En este examen en el que tuve el honor participar e interactuar como integrante del jurado, se destaca como la IA ha permitido a Ucrania compensar las desventajas numéricas masivas en contra de Rusia. Sin embargo, se cuestionó la ausencia de una metodología cuantitativa en la investigación; y si estas lecciones ucranianas (interestatales) ofrecen una transferencia contextual y adaptación rigurosa al Estado mexicano para combatir al narcotráfico cuando se carece de una ley que regule la IA. En este tenor, cabe reflexionar: ¿Cuáles son las perspectivas de las viabilidades jurídicas, operativas, económicas y presupuestarias de la IA? ¿Cuáles son los alcances y límites para formular, implementar, ejecutar y supervisar políticas públicas transnacionales en materia de seguridad contra el narcotráfico utilizando la IA como “Multiplicador de Fuerza”?

A partir de los años 80’s, el término “Multiplicador de Fuerza” cobró relevancia con la tecnología al equilibrar las capacidades militares, previa conciencia situacional del espacio de batalla –o conciencia posicional como se dice en el “argot” ajedrecístico en el tablero– mediante la recolección, procesamiento y transmisión de la información, modelo exploratorio que se alimenta de ella para posicionar las fuerzas y debilidades y, consecuentemente, para la toma decisiones.

La seguridad nacional y seguridad pública constituyen los principales fines de todo Estado, respectivamente, tanto para la defensa contra el enemigo exterior como para la defensa al interior, razón de Estado justifica su fundación con una perspectiva teleológica bajo el apotema de que el fin justifica los medios; la IA como medio para contribuir a garantizar la seguridad del Estado y “Multiplicador de Fuerza” queda ilustrado en la tesis con múltiples ejemplos −Guerra del Golfo Pérsico; Guerra contra Irak; el uso de drones por parte del Estado Islámico; y, actualmente, con la invasión de Rusia a Ucrania−, principalmente, como un elemento tangible o intangible que aumenta el valor de combate y la capacidad general de una fuerza militar, como lo plantea David S. Powell.

El uso de la IA en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por aire, mar y tierra queda de manifiesto con la construcción de grafos y utilización de drones dotados de navegación autónoma, los cuales han propiciado la efectividad militar, mostrando mejoras transformadoras en la multiplicación de fuerza y reconocimiento de la maquinaria militar, permitiendo procesar grandes volúmenes de información, identificar y focalizar los objetivos eficientemente. Con los avances e implementación de la IA por parte de Ucrania se puede observar el efecto multiplicador de fuerza en diferentes campos, gracias a que en el año 2024 contaba con 243 compañías focalizadas a la IA y tecnologías de la información; así como 106 programas especializados en IA y aprendizaje automático. En concreto, la guerra entre Rusia y Ucrania constituye un laboratorio de IA bélica real, que se expresa con efectos multiplicadores de fuerzas que proveen estas tecnologías disruptivas y emergentes. Pero, sobre todo, representan una revolución en la efectividad militar.

Aunado a este estudio de casos, habría que actualizarlos y considerar el uso de estas tecnologías con las recientes las invasiones que ha emprendido Estados Unidos en contra los países de Venezuela e Irán durante este año, cuyos conflictos están latentes.

En suma, la IA como herramienta tecnológica disruptiva y emergente puede visualizarse y plantearse de múltiples formas, sea como medio, causa o efecto, según las circunstancias de modo, tiempo o lugar; así lo ilustra el campo militar que se ha abordado en esta tesis, “Inteligencia Artificial como Multiplicador de Fuerza”. Enhorabuena.

Y, si de circunstancias de modo, tiempo o lugar hablamos, hoy la IA, Claude, pronostica el triunfo de la selección mexicana de futbol ante la selección de Chequia. Sin embargo, advierte que la República Checa solo suma un punto y está obligada a ganar para seguir con vida en el torneo. En cambio, México ya clasificó y les vale una victoria, empate, o incluso derrota para acabar en primera posición del Grupo A. ¿Se dejarán llevar por las fuerzas inerciales del desgano los jugadores de la selección mexicana y, consecuentemente, se proyecta un escenario adverso? Ustedes como siempre tienen la última palabra. Hagan sus apuestas.

El Mundial de futbol 2026 que celebramos actualmente, no es ajeno a esta tendencia; más aún, por las nuevas herramientas tecnológicas disruptivas y emergentes como la Inteligencia Artificial (IA), cuyos algoritmos se pueden utilizar para augurar escenarios de triunfo, derrota o empate en un partido de fútbol.

En este tenor, cabe preguntar: ¿Cuál será el marcador del partido de fútbol entre México y Corea del Sur el día de mañana?

El futuro no se hace, se construye sobre el vértigo de los cambios de la dinámica social, de una realidad activa y mutable, que se transforma en fracciones de segundo llevándonos a plantear una metodología prospectiva para conocer, diseñar y construir futuribles en escenarios deseables, posibles y probables interferidos por las fuerzas inerciales que se oponen a nuestros deseos y necesidades, recreando e influyendo en el cálculo y toma de decisiones.

El futuro no solo nos alcanzó sino rebaso; el uso común y actualización constante de las IAs, ChatGPT, Gemeni, Copilot y Claude, son prototipos de manifestaciones de la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), en el marco de la Cuarta Revolución Industrial (4.0), que han impactado en diversos ámbitos. El ámbito de fútbol no es la excepción.

Si elaboramos un prompt, es decir, formulamos una instrucción o pregunta escrita a un modelo de IA; por ejemplo, Claude, para que conteste o realice una tarea específica se pueden obtener resultados precisos. Para muestra basta un botón:

Como experto en mundiales de fútbol, contesta: ¿Cuál será el marcador del partido de fútbol entre México y Corea del Sur el día de mañana?

A continuación, reproducimos la respuesta literal:

¡Muy buena pregunta mundialista! Pero hay que ser honesto: ningún experto puede predecir el marcador exacto de un partido. Lo que sí puedo darte es un análisis sólido basado en el contexto actual.

El partido

El encuentro se disputará el jueves 18 de junio de 2026 a las 7:00 PM (hora del centro de México) en el Estadio Akron (Guadalajara, Zapopan), correspondiente a la Jornada 2 del Grupo A del Mundial 2026

Contexto y forma reciente

En la primera jornada, México venció 2-0 a Sudáfrica, mientras que Corea del Sur remontó para vencer 2-1 a Chequia. Ambos llegan con la moral en alto y el margen de error es mínimo para los dos.

