El día de mañana arranca el Segundo Año del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la 66 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, escenario parlamentario en donde concurrirán las representaciones de los poderes públicos y de la llamada “clase política”; circunstancia oportuna para saber que temas se priorizarán durante los próximos tres meses y formarán parte de la agenda legislativa establecida – a decir de George Tsebelis– por los “jugadores con veto”, es decir, de los grupos y representaciones parlamentarias del Poder Legislativo, con el propósito de observar si las y los “representantes populares” – como son definidos en la Constitución estatal– son sensibles verdaderamente a la demanda más apremiante… la seguridad pública de la población, de sus representados, de su gente: el pueblo guanajuatense. Sin menoscabo, de otros tópicos como la reforma electoral, el “paquete fiscal”, la pobreza, la escasez de agua y la corrupción.
Las y los diputados locales, imparcialmente, de que la vía o medio para sus postulaciones hayan sido formuladas por los diversos partidos políticos, son representantes populares electos en su totalidad cada tres años, mediante votación libre, directa y secreta. En este tenor, categóricamente se sostiene que la fuente primaria del poder político es el voto de la ciudadanía, más allá de la línea política o programática del partido político que lo postuló. Por este motivo, indistintamente de las cuestiones ideológicas, deben anteponer sus intereses partidarios y atender los grandes problemas estatales y municipales, las necesidades y demandas más apremiantes de la población… ¡la inseguridad pública!, que se manifiesta con los porcentajes más altos de percepción de inseguridad pública en las entidades federativas, particularmente, en Guanajuato, con 88.5 por ciento, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, dada a conocer a la opinión pública por el Comunicado de Prensa 127/25 del INEGI, el pasado 18 de septiembre.
Sucesos en los últimos días demuestran como los municipios se encuentran capturados por la delincuencia organizada: en el municipio de Valle de Santiago, siete muertos y un herido grave; desaparición forzada de cinco personas por cuatro elementos de la policía del municipio de Cortázar; en Irapuato dos personas murieron y una mujer y su bebé resultaron heridos en una balacera en el restaurante-bar El Oasis de la Cruz, cinco hombres fueron asesinados en el camino vecinal de Aldama a la comunidad Comederito y localización de restos humanos en la comunidad Cuachicuato; balacera en el área de la presidencia municipal y jardín principal de Celaya con un delincuente muerto; y el asesinado de dos mujeres a balazos en el establecimiento, “Las Cachimbas”, en San Felipe, Guanajuato.
Los anteriores ejemplos casos, demuestran la ola de inseguridad pública que se vive día con día y que manifiesta con desapariciones, levantamientos y asesinatos. Pero, sobre todo, dan cuenta fiel de que los municipios son el “eslabón más débil” de la inseguridad pública.
La seguridad pública es una materia concurrente y función que deben atender los gobiernos, tanto federal como estales y municipales, a través de sus administraciones públicas “como sus brazos ejecutores”. Más aún el municipio, que además de tener como función la seguridad pública la tiene asignada como servicio público de acuerdo con en el artículo 115 de la Constitución federal.
En este contexto, cabe reflexionar: ¿Hay un buen diagnóstico, propuestas, estrategias y tácticas para garantizar la seguridad pública de la población guanajuatense? ¿Deben los municipios continuar asumiendo la función y servicio público en materia de seguridad pública?
Ustedes tienen la palabra.
