El nuevo ciclo electoral latinoamericano: elecciones legitimidad y futuro democrático, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE) y celebrada del 10 al 13 de noviembre, en Hermosillo, Sonora. Pero ¿Cómo se relaciona el Estado Abierto con el derecho de acceso a la información pública y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos?

Un Estado Abierto implica que  todos los actores (gobiernos,  parlamentos,  cortes de justicia, organismos de control público u otras instituciones estatales o paraestatales) expresen y tengan la voluntad y disposición de dar apertura a sus repositorios de datos, el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las  políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, el  control de la  gestión pública por parte de la ciudadanía, como lo planteó el Dr. Oscar Oszlak hace casi una década (Oszlak, 2017).

Consecuentemente, si todos los actores más que voluntad tienen la obligación de apertura de datos e información; el acceso a la información pública se convierte en un derecho de la ciudadanía para que pueda participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado, donde la democracia no solo implique “el poder del pueblo” o que la “soberanía resida en el pueblo”, sino la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones (Real Academia Española, 2020).

En este tenor, la ciudadanía participaría en la deliberación de los asuntos públicos de las polis; es decir, del Estado  (Aristóteles, 1988) y, por tanto, en la toma de decisiones desde la formulación, implementación, ejecución y supervisión de las políticas públicas.

El problema del asunto es que en México aún no tenemos la figura de “Estado Abierto” a rango de la Constitución federal. Solo la entidad federativa de Quintana Roo lo regula y define el “Estado Abierto” con una mayor extensión conformada por “Parlamento Abierto, Gobierno Abierto y Justicia Abierta, mismo que deberá regirse bajo los principios de transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración e innovación”, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

En este contexto de la democracia semidirecta surge la figura de Gobierno Abierto y, consecuentemente, de Parlamento Abierto. Ambas instituciones, al igual que otras figuras como Justicia Abierta (JA), Ayuntamiento Abierto (AA), y Organismo Público Abierto (OPA) están establecidas en las constituciones estatales. Para muestra basta un botón:

1. El Gobierno Abierto esta signado en 7 entidades federativas: Baja California ( 7, Apartado C); Ciudad de México (Arts. 21; 32, C-n; 33 y 60-1); Guanajuato (Art. 36); Jalisco (Arts. Art. 9, Frac. II; y,11, B-I); Morelos (Art. 19, Frac. XIV); Quintana Roo ((Art. 49); y Tamaulipas (Art. 4);
2. La institución de Parlamento Abierto regulado en 11 constituciones estatales: Aguascalientes (Art. 15), Chihuahua ( 40 Bis), Ciudad de México (Art. 29), Guanajuato (Art. 36), Jalisco (Arts. 11, B-II; y, 117 Bis, Frac. VI), Morelos (Art. 19, Frac. IX), Oaxaca (Art. 31), Querétaro (Art. 13), Quintana Roo (Art. 49), Sinaloa (Art. 22) y Sonora (Art. 29).
3. La Justicia Abierta normada 3 estados: Guanajuato (Art. 36); Jalisco (11, B-III); y, Quintana Roo (Art. 49);
4. El Ayuntamiento Abierto o Alcaldía Abierta regulado en 6 entidades federativas: Ciudad de México (Art.26, A-2; 53-11); Guanajuato (Art.117); Jalisco ( 9, Frac. II; y,11, A-XII); Morelos (Art. 19, Frac. VIII); Querétaro (Art.35); y, Quintana Roo (Art. 133); y,
5. Las figuras de Organismo Público Abierto como Estado Abierto están regulados solo en la Constitución de Quintana Roo, respectivamente, en los artículos 51 Bis; y, en 21, Frac. VIII; y

El concepto de “Estado Abierto” con la categoría del “acceso a la información pública” están estrechamente vinculadas, en virtud de que esta última es un derecho humano que comprende “solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información” de los sujetos obligados por ley; sin embargo, este derecho humano de “acceso a la información” resulta nulo sino se garantizan los mecanismos de participación ciudadana

En este tenor, resulta oportuno reflexionar sobre la importancia de contar con una Ley General de Participación Ciudadana –a la par de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública– que, regule todos los mecanismos de participación que actualmente se encuentran dispersos a nivel nacional y estatal, con el propósito de homologar criterios en los distintos órdenes de gobierno y propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para contribuir a la consolidación de la democracia y promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en el diseño, implementación, ejecución y supervisión de políticas públicas. Aunado a ello, cabe preguntar: ¿Cómo definir la visión, los principios, las prioridades y los mecanismos de gobernanza e implementación de la Nueva Política de Estado Abierto en nuestro país y, particularmente, en el estado de Guanajuato?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas.

Ustedes tienen la palabra.

El pasado 3 de noviembre en los Estados Unidos se llevaron a cabo elecciones intermedias para renovar la totalidad de los escaños (435) de la Cámara de Representantes, 35 –de un total del 100– del Senado y 36 gubernaturas –de un total de 50–, aunque también hubo votaciones para elegir legisladores estatales y otras autoridades locales.

Hasta antes de los resultados electorales, la correlación de fuerzas favorecía al Partido Republicano con 218 y 53 escaños, respectivamente, en la Cámara de Representantes y Senado.

Derivado de los resultados de estos comicios electorales, el Partido Demócrata tendrá la mayoría en el Poder Legislativo: 54 curules en el Senado y más de 230 escaños en la Cámara de Representantes.

Esta nueva correlación de fuerzas le permitirá al Partido Demócrata tener un control legislativo y, en consecuencia, dictar la agenda legislativa, frenar las iniciativas republicanas y abrir investigaciones parlamentarias; mayor supervisión sobre la política exterior y comercial de Trump (política arancelaria), especialmente en relación con México y América Latina; mejorar la situación económica y las negociaciones comerciales con México y Canadá.

Hacemos votos porque así sea.

Con el surgimiento de la corriente democrática en las entrañas del llamado “partido oficial” en el año de 1986, que demandaba la democratización de los procesos de selección de candidatos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las resistencias al cambio, vino la ruptura de quienes integraban esta expresión política, entre los que destacan: Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenie Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas,

Una vez consumada la escisión de la corriente democrática al interior del PRI, se perfilo la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas rumbo a la sucesión presidencial de 1988 al ser abanderado por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Popular Socialista (PPS) y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), quienes junto con otras organizaciones políticas, sociales y civiles integrarían el Frente Democrático Nacional (FDN), el 12 de enero de 1988, coalición electoral que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República.

A partir de la institucionalidad del FDN, el movimiento creció como una “bola de nieve” al sumarse un mayor número de simpatizantes y adeptos a la candidatura presidencial de Cárdenas. Pero, el factor sorpresa, un mes antes de las elecciones, fue la declinación de la candidatura presidencial del ingeniero Heberto Castillo a favor de Cárdenas. Circunstancia de tiempo y modo, que puso en “jaque” al sistema político mexicano; a tal grado, que propicio la “caída” del sistema electoral el 6 de julio de 1988.

Derivado de estas elecciones federales, caracterizadas como “fraudulentas”, el movimiento político continúo dando paso a la constitución de un nuevo partido: el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

No obstante, con el deceso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, último sobreviviente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), desaparece el vínculo vivo del nacionalismo revolucionario de su padre (Lázaro Cárdenas), la oposición democrática que nació dentro del PRI y la izquierda electoral que propició la transición hacia la democracia.

Descanse en paz ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

El ámbito jurídico, no es la excepción. En este tenor, cabe reflexionar: ¿Los “abogados de silicio” remplazarán a los abogados humanos, es decir, la IA sustituirá a los abogados? ¿La justicia se automatizará? ¿Cuáles son los riesgos éticos, políticos y constitucionales? ¿Debe regularse la IA?

