Guanajuato, Gto., 30 de julio de 2025.- La Fiscalía General de la República aseguró parte del fraccionamiento La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa en la capital de Guanajuato, por presuntos delitos contra la biodiversidad.
Bajo el amparo del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, agentes de la FGR aseguraron el acceso y, con apoyo de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, blindaron el acceso para que los representantes sociales realizaran la inspección del lugar.
Y es que tras varias denuncias por daños ambientales, las autoridades ingresaron para hacer los peritajes, uno de ellos que acusa la construcción de dicho fraccionamiento dentro del Área Natural Protegida la Cuenca de la Esperanza.
En su momento, el diputado local del PRI, Alejandro Arias Ávila, exigió a las autoridades capitalinas -entonces encabezadas por el panista Alejandro Navarro- dejar claro el estatus de dicho fraccionamiento, sobre todo porque está involucrado Sergio Ascencio Barba -ex diputado federal del PAN- como administrador único del predio.
De acuerdo con testigos, los agentes federales ingresaron a realizar inspecciones sobre flora y fauna en el lugar, después de varias horas, se procedió a colocar los sellos para inmovilizar el fraccionamiento en cuestión.
La Cucursola es un predio de siete hectáreas propiedad de Loma de Irapuato, S.C. de C.V. cuyo administrador es Ascencio Barba.
El ex diputado, logró que se entregaran permisos municipales para la construcción de 49 viviendas lo que, a decir de grupos ambientalistas de Guanajuato, tuvo un impacto negativo a la ecología en el lugar, además de que fue ilegal
La organización Acción Colectiva Sociambiental, fue la más activa para acusar, desde el 2023, la posible comisión de delitos ambientales por lo que, el caso se turnó a la FGR para que diera actuación en fundamento en el Código Penal Federal.
Integrantes del mismo colectivo, acusaron al ex alcalde Alejandro Navarro Saldaña, esposo de la actual presidenta municipal, Samantha Smith, y contra Carlos Delgado Zárate, entonces director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la capital, por la expedición de los permisos, presuntamente irregulares, para favorecer al ex diputado panista.
“La denuncia penal está relacionada con la construcción del fraccionamiento La Curcusola en terrenos forestales sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental expedida por SEMARNAT ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo a lo que establece y exige el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los artículos 14 fracción XI, 68 fracción I y 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como por la expedición indebida de autorizaciones municipales que permitieron el desarrollo del proyecto en contravención a la legislación ambiental aplicable”, dice el comunicado que la asociación civil publicó en sus redes sociales.