México llega en excelente forma: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, marcando 11 goles y encajando solo tres. Su debut mundialista fue la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

Sin embargo, México sufrió la sensible expulsión del defensa y capitán César Montes, quien se perderá este segundo partido.

El antecedente más reciente entre ambos fue un empate 2-2 en un amistoso en 2025, lo que sugiere un partido muy equilibrado

Mi pronóstico (como análisis, no como certeza)

Considerando la localía, el apoyo de la afición en Guadalajara, el historial favorable a México en Mundiales (3-1 en 1998 y 2-1 en 2018), y la forma actual del Tri, lo más probable es un partido cerrado. Mi estimación sería:

México 2 – 1 Corea del Sur

Con Raúl Jiménez y Julián Quiñones como figuras ofensivas para el Tri, y Son Heung-min como el mayor peligro coreano.

Dicho esto, en el fútbol —y especialmente en un Mundial— nada está escrito. ¡A disfrutar el partido!

En suma, más allá del pronóstico de la IA, ustedes tienen la última palabra. Hagan sus apuestas.

Pero ¿qué es la corrupción?, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la corrupción?, ¿en qué ámbitos se manifiesta? y ¿cómo se puede combatir?

La palabra corrupción, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), proviene del latín corruptĭo, -ōnis, que significa alteración, es decir, modificación o descomposición de algo ya existente.

Desde la perspectiva etimológica, cuando una función es alterada de su cauce normal hay corrupción, por tanto, existe corrupción en aquellos actos que se realizan de manera indebida y fuera de la norma.

Al respecto, Francisco J. Laporta en su obra La corrupción política (1997: 27), nos presenta una ecuación básica de la corrupción: Corrupción = Monopolio de la decisión pública más Discrecionalidad de la decisión pública menos Responsabilidad (en el sentido de obligación de dar cuentas) por la decisión pública.

A partir de esta ecuación, se plantean dos escenarios, uno fértil y otro hostil: “la corrupción encuentra su terreno mejor abonado cuando las decisiones públicas se toman en régimen de práctico monopolio (personal u organizacional), con amplias facultades discrecionales y sin criterios acotados de decisión, y sin mecanismos que obliguen a la rendición de cuentas.

Por el contrario, cuando el agente decisor es plural o el poder es consensuado, los criterios de decisión objetivos y tasados, y la fiscalización y rendición de cuentas muy estricta, la corrupción se halla en un medio ambiente mucho más hostil.”

Más allá de estas definiciones y ecuaciones de la corrupción, habrá que observar el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 182 países y territorios, basándose en 13 fuentes de datos independientes y utilizando una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción). Este año, el promedio mundial del IPC ha descendido por primera vez en más de una década a apenas 42 sobre 100. La inmensa mayoría de los países no consigue mantener la corrupción bajo control: 122 de 182 obtuvieron una puntuación inferior a 50 en el índice.

La corrupción se manifiesta en diversos ámbitos. Muestra de ello, son las administraciones públicas, cuando los responsables de la toma de decisiones actúan de forma corrupta, determinan quién puede obtener justicia, qué voz se tiene en cuenta a la hora de diseñar políticas, qué historias se cuentan o se silencian, y quién puede acceder a servicios públicos básicos como la sanidad y la educación. Cuando el dinero o las relaciones personales influyen en las decisiones, el Estado deja de ser un defensor de los derechos para convertirse en un sistema en el que hay que saber lidiar o al que suplicar para conseguir derechos que deberían estar garantizados por ley, así lo describe la 31.ª edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dada a conocer el pasado 10 de febrero, en Berlín, Alemania.

En este contexto, Transparencia Internacional hace un llamado a:

• Renovar el liderazgo político en la lucha contra la corrupción, incluida la plena aplicación de las leyes, la implementación de compromisos internacionales y la adopción de reformas que fortalezcan la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

• Proteger el espacio cívico, poniendo fin a los ataques contra periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y denunciantes de irregularidades, y frenar los intentos de restringir el trabajo independiente de la sociedad civil.

• Cerrar las lagunas de opacidad que permiten que el dinero corrupto se mueva a través de las fronteras, incluyendo el control de los intermediarios profesionales y garantizar la transparencia sobre quiénes son los propietarios reales de empresas, fideicomisos y activos.

Bajo estas circunstancias, hoy, en punto de las 11 horas, habrá que estar atentos a la conferencia, Cómo combatir la corrupción en la Administración Pública. Estrategias a considerar, dictada por el doctor Freddy Mariñez Navarro, Profesor-Investigador de El Colegio de Jalisco, que organiza el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA).

En este tenor, cabe preguntar: ¿Qué motivó la emisión de la carta de AMLO? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación estadounidenses en esta lógica injerencista? ¿Quién y cómo se ha filtrado la información política? ¿Cuál es la intencionalidad política?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas, lo real es injerencia o influencia que ha tenido el gobierno de Estados Unidos a través de los medios de comunicación, cuyo objetivo fundamental es influir en la opinión pública, en nuestro caso en las elecciones de México.

Para muestra basta un botón: ante los antecedentes de fraude electoral de las elecciones del 6 de julio de 1988 que llevaron a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República; en la antesala de pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se llevaron a cabo elecciones locales en el estado de Guanajuato para elegir gobernador, el 18 de agosto de 1991; el candidato electo fue Ramón Aguirre Velázquez (PRI), sin embargo, debido a las acusaciones de fraude electoral que se divulgaron en el plano internacional, particularmente, en medios de comunicación como The Washington Post, no llegó a tomar posesión de su cargo debido a la influencia que tuvieron estos medios de comunicación, basta recordar que este diario sí publicó cobertura sobre las elecciones guanajuatenses; inéditamente el estado de Guanajuato tuvo una encrucijada jurídica con tres gobernadores: un gobernador constitucional, Rafael Corrrales Ayala; un gobernador interino, Carlos Medina Plascencia (producto de la llamada “concerta-cesión”, cuyo artífice fue Salinas); y, un gobernador electo, Ramón Aguirre Valázquez. Así lo confirma, Raymundo Riva Palacio en su libro Colosio, crónica del fracaso de un proyecto transexenal, en el cual Salinas le pidió a Aguirre que declinara para “tener acuerdos con el PAN y en el gobierno de Estados Unidos” — lo que refleja el contexto de la negociación del TLCAN.