Estas preguntas y otras inquietudes se plantearon en el taller, denominado, “¿Abogados de silicio? Desafíos éticos y prácticos de la inteligencia artificial en el mundo jurídico”, donde estudiantes de derecho, criminología, políticas públicas y gobernanza reflexionaron y pusieron en práctica el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en la elaboración de textos normativos, a partir de las racionalidades legislativas; como preámbulo a la celebración del Congreso Internacional sobre Movilidad Humana: Diálogos desde el Derecho, la Criminología y las Políticas Públicas, en la Universidad La Salle Bajío, que se lleva a cabo del 27 al 29 de octubre.

A mediados de los años 90´s del siglo XX, Jeremy Rifkin, en el libro «El fin del trabajo» planteó que la automatización, la informática y las telecomunicaciones están destruyendo más empleos de los que son capaces de crear, marcando el declive de la fuerza laboral tradicional. Apoco más de tres décadas de este planteamiento, se observa que las innovaciones tecnocientíficas avanzan aceleradamente y requieren cada vez menos de la intervención humana.

Ante estas tendencias, en el taller se reconoció que el término “abogados de silicio” –como metáfora– sintetiza la tensión entre la práctica jurídica tradicional y la irrupción de la inteligencia artificial en el derecho. Sin embargo, se sostuvo que los “abogados de silicio” (IA aplicada al derecho) complementan, pero no sustituyen a los abogados humanos y que debemos aprovechar las IA´s como herramientas emergentes al servicio de las personas, fundamentalmente, por su velocidad y procesamiento de datos. Además, que debe regularse el uso de la IA.

En suma, los estudiosos del derecho y juristas en ejercicio de su profesión son insustituibles en los criterios de justicia, ética, deliberación y representación en los tribunales.

Hacemos votos porque así sea.

Enhorabuena.

A manera de ilustrar y dar una respuesta tentativa a estas preguntas y otras inquietudes se presentó la ponencia, Aplicación y verificación de datos de las inteligencias artificiales (IAs) en la integración de las administraciones públicas centralizadas de los gobiernos federal, estatal y municipal conforme al principio de paridad de género de 2024-2027, que se circunscribe en el eje temático VI, denominado, Inteligencia artificial, gobernanza y procesos democráticos en el marco del Primer Congreso Internacional Democracias en transformación: crisis, adaptaciones y nuevos equilibrios, que se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre en la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Con este propósito, se formuló un “prompt”, que es una instrucción o pregunta escrita que se le da a un modelo de Inteligencia Artificial para que realice una tarea específica. En nuestro caso utilizamos la IA Claude– a efecto de identificar el principio de paridad de género mediante el uso de las aplicaciones de algoritmos de IA en las administraciones públicas centralizadas de los gobiernos en comento.  El “prompt” fue el siguiente:

Como experto en paridad de género y considerando que los artículos 41º y 115 de la Constitución federal establecen que las administraciones públicas tanto federal como estatales y municipales para su integración deben aplicar el principio de paridad de género, contesta: ¿existe paridad de género en la integración de la administración pública centralizada del gobierno federal, en la administración pública centralizada del gobierno del estado de Guanajuato y en la administración pública centralizada del gobierno municipal de León? Señala nombres de los titulares y su género por secretaria de despacho; así como la citación vinculada con las fuentes consultadas.

Para muestra basta un botón:

En la Administración Pública Federal Centralizada se observan los siguientes resultados: la IA acierta en la mayoría de las denominaciones de las secretarías de despacho y personas titulares, salvo en las secretarías de Bienestar y de las Mujeres, donde maneja todavía los nombres de Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora, respectivamente, como titulares; así como en la titular de la consejería jurídica al considerar a Esthela Damián cuando la actual es Luisa María Alcalde Luján; yerra en la denominación de la Secretaría de la Función Pública debido a que este cambio a Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También omite la denominación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la titular Edna Elena Vega Rangel.

En suma, estos errores u omisiones que comenten las IA’s se deben a sus programadores y desarrolladores que las alimentan. Circunstancias que nos obligan como usuarios de estas herramientas disruptivas a cotejar y verificar los datos e información que nos proporcionan. También a replantear modelos pedagógicos para que los estudiantes que las utilicen no atrofien su racionalidad, como lo diría Giovanni Sartori, al advertir sobre la transición del homo sapiens (hombre que piensa) al homo videns (hombre que ve). Este es el reto.

Ustedes tienen la palabra.

Los especialistas Mustafa Suleyman y Michael Bhaskar hacen mención de tres tipos de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial (IA), inteligencia artificial general (IAG) e inteligencia artificial capaz (IAC), las cuales las definen de la siguiente manera: la IA “es la ciencia que enseña a las máquinas a aprender habilidades humanas, mientras que la inteligencia artificial general es el punto en que la IA puede llevar a cabo todas las habilidades cognitivas humanas mejor que los seres humanos más inteligentes. La inteligencia artificial capaz, por su parte, es un punto intermedio entre la IA y la IAG en el que estos sistemas pueden realizar una amplia gama de tareas, pero están lejos de ser totalmente generales.” (Suleyman & Bhaskar, 2024)

A partir de estas diferencias conceptuales de IA habrá que precisar que, el conocimiento es la aprehensión o apropiación intelectual de la realidad (Emmerich, 1997, pág. 25), e interpretar los elementos esenciales de la realidad, tanto el sujeto cognoscente (persona) como el objeto de conocimiento (Inteligencia Artificial) y la relación entre ambos. Con estos elementos, se debe de entender la realidad como la capacidad cognitiva que tiene toda persona (sujeto), es decir, la realidad es subjetiva porque está determinada por el conocimiento que tienen los seres humanos. Atendiendo a los modelos del proceso de conocimiento y derivado de las distinciones anteriores, se podría inferir que:

1. La inteligencia artificial como objeto de conocimiento es pasiva porque aprende de las habilidades humanas, es decir, el sujeto de conocimiento es activo porque tiene ideas previas que le indican que buscar, que conocimientos le resultan importantes y necesarios, propios del modelo de conocimiento idealista simple;
2. En cambio, la inteligencia artificial general es un objeto de conocimiento activo porque puede llevar a cabo todas las habilidades cognitivas humanas de manera más eficiente que las personas, en donde el objeto actúa sobre el aparato perceptivo del sujeto, correspondiente a un modelo de cocimiento realista ingenuo o teoría del reflejo; y
3. En la inteligencia artificial capaz, tanto el sujeto como el objeto de conocimiento son activos, bajo un modelo idealista trascendental, en donde el sujeto tiene categorías a priori y organiza sus percepciones, y el objeto existe en la realidad por sus manifestaciones, no por lo que es.

Tomando en consideración estas diferencias, se infiere que bajo la “teoría del reflejo” la inteligencia artificial general como objeto de conocimiento es activo y, consecuentemente, puede actuar sobre el aparato perceptivo de las personas porque puede llevar a cabo todas las habilidades cognitivas humanas de manera más eficiente; así lo confirma, el algoritmo denominado Deep Q Network (DQN por sus siglas, que se traduce como Red Q profunda) que alcanzó niveles de rendimiento sobrehumanos y aprendió a descubrir una estrategia inteligente. (Suleyman & Bhaskar, 2024, pág. 62).

Sin menoscabo de los beneficios y bondades que tienen las tecnologías, no se debe soslayar la advertencia de Suleyman y Bhaskar: La inteligencia artificial permitiría crear sistemas que escapasen a nuestro control y pasaríamos a estar a merced de algoritmos que no entendemos. La biotecnología, por su parte, posibilitaría la manipulación de los componentes básicos de la vida, lo que podría tener consecuencias imprevistas tanto para las personas como para ecosistemas enteros (Suleyman & Bhaskar, 2024, pág. 11).

