema privado. Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Salud recibe a una población creciente con recursos limitados, lo que eleva el riesgo de que una enfermedad grave se traduzca en gasto catastrófico y empobrecimiento.

El artículo 4 constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud y obliga al Estado a organizar un sistema que permita el acceso progresivo, sin discriminación y con protección financiera frente a la enfermedad. En ese ecosistema, los SGMM cumplen una función social relevante: reducen el gasto de bolsillo, ofrecen acceso a servicios de alta especialidad y evitan que más personas saturen aún más los servicios públicos. Castigar fiscalmente a quienes apuestan por asegurarse no solo es incoherente con esta lógica, sino que termina presionando aún más a un sistema público ya debilitado.

La respuesta no puede ser simplemente “que el mercado se ajuste”. Es legítimo que el Estado busque fortalecer la recaudación y corregir malas prácticas, pero no lo es que lo haga a costa de agravar la vulnerabilidad de quienes financian de su propio bolsillo una parte del sistema de salud. La discusión no es sobre una aseguradora contra Hacienda, sino sobre cómo logramos un equilibrio responsable entre la estabilidad fiscal y la protección de las personas.

Por ello presentamos una iniciativa que propone tres ejes de solución. El primero es flexibilizar el régimen de no acreditamiento del IVA exclusivamente para los seguros del ramo de salud y de gastos médicos, de manera que el impuesto recupere su neutralidad en este segmento y deje de ser un factor de presión al alza sobre las primas. Esta medida no abre un boquete general en la recaudación, sino que corrige un efecto indeseado en un producto con un claro impacto social.

El segundo eje consiste en fortalecer la deducibilidad de las primas de SGMM en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, mediante la creación de una fracción específica en el artículo 151 de la LISR que reconozca el carácter social de estos seguros. La propuesta establece un “bloque” de deducción propio para las primas de gastos médicos mayores, fuera del límite global de deducciones personales, sujeto a un techo razonable equivalente a cinco veces la unidad de medida de actualización (UMA) anual. De esta forma se alivia el esfuerzo de quienes pagan un seguro sin poner en riesgo las finanzas públicas.

El tercer eje es quizá el más olvidado en la conversación pública: la transparencia y la supervisión tarifaria. La iniciativa faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir metodologías claras sobre cómo deben formarse y ajustarse las primas, obligando a que se reflejen objetivamente la siniestralidad, los costos médicos y el efecto del tratamiento fiscal, y no sólo la búsqueda de márgenes más amplios. Además, obliga a las aseguradoras a informar anualmente a sus clientes, de forma clara y comprensible, qué factores explican los incrementos, desagregados por grupo de edad, tipo de cobertura y producto, con énfasis en evitar prácticas discriminatorias injustificadas contra adultos mayores y otros grupos vulnerables.

En síntesis, nuestra propuesta busca un pacto razonable: que el Estado mantenga su responsabilidad recaudatoria, que las aseguradoras sigan siendo solventes y que las familias no queden atrapadas entre la inflación médica y un diseño fiscal que encarece su acceso a la salud. La salud no puede convertirse en un lujo reservado para unos cuantos; es un derecho que exige reglas claras, decisiones fiscales cuidadosas y un compromiso real con la protección de las personas.

El Día Mundial de la Lepra 2026 celebrado el 25 de enero, brindó la oportunidad de que el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) revisara con el Sistema Nacional de Salud logros y retos para erradicar esta enfermedad causada por el Mycobacterium leprae, presentación a la que tuve acceso y les comparto mis reflexiones.

En México la lepra es poco frecuente, pero todavía endémica en buena parte del territorio, con transmisión activa que CENAPRECE aspira a cortar rumbo a la meta de “cero casos” en 2030. Entre 2019 y el cierre preliminar de 2025 la tasa de incidencia bajó de 0.145 a 0.060 casos por 100 mil habitantes, con una reducción de nuevos casos de 121 en 2023 a 79 en 2025, lo que suma un descenso del 98% en prevalencia desde 1989. Sin embargo, 24 entidades —tres de cada cuatro estados— notificaron casos nuevos en 2025, lo que revela que la lepra sigue dispersa y no confinada a “focos históricos” aislados. Guanajuato reportó 3 casos nuevos en 2024 y 2 en 2025.

En prevalencia se registraron 219 casos en tratamiento en 2024, con una tasa nacional de 0.017 por 10 mil habitantes y 7 estados concentrando 63% de la carga, mientras que solo 7 entidades ya no reportan casos en prevalencia. La paradoja mexicana es evidente: hemos ganado la batalla de las tasas, pero no hemos ganado aún la guerra de la transmisión ni del diagnóstico oportuno.