Hoy, de nueva cuenta está en juego la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que reemplaza al TLCAN y regula el comercio, la inversión y los derechos laborales y ambientales en América del Norte.

El problema del asunto es que la revisión oficial está programada el 1 de julio de 2026 en un escenario electoral, noviembre en Estados Unidos y en junio de 2027 en México.

En suma, la injerencia de Donald Trump continuará rumbo a las elecciones de noviembre en virtud de que sigue perdiendo popularidad con los electores estadounidenses. Pero ¿hasta qué punto resulta oportuna la carta de apoyo de AMLO a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para disuadir la injerencia de Estados Unidos en las elecciones de México?

Ustedes tienen la palabra.

En marco inaugural de este evento tuve la oportunidad de escuchar de “viva voz” la charla magistral de Oscar Oszlak, denominada, “Estados frágiles en la Era exponencial: desafíos de la formación de sus administradores”, en donde hace referencia a la transición de la 5ª Revolución Industrial (5.0) propiciada por el cambio exponencial de aceleramiento geométrico, ya no aritmético, de la tecnología; además, de posicionar al Estado como un actor social insustituible y crucial ante el vértigo de los cambios e impactos y consecuencias sociales de las innovaciones tecnocientíficas, fundamentalmente, para evitar los efectos negativos y encauzar las ventajas y beneficios sobre el bienestar e interés general de la sociedad, con el fin de que sus instituciones prevean y tomen, en tiempo y forma, las decisiones para formular e implementar, ejecutar  y supervisar políticas públicas que controlen su ritmo y dirección para prestar servicios a sus ciudadanos.

El futuro no solo nos alcanzó sino rebaso; así lo confirma el uso común y actualización constante de las inteligencias artificiales (IA en singular por sus siglas) ChatGPT, Gemeni, Copilot y Claude, etc., como nuevas herramientas tecnológicas disruptivas en la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), que han impactado generando beneficios económicos, ambientales y sociales en el mundo, en la vida cotidiana de las personas y en el sector público, particularmente, en las administraciones públicas como “brazos ejecutores” de los gobiernos que se encuentran en el epicentro de la Era disruptiva para gestionar, ser más eficientes y lograr un mejor desempeño de las políticas públicas orientadas por éstos.

La XX Conferencia Anual INPAE 2026, previo al marco inaugural, dio inicio con la mesa número 4, Datos, inteligencia artificial y desempeño público, en la cual plantee la propuesta de Inteligencia Artificial aplicada al ciclo de las políticas públicas, poniendo en práctica su uso con un prompt que aborda un problema que se convierte en demanda y analiza para identificar los algoritmos de IA en la Administración Pública. En este tenor, se concluye y observa que es imprescindible vincular los resultados con explicaciones claras, ya que el aprendizaje profundo −subconjunto del Aprendizaje Automático− opera como una “caja negra” cuyo proceso interno aún no se comprende plenamente. Estas innovaciones han generado beneficios económicos, ambientales y sociales a nivel global, impactando tanto en la vida cotidiana de las personas como en el sector público, sobre todo, en las administraciones públicas. Sin embargo, la IA también ha provocado consecuencias negativas, como prejuicios, discriminación, divisiones sociales y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales, derivadas de sesgos que pueden generar desigualdad, brechas digitales, exclusión y riesgos para la diversidad cultural, social y biológica.

El problema central es que en México aún no existe una regulación específica sobre el uso y supervisión de la IA. En este sentido, la UNESCO ha señalado la necesidad de alcanzar una gobernanza eficaz y ética de la IA mediante la adopción de una ambiciosa normatividad global. Esta circunstancia constituye una oportunidad para plantear como objetivo de esta investigación la necesidad de regular la IA a través de una Ley General que impacte en la gobernanza federal, estatal y municipal. Por este motivo, resulta imprescindible que nuestro país cuente con una Ley General de Inteligencia Artificial, mediante la adición de una fracción XXIX-Z Bis al artículo 73 de la Constitución federal para dar certidumbre y seguridad jurídica.

Las innovaciones tecnocientíficas en el devenir de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, han transformado las relaciones de convivencia entre las personas y comunidades; de manera tal, que los nuevos artefactos tecnológicos han propiciado la transición de los leguajes oral y escritural al lenguaje digital; muestra de ello, es la red de redes, internet, que se ha acentuado con la irrupción de la IA como una nueva herramienta emergente que ha impactado en múltiples sectores; la Administración Pública no es la excepción, en razón de que la Universidad de Valparaíso nos invita a la reflexión y está latente entre las actividades que integran la jornada de la XX Conferencia Anual INPAE 2026, que concluirá el próximo 29 de mayo.

Pd. Nuestras sinceras felicitaciones a la Dra. Diana Vicher por el reconocimiento y premio “Omar Guerrero”

Basta recordar, que el proceso de la Independencia en México duro poco más de once años (1810-1821). Una vez consumada la independencia de la Nueva España en 1821, se inició la construcción del Estado mexicano; el Soberano Congreso Constituyente –instalado el 7 de noviembre de 1823, expidió dos decretos que generaron la transición de las provincias a estados como parte de la federación, la división tripartita del poder público y la composición de las legislaturas estatales.

El primer decreto, emitido el 8 de enero de 1824, dictó la Ley para establecer las legislaturas constituyentes particulares en las Provincias que habían sido declaradas Estados de la Federación Mexicana. En este tenor, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, reconocía en su artículo 7, a los siguientes estados: el de Guanajuato; el interno de Occidente, compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa; el interno de Oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo-León y los Tejas; el interno del Norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango, y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oajaca; el de Puebla de los Ángeles (el de Tlaxcala); el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Veracruz; el de Xalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Xalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del istmo de Huazacoalco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al Estado de Yucatán.  El segundo decreto, emitido el 4 de octubre de 1824, estableció el gobierno particular de los Estados, dividiendo su ejercicio en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), dejando la composición de cada legislatura estatal de conformidad con sus constituciones.