Tampoco debemos ignorar la afirmación de Yuval Noah Harari, que a la letra dice: nos afanamos en la creación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), que tienen el potencial de escapar de nuestro control y de esclavizarnos o aniquilarnos. (Noah, 2024, pág. 11)

Ante estas advertencias y “la ola que viene”, cabe preguntar: ¿debe regularse la IA en México? Antes de contestar esta cuestión habrá que afirmar que las IA´s no pueden explicarse sin el impacto que han tenido las innovaciones tecnocientíficas en el devenir de la historia, particularmente, en las transiciones de las sociedades de orales a las sociedades escriturales; y de estas, a las sociedades digitales, las cuales se circunscriben en la llamada Sociedad de la Información y Conocimiento (SIC) en el marco de la Cuarta Revolución Industrial (4.0), caracterizada por el surgimiento de estas tecnologías disruptivas y emergentes que se utilizan en diversos ámbitos de nuestra vida cotidiana; y que los procesos democráticos están en función de la forma de gobierno que hemos tenido desde las Ciudades-Estados pasando por  Comunidad Universal y la transiciones del Estado-Nación y Estado Regional. Fundamentalmente, cómo el principio teórico de la división de funciones y, posteriormente, de la división de poderes signado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, influyó para que diversas constituciones el mundo establecieron la división tripartita (ejecutivo, legislativo y judicial) para el ejercicio del Público y, consecuentemente, cambio el paradigma de los procesos democráticos. La Nueva España y, posteriormente, el México independiente no fueron ajenos a esta tendencia; así lo confirman el influjo de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812 y la Constitución Federal de 1824 en la transición de provincias a estados, división de poderes y construcción del poder legislativo debido que las primeras legislaturas estatales constituyentes van a “parir” e instituir a los poderes ejecutivo y judicial y, consecuentemente, crear la división de poderes en los estados.

En este contexto, se desprenden varias líneas de investigación o asignaturas pendientes: ¿Cómo fue la relación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los estados antes de promulgar su primera constitución política? ¿La elección o designación de los poderes ejecutivos a cargo de los diputados que integraron las primeras legislaturas estatales constituyentes tienen rasgos de corte parlamentario? ¿por qué se optó por un sistema presidencial y no parlamentario? ¿Hasta qué punto esta forma de elegir o designar a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial explica la predominancia del poder legislativo estatal? ¿Son estos procesos democráticos?

Más allá de cuestionar si estos procesos han sido democráticos o si actualmente tenemos procesos democráticos, habrá que considerar la sugerencia que hace la UNESCO: el logro de una gobernanza eficaz y ética de la IA mediante la adopción de una ambiciosa normatividad global. Circunstancia oportuna para plantear en México la necesidad de regular el uso de la IA a través de una ley general que impacte en la gobernanza federal, estatal y municipal en virtud de que haya correspondencia entre la realidad social y el derecho, entre el ser y el deber ser, lo descriptivo con lo prescriptivo (Sartori, 1989, págs. 25-27), lo real con lo ideal, a través de la adición de una fracción XXIX-Z Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculte al Congreso de la Unión expedir una Ley General de IA, ley marco, que establezca los principios orientadores de la IA en la administración pública, propios de la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública y bases a los que deberán sujetarse la gobernanza federal, estatal y municipal y, consecuentemente, homologar criterios, contribuir a las racionalidades lingüísticas, lógico-formales, pragmáticas, teleológicas y éticas (Atienza, 2000). A la par, de considerar que, para la implementación de toda política pública, indistintamente de su naturaleza −la IA, no es la excepción−, “procede a través de tres etapas principales –la elaboración de lineamientos, la distribución de recursos y la supervisión–, en cada una de las cuales operan los imperativos legal, racional y consensual.” (Aguilar, 2003).

En suma, los procesos democráticos deben acompañarse de la regulación de la IA.

Hacemos votos porque así sea.

Enhorabuena.

Pero ¿Qué estamos haciendo por la migración en México? ¿Qué están haciendo los gobiernos de los estados que tienen mayor expulsión de e migrantes hacia los Estados Unidos? ¿Hasta qué punto las personas que emigran hacia el país del norte retornan a su lugar de origen? Más aún, ¿hasta qué punto se integran laboralmente las juventudes que retornan de Estados Unidos a Guanajuato?

Estas y otras preguntas fueron abordadas y confrontadas por el doctor Miguel Vilches, el maestro Eduardo Pantoja y el licenciado Daniel Arenas, quienes participaron en el panel, Integración laboral de las juventudes que retornan de Estados Unidos a Guanajuato. Al respecto, se analizó el fenómeno y dinámica migratoria no sólo a partir de sus causas sino los motivos por los cuáles las juventudes regresan o retornan de los Estados Unidos al estado de Guanajuato.

El móvil de la emigración hacia el país del norte tiene múltiples casusas, que van desde la seducción por el llamado “sueño americano” hasta la pobreza, desempleo, falta de oportunidades, bajos salarios, inseguridad pública, causas estructurales, vecindad, cercanía, crisis económicas y políticas.

El problema del asunto es que las causas de la migración están en ambos lados de la frontera, tanto en Estados Unidos como en México, pero también en el sur de nuestro país. Dicho fenómeno está en función de la ley de la oferta y demanda con características regulares e irregulares; de manera tal, que la migración genera más migración.

En este tenor, cabe reflexionar: ¿existe integración laboral de las juventudes retornadas de Estados Unidos a Guanajuato?

La realidad suele ser más terca que nuestros deseos; las personas migrantes viven un contexto adverso que se refleja en las deportaciones y redadas masivas, violencia y vulneración de los derechos humanos en los Estados Unidos.

Los panelistas partieron de las experiencias y diversas fuentes que informan sobre fenómeno migrante en Guanajuato, entre los que destaca: el “Proyecto Raíces”.

En suma, el panel abordó los principales elementos sobre la integración laboral de las juventudes que retornan de Estados Unidos a Guanajuato en las últimas dos décadas, así como el contexto actual de la política migratoria en Estados Unidos y las acciones que ha emprendido México para integrar a las y los connacionales en edades jóvenes al mercado laboral y la vida en general.

El fenómeno de la migración debe invitarnos a “propios y extraños” a reconocernos e identificarnos y vernos a nosotros mismos. Pero, sobre todo, a involucrarnos y participar en el análisis de las causas y efectos del problema migratorio, sea como académico, estudiante, jurista, empresario, periodista, investigador, activista, funcionario o gobierno. ¿Cuántos de los que leen este artículo tienen un pariente o “amigo de un amigo” que se encuentra en calidad de migrante en los Estados Unidos?

Ustedes tienen la palabra.

Sin duda, hay más preguntas que repuestas a discutir en otro momento, porque el próximo 17 de octubre conmemoramos a la Constitución Potosina en su Bicentenario. Circunstancia que nos da la oportunidad no solo de conjugar los tiempos –el pasado con el presente o con el futuro–, sino traer a la memoria lo que hemos sido, somos y queremos ser, a 200 años de su promulgación.

Parafraseando al escritor, Carlos Fuentes, diríamos: Cada Constitución es hija de su propia historia; la Constitución Potosina no es la excepción, cuya interpretación de la Nueva Historia puede hacerse con el análisis de los 273 artículos contenidos en su texto, sin menoscabo del análisis del contexto e intencionalidad de los autores, como lo plantea el historiador británico Quentin Skiner; el libro “Las Primeras Constituciones Estatales de México” –presentado en el vestíbulo del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí–, así lo confirma, al develar el legado de las primeras constituciones estatales de México entre 1824 y 1827, destacando su importancia en el constitucionalismo mexicano. 

Los estados de San Luis Potosí y Guanajuato comparten una hermandad, una misma sangre, un pasado común, una misma diputación provincial y, consecuentemente, una misma representación en las Cortes de Cádiz para dos territorios entre 1812 y 1821-1822. Sin embargo, el decreto de las Cortes de mayo de 1821 autorizó una diputación en cada intendencia; de tal manera, que ya en el México independiente, la Junta Provisional Gubernativa creó el 8 de noviembre de 1821 nueve diputaciones, entre ellas la de Guanajuato, que se instaló el 25 de febrero de 1822.