Cuando uno mira de cerca la ficha técnica y las cifras de CENAPRECE, aparece un dato que debería preocuparnos más de lo que aparece en los titulares: tres de cada cuatro casos nuevos en México ya son multibacilares. En 2025, de los 79 casos nuevos, 60 (76%) se clasificaron como multibacilares y solo 19 (24%) como paucibacilares; en prevalencia, 188 de 219 casos en tratamiento (86%) fueron multibacilares frente a 31 (14%) paucibacilares. En términos clínicos esto significa más lesiones, más nervios afectados, mayor carga de bacilos y, sin tratamiento, mayor potencial de transmisión y de discapacidad.

Operativamente, la lepra paucibacilar se define por pocas lesiones (una a cinco), compromiso nervioso limitado y baciloscopia negativa o escasa, mientras la multibacilar implica seis o más lesiones, troncos nerviosos múltiples y baciloscopia positiva. La consecuencia es directa: tratamientos más largos, mayor riesgo de reacciones y un desafío mayor para la red de servicios, que debe garantizar multidrogaterapia completa, seguimiento estrecho y rehabilitación temprana.

El lema internacional de 2026 “la lepra es curable, el verdadero reto es el estigma” dialoga directamente con el llamado de CENAPRECE: “¡Alcemos la voz, la lepra existe! Acabemos con ella… sin estigma ni discriminación”. En la práctica, estigma y subregistro van de la mano: el miedo a ser identificado reduce la demanda de consulta, limita la investigación de contactos y perpetúa la transmisión silenciosa, como lo reconoce el propio árbol de problemas nacional. México sin duda aporta otra lección al mundo, pues incluso con tratamientos gratuitos y esquemas efectivos para casos paucibacilares y multibacilares, una enfermedad no desaparece sin vigilancia sostenida, educación continua y decisión política de llegar a los territorios donde viven quienes casi nunca salen en las estadísticas. Si con honestidad el sistema nacional de salud quiere lograr bajo el liderazgo de CENAPRECE cero casos para el 2030, debe alzar la vista a países que ya lo han logrado.

En Europa, la lepra es hoy una enfermedad muy poco frecuente, pero formalmente de notificación obligatoria en la mayoría de los países, con sistemas que distinguen con cuidado casos autóctonos de importados. Entre 2015 y 2024 los casos nuevos anuales pasaron de 18 a 79, incremento explicado en buena medida por más países reportando y por la llegada de personas procedentes de zonas endémicas, no por transmisión local sostenida. En países como Reino Unido, España o Portugal no hay evidencia de transmisión autóctona en décadas, pero se insiste en mantener alerta clínica, estandarizar la notificación y mejorar las herramientas diagnósticas para no perder casos aislados. Esa “vigilancia de una rareza” descansa en tres pilares: registro nominal, clasificación detallada de cada caso y lectura crítica de las tendencias, reconociendo interrupción de transmisión sin bajar la guardia.

La Asociación Lazarena de México A.C. – https://www.sanlazaro.org/– está afiliada a la Orden Militar y Hospitalaria de Sal Lázaro. Inició en el año 1098, cuando los caballeros cristianos de Europa acudieron a rescatar los Santos Lugares en Jerusalén. Desde un principio, la orden instituyó hospitales para atender a personas aquejadas por la lepra, además de sus funciones militares. Esta Orden sigue activa y en nuestro país mantiene dos clínicas dermatológicas especializadas en atender a personas que han sido aquejadas por lepra, y que están ubicadas en Morelia, Mich. e Irapuato, Gto.

“El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres” Simone de Beauvoir

El día de hoy iniciamos la reunión parlamentaria sobre salud de las mujeres en Ginebra que ofrece una oportunidad estratégica para conectar la agenda global con los avances y las tareas pendientes sobre la salud de las mujeres. En esta columna propongo leer ese diálogo internacional como un espejo que nos obliga a revisar, con rigor, lo que hemos logrado y lo que aún falta para que las mexicanas ejerzan plenamente su derecho a la salud

De 19 al 21 de enero de 2026 celebraremos en Ginebra un programa de diálogo parlamentario sobre salud de las mujeres, convocado por UNITE y la Fundación Konrad Adenauer, que reunirá a legisladores de todo el mundo, organismos multilaterales y centros académicos. El objetivo central es construir estrategias políticas para mejorar los resultados en salud de las mujeres a partir de evidencia, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la gobernanza sanitaria

