León, Gto., a 6 de diciembre de 2022. – Derivado de que las fiscalías y las instancias públicas encargadas en la protección de las infancias y adolescencias se encuentran rebasadas, los delitos contra los menores se deben atender desde otras áreas.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad hay 316 casos, 220 menores de edad y 100 casos no especificados.
Así lo explicó la coordinadora educativa del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolecentes en Guanajuato (NIMA), quien dijo que pese a ello no se les debe quitar responsabilidad a las instituciones de gobierno.
“Las dependencias que se encargan del acceso a la justicia que sí, es verdad, estan rebasadas, están saturadas, pero eso no les quita la corresponsabilidad de atender y que haya justicia para las niñas, niños y adolescentes. En este caso otra rama o área donde hay que abordar tiene que ver con aumentar los presupuestos para estás instancias”, comentó.
Aseguró que unos de los delitos que más afectan a la esta población es la corrupción de menores además de la desigualdad económica, social y la falta de educación.
Agregó que no hay voluntad política para cumplir con los protocolos en materia jurídica para que los menores violentados alcancen la justicia.
“Tienen un protocolo y hay varios que tienen enfoque en derechos humanos y que lo tienen que cumplir, pero ya entra otro lado como personal donde más servidoras y servidores públicos tienen que estar sensibilizados, tienen que conocer de derechos humanos, pero obviamente entra el proceso de que reconozcan a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos”, dijo.
La activista explicó que se trata de una corresponsabilidad del estado, pero también de manera individual de cada persona y la sociedad.