A partir de la instauración del federalismo, el Estado mexicano ha tenido múltiples transformaciones y mudanzas revolucionarias que van desde las Leyes de Reforma y Revolución Mexicana hasta nuestros días, en donde se vislumbra un escenario complejo en la relación bilateral de México con los Estados Unidos, particularmente, con el estilo personal de gobernar del presidente Trump, que devela un carácter de “incontinencia” −por decir lo menos−, que sorpresivo y peligroso en la toma de decisiones.  Ante este talante de “bandazos” del presidente Trump, en alguien debe caber la prudencia.

Hay que aprender de las lecciones de la historia, las divisiones internas siempre han favorecido al enemigo exterior. Por ello, indistintamente de las posiciones ideológicas y partidarias que se puedan tener entre las distintas fuerzas políticas, el llamado a la unidad y defensa de la soberanía e independencia de México que hizo la presidenta Sheinbaum, no solo es oportuno, sino necesario antes de que “el destino nos alcance”.

Hacemos votos porque así sea.

En nuestro país, todas las personas pueden gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; así confirma, el artículo 3º constitucional que establece, que: “Toda persona tiene derecho a la educación.” Pero, ´¿realmente todas las personas tienen acceso a la educación?

La educación es una materia concurrente que corresponde implementarla y ejecutarla, tanto a la administración pública federal como a las administraciones públicas estatales y municipales, las cuales deben contemplar no solo las racionales lingüísticas y lógico formal, sino pragmáticas (económicas) para garantizar el cumplimiento de los destinatarios. Al respecto, cabe cuestionar: ¿por qué a la educación se le ve como un gasto y no como una inversión?, ¿cuánto están invirtiendo los gobiernos, tanto el federal como del estado de Guanajuato y, particularmente, del municipio de León?

En este contexto, cabe preguntar: ¿cómo elevar el nivel educativo?, ¿qué papel deben jugar las y los maestros para el logro de este propósito?

Para elevar el nivel educativo se requiere tener una visión holística, es decir, que aborde el problema de la educación de manera integral, a partir de sus múltiples causas para diseñar y construir con la participación de los distintos actores −sociedad civil, iniciativa privada y gobierno−, de manera directa e indirecta, políticas públicas a través de métodos y técnicas prospectivas. Para ello, se requiere:

1. Capacitar al docente de manera continua con programas de actualización en pedagogía para fortalecer la enseñanza;
2. Mayor inversión en infraestructura con tecnología para mejorar el aprendizaje; y
3. Utilizar la tecnología en el aula, fundamentalmente, usando herramientas digitales que faciliten el acceso al conocimiento como son las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) y mejore la interacción entre alumnos y maestros; sin menoscabo, del pensamiento crítico en donde los alumnos analicen problemas y propongan soluciones de manera autónoma.

En el juego de ajedrez como en la educación, una cadena de peones se mantiene desde su base. Por analogía, un programa de alfabetización digital debe comenzar desde preescolar, simiente de la educación sucesiva y continua. Al respecto, hay posiciones encontradas por la temprana edad… Habrá que recodar que Giovanni Sartori aludía al video-niño. Actualmente, en la Era digital podríamos hacer referencia al ciber-niño.

Ante la ausencia de una legislación en materia de inteligencia artificial (IA) y, consecuentemente, de una evaluación expost del impacto de las IAs en la educación, el reto que tiene la docencia −al usar o permitir las IAs en sus clases− es mantener la racionalidad y el pensamiento crítico del educando para evitar que se atrofie al transitar de homo-sapiens a homo-ciber, a través de nuevos diseños pedagógicos que utilicen a las IAs como medios ninguna como fin, o como diría el filósofo Mario Bunge, tener como producto de las investigaciones nuevos conocimientos, propios de las Sociedades del Conocimiento.

Mis sinceras felicitaciones a todas las personas que se han dedicado o dedican a esta noble labor llamada: docencia.

Enhorabuena.

Según Reuters, la CIA lleva años realizando operaciones encubiertas en México para rastrear narcotraficantes, e incluso, la cadena de televisión estadounidense, CNN, considera que estas operaciones han ido más allá del intercambio de inteligencia. No obstante, la vocera de la CIA, Liz Lyons, afirmó: “esta es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los carteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Más allá de estas posiciones encontradas, habrá que transitar de la opinión a la certeza e indagar si estas operaciones encubiertas son ilegales, en virtud de que, sin el permiso expreso del gobierno federal, los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operaciones de aplicación de la ley; y analizar hasta qué punto se ha vulnerado la soberanía nacional.

Por lo pronto, continúa pendiente la explicación sobre la presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad en estado de Chihuahua y despejar la incógnita de la violación a la Constitución federal y Ley de Seguridad Nacional, con potencial responsabilidad penal para funcionarios locales que las faciliten.

En suma, la opacidad de estas operaciones encubiertas genera desconfianza entre los niveles de gobierno, debilita la rendición de cuentas y puede ser instrumentalizada políticamente. En este rubro, cabe preguntar: ¿las operaciones encubiertas deben ser descubiertas?

Ustedes tienen la palabra.

Sin duda, hay más preguntas que respuestas. Lo real es que esta manifestación fue reactiva al anunció de la ruptura que sufrió el PAN, luego de que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez renunciara a este instituto político y, posteriormente, aglutinara a Movimiento Ciudadano. En este tenor, cabe reflexionar: ¿fue tardía o precipitada la manifestación?

De acuerdo con los tiempos políticos, el proceso electoral ordinario inicia en el mes de septiembre previo a la elección, según el artículo 225-1, de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales. En este rubro, cabe preguntar: ¿el PAN no incurrió en un acto anticipado de precampaña o campaña?

De acuerdo con lo que establece el artículo 3, numeral 1, incisos a y b, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos definen los actos anticipados de campaña y precampaña:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
2. a) [Actos Anticipados de Campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido;]
3. b) [Actos Anticipados de Precampaña: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura;]

Ahora bien, para considerar que un acto es “anticipado”, sea de precampaña o campaña, se requiere que estén presentes los siguientes elementos: (1) quien realiza el acto (personal); (2) que ocurra en un tiempo restringido (temporalidad) y (3) que se haga el llamado expreso a votar en favor o en contra de alguno de los contendientes (subjetivo).