Los ejes temáticos del encuentro son particularmente relevantes para México: enfermedades no transmisibles y cáncer en mujeres, salud mental de mujeres y niñas, fortalecimiento de los sistemas de salud (acceso, calidad, datos) y promoción del liderazgo femenino en la toma de decisiones en salud. En todos estos frentes nuestro país ha avanzado en el plano normativo y programático, pero arrastra brechas que se expresan en desigualdad, rezagos y, en demasiados casos, sufrimiento evitable

México vive una transición epidemiológica en la que las enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y padecimientos respiratorios crónicos, que son ya una de las principales causas de muerte prematura y discapacidad. El Programa Sectorial de Salud 2025 2030 reconoce este cambio y fija como indicador estratégico la reducción de la probabilidad de muerte entre los 30 y 70 años por estas enfermedades, pasando de 15.05 en 2023 a 13.50 en 2030

En las mujeres esta carga es doblemente crítica por la suma de determinantes: desigualdades en el acceso, rezagos en salud sexual y reproductiva y barreras territoriales, culturales y económicas. La cobertura de mastografía en mujeres de 50 a 69 años se sitúa apenas en 20.2%, lejos del promedio de la OCDE, lo que se traduce en diagnósticos tardíos, mayor mortalidad y costos crecientes para las familias y el sistema

Frente a este panorama, la Ley General de Salud ya reconoce a las enfermedades no transmisibles, incluido el cáncer, como materia de salubridad general e incorpora obligaciones en prevención, detección oportuna, registro y control. Además, normas oficiales como la NOM 041 (cáncer de mama) y la NOM 014 (cáncer cervicouterino) son hoy instrumentos obligatorios que dan contenido operativo a ese mandato legal. El reto no es de ausencia normativa, sino de capacidad para llevar esas obligaciones con acceso efectivo a cada centro de salud, a cada comunidad y a cada mujer que necesita una detección a tiempo

La agenda de Ginebra incluye también la salud mental de mujeres y niñas, un campo donde se acumulan evidencias preocupantes y respuestas institucionales aún insuficientes. El Programa Sectorial documenta que 14.9% de la población presentó sintomatología depresiva moderada o severa en 2023 y que, en 2024, los diagnósticos atendidos fueron principalmente ansiedad (52.8%) y depresión (25.1), con mayor frecuencia en mujeres, adolescentes y jóvenes

En las adolescentes, el incremento de más de 600% en intentos suicidas desde 2006, acompañado de un aumento sostenido de la tasa de suicidio en mujeres de 10 a 19 años, revela la profundidad de la crisis. Detrás de estas cifras se encuentran determinantes claros como la violencia de género, sobrecarga de cuidados, precariedad laboral, pobreza y exclusión educativa, factores que el propio Programa reconoce, aunque sin desplegar aún una transversalización plena de la perspectiva de género

La Ley General de Salud, por su parte, ya incorpora un capítulo específico de salud mental, reconoce a las personas con trastornos mentales como sujetos de derechos y vincula expresamente salud mental con violencia, adicciones, conductas suicidas y entornos familiares. Este marco permite diseñar políticas diferenciadas para niñas, adolescentes y mujeres, pero todavía falta traducir esta habilitación jurídica en redes de servicios accesibles, detección temprana en escuelas y primer nivel de atención, y programas comunitarios que lleguen antes de la crisis.

Uno de los debates centrales en la reunión será el fortalecimiento de los sistemas de salud, con énfasis en acceso efectivo, calidad de la atención y uso estratégico de la información. México ha dado pasos importantes en estos tres frentes, articulados tanto en el Programa Sectorial 2025-2030 como en la reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Salud

En acceso, el Programa reconoce la fragmentación del sistema, los “desiertos de atención” y la saturación de unidades, y propone fortalecer la atención primaria, ampliar infraestructura, consolidar IMSS Bienestar y acercar servicios mediante unidades móviles, brigadas y telesalud. La reforma legal convierte estas orientaciones en obligaciones: crea redes integradas de servicios, establece el intercambio de servicios entre instituciones, impulsa el Plan Maestro de Infraestructura y da un marco completo a la telesalud y la salud digital

