Guanajuato, Gto., a 16 de noviembre de 2022.– Con la finalidad de fortalecer el marco normativo en materia de protección, control y administración del patrimonio inmobiliario del Estado, el Pleno del Congreso local aprobó la nueva Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Guanajuato.
Dicha norma tiene como objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio inmobiliario del Estado; regular los actos de dominio sobre los bienes inmuebles del Estado y los actos traslativos de uso de los bienes inmuebles del dominio público y del dominio privado; así como la asignación de los bienes inmuebles del dominio público; y regular el registro, catálogo, inventario y control de los bienes inmuebles del Estado.
Asimismo, se establece como sujetos obligados al Poder Ejecutivo, a través de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública estatal; al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los organismos autónomos.
Se precisa que el uso de los bienes de dominio del Estado deberán ser utilizados en su beneficio y las utilidades que provengan de su uso y aprovechamiento ingresarán a la hacienda pública estatal.
Además, se agrega que, para la adecuada administración de los inmuebles, los sujetos de la Ley deberán realizar las actividades conducentes en control e inventarios, aseguramiento, protección civil y seguridad estructural, mantenimientos preventivos y correctivos, y obra pública.
Igualmente, se indica cuáles son los bienes inmuebles del dominio público y los del dominio privado; el destino de los bienes inmuebles del Estado; la enajenación de los bienes inmuebles; el Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Estatal; entre otros; mientras que en los transitorios se precisa que el Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Como autor del dictamen hizo uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, quien apuntó que la modernización de una norma debe ser constante y un proceso dinámico.
Mencionó que, para la administración pública en general, ante las nuevas disposiciones de control y vigilancia que se tienen, como es la Ley de Contabilidad Gubernamental y las relacionadas con las responsabilidades, fiscalización e incluso uso de suelo, se debe hacer la modificación del marco jurídico de los bienes del estado.
Indicó que la nueva ley se encarga de regular las operaciones de venta, compra, conservación de los todos los bienes o propiedades inmobiliarias de la administración pública estatal, los poderes y los organismos autónomos.
Zanella Huerta destacó como bondades de la nueva norma que por primera vez se considera a la reserva territorial y a las áreas naturales protegidas como bienes del dominio público, con dicha adición, apoyamos a la sustentabilidad y se establece una propuesta clara en favor de las próximas generaciones, dijo.
Agregó que impone las obligaciones para que los poderes públicos, los organismos autónomos y todos aquellos particulares que están en posesión de los bienes inmuebles, tengan la conservación, mantenimiento y vigilancia de estos.
Precisó que se crea el procedimiento de subasta, con el fin de obtener las mejores condiciones para el Estado al ahora de la adquisición de los bienes; se integra un nuevo órgano colegiado para que de manera transversal realizar dichas enajenaciones; conserva la transmisión onerosa o gratuita para instituciones públicas para temas de habitación popular; regula las enajenaciones a título oneroso a favor de personas físicas, morales para la creación, fomento y conservación de empleos; regula las posibilidades del arrendamiento total o parcial para cumplir fines sociales y de índole privado, entre otros.
También subrayó que se fortalece la fiscalización, al dejar en claro que todo decreto deberá de contener el destino de los bienes, en el que se tendrá la obligación de mantener los valores actualizados; y se crea un programa para dar seguimiento a todos los actos jurídicos, por parte de la Auditoría Superior del Estado