Sin embargo, después de separarse siguieron coordinándose. En julio de 1823, durante la crisis del Plan de Casa Mata, se reunió la junta de Celaya con delegados de cuatro provincias: Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato. Acordaron reconocer al supremo poder ejecutivo como punto de unidad y respaldar la convocatoria a un nuevo Congreso. Ese mismo año la diputación guanajuatense temía una amenaza militar del comandante general de San Luis Potosí. Esto muestra que la separación de 1822 no cortó los vínculos políticos entre ambas. A poco más de 200 años de distancia se mantiene viva la relación política en su constitucionalismo.

El carácter político de todo Estado como concepto tampoco puede explicarse sin su Constitución, soporte del reconocimiento de los derechos humanos y su estructura, fiel legado del pensamiento político aristotélico, de los “contractualistas” y de los diputados franceses que, constituidos en Asamblea Nacional en 1789, establecieron en el artículo 16 de La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que “toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución”. Sin estos elementos políticos e históricos, no podrían comprenderse los movimientos revolucionarios, fundamentalmente la Independencia de México, la incorporación derechos humanos y tripartita del poder público en los textos constitucionales.

Estas dos precondiciones, constituyen la cimiente de las partes dogmática y orgánica del Estado moderno, la mayoría de las naciones del mundo elaboraron y fundaron su constitución. El Estado mexicano, no fue ajeno a esta tendencia; así lo denota el devenir de la Constitución Federal de 1824 hasta la Constitución Política de 1917, primera en su género que legó el constitucionalismo social al resto de las naciones del mundo.

A la fecha, hay un nuevo paradigma, el catálogo derechos humanos se ha ampliado debido a que el derecho mexicano se ha internacionalizado con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. El problema no es que los derechos humanos estén reconocidos en una “hoja de papel”, sino la cuestión estriba en como garantizarlos, ¿cuáles leyes secundarias y reglamentarias tendrían que armonizarse para garantizar las viabilidades jurídicas, económicas, presupuestarias y operativas?

Este es el reto, la corresponsabilidad es de todas y todos los actores políticos.

Enhorabuena. Mis sinceras felicitaciones por el Bicentenario de la Constitución Potosina.

Perspectivas de la izquierda en México

• Consolidación política Morena y sus aliados mantienen mayoría calificada en el Congreso y gobiernan en 24 estados, lo que les ha permitido impulsar reformas constitucionales y políticas sociales de gran alcance. La aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum supera el 60% en encuestas nacionales, reflejando una hegemonía política inédita desde la transición democrática.
• Avances sociales y económicos Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado 154%, alcanzando alrededor de 9,500 pesos mensuales, acompañado de programas sociales que buscan reducir la pobreza y la desigualdad. Estos logros son presentados como ruptura con el dogma neoliberal que consideraba imposible elevar salarios sin depreciación monetaria.
• Transformación ideológica Las izquierdas actuales no sólo buscan redistribuir riqueza, sino cuestionar las reglas estructurales del mercado que generan desigualdad. Se enfocan en temas como trabajo digno, vivienda, salud y cuidados, además de mantener agendas de equidad y diversidad.

Retos principales

• Inseguridad y violencia: Aunque la política social ha tenido impacto, la inseguridad sigue siendo el principal desafío, debilitando la legitimidad de los avances económicos.
• Capacidad institucional: El riesgo de que la voluntad política sustituya la capacidad técnica del Estado puede generar problemas de implementación y credibilidad.
• Desigualdad persistente: A pesar de los aumentos salariales, la concentración de riqueza y la precariedad laboral continúan siendo obstáculos estructurales.
• Relación con oposición y sociedad civil: La hegemonía de Morena puede derivar en debilitamiento de contrapesos democráticos, lo que exige mayor transparencia y mecanismos de participación ciudadana.

Comparación: logros vs. retos

Fuentes en formato APA

• Bravo Regidor, C. (2026). Izquierdas: ayer y hoy. El Heraldo de México.
• Quintanar, H. A. (2026). La izquierda en el informe de Claudia Sheinbaum. El Heraldo de México.
• RFI/AFP. (2026, septiembre 24). La débil oposición de México busca reconfigurarse para encarar al poder. Radio France Internationale.

En conclusión, la izquierda mexicana combina fortaleza política y avances redistributivos con retos estructurales en seguridad, institucionalidad y desigualdad. Su futuro dependerá de si logra transformar la hegemonía en legitimidad duradera y capacidad efectiva de gobierno.

Este esquema muestra de manera clara cómo los logros (aumento del salario mínimo, programas sociales, hegemonía política y agendas de inclusión) se interrelacionan con los retos (inseguridad, desigualdad persistente, debilidad institucional y falta de contrapesos). En el centro se ubica la noción de “Izquierda Mexicana 2026”, conectada hacia abajo con los desafíos clave: gobernabilidad efectiva y equidad con seguridad.

De esta forma, el cuadro permite visualizar la tensión entre fortaleza política y avances redistributivos frente a problemas estructurales que condicionan la legitimidad y sostenibilidad del proyecto de izquierda.

Aquí tienes el mapa conceptual comparativo que muestra cómo los retos de la izquierda mexicana se vinculan con las tendencias de la izquierda latinoamericana en 2026:

Ver mapa conceptual

Este esquema visual destaca los desafíos comunes —crisis de gobernabilidad y demanda de justicia social— que conectan los procesos de México con los de países como Brasil, Chile, Colombia y Argentina.

• En México, los retos giran en torno a inseguridad, desigualdad y debilidad institucional.
• En América Latina, predominan conflictos sociales, polarización política y tensiones entre desarrollo y medio ambiente.

El punto de convergencia es la búsqueda de una izquierda capaz de combinar redistribución económica con sostenibilidad democrática, enfrentando simultáneamente presiones internas y globales.

Aquí tienes un cuadro comparativo textual entre México, Brasil y Chile sobre las tendencias y retos de la izquierda latinoamericana en 2026, con respaldo en fuentes académicas y oficiales en formato APA.

Cuadro comparativo: Izquierda en México, Brasil y Chile (2026)

Síntesis analítica

La izquierda latinoamericana en 2026 muestra una convergencia hacia modelos de Estado social y sostenible, pero enfrenta retos de gobernabilidad y polarización.

  México destaca por su hegemonía política, pero enfrenta desafíos institucionales.

  Brasil busca reindustrialización verde y equilibrio fiscal.

  Chile intenta reconstruir legitimidad democrática tras el proceso constitucional fallido.

Aquí tienes el mapa conceptual comparativo visual sobre las convergencias y divergencias ideológicas entre México, Brasil y Chile en 2026:

Ver mapa conceptual

Este esquema sintetiza las coincidencias —como la búsqueda de gobernabilidad, equidad y desarrollo sostenible— y las diferencias —polarización política y crisis de legitimidad— que caracterizan a las izquierdas de los tres países.

• México: nacionalismo social y Estado fuerte.
• Brasil: neo-desarrollismo y justicia social con transición ecológica.
• Chile: progresismo social y feminismo institucional.

El mapa muestra cómo, pese a sus trayectorias distintas, las tres izquierdas comparten el desafío de reconciliar redistribución económica con estabilidad democrática.

Este esquema muestra cómo cada país ha transitado por ciclos de ascenso, crisis y renovación de sus proyectos de izquierda:

• México: De la oposición al neoliberalismo (2000‑2006) a la consolidación de Morena y el liderazgo de Sheinbaum (2023‑2026).
• Brasil: De los gobiernos de Lula y Dilma (2003‑2016) al retorno del lulismo con agenda verde y justicia social (2023‑2026).
• Chile: De la Concertación y Bachelet al estallido social y gobierno de Boric (2023‑2026).

La línea evidencia una sincronía regional: las izquierdas latinoamericanas han evolucionado desde el populismo redistributivo hacia el progresismo institucional y ambiental, enfrentando crisis de legitimidad y polarización política.

De acuerdo con la competencia que le reconoce el artículo 71, fracción I, de la Constitución federal, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ejerció el derecho de iniciar leyes o decretos. El pasado 27 de agosto, presentó la iniciativa de reforma constitucional en comento, la cual fue recibida formalmente por la Comisión Permanente y turnada por esta a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados – Cámara de Origen– para iniciar formalmente su análisis, dictamen y votación.