En calidad, la Ley refuerza la medicina basada en evidencia, la certificación de establecimientos y la existencia obligatoria de comités de bioética, ética en investigación y bioseguridad, con integración multidisciplinaria. Y en materia de datos, se consolidan la Base Nacional de Información en Salud y el Sistema Nacional de Información en Salud, con registros nominales, expediente clínico electrónico e interoperabilidad, concebidos como instrumentos para mejorar diagnósticos, tratamientos y gestión, no solo como ejercicio estadístico

Finalmente, la reunión en Ginebra subraya un aspecto que suele quedar en segundo plano: el liderazgo de las mujeres en la gobernanza del sector salud. El Programa Sectorial reconoce que, aunque las mujeres son mayoría en la fuerza laboral de salud, particularmente en enfermería, atención comunitaria y cuidados, su presencia disminuye drásticamente en los niveles directivos, órganos de decisión, investigación y definición de prioridades presupuestales

La Ley General de Salud se sustenta en el principio constitucional de igualdad y no discriminación y obliga a prestar servicios sin distinción por sexo o género, pero no establece aún medidas específicas para garantizar la participación paritaria en los órganos de gobierno del sistema. La consecuencia es clara: las mujeres aparecen prioritariamente como sujetas de atención, no como sujetas de poder, y eso limita la incorporación sistemática de la perspectiva de derechos y de género en la toma de decisiones

En este contexto, mi participación como parlamentario del Partido Accional Nacional de México en el diálogo parlamentario de Ginebra es una oportunidad doble. Por un lado, me permite compartir avances normativos recientes en acceso, calidad, datos y reconocimiento de las enfermedades crónicas, el cáncer y la salud mental de las mujeres como prioridades de salud pública. Por otro, obliga a mirar con honestidad las brechas internas, territoriales, socioeconómicas y de género, y a construir, con base en la evidencia, la siguiente generación de reformas: aquellas que conviertan los derechos en realidades medibles en la vida cotidiana de las mexicanas. Les mantendré informados.

” La dificultad no está en las ideas nuevas, sino en salir de las viejas” John Maynard Keynes

En el marco de la persistente crisis de abasto de medicamentos en México, el análisis recién publicado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) -que dirigen José Carlos Ferreyra y Enrique Martínez Moreno– sobre las prebases de la Compra Consolidada 2027-2028, disponible en la plataforma oficial discusion.salud.gob.mx, plantea un escenario alarmante.

Como diputado y salubrista, con base en documentos oficiales como los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y datos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), considero imperativo visibilizar cómo este “nuevo modelo” podría repetir los desatinos de los últimos seis años, vulnerando una vez más el derecho a la salud consagrado en el artículo 4° constitucional.

La Compra Consolidada 2027-2028 se perfila como la más ambiciosa en la historia del sector salud mexicano. Según las proyecciones de INEFAM, basadas en datos oficiales de la Secretaría de Salud, involucra 3,831 claves de insumos, 5,964 millones de piezas y un importe estimado de 485,695 millones de pesos.

Desagregado, los medicamentos representan 1,457 claves (38% del total), pero concentran 3,737.7 millones de piezas (63%) y 411,413 millones de pesos (85% del presupuesto). Los dispositivos médicos, con 2,374 claves (62%), suman 2,226.6 millones de piezas (37%) y 74,283 millones de pesos (15%). Esta concentración presupuestal en fármacos de alto valor unitario, como biotecnológicos y de patente, evidencia la vulnerabilidad del sistema: cualquier falla logística impacta desproporcionadamente en tratamientos para enfermedades crónicas como cáncer, VIH, hipertensión y diabetes.

El nuevo marco jurídico, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su reglamento de 2025, impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum, promete mayor competencia mediante subastas inversas, catálogos electrónicos y la Tienda Digital. Además, el Decreto de Inversión 2025 prioriza a la industria nacional con plantas productivas en México. Sin embargo, las prebases, publicadas en discusion.salud.gob.mx, mantienen elementos problemáticos del pasado.

Los contratos bienales exigen entregas escalonadas bajo el esquema DDP (Delivered Duty Paid) en cerca de 350 puntos en las 32 entidades federativas, con una primera entrega máxima del 5% anual antes del 31 de enero. Esto replica el modelo de la consolidada 2025-2026, que, según INEFAM, ha sufrido empalmes contractuales y ejecución deficiente.

Históricamente, desde 2019 con la autodenominada “cuarta transformación”, hemos presenciado seis modelos de compra en un sexenio, lo que ha desmantelado un sistema que hasta 2018, liderado por el IMSS, lograba abastos del 90% en instituciones como IMSS e ISSSTE, con más del 70% de piezas vía consolidada.