De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿cuál sería la sanción?

Ustedes tienen la palabra.

Desde el 20 de enero de 2025 −fecha en que asumió el cargo y tomó de protesta como presidente de los Estados Unidos−, Donald Trump ha generado incertidumbre en la economía mundial al declarar la “Guerra Comercial” tras el anuncio de un sin número de medidas y aumento de aranceles a varios países, e incluidos sus socios comerciales, México y Canadá; con los cuales está revisando el Tratado Comercial −mejor conocido como T-MEC−que culminará el 1º de julio próximo en el marco de su 6º aniversario de su constitución y vigencia, en donde se vislumbran dos escenarios: la continuidad del T-MEC o tratados comerciales bilaterales.

A la par, al primer día de su gestión, el presidente Trump amenazó con la aplicación de la ley en contra de los “carteles mexicanos” que él denomina “terroristas” con la intención de tener injerencia en el territorio mexicano. En este tenor, sus amenazas han quedado de manifiesto, luego de que se pusiera al descubierto la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua y solicitara a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la extradición del gobernador −con licencia− de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado, por acusaciones de conspiración con el Cártel de Sinaloa. Circunstancias que ponen en evidencia la intromisión de Estados Unidos en el territorio mexicano. Pero más allá de estas acusaciones fundadas o infundadas, cabe preguntar: ¿Hasta qué punto con estos operativos de agentes extranjeros en el estado de Chihuahua e injerencias de Estados Unidos a nuestro país vulneran la soberanía de México?

Ustedes tienen la palabra.

En este tenor cabe reflexionar: ¿la implementación de operativos de agendes de la Agencia Central de Inteligencia − CIA por sus siglas en inglés− de los Estados Unidos en el estado de Chihuahua era permisible? ¿Los servidores públicos del estado de Chihuahua, en su relación con Agentes Extranjeros, se apegaron a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y a los lineamientos que para el efecto emite el Consejo de Seguridad Nacional?, ¿Se aplicaron los protocolos en el estado de Chihuahua por parte de los servidores públicos? ¿Por qué renunció ayer el fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno? ¿Estaba enterada de estos operativos la gobernadora María Eugenia Campos Galván? ¿Por qué no concurrió al Senado de la República? ¿Los agentes extranjeros pueden ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas? ¿Desde cuándo agendes de la CIA estaban realizando estos operativos? ¿Hasta qué punto con la implementación de estos operativos por agentes extranjeros se vulneró la soberanía y seguridad nacional de nuestro país?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas, lo real es que a partir del fatal accidente automovilístico en el que murieron dos mexicanos y dos agentes de la CIA, luego de que regresaban de una operación para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en las montañas del estado de Chihuahua, se pusieron al descubierto estos operativos y, consecuentemente, su injerencia en el territorio mexicano.

Al respecto, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum ha señalado que tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno del estado de Chihuahua deben aclarar la presencia de los dos agentes de la CIA, en virtud de que el gobierno federal no estaba informado de este operativo.

La injerencia de los agentes extranjeros en territorio mexicano está regulada por el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional, que a la letra dice:

Artículo 71.- Los Agentes Extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones:

1. Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor;
2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional;

III. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional;

1. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda, en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones;
2. Deberán presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral, de conformidad con los términos establecidos en los mismos;
3. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables;

VII. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y

VIII. Sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.

El problema del asunto no es la competencia de la seguridad pública entre los gobiernos federal, estatal y municipal, sino la injerencia de agentes extranjeros en territorio mexicano sin que haya mediado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina como lo mandata la Ley de Seguridad Nacional.

Más aún, cuando los servidores públicos del estado de Chihuahua no se apegaron a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad Nacional y a los lineamientos que para el efecto emite el Consejo de Seguridad Nacional.

En suma, los operativos de agendes de la CIA de los Estados Unidos en el estado de Chihuahua vulneraron la soberanía y seguridad nacional de México.

Ante estos sucesos, cabe preguntar: ¿qué hacer al respecto?

Ustedes tienen la palabra.

Pero ¿Cuánto representa electoralmente el municipio de León? ¿Habrá más escisiones dentro del PAN? ¿Cómo va a ser la relación política entre los regidores y síndicos panistas con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez? ¿Cómo va a ser la relación política entre la administración pública de León y la administración pública estatal?

Sin duda, hay más preguntas que respuestas, lo real es que en política las circunstancias cambian en fracciones de segundo, fundamentalmente, porque el municipio de León representa uno de los últimos bastiones del PAN a nivel nacional y constituye la cuarta parte del electorado en el estado de Guanajuato, lo que da un peso excepcional la renuncia de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez al PAN.

Cabe recordar, que la otrora candidata a la presidencia municipal, Alejandra Gutiérrez, obtuvo 378,037 votos en las elecciones de 2024. No obstante, cabe preguntar: ¿cómo votaron los electores leoneses?, ¿votaron por la propuesta política, la identidad partidaria o el perfil de la candidata? Sea como sea, el respaldo electoral representa la mayor cantidad de votos entre todas las candidaturas del PAN a presidencias municipales y alcaldías en todo el territorio mexicano.

En el estado de Guanajuato, León fue el municipio de mayor peso absoluto dentro del panismo, según datos y estadísticas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

En suma, el municipio de León en términos electorales aporta más votos al PAN que cualquier otro municipio del país. Consecuentemente, esta escisión no solo tiene un peso simbólico sino político que traerá mayores rupturas que debilitarán la estructura del partido y costo electoral sin precedente en la historia reciente del panismo, de tal magnitud, que podría ser el presagio de su derrocamiento rumbo a las elecciones de 2027 y 2030 en el estado de Guanajuato.

Hagan sus apuestas.

De acuerdo con el artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución federal, la organización de las elecciones es una función a cargo del Estado mexicano que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución, que caracteriza al INE como un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de señalar que cuenta con una estructura de órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Entre sus órganos de dirección superior destaca el Consejo General integrado por un consejero presidente y diez consejeros electorales. En este rubro, ayer fue aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la elección de tres personas para ocupar las consejerías electorales, que durarán en sus cargos a partir de hoy y hasta el 21 de abril de 2035, cuya labor será fundamental para fortalecer la democracia y consolidar la confianza ciudadana en la organización de las elecciones, a saber: Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

El INE es el árbitro del juego electoral. De ahí la importancia que este debidamente integrado para arrancar el proceso electoral federal este próximo mes de septiembre y llevar a “buen puerto” las elecciones locales concurrentes que se disputarán el domingo 7 de junio de 2027.