Una vez iniciado el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la LXVI legislatura, la iniciativa de reforma constitucional fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención; mientras que, en lo particular, obtuvo 334 votos en pro, 109 en contra y una abstención. En este tenor, el Pleno de la Cámara de Senadores – Cámara Revisora– aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra, tanto en lo general como en lo particular, el proyecto de minuta remitido por la Cámara de Diputados para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras esta aprobación del Senado de la República, la mesa directiva remitió la minuta con proyecto de decreto a las 32 legislaturas estatales para su correspondiente ratificación constitucional. Bajo este procedimiento legislativo se requerirán –por lo menos– la aprobación de 17 congresos locales. Una vez recibidas las actas aprobatorias de las legislaturas estatales, el Congreso Federal realizará el cómputo oficial, emitirá la declaratoria de constitucionalidad y la enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual sin duda ocurrirá en los próximos días.

Aplicando el modelo de análisis de Stephen Toulim e identificando los seis elementos (aseveración, evidencia, garantía, respaldo, reserva y cualificador modal) se puede observar lo siguiente:

• La reforma constitucional no pretende una restricción general a los derechos políticos de las personas binacionales, sino una condición de elegibilidad limitada a tres titularidades ejecutivas unipersonales. Esta autolimitación de la pretensión es ya, en sí misma, una estrategia argumentativa que anticipa objeciones;
• Los datos que sustentan la pretensión son de naturaleza normativa-diagnóstica, no empírica-estadística: la iniciativa de reforma identifica que el régimen jurídico vigente sí contiene reglas sobre doble nacionalidad, pero dispersas y sin homologar entre tres cuerpos normativos distintos: la Constitución federal, la Ley de Nacionalidad y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
• La garantía es el principio que conecta esos datos (dispersión normativa) con la pretensión (uniformar el requisito en la Constitución). La iniciativa de reforma la construye a partir de dos preceptos, los artículos 39 y 80 constitucionales que funcionan como el paso lógico implícito de la argumentación;
• El respaldo legitima la garantía misma, mostrando que no es una opinión arbitraria del legislador sino un principio jurídicamente sostenido. Aquí la iniciativa de reforma constitucional despliega su respaldo apoyándose en un criterio jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
• La iniciativa de reforma constitucional anticipa la objeción más obvia que enfrentaría: la discriminación de las personas con doble nacionalidad al vulnerar sus derechos políticos. La exposición de motivos construye la refutación mediante un test de proporcionalidad; y
• El Cualificador Modal (Qualifier) se aprecia en dos planos distintos de la iniciativa de reforma constitucional: a) en el articulado propuesto, y b) en el alcance temporal y personal de la pretensión.

Por lo pronto, esta reforma constitucional no tendrá ningún impacto en las elecciones federales intermedias de 2027, en virtud de que se aplicará a partir de los procesos electorales locales de 2028; a saber, en las elecciones para gobernador de los estados de Durango – que tendrá elecciones para ayuntamientos–, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

La Alhóndiga de Granaditas más que haber sido un edificio de depósito o almacén de granos, es un lugar emblemático y referente histórico que temporalmente se ubica en la primera etapa de la llamada “Independencia de México”, misma que nos da la oportunidad de remembrar a los héroes que lucharon por la cristalización de los ideales en el inicio de esta gesta histórica. Fundamentalmente, a 18 días del “Grito de Dolores”, con la participación del minero Juan José de los Reyes Martínez, conocido por el apodo “El Pípila”, quien –dice la leyenda–, tomó una pesada laja de piedra sobre la espalda y una antorcha encendida en la mano le prendió fuego a una serie de “cuetes”, atados alrededor de esta construcción. Con esta hazaña heroica todos los insurgentes tomaron en su poder este lugar, haciendo prisioneras a las familias españolas que por orden del intendente Juan Antonio Riaño se habían refugiado en la Alhóndiga.

Pero ¿Qué representaba Guanajuato en esa época? Guanajuato geopolíticamente era un objetivo estratégico por ser una ciudad rica en recursos y ser uno de los centros mineros más prósperos de la Nueva España. No obstante, cabe preguntar: ¿fue este el móvil de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas? Más aún, ¿cuáles fueron las razones que motivaron la Independencia de México?

El legado histórico del inicio de la Independencia de México no puede comprenderse sin la influencia del pensamiento político de los “Enciclopedistas” en los representantes del pueblo francés. Menos aún, en el pensamiento de los insurgentes guanajuatenses, que en la llamada “La Francia Chiquita” hicieron de San Felipe Torresmochas, el “surco de la Patria” como lo han reconocido diversos historiadores.

Más allá de estas leyendas y motivaciones estratégicas, habrá que analizar los sucesos históricos a partir de los textos, contextos e intencionalidades de los autores, como lo plantea el historiador británico Quentin Robert Duthie Skinner, en virtud de que la historia puede tener múltiples interpretaciones.

Lo cierto es que el inicio del movimiento de la Independencia de México es el punto de partida, consolidación y fundamentos de nuestra identidad como nación. Nuestra nación es rica no sólo en sus recursos naturales, sino en sus valores cívicos culturales, que denotan el carácter de lo que hemos sido, somos y queremos ser.

Circunstancia oportuna para que todos los actores políticos, económicos y sociales conmemoren, este 28 de septiembre, este legado histórico que nos permita compartir los valores y cultivar la tolerancia en la diversidad y reflexionar con seriedad el Proyecto de Nación, que deseamos construir.

“¡La Patria es Primero!” …, dijo Vicente Guerrero.

Ustedes tienen la palabra.

Siguiendo al físico, filósofo, epistemólogo y humanista, Mario Bunge, se estableció como precondición inicial que todo trabajo de investigación debe tener como producto final un nuevo conocimiento, la investigación legislativa no es la excepción; en virtud de que se funda en la investigación jurídica de un conocimiento científico del Derecho mediante una filosofía que facilita la comprensión de los objetos del mundo normativo con las necesidades y expectativas de la realidad social en la nueva dinámica de un mundo globalizado e interdependiente.

En este contexto, las personas legisladoras como representantes del pueblo deben atender los problemas y las demandas más apremiantes de la población, de su gente, de sus representados, de sus mandantes; y orientar su quehacer legislativo al bienestar de la población con el apoyo de un servicio civil o profesional parlamentario.

La importancia de la investigación legislativa en la función parlamentaria es evidente, fundamentalmente, por el vértigo de los cambios de gran envergadura que se han suscitado en nuestro país y en el orbe. Más aún, porque el futuro no solo nos alcanzó sino rebaso; así lo confirma el uso común y actualización constante de las inteligencias artificiales (IA en singular por sus siglas) Alexa, Siri, Meta, ChatGPT, Gemeni, Copilot y Claude, etc., como nuevas herramientas tecnológicas disruptivas en la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), en el marco de la Cuarta Revolución Industrial (4.0), que han impactado generando beneficios económicos, ambientales y sociales en el mundo; pero también consecuencias negativas como prejuicios, discriminación, divisiones y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales sin ética con sesgos que pueden provocar desigualdad, brechas digitales, exclusión y suponer una amenaza para la diversidad cultural, social y biológica; y agravar las divisiones y desigualdades existentes en el orbe, dentro de los países y entre ellos.

La UNESCO ha trazado como objetivo el logro de una gobernanza eficaz y ética de la IA mediante la adopción de una ambiciosa normatividad global. El problema del asunto es que en nuestro país no se encuentra regulado el uso y supervisión de las IAs.