Datos del Mapa del Desabasto de INEFAM muestran una reducción del 30% en volumen de piezas entre 2019-2023, mientras los importes subieron más del 20%, es decir, se compra menos pero se paga más. La ASF documenta que en 2021, bajo UNOPS e INSABI, el 50% de claves quedaron desiertas y solo se entregó un tercio de lo contratado. Colectivos como Cero Desabasto reportan 82 millones de recetas no surtidas en ese periodo. En 2025, al cierre de octubre, se registra una caída del 16.2% en piezas y 10.8% en valor versus 2024.

El rol ampliado de BIRMEX como integrador logístico, operador y posible pagador único genera incertidumbre. La ASF revela que su capacidad de distribución se redujo a la mitad: las instituciones requieren 150 millones de piezas mensuales óptimas, pero BIRMEX promedia 80 millones, con mínimos de 50 millones, agravado por la integración del OPD IMSS-Bienestar. En su primera consolidada (2024), falló en suministrar esenciales para cáncer y VIH, según reportes periodísticos basados en datos oficiales. Además, morosidades de 8-12 meses desde 2020, vinculadas a INSABI, IMSS-Bienestar y BIRMEX, erosionan la confianza de proveedores. Las prebases no detallan garantías de pago ni sanciones al Estado por incumplimientos, enfocándose solo en penalizaciones a proveedores.

Esta concentración en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud como “cerebro” y BIRMEX como “brazo” ignora lecciones de opacidad: en 2022, según el IMCO, solo el 10% del monto se licitó públicamente, prevaleciendo adjudicaciones directas. El énfasis en producción nacional, aunque laudable, podría crear cuellos de botella en terapias donde la capacidad local es limitada, agravando desabastos en biotecnológicos.

A la luz de estos pronósticos, el derecho a la salud está en riesgo. La Constitución obliga al Estado a garantizar acceso oportuno a insumos, pero repetidos cambios institucionales y fallas logísticas han incrementado el gasto por paciente en crónicos, forzando a familias a endeudarse. Sin planeación anticipada real, capacidad técnica reforzada y rendición de cuentas ex post (comparando adjudicado vs. entregado), la consolidada 2027-2028 podría repetir el laberinto citado por Enrique Martínez: desabasto persistente, mayor opacidad y vulneración de derechos.

Es urgente una evaluación independiente y periódica, incorporando voces de industria, logística y pacientes en la discusión de prebases. Como legislador, insto a reformas que incluyan mecanismos de corresponsabilidad: sanciones al Estado por pagos tardíos y cambios unilaterales. Solo así transformaremos promesas en abasto efectivo. De lo contrario, en 2027-2028, millones de mexicanos podrían enfrentar, otra vez, la incertidumbre de no recibir sus medicamentos a tiempo.

A medida que 2025 se despide, el balance de la salud global es incómodo: menos cooperación multilateral, más gasto militar, más tensiones geopolíticas y menos consenso alrededor de la idea básica de que la salud es seguridad. En ese contexto, la red parlamentaria UNITE – https://www.unitenetwork.org/- insiste en un mensaje que debería importarle a cualquier hacedor de política económica: invertir en salud no es un gesto filantrópico, es una decisión estratégica para la estabilidad y la paz.

2025 ha sido un año difícil, pero no perdido. El mensaje de fin de año de Guilherme Duarte, director ejecutivo de UNITE, parte de esa tensión entre retroceso y avances. Señala cómo 2025 estuvo marcado por la presión presupuestal sobre los sistemas de salud y el desplazamiento de recursos desde la cooperación internacional hacia la defensa, justo cuando la pandemia dejó claro que la siguiente crisis sanitaria puede desbordar fronteras y mercados en cuestión de semanas.

Aun así, hubo hitos históricos: la aprobación del nuevo Acuerdo Pandémico de la OMS, en cuya negociación UNITE participó como actor relevante, la reposición del Fondo Mundial por 11.34 mil millones de dólares para VIH, tuberculosis y malaria, y una nueva Declaración de la ONU sobre enfermedades no transmisibles y salud mental. Son recordatorios de que, incluso en un mundo fragmentado, todavía existe una mayoría de países dispuesta a defender una visión compartida de la salud como bien público global.

Parlamento, de foro político a infraestructura de salud. Dentro de la propia red, 2025 fue un año de expansión: casi 50 nuevos parlamentarios de 16 países se sumaron a UNITE, lo que refuerza su capacidad de influir en la agenda sanitaria global desde los congresos nacionales. Destaca el lanzamiento de un “escritorio de políticas” en salud mental en el marco de la Asamblea General de la ONU, que ya articula a legisladores de países africanos de lengua portuguesa para traducir evidencia en leyes y presupuestos.