Rumbo a las elecciones federales intermedias, los partidos políticos como principales protagonistas de este juego político deben perfilar la identidad partidaria, propuestas y candidaturas con la ciudadanía para ganar sus preferencias electorales. En este tenor, la estructura partidaria en todo el territorio mexicano es crucial para el soporte y logro de estos objetivos. Por este motivo, no debe extrañarnos el rumor de la presumible sustitución de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, por Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar del Poder Ejecutivo Federal, fundamentalmente, porque esta última conoce cada rincón del territorio nacional. Consecuentemente, este presumible movimiento resulta estratégico y constituye una jugada magistral en el tablero político, sin demerito de la salida de Citlalli Hernández como secretaria de las Mujeres más los movimientos de “piezas” que vienen…

El juego político apenas comienza en una realidad cambiante y dinámica.

Hagan sus apuestas.

El Estado como categoría jurídica y política no puede explicarse sin su constitución; así lo constata, la Primera Constitución Política del Estado Libre de Guanajuato del 14 de abril 1826, que constituye la cimiente de la organización del Estado y sociedad guanajuatense en los albores de la Independencia de México, fundamentalmente, porque hoy el Congreso local celebra una sesión solemne para conmemorarla en su bicentenario, reconocerla y traer a la memoria lo que hemos sido, somos y queremos legar para las presentes y futuras generaciones.

Basta recordar, que los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional en 1789, establecieron en el artículo 16 de “La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución.

Bajo estas dos condiciones –la garantía de los derechos de la sociedad y la separación de poderes–, la mayoría de las naciones del mundo elaboraron y fundaron su constitución, lo que hoy los juristas llaman la parte dogmática y orgánica de la constitución.

En México la génesis de la división de poderes está vinculada con la historia constitucional, que subyace desde la Constitución Monárquica Española de 1812, pasando por el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, hasta los 41 decretos formulados por el Primer Congreso Constituyente del Estado de Guanajuato, los cuales develan la creación de los otros dos poderes (ejecutivo y judicial) por parte de esta Soberanía; así como el acontecer de la historia parlamentaria de nuestra entidad, a lo largo de poco más de dos años, desde la instalación del Congreso Constituyente hasta la juramentación de la Constitución Política del Estado Libre de Guanajuato de 1826, que hoy se conmemora en la sesión solemne del Congreso del Estado de Guanajuato, y que en el artículo 26 estableció que el gobierno supremo del estado se dividiría para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial y en el artículo 15 el reconocimiento de los derechos de los guanajuatenses como: la igualdad ante la ley, libertad, propiedad, seguridad y administración de la justicia.

La Constitución local de 1826 estableció en los artículos 92 y 93, respectivamente, las atribuciones del Congreso y de la Diputación Permanente. Estas dos formas de actuar del Poder Legislativo del Estado expresan la génesis del derecho parlamentario con diversas funciones legislativas, electorales, administrativas, jurisdiccionales, presupuestarias o financieras, fiscalización y control político que ya se signaban.

En suma, el 14 de abril, no debe pasar inadvertido, debe ser un día de fiesta cívica y política, sumamente especial y significativo para todas y todos los guanajuatenses, principalmente, porque el conmemoramos el 200 Aniversario de la Primera Constitución Política, que no es una cuestión menor.

Remembrar con festividades este legado histórico, es sin duda, revelador, porque constituye un referente de lo que hemos sido, somos y queremos ser ante un nuevo reordenamiento de nuestra Constitución estatal, que es una de las asignaturas que tenemos pendiente como guanajuatenses y futuros legisladores.

Hacemos votos porque así sea.

Enhorabuena.

El texto vigente del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución federal reconoce la protección de la salud como un derecho que tiene toda persona, remite a las leyes para que definan las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establezcan la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo con lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional, y definan un sistema de salud para el bienestar con el propósito de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Ante este marco constitucional que denota lo prescriptivo del “deber ser” esta una realidad descriptiva que devela el “ser”, 44.5 millones de personas (34.2 % de la población) carecían de acceso a servicios médicos en 2024, según datos del INEGI publicados en agosto de 2025.

En este contexto, resulta sensible y loable el anuncio que hizo ayer en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum, de publicar en los próximos días un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para crear el servicio universal de salud con los propósitos de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de salud, con el fin de que cualquier ciudadano −e incluso que no cuente con un empleo formal−, sin barreras administrativas y distinción pueda recibir atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar, sin importar si cotiza en dichas instituciones. Esta unificación de servicios −sin alterar los servicios actuales− pretende maximizar la capacidad hospitalaria en nuestro país y, consecuentemente, surtir efectos inmediatos en la administración pública federal para garantizar el acceso a la salud.

Hacemos votos porque así sea.

Enhorabuena.

El doctor Betanzos es un funcionario público y académico mexicano de origen binizá, con destacada trayectoria en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Cuenta con una amplia formación multidisciplinaria y estudios de posgrado, doctorado y postdoctorado. Es profesor universitario, investigador del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador académico en el INAP, además de autor y acreedor de diversos reconocimientos por su labor académica y profesional.

El doctor Betanzos al frente del INAP deberá enfrentar diversos retos en un contexto de un proceso electoral federal que arranca la primera semana de septiembre próximo, cuya cúspide es el día de la jornada electoral, es decir, el primer domingo de junio de 2027, en que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; a la par, diecisiete estados tendrán comicios electorales concurrentes, en donde se renovarán igual número de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en cada una de las entidades federativas, así como, 1700 cargos del Poder Judicial a nivel federal y estatal aproximadamente. En este entorno, el INAP enfrentará desafíos críticos con la profesionalización del servicio público, la adaptación tecnológica −Inteligencia Artificial y gobierno digital−, la gobernanza multinivel y sostenibilidad financiera, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y las reformas institucionales en curso.