En cuanto al servicio civil o profesional parlamentario, la contrariedad radica —hay que decirlo fuerte y claro— en que prevalece una tendencia a favor de la cuota partidaria, fomentada por los vaivenes electorales, coyuntura que ha dado pauta a pagar “lealtades” a la “amigocracia”, “cuatecracia” o “familiocracia” por encima del mérito y calidades para reclutar, seleccionar, capacitar y desarrollar profesionalmente a las personas para ocupar los cargos no solo directivos, sino de asesoría profesional parlamentaria que conlleve el reto de conocer, diseñar y construir políticas públicas prospectivas, que sean vías de soluciones proactivas a cada uno de los problemas sociales. El “cuotismo” de los grupos y representaciones parlamentarias ha generado la rotación de los titulares y personal profesional de los institutos y organismos legislativos y, consecuentemente, la ausencia de un servicio civil o profesional de carrera en los centros de investigación legislativa que haga verdaderamente una evaluación de impacto legislativo exante, durante y expost ante la nueva configuración que presenta el sistema político mexicano.

Ante este panorama, en esta primera mesa de este Encuentro Internacional se plantearon algunas propuestas, entre las que destacan:

• La necesidad de regular a la IA a través de una ley general que impacte en la gobernanza federal, estatal y municipal en perspectiva del derecho comparado con una metodología cualitativa, utilizando los métodos documentales, observación y sistemático jurídico, fundamentalmente, para que haya correspondencia entre la realidad social y el derecho, entre el ser y el deber ser, lo real con lo ideal, lo descriptivo con lo prescriptivo, como lo ha sugerido Giovanni Sartori en la Teoría de la Democracia 1. Debate Contemporáneo(Sartori, 1989, págs. 25-27).
• Que los órganos políticos de las legislaturas estatales y las cámaras del Congreso de la Unión apoyen el esfuerzo de las personas investigadoras con estímulos, visualizándolos no como un gasto sino como una inversión y apuesta al futuro; y
• Reconocer a rango constitucional el derecho de acceso a la función pública como derecho fundamental de las y los mexicanos, como los han sugerido desde hace tiempo los abogados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que han considerado imprescindible profesionalizar la gestión pública como condición necesaria (para) proscribir la arbitrariedad en el ingreso a la función pública, que persiste hasta el día de hoy en la gran mayoría de las instituciones públicas de todo el país; el Poder Legislativo no es la excepción.

De antemano felicito a las instituciones convocantes por la iniciativa de celebrar este 1er Encuentro Internacional, que nos da la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones.

Enhorabuena.

La defensa de la soberanía de México ha estado presente con mayor intensidad desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo y tomó de protesta el 20 de enero de 2025. A partir de esta fecha, Trump ha generado incertidumbre no solo en la economía mundial al declarar la “Guerra Comercial” tras el anuncio de un sin número de medidas y aranceles a diversos países, sino de amenazar y aplicar “su ley” en contra de los “carteles mexicanos” que él denomina “terroristas” con la intención de invadir el territorio mexicano so pretexto de combatir a los cárteles de la droga por la vía terrestre.

El problema del asunto es que ya lo ha realizado con la complacencia de algunos gobiernos estatales. Muestra de ello, fue la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua, que ponen en evidencia los operativos encubiertos e intromisión de Estados Unidos en el territorio mexicano. Pero más allá de estos sucesos, cabe preguntar: ¿Hasta qué punto con estos operativos encubiertos de agentes extranjeros en el estado de Chihuahua –descubiertos– han vulnerado la soberanía de México?

Ante las redadas antiinmigrantes, deportaciones masivas, alza de aranceles a las remesas, acciones bélicas de invasión militar (Venezuela e Irán) e intromisión y pretensiones de expansionismo (Groenlandia) que ha emprendido el presidente Donald Trump hacia diversos países del orbe; el pueblo de México debe estar preparado para la defensa de la soberanía, en virtud de que en el reside originaria y esencialmente. Pero, sobre todo, porque México como país soberano tiene el derecho y poder de construir y decidir su propio destino, su forma de gobierno, el uso de sus recursos y el rumbo de su desarrollo, sin injerencia e imposiciones externas. Menos aún, por el nuevo imperialismo estadounidense que fundamenta su expansionismo en la relación de pertenencia, ya no en la Doctrina Monroe que pregonaba “América para los americanos”, sino en los intereses de “recursos naturales” que se sistematizan ahora en “América y todas las naciones del mundo para Estados Unidos” y en el fanatismo religioso del Destino Manifiesto en un escenario electoral el próximo 3 de noviembre, en donde estará en juego la elección de nuevos representantes del Congreso y renovación de algunos cargos en varios gobiernos estatales de la Unión Americana.

Habrá que estar atentos a los resultados electorales del país del norte, fundamentalmente, porque de acuerdo con los sondeos de opinión dados a conocer por Reuters/Ipsos, en el mes de agosto, el 64 por ciento de la población desaprueba la gestión del presidente Donald Trump frente a un 33 de aprobación. De tal forma, que de mantenerse esta tendencia electoral el partido político de Trum perdería la mayoría del Congreso y, consecuentemente, cambiaría la agenda política.

Por lo pronto, hagan sus apuestas.

En el ámbito educativo, la Mtra. Fátima Amairani Valles Huerta se cuestionó: ¿Es suficiente entregar dinero a las familias sin fortalecer los cimientos del sistema educativo? ¿Queremos un sistema educativo que reparta apoyos de corto plazo, o uno que prepare a las nuevas generaciones para construir un México más justo, próspero y con oportunidades para todas y todos?

Al respecto, trazó como camino para la mejora educativa las siguientes reflexiones:

1. El principal desafío ya no consiste únicamente en incrementar el presupuesto educativo, sino en mejorar su composición, orientación y capacidad para producir resultados educativos verificables.

1. Hay más becas, pero al mismo tiempo, recursos limitados para preparar mejor a los maestros, producir materiales educativos de calidad o evaluar qué tanto aprenden los estudiantes.
2. Un estudiante puede recibir un apoyo económico para seguir en la escuela, pero encontrar salones con libros de texto inadecuados para apoyar a sus docentes, maestros sin capacitación actualizada y con programas que se modifican sin contar con las condiciones para su implementación.

El Mtro. José Jesús Blanco Hernández abordó el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como un mecanismo para alcanzar el desarrollo local con legitimidad, considerando que la legitimidad no se mide por la popularidad de un gobierno (o quien lo representa), sino por el grado de correspondencia entre las prioridades de una sociedad, la capacidad de un proyecto para representarlas, la confianza ciudadana en su capacidad de realización y la evidencia de sus resultados. Asimismo, analizó la relación directa del PEF y el desarrollo local, trazando la ruta para llegar a la legitimidad con nuevos retos y oportunidades:

1. Existe una brecha entre la planeación nacional y la asignación presupuestal, de manera que la estructura del Presupuesto de Egresos de la Federación no siempre refleja proporcionalmente las necesidades, objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que limita su capacidad para convertir las prioridades nacionales en resultados públicos y, particularmente, en desarrollo territorial.
2. La falta de correspondencia entre planeación y presupuesto reduce la capacidad del gasto público para convertirse en resultados alineados con las necesidades sociales y territoriales, debilitando su contribución al desarrollo local y a la construcción de legitimidad efectiva.
3. Un presupuesto puede ser legal, equilibrado y financieramente responsable, pero si no guarda correspondencia con las prioridades que orientan la planeación, su capacidad para generar resultados y legitimidad puede ser limitada

Por su parte, la profesionista Abigail Tovar Álvarez aludió al Estado de Bienestar, a la congruencia que debe de existir entre la Constitución y la asignación de recursos, a los desafíos que tiene la Administración Pública, en virtud de que la política social no necesariamente debe evaluarse por su impacto inmediato, sino debe analizarse por las capacidades que puede generar para un futuro y, remató: El verdadero desafío de la política social no termina cuando se decide en qué gastar; comienza cuando esos recursos tienen que convertirse en derechos, servicios, oportunidades y bienestar para las personas.