La renovación del Consejo Global de UNITE también envía una señal política: se mantiene una representación equilibrada por regiones, incluyendo la silla para América Latina y el Caribe presidida para el periodo 2026-7 por este escribidor, y se refuerza la presencia de voces de Europa, África, Asia, Norteamérica y Medio Oriente. En un momento de repliegue multilateral, ver a parlamentarios de Angola, Egipto, México, Zimbabue, Canadá, India, Portugal o Filipinas compartir una mesa de decisiones en salud es un contrapeso valioso al nacionalismo sanitario.

Manila 2026 servirá para tender puentes en tiempos de brechas. El siguiente gran capítulo se escribirá el 6 y 7 de marzo de 2026 en Manila, sede del UNITE Global Summit bajo el lema “Bridging the Health Divide: Political Courage to Invest”. El encuentro, coorganizado con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), aspira a colocar la inversión en salud al más alto nivel político, no como costo sino como palanca de productividad, cohesión social y mitigación de riesgos.

Manila no es una elección simbólica: Asia es hoy epicentro de crecimiento económico, innovación tecnológica y nuevas formas de cooperación Sur‑Sur en salud. La capital filipina, descrita por UNITE como un cruce de culturas, sociedad civil vibrante y fuerte institucionalidad financiera y de gobernanza, ofrecerá el marco para discutir desde sistemas de salud sostenibles hasta el papel de los bancos de desarrollo en el financiamiento sanitario.

Un laboratorio político para la próxima década será el formato del Summit 2026 que va más allá del congreso tradicional, habrá investigaciones parlamentarias guiadas por expertos, talleres de política para redactar lineamientos legislativos concretos y mesas redondas interregionales donde cada bloque del mundo discuta los mismos problemas desde realidades distintas. Se suman espacios innovadores como el “Salu‑Salo Exchange”, diálogos informales inspirados en la idea filipina de intercambio abierto y horizontal, pensados para que las buenas ideas no se queden en discursos, sino en redes de colaboración.

La agenda temática anticipada es un mapa de los riesgos que marcarán la economía política de la salud: inteligencia artificial y salud digital, resistencia antimicrobiana, género y salud, así como el cruce entre crisis climática y vulnerabilidad sanitaria. Todo ello con la presencia de alrededor de 100 parlamentarios, expertos, agencias multilaterales, banca de desarrollo, sociedad civil y sector privado, convocados bajo reglas de Chatham House para permitir conversaciones francas, lejos del micrófono pero cerca de la toma de decisiones.

Guilherme Duarte cierra con un reconocimiento explícito al papel de los parlamentos en el mundo, defender derechos humanos, proteger el acceso a la atención médica y asegurar que los más vulnerables no queden atrás. En un mundo donde el consenso global se resquebraja, la apuesta es que el liderazgo parlamentario –más cercano a la ciudadanía y a los presupuestos– puede ser el punto de apoyo para una nueva ola de inversión en salud.

Para países como México, el mensaje es especialmente pertinente, la discusión sobre gasto público no puede seguir separando “salud” de “economía”. La pregunta para 2026 no es si podemos darnos el lujo de invertir más en salud, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo. El Summit de Manila será, en buena medida, un termómetro de si existe la valentía política para cerrar esa brecha. Extiendo la invitación a todas y todos los parlamentarios del país para acudir a Manila y coadyuvar a la Salud Global del País, la región y el Mundo.

Estimados lectores, hago propicia la ocasión para desearles un feliz, próspero y, sobre todo !Saludable 2026!.

La Secretaría de Salud de Chiapas el pasado 18 de diciembre acaba de emitir un oficio que debería encender todas las alarmas sanitarias del país. Con 45 casos confirmados de sarampión en apenas 24 horas y 64 acumulados en la entidad, las autoridades estatales “exhortan” a los 124 municipios chiapanecos a suspender eventos masivos durante la temporada invernal. La medida, que abarca del 21 de diciembre de 2025 al 20 de marzo de 2026, incluye la cancelación de posadas, ferias, desfiles y celebraciones religiosas—justo en la época de mayor convivencia social del año.

Pero más allá del impacto inmediato en la vida comunitaria y la economía local, este oficio revela una crisis sistémica que México arrastra desde hace casi dos décadas: la incapacidad del Estado para garantizar coberturas de vacunación que protejan a su población de enfermedades completamente prevenibles.