Ante esta coyuntura, el INAP tiene un campo fértil para establecer una red de relaciones políticas con los gobiernos de las administraciones públicas en turno y venideras en los distintos órdenes de gobierno para fomentar la capacitación, formación y profesionalización de sus funcionarios; tejer fino y desplegar una estrategia con visión de Estado y gobernanza, de manera inter, intra y multidisciplinaria con diversas instituciones públicas, de investigación y educativas, tanto nacionales como internacionales bajo la conducción y liderazgo del doctor Betanzos, quién se perfila como presidente del Consejo Directivo del INAP.

Hacemos votos porque así sea.

Enhorabuena.

Esta convergencia acelerada entre la IA y la seguridad nacional ha alterado las nociones tradicionales de disuasión, soberanía y poderío estatal. Circunstancias que nos llevan a las siguientes reflexiones: ¿Debe regularse la inteligencia artificial? ¿Requerimos una nueva arquitectura legislativa, de una reingeniería constitucional −parafraseando a Govanni Sartori−, o solo de leyes secundarias y reglamentarias? ¿Cómo la IA puede ser una estrategia para contribuir a preservar la seguridad nacional del Estado mexicano? Y ¿cuáles son sus alcances y limites de la regulación de la IA? Sin duda, hay más preguntas que respuestas que serán planteadas en el 1er Simposio Semar de Inteligencia Artificial y Seguridad Nacional: Gobernanza e Infraestructura Crítica Rumbo al 2036 durante los días 24, 25 y 26 de marzo, en los cuales se abordarán temas notables como el ecosistema de IA, defensa y seguridad nacional; la conciencia de dominio marítimo e infraestructura crítica; y las tecnologías disruptivas, amenazas híbridas y arquitectura legislativa, con el propósito de desarrollar una visión prospectiva hacia el 2036, orientada a la integración soberana de la IA y tecnologías emergentes como potencializadores estratégicos de la seguridad nacional.

La IA ha impactado en múltiples ámbitos como la sanidad, finanzas, industria, transportes, comercio, educación, conservación del medio ambiente, asistentes personales inteligentes y ciudades inteligentes; la seguridad nacional no ha sido ajena a esta tendencia, en virtud de que la IA ha generado oportunidades y beneficios, pero también prejuicios, discriminación, divisiones y amenazas a los derechos humanos y libertades fundamentales. Los sesgos pueden provocar desigualdad, brechas digitales, exclusión y riesgos para la diversidad cultural, social y biológica, agravando divisiones sociales y económicas tanto dentro de los países como entre ellos (UNESCO, 2021). En este rubro, resulta crucial vislumbrar una “Arquitectura Legislativa ante las Tecnologías Emergentes y Disruptivas”, es decir, marcos regulatorios a rango constitucional, de leyes secundarias y reglamentarias que protejan los derechos fundamentales y promuevan el desarrollo sostenible de la IA como ya lo son el Reglamento de Inteligencia Artificial en Europa y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en España, que buscan garantizar un uso seguro, ético y fiable de la tecnología (Ministerior de Educación, Formación Profesional y Deportes, 2024, pág. 6). En este sentido, la UNESCO ha señalado la necesidad de alcanzar una gobernanza eficaz y ética de la IA mediante la adopción de una ambiciosa normatividad global.

Los grandes problemas nacionales e internacionales como la contaminación del medio ambiente en el mundo derivado del llamado “calentamiento global”, la migración, el terrorismo; la delincuencia organizada e inseguridad nacional demandan la participación inter, multi e interdisciplinaria de expertos en distintas disciplinas, de la sociedad e iniciativa privada, que desde diversos ámbitos, perspectivas, modos y modelos de conocimientos que puedan plantear de manera integral los problemas y las vías de solución utilizando no solo las “inteligencias humanas” sino las herramientas tecnológicas, las aplicaciones de “inteligencias artificiales” para proyectar escenarios predictibles que contribuyan en la toma de decisiones y, por ende, en el conocimiento, diseño y construcción de políticas públicas no solo de manera eficaz sino eficiente con el propósito de “hacer con menos lo más”.

Sin duda, las tecnologías emergentes pueden constituir una estrategia de gran calado para la seguridad nacional. La inteligencia artificial utiliza datos para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia aplicándose en la gestión de recursos, el análisis de políticas públicas, la atención ciudadana y la prevención del delito (Ministerior de Educación, Formación Profesional y Deportes, 2024, pág. 3)

En fondo de la cuestión es que en México aún no existe una regulación específica sobre el uso y supervisión de la inteligencia artificial. Aunado a ello, habrá que advertir que, el artículo 6º, apartado A, fracción I de la Constitución federal establece que toda información en posesión de algún sujeto obligado por ley será reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Consecuentemente, los datos que alimentan las herramientas emergentes y disruptivas como la IA podrían ser reservadas temporalmente por razones de seguridad nacional. En este sentido, atendiendo al texto  constitucional vigente, cabe preguntar: ¿no sería una limitante para los desarrolladores y programadores de la IA o para los usuarios cuando que se vean afectados o vulnerados en sus derechos?, ¿cuáles son las perspectivas de armonizar el derecho de acceso a la información pública de las personas, la transparencia y la rendición de cuentas amén de la seguridad nacional? y, finalmente, ¿podrían conciliarse la teoría política que tutela los derechos humanos con la teoría jurídica que pondera la supremacía de la racionalidad del derecho? Hagan sus apuestas.

El llamado “Plan B” surge como alternativa después de que no fue aprobado el proyecto de dictamen – que impactaba en la modificación de once artículos de la Constitución federal en materia político electoral– por el Pleno de la Cámara de Diputados en virtud de que no alcanzó la mayoría calificada de las diputadas y diputados presentes.

Ante este escenario, se plantea el “Plan B” que propone la modificación de cuatro artículos constitucionales, a saber: los artículos 35, 115, 116 y 134.

1. En relación con la reforma del artículo 135 constitucional se traza que la revocación de mandato pueda realizarse dentro del tercero o cuarto año de gobierno. El texto vigente de la fracción IX, numeral 2º, reconoce como un derecho de la ciudadanía participar en este ejercicio revocación de mandato del Presidente de la República, la cual podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.