Finalmente, el especialista Carlos Omar Zetina Huerta analizó los problemas que enfrenta el campo mexicano:

1. El problema del agua. ¿Tenemos agua suficiente, disponible en el momento adecuado y utilizada eficientemente para producir?
2. Tecnificación del campo, la cual no debe entenderse como comprar tractores; debe entenderse como el incremento de la productividad por unidad de producción y ser más eficaces y eficientes en el uso del agua, la tierra, el trabajo y el capital.
3. Comercialización e intermediarios. El problema del campo mexicano no termina en la parcela; termina cuando el productor logra convertir su producción en ingreso suficiente.

Ante estos desafíos, consideró que el presupuesto debe convertirse en una herramienta de transformación productiva que oriente recursos hacia eficiencia hídrica, no solamente hacia infraestructura hidráulica; pasar de programas de apoyo aislados a procesos integrales de modernización productiva; invertir en la capacidad del productor para capturar mayor valor de su producción; fortalecer organizaciones, cooperativas y esquemas asociativos que permitan a pequeños productores (comprar mejor, producir mejor , negociar mejor y vender mejor); e impulsar la inversión, no solamente la transferencia.

En conclusión, afirmó: el gran reto presupuestario no es solamente cuánto dinero llega al campo, sino cuánto de ese dinero se convierte en productividad, ingreso, resiliencia y bienestar para quien produce.

De manera sucinta, estas son las opiniones de cuatro estudiosos de la Administración Pública egresados de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, que participaron en el Panel de Análisis y Perspectivas del Presupuesto Federal 2027.

Ustedes como siempre tienen la última palabra.

Al respecto, cabe reflexionar: ¿Cuánto se tiene pensado recaudar a través de los impuestos? ¿Qué se va a gravar? ¿Cuánto se tiene proyecto gastar para el año 2027? ¿En qué ramos de la administración pública se destinarán mayores recursos? ¿Cuánto al gasto corriente y a la política social? ¿Cuál será la ruta financiera de la Administración Pública Federal?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas. Lo cierto es que a nadie le gusta pagar impuestos, pero son necesarios para el funcionamiento de toda administración pública, los cuales deben traducirse en mejores bienes y servicios para el bienestar de la sociedad. En cuanto al gasto para el 2027, habrá que considerar y tomar como referencia el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual podría compararse con el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, particularmente el anexo 1, que despliega el Gasto Neto Total por ramos que se destinó durante este año, ciñéndose a los imperativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos. Todo ello, para tener una idea y estimación para el ejercicio fiscal de 2027.

Este 8 de septiembre, a las 18:00 horas, el diputado Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibirá el “paquete económico” en manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, para efecto de su examen, discusión y aprobación: la Ley de Ingresos en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, de manera exclusiva, en la Cámara de Diputados.

Por lo pronto, el día de mañana, en punto de las 18:00 horas, en el “Salón de Actos” de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, se llevará a cabo un Panel de Análisis y Perspectivas del Presupuesto Federal 2027, a efecto de analizar y vislumbrar las perspectivas del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2027 como un instrumento para formular, implementar, ejecutar y supervisar políticas públicas con el propósito de atender las demandas y necesidades más apremiantes de la población. En este sentido, el panel plantea una pregunta central: ¿Qué nos dice el presupuesto sobre las prioridades del Estado y qué implicaciones tienen esas decisiones para el desarrollo de las personas y los territorios?

Ustedes tienen la palabra.

El próximo 6 de junio esta en juego la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, para integrar la LXVII Legislatura) a la par 32 entidades federativas tendrán comicios locales concurrentes con el proceso federal, de acuerdo con lo establecido el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al aprobar, el pasado 30 de julio, el Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, junto con los Calendarios de Coordinación de los procesos electorales locales, en donde 17 entidades renovarán su gubernatura (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), la generalidad de los congresos locales y más de 2,000 presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Cabe recordar, que la elección de los integrantes del Poder Judicial que originalmente estaba prevista para coincidir con la jornada electoral de 2027 fue aplazada para el primer domingo de junio de 2028.

Por lo pronto, los partidos políticos, candidatos de partidos e independientes −principales actores políticos− tendrán que mover muy bien sus piezas en el tablero político, ganar posición política en tiempo y forma cada una de las etapas que componen el proceso electoral correspondiente, a saber:

1. a) Preparación de la elección;
2. b) Jornada electoral;
3. c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y
4. d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección.

Sin duda, quien gane la preferencia de los electores y, consecuentemente la elección respectiva, será aquel que haya posicionado en el tablero político mejor su identidad partidaria, el perfil de sus candidaturas y las propuestas políticas, en virtud de que posición política es superior a las calidades y cantidades.

Hagan sus apuestas.

La transparencia y la rendición de cuentas son principios esenciales de un gobierno abierto y el binomio perfecto para el ejercicio republicano entre dos poderes públicos, ejecutivo y legislativo, y la antesala para que los ciudadanos ejerzan el derecho humano a la información pública sobre el estado que guarda la APF; así lo denota, el Informe de Gobierno que rindió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, este 1º de septiembre, teniendo como marco jurídico, principalmente, el artículo 69 de la Constitución federal, que mandata que, en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, presente un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Para posteriormente, cada una de las cámaras del Congreso de la Unión ejerza la función de control político al analizar el informe y solicite a la presidenta de la República, ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

Dicen los políticos de “viejo cuño” −como el filósofo griego Aristóteles− que la coherencia entre lo que se piensa, dice y hace es propia de la naturaleza del Zoon Politikón, es decir, del “animal político” o persona política que se distingue del demagogo, el cual piensa la vida de una forma y la vive de otra, miente, simula o disimula y falla a la veracidad de las cosas. En este rubro, las políticas públicas constituyen las decisiones que toma el gobierno de hacer o no hacer algo en el quehacer gubernamental, sobre la base de la metodología prospectiva de conocer, diseñar y construir las políticas públicas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Empero ¿cómo deben analizarse los informes de gobierno? ¿sobre qué bases o referentes teóricos?

El Segundo Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal debemos analizarlo sin sesgos ideológicos, con cientificidad y rigor metodológico (cualitativa y cuantitativa), a partir del método de análisis documental tomando como referencia el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, publicado el 15 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, que se presenta con objetivos, diagnósticos, propuestas, estrategias y tácticas en cada uno de los ejes temáticos −los primeros cuatro generales y los tres subsiguientes transversales− que estructuran la política pública en su conjunto, a saber:

1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana, entre sus objetivos destacan:
2. Desarrollo con bienestar y humanismo
3. Economía moral y trabajo.
4. Desarrollo sustentable.
5. Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres.
6. Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional.
7. Derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

Una vez realizado este análisis preliminar podríamos confrontarlo con otras fuentes y compararlo con los logros anunciados en el mensaje y escritos en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vislumbrar los alcances y límites del estado que guarda la Administración Pública Federal, y responder: ¿Hasta qué punto se han cumplido los objetivos y propuestas descritas en cada eje temático? ¿Cómo vamos?

Por lo pronto, habrá que estar pendiente de la gira que emprenderá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por cada entidad federativa para dar a conocer el estado que guarda la administración pública federal, particularmente, cuando toque el turno al estado de Guanajuato que fue aludido en el mensaje del informe sobre el tema del agua que, constituye una de las demandas más apremiantes de la población y como derecho humano debe garantizarse su acceso; sin menoscabo, de atender la Tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma; el saneamiento del Río Lerma; y el Proyecto “Agua para Guanajuato”, a través del Acueducto Solís-León que llevará agua de la Presa Solís en Acámbaro a León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Además de otros temas de infraestructura como: el Tren Querétaro-Irapuato; el Tren Irapuato-Guadalajara; Conservación de la red federal – mantenimiento de la Federal 57; los 19 caminos artesanales en comunidades rurales; Planta CFE Salamanca, rehabilitación de escuelas, hospitales IMSS-Bienestar y vivienda.

Enhorabuena.

En la administración salinista iniciaron los triunfos del Partido Acción Nacional en las gubernaturas: Ernesto Ruffo Appel en Baja California en 1989 y con el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia en el estado de Guanajuato en 1991, sin reconocer fraudes electorales formalmente con el propósito de dar una imagen de “democracia” hacia el exterior; sin “empacho” y reparo de haber quebrantado la legitimidad y legalidad con la llamada “concertacesión” hace 35 años. En este tenor, cabe preguntar: ¿se debe reivindicar la legitimidad y legalidad?