Los números que delatan el fracaso. A nivel nacional, la situación es alarmante. Al 19 de diciembre de 2025, México acumula 5,860 casos confirmados de sarampión y 24 defunciones. El país se ha convertido en el líder regional del brote, superando a Canadá (5,298 casos) y Estados Unidos (1,958 casos). De los 13,399 casos reportados en todo el continente americano, México representa el 40.8%.

La distribución geográfica es preocupante: 29 estados y 196 municipios presentan casos confirmados. Chihuahua encabeza la lista con 4,473 casos y una tasa de incidencia de 113 por cada 100,000 habitantes, seguido de Jalisco con 462 casos. Pero Chiapas, con su reciente explosión de 45 casos en un día, demuestra que el virus circula activamente en regiones donde las poblaciones indígenas y rurales tienen acceso limitado a servicios de salud como San Cristobal, Tuxtla Gutiérrez, Chamula y Comitán por citar algunos referidos por el Dr. Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de Chiapas.

El grupo más vulnerable es el de niños de 0 a 4 años, que concentra 1,502 casos y presenta la mayor tasa de incidencia: 14.44 por cada 100,000 habitantes. Y aquí está el dato demoledor: el 97% de los afectados no estaban vacunados.

Un año de campaña, una década de rezago. Las autoridades federales han repetido que desde febrero de 2025, cuando se confirmó el primer caso en Chihuahua, México desplegó una respuesta “histórica”: más de 8.8 millones de dosis aplicadas hasta octubre, adquisición de 96 millones de biológicos con una inversión superior a $15,000 millones de pesos, y la ampliación de la vacunación hasta los 49 años de edad.

Sin embargo, tras casi un año de campaña intensiva, la cobertura nacional apenas alcanza el 81-87%, muy por debajo del 95% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establecen como mínimo indispensable para lograr inmunidad de rebaño.

Regreso de nuevo a Chiapas estimados lectores con el lenguaje ambiguo del “exhorto” . El oficio circular IS/DSP/APS/01783/2025 firmado por el Dr. Omar Gómez Cruz, Secretario de Salud de Chiapas, emplea el término “exhorto” para solicitar a las autoridades municipales la suspensión de eventos masivos. En el lenguaje común, exhortar significa pedir o solicitar. En el derecho procesal, un exhorto es una solicitud formal entre jueces de igual jerarquía para practicar diligencias fuera de su jurisdicción. Pero cuando una autoridad sanitaria estatal se dirige a autoridades municipales en materia de salubridad general, que es competencia federal y estatal compartida según la Ley General de Salud (Art. 3, fracción XVII), no debería “exhortar”, debería ordenar.

El artículo 4 de la Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias incluyen al Presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud federal y los gobiernos de las entidades federativas. El artículo 134 específicamente lista al sarampión entre las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica obligatoria. Y el artículo 135 faculta a la Secretaría de Salud para elaborar “programas o campañas temporales o permanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles”.

El artículo 140 es aún más claro: “Las autoridades no sanitarias cooperarán en el ejercicio de la acción para combatir las enfermedades transmisibles, estableciendo las medidas que estimen necesarias, sin contravenir las disposiciones de esta Ley, las que expida el Consejo de Salubridad General y las Normas Oficiales Mexicanas”. En otras palabras: las autoridades municipales están obligadas a acatar las medidas sanitarias. No es opcional. No es un favor. Es ley.

El uso del término “exhorto” diluye el carácter vinculante de la medida y refleja una debilidad institucional preocupante: las autoridades estatales no ejercen plenamente su autoridad legal. ¿Por qué? Quizá por temor político, por falta de respaldo federal, o por la ausencia del actor que verdaderamente debería estar al frente de esta crisis.

El Consejo de Salubridad General es hoy el gran ausente. El oficio chiapaneco cita como fundamento legal el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y diversos artículos de la Ley General de Salud, pero omite mencionar al órgano que constitucionalmente tiene el poder para hacer obligatorias sus disposiciones en todo el país: el Consejo de Salubridad General (CSG).

El CSG es un órgano constitucional (Art. 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) que depende directamente del Presidente de la República. Es la segunda autoridad sanitaria del país, precedido únicamente por el titular del Ejecutivo Federal. Sus disposiciones son de observancia obligatoria en todo el territorio nacional.

