Hay una correlación directa del incremento de homicidios dolosos tanto de hombres como de mujeres en Guanajuato y, en los dos casos, es aberrante y doloroso porque se trata de seres humanos. Sin embargo, es alarmante que cada vez son más las mujeres asesinadas.
Hoy nuestro estado ocupa el primer lugar en asesinatos hacia mujeres en todo el país, según lo reportan medios nacionales y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos refiere un promedio de 38.2 crímenes de esta naturaleza por mes.
La Fiscalía General del Estado (FGEG) solo investiga como feminicidios el 3.6 por ciento del total de los casos y los demás solo como homicidios dolosos (aunque no sabemos si realmente los investiga). Aquí no estamos contando los homicidios culposos en agravio de mujeres, y habría que determinar cuántos de estos son finalmente intencionales.
El feminicidio se tipifica en México como una muerte violenta por razón de género (que gramaticalmente debería ser por razón de sexo). Sin embargo, esta es la forma más extrema de violencia contra la mujer.
En las noticias de todos los días, vemos que cada vez más, en las denominadas ejecuciones por parte de grupos criminales, son también mujeres las víctimas. Para las autoridades, presuntamente porque estaban relacionadas con el tráfico de drogas.
Pero es momento de preguntarnos el porqué de este fenómeno criminal. Por alguna causa, también las mujeres cada vez más consumen alguna droga ilícita, además de alcohol, y también se ha visto que son detenidas por la presunta venta de drogas.
Las autoridades aceptan que hay casos en los que las mujeres son obligadas a consumir o a vender drogas, por parte de sus propias parejas y en algunos casos por los grupos criminales.
En números totales, Guanajuato ocupa el primer lugar de homicidios dolosos en México y cada vez más lo hace en cuanto al índice, es decir, en cantidad de homicidios dolosos por determinado número de habitantes.
Las políticas erróneas en seguridad pública por parte de nuestros gobiernos estatal y municipal, dan pie a eludir responsabilidades y a inculpar a otras instancias. Lo peor de todo, es negar o esconder la realidad.
En días pasados se señaló que Guanajuato ocupa ya el segundo lugar en personas desaparecidas en todo el país, solo por debajo de Jalisco, pero supera a entidades como son Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Veracruz.
De inicio, la FGEG no aceptaba los datos señalados por autoridades federales, pero bajo la presión de las familias de los desaparecidos, hoy agrupados en asociaciones y colectivos, ha tenido que aceptar la realidad, posiblemente a medias: tenemos 1 mil 350 casos, con carpeta de investigación.
El descubrimiento de inhumaciones clandestinas a lo largo y ancho del estado, principalmente en los municipios del sur, nos ha dejado horrorizados y la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Estatal, han quedado rebasadas en cuanto a la capacidad para la identificación de los restos humanos.
En una aparición, por demás vergonzosa, el dirigente estatal del PAN dijo que no es verdad que Guanajuato ocupe el segundo lugar de personas desaparecidas, o no localizadas, y que ese señalamiento lo hace la Federación con un sentido y “criterio político”.
Según los medios, el dirigente panista Román Cifuentes se refirió al hallazgo de las fosas clandestinas solo como “unos eventos”, sin que ello fuera razón para que a Guanajuato se le endilgue ese segundo lugar nacional.
A este señor le parece poco que de enero de 2009 a noviembre de 2020 se han identificado más de 150 fosas clandestinas, de las cuales han sido exhumados unos 300 cuerpos de personas. Tan solo en Salvatierra, en fechas recientes, se han localizado 79 cuerpos.
El Gobierno del Estado y su partido político podrían empezar a reconocer la realidad de violencia e inseguridad y, entonces sí, empezar a trabajar por resolver el problema que no es menor. Se trata de un problema que tiene que ver con la vida, la integridad y el patrimonio de los guanajuatenses.