Sin duda, la legitimidad y legalidad son los fundamentos de todo poder político que se caracterizan por la titularidad de quien lo ejerce de acuerdo con las facultades, atribuciones o competencias que el ordenamiento jurídico le confiere.

Desde hace tres décadas y media, el panismo guanajuatense se ha enquistado en el poder político: en 1991 con un gobierno dividido, no unificado, al tener el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la mayoría absoluta (50 % + 1) en el Congreso del Estado de Guanajuato; circunstancia que propició el primer gobierno de coalición estatal al integrarse como secretario de gobierno, Salvador Rocha Díaz, de extracción priísta, al gabinete de la Administración Pública de Carlos Medina; coalición de gobierno (PRIAN) del estado de Guanajuato que sería yuxtapuesto al PRI, que detentaba la presidencia de la República, encabezada por Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, la mayoría de los gobiernos en el estado de Guanajuato han sido gobiernos unificados, es decir, en donde el PAN tiene el control de los poderes ejecutivo y legislativo, que lo caracterizan como un partido predominante, según la tipología sartoriana.

Actualmente, en la 66 legislatura, el grupo parlamentario del PAN ha tenido escisiones al pasar de 16 a 15 curules de un total de 36 diputaciones que integran el Congreso estatal. Sin mayoría absoluta en el Congreso guanajuatense, el partido de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz-Ledo se ha visto obligado a construir coaliciones legislativas con otros grupos y representaciones parlamentarias para aprobar reformas a leyes secundarias y reglamentarias; más aún, para promover y aprobar adiciones o reformas constitucionales que demandan el 70 % de la totalidad del Pleno de esta asamblea legislativa y, además, sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos, a saber por 24 municipios de 46, según el artículo 145 de la Constitución local que establece las “reglas del juego” de este procedimiento.

En suma, de continuar las rupturas o escisiones dentro del PAN en el estado de Guanajuato se perfila una tendencia electoral a la baja del blanquiazul, que proyecta rumbo a las elecciones de 2027 un retorno al origen: un escenario de gobierno dividido, no unificado, en donde la oposición tendría la mayoría absoluta en el Congreso del Estado, obligando al partido político de la gobernadora a construir coaliciones legislativas y, consecuentemente, a consensuar para formular, implementar, ejecutar y supervisar políticas públicas y, presumiblemente, construir un gobierno de coalición, de manera similar al primer gobierno interino de hace 35 años, que reivindique la legalidad y legitimidad del pueblo de Guanajuato.

Al tiempo… Hagan sus apuestas.

La celebración de este tipo de encuentros permite la visualizar la internacionalización de la educación superior, que se devela con la movilidad académica real con la ratificación o celebración de nuevos convenios, cursos y seminarios binacionales, estancias posdoctorales e investigaciones en proyectos conjuntos. Muestra de ello, son las conferencias, paneles y mesas de trabajo programadas durante los días 25, 26 y 27 de agosto en la sede: Universidad de Guanajuato.

Este Encuentro Universitario Binacional entre los países de Costa Rica y México no es solo un símbolo, constituye un espacio de construcción y cooperación que transfiere conocimiento especializado, a través del intercambio y confrontación de ideas, experiencias, investigaciones e insumos académicos conjuntos entre estudiantes y el profesorado que proyectan a la Ciencia de la Administración Pública no solo hacia el sector público, sino sector privado y a la sociedad en su conjunto. Esta visión holística posiciona a ambas instituciones como nodos regionales de formación avanzada, algo que ninguna universidad podría lograr sola dado el tamaño reducido de ambos sistemas educativos frente a potencias como Estados Unidos o Europa.

La vinculación entre la educación y los sectores públicos y privados son importantes porque permiten alinear la formación universitaria y técnica con las necesidades reales del mercado laboral y ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes con el intercambio de “buenas prácticas” que se convierten en un activo de aprendizaje que trasciende del saber-saber al saber-hacer.

En suma, este tipo de Encuentro es especial y significativo académicamente por el intercambio de conocimientos, experiencias e investigaciones conjuntas entre estudiantes y docentes, porque construye “diplomacia de pueblos” y capital social entre las juventudes de ambos países, con un componente formativo que trasciende lo estrictamente universitario en razón de que la administración pública no solo es ciencia y técnica, sino tiene una dimensión de cohesión cultural y educativa, que posiciona geopolítica y regionalmente a ambos países: Costa Rica y México.

Enhorabuena.

En este tenor, cabe reflexionar: ¿hasta qué punto la Iglesia Católica mexicana puede influir en las autoridades gubernamentales para que creen mecanismos para sepultar los productos de abortos y cuerpos sin vida?, ¿cuáles son las perspectivas de cabildeo?

A pesar de que Jesús Cristo estableció una clara separación entre la Iglesia y al Estado al afirmar, Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios – frase registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas− referida al pago de impuestos al Imperio Romano, la Iglesia Católica mantuvo la simbiosis con el Estado y compartió el poder político con las monarquías bajo la encomienda de justificar el poder de los reyes por medio de la divinidad durante la Edad Media.

Después de la conquista de los españoles a los pueblos originarios, la evangelización y la colonia, el poder político de la Iglesia Católica en la Nueva España se consolidó con el control de las elecciones, fundamentalmente, para elegir a los diputados de provincia −que nos representarían en las Cortes de Cádiz− de manera indirecta y en tercer grado, previa elección de electores en diversas demarcaciones territoriales:  primero, en las Juntas de Parroquia; luego, en las Juntas de Partido y, finalmente, en la Provincia que debería estar integrada por lo menos “cien mil almas”,  según la Constitución Monárquica Española de 1812.

El primer texto constitucional que estableció expresamente al catolicismo como religión única y oficial del Estado mexicano fue la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 3º, que a la letra dice:

Artículo 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

La profesión de la religión católica −con matices− se mantuvo en los ordenamientos constitucionales centralistas −en Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y en Las Bases Orgánicas de 1843−. Sin embargo, con la Constitución de 1857 se omitió deliberadamente cualquier declaración sobre una religión de Estado, absteniéndose de reconocer al catolicismo como religión oficial u obligatoria. Este nuevo paradigma sentó las bases para la separación Iglesia-Estado, consolidada más tarde con las Leyes de Reforma (1859-1860) promovidas por Benito Juárez, particularmente la Ley sobre la Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860. Además, con la Ley del Registro Civil, el control y las estadísticas de los nacimientos, defunciones y matrimonio, pasaron al Estado. Consecuentemente, la Iglesia Católica perdió en control electoral.

A pesar de que la Constitución queretana de 1917, vigente actualmente, no reconoce religión oficial alguna y consagra la libertad de creencias y culto, así como el principio de Estado laico, particularmente en sus artículos 3°, 24, 40 y 130, la Iglesia es un factor real de poder que ha influido en la toma de decisiones de las autoridades gubernamentales −sin menoscabo de los caciques, terratenientes, ejército y empresarios− reconocida y descrita en el libro, La Democracia en México, de don Pablo González Casanova.

De acuerdo con el Censo General de la República Mexicana de 1895, una de cada 100 personas practicaba una religión distinta a la católica. En 2020, este número aumentó a 22 de cada 100, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, la perdida de feligreses, la Iglesia Católica continúa siendo un factor real de poder que pretende influir en las decisiones políticas. Muestra de ello, es la solicitud de la Arquidiócesis Primada de México, a través del editorial de su semanario Desde la Fe, a las autoridades sanitarias y forenses para que establezcan mecanismos legales que permitan la entrega de restos de bebés no reclamados a asociaciones acreditadas y brindarles una sepultura digna. En este rubro, cabe preguntar: ¿cuáles son las perspectivas de cabildeo?

Ustedes tienen la palabra.