Entre sus atribuciones está “dictar medidas contra el alcoholismo, venta y producción de substancias tóxicas, así como las que tengan por objeto prevenir y combatir los efectos nocivos”, “adicionar las listas de establecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias”, y “rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud”.

¿Dónde está el CSG en esta crisis? No hay constancia pública de que haya emitido un acuerdo declarando al sarampión como emergencia sanitaria nacional. No hay disposiciones obligatorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La estrategia ha quedado fragmentada entre la Secretaría de Salud federal y las secretarías estatales, cada una “exhortando” en lugar de ordenando.

La infrautilización del CSG es un error estratégico. Si el órgano de mayor jerarquía sanitaria del país hubiera declarado formalmente la emergencia y emitido disposiciones vinculantes, como la suspensión de eventos masivos en todo el territorio nacional, la obligatoriedad de actualizar esquemas de vacunación, o sanciones para autoridades omisas, el mensaje sería claro: esto no es negociable. Es salubridad general. Es ley.

Volvamos al oficio de Chiapas. La suspensión de eventos masivos del 21 de diciembre al 20 de marzo es una medida epidemiológicamente justificada: el sarampión se transmite con extrema facilidad por vía respiratoria, el virus puede sobrevivir en gotículas en el aire hasta dos horas, y una persona infectada es contagiosa desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema. En climas templados, el sarampión es más frecuente en invierno y principios de primavera.

Pero la medida es tardía. El brote comenzó en febrero de 2025, hace casi 11 meses. ¿Por qué no se implementaron restricciones preventivas en los estados más afectados desde marzo o abril, cuando el virus ya circulaba activamente? ¿Por qué esperar a que Chiapas acumule 64 casos, con 45 en un solo día, para actuar?

La respuesta, nuevamente, apunta a la falta de coordinación federal-estatal-municipal. Chihuahua tuvo 4,473 casos—el epicentro del brote—y no hay registro de medidas similares de suspensión de eventos masivos a esa escala. Jalisco, con 462 casos, tampoco. Cada estado actúa reactivamente cuando el virus ya está desbordado en su territorio.

Además, la suspensión de eventos tiene un costo socioeconómico significativo. Las posadas, ferias decembrinas y celebraciones religiosas son fuentes de ingreso para comerciantes, artesanos y prestadores de servicios en comunidades donde la economía informal es predominante. Cancelarlas es necesario, pero debió haberse evitado con una estrategia preventiva robusta desde hace meses.

¿Y la vacunación? Es la medida correcta, pero llega con dos décadas de retraso. El déficit de 22.5 millones de dosis no aplicadas entre 2006 y 2024 no se resuelve en un año. La cobertura actual del 81-87% es insuficiente. México necesita alcanzar y mantener el 95% durante años para reconstruir la inmunidad de rebaño que dejó erosionarse.

Las acciones propuesta como vigilancia epidemiológica, protocolos de aislamiento, campañas de información, son estándar y necesarias. Pero son reactivas. México está apagando incendios en lugar de prevenir que se enciendan. No basta con “exhortar”. No basta con aplicar millones de dosis si la cobertura sigue siendo insuficiente. No basta con declaraciones optimistas si cada día se confirman casos nuevos.

Ahora quiero resaltar que la población debe hacer su parte: actualizar cartillas de vacunación, vacunarse, vacunar a sus hijos, acudir a las unidades de salud ante el menor síntoma. Pero el Estado tiene una responsabilidad mayor: garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud con un sistema que funcione.

El brote de sarampión de 2025 no es una fatalidad. Es el resultado predecible de dos décadas de subinversión, descoordinación institucional y falta de voluntad política para priorizar la prevención. Las autoridades no pueden seguir reaccionando tarde con medidas insuficientes. El costo, medido en vidas, en economía y en credibilidad institucional es demasiado alto.

Es tiempo de pasar del “exhorto” a la acción decisiva. Es tiempo de que el Consejo de Salubridad General asuma su rol constitucional. Es tiempo de modernizar el sistema de información en salud. Es tiempo de invertir en prevención. Y es tiempo de entender que las enfermedades con externalidades, como el sarampión, requieren respuestas de salubridad general coordinadas, obligatorias y basadas en evidencia.

El Tratado de Pandemias de la OMS nos recuerda que “el mundo es hoy más seguro gracias al liderazgo, la colaboración y el compromiso”. México necesita aplicar esa lección a nivel nacional. Antes de que sea demasiado tarde

Bibliografía:

[1] Informe Diario del Brote de Sarampión en México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1044143/INFORME_DIARIO_SARAMPION_20251219.pdf