1. Respecto a la modificación del artículo 115 constitucional se bosqueja que los ayuntamientos tengan un mínimo de siete y un máximo de 15 regidores, en función de su población; además, de que solo haya un solo síndico por ayuntamiento. El texto vigente de este precepto constitucional en su fracción I establece que Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.
2. En cuanto a la reforma del artículo 116 se plantea un tope presupuestario para los congresos estatales, los cuales no podrán erogar el 0.7% del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente. El texto vigente de la fracción II, párrafo cuarto dice a la letra: Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
3. Finalmente, se esboza la modificación del artículo 134 constitucional para que ningún funcionario en materia electoral, incluyendo magistrados de tribunales electorales o consejeros del Instituto Nacional Electoral, tengan una remuneración mayor a la de la presidenta de la República, así como la prohibición de beneficios como seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizada, bonos y cajas de ahorro.

El problema del asunto es que para que, próspere el proceso de reforma constitucional se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados (Art. 135 constitucional). Las dos terceras partes de los legisladores presentes en la Cámara de Senadores es de 86 legisladores de un total de 128, bajo el supuesto de que todos asistan a la sesión respectiva.

Sin embargo, ante el posicionamiento de los grupos parlamentarios del PVEM y PT a favor del “Plan B” se vislumbra un escenario para que se logre la mayoría calificada y, por ende, apruebe el proyecto de dictamen por el Pleno de la Cámara de Senadores.

Corolario. In memoria de Jürgen Habermas: Filósofo e intelectual de la Alemania de posguerra. Catedrático en la Universidad de Fráncfort y miembro destacado de la llamada “Escuela de Fráncfort”, corriente de pensamiento crítica con el capitalismo desde la perspectiva de una “nueva izquierda”.

Desde esta perspectiva y con una nueva visión de la UNIDA DE LAS IZQUIERDAS… lamentamos su deceso. Descanse en Paz.

El dictamen en materia político electoral impacta en la modificación de once artículos de la Constitución federal, entre los que se destaca: la participación ciudadana al reconocer dentro de sus derechos diversas propuestas como las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, así como la discusión pública informada; y, el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la emisión del voto. A la par, de referéndums y plebiscitos.  Circunstancias, que contribuyen a la racionalidad pragmática y, por tanto, a la garantía del cumplimiento de los destinatarios, es decir, para que los ciudadanos tengan una mayor amplitud de ejercer este derecho. En este rubro, la democracia representativa y la democracia semidirecta en México son dos mecanismos procedimentales –no excluyentes uno de otro–, a través de los cuales el ciudadano puede participar de manera indirecta y directa, respectivamente, en la deliberación de los asuntos públicos de Estado.

Estas bondades del dictamen deben valorarse y ponderarse, en virtud de que la democracia es una precondición social para que los ciudadanos puedan participar en la deliberación de los asuntos públicos del Estado mexicano, a través de mecanismos procedimentales efectivos. Sin menoscabo de la reducción del costo de las elecciones mediante ajustes administrativos y tecnológicos; y el fortalecimiento de la fiscalización de partidos y campañas.

El problema del asunto es que para que, próspere el proceso de reforma constitucional se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados (Art. 135 constitucional). Las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión constituyen mayorías calificadas, equivalentes a 334 diputados de un total de 500 y 86 senadores de la República de un total de 128, bajo el supuesto de que todos asistan a la sesión respectiva.

No obstante, ayer, ante el posicionamiento de los grupos parlamentarios de oposición y “aliados” (PVEM-PT) del grupo parlamentario de Morena en contra del dictamen en materia político electoral en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, se vislumbra un escenario poco probable para que se logre la mayoría calificada y, por ende, apruebe el proyecto de dictamen por el Pleno de la Cámara de Diputados. En consecuencia, el proyecto de dictamen se desecharía y no pasaría a la Cámara de Senadores.

Corolario: La política es el arte de la conciliación de voluntades, de acuerdos y consensos, en donde haya un respeto al disenso e inclusión. En este tenor, cabe preguntar: ¿qué o quiénes fallaron?, ¿fallo la política? O, ¿es un acto deliberado?

Ustedes tienen la palabra.

El derecho al trabajo es un legado del constitucionalismo social que caracteriza a la Constitución queretana de 1917, primera en su género en el mundo en reconocer los derechos sociales de segunda generación como derechos humanos; así lo confirma la entrada en vigor el día de hoy, la reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana.

La transición de garantías individuales a derechos humanos como consecuencia de la reforma constitucional federal del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, conlleva un nuevo paradigma que pone de relieve, en nuestro caso, al trabajo; ya no solo como derecho social sino como un derecho fundamental tutelado y signado en un catálogo más amplio, tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano.

Desde hace 25 siglos, el filósofo griego Aristóteles planteaba en su obra, Política, que el fin del trabajo es el “ocio” −no en sentido peyorativo−, es decir, el tiempo que tiene el trabajador para el esparcimiento, creatividad e imaginación bajo la precondición de tener satisfechas sus necesidades más apremiantes. En este tenor, el Diccionario de la Lengua Española −de la Real Academia−, en su cuarta acepción, considera que el “ocio” implica Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan libres sus principales ocupaciones. Por este motivo, la reducción de la jornada laboral como derecho humano es loable porque reduce dos horas anuales de jornada laboral a partir del año 2027, de manera gradual, hasta llegar a 40 horas semanales en el año 2030.

Esta propuesta implicó modificar la Constitución ciñéndose al procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional, que mandata la aprobación de las dos terceras partes de las y los legisladores presentes en las cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas estatales, al reformarse las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 123. …

…

…

1. …
2. a III. …
3. La jornada laboral será de cuarenta horas semanales en los términos que establezca la Ley.

Por cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

1. a X. …
2. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

La prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede, obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la Ley de la materia.

Las personas menores de dieciocho años no podrán laborar tiempo extraordinario.

XII. a XXXI. …

1. …

Hoy, entra en vigor este decreto de reforma constitucional y corresponderá al Congreso de la Unión realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto; o sea, a más tardar en los primeros días del mes de junio.

Sin duda, la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana es un derecho social, humano, fundamental y precondición para que las personas puedan cumplir con el fin del trabajo, el “ocio”, y ser más productivas a partir de que tendrán más tiempo para el esparcimiento, la creatividad, la imaginación e innovación.

En suma, la reducción de la jornada laboral no debe visualizarse como una perdida sino como una inversión a corto, mediano y largo plazo para los empleadores.

Hacemos votos, porque así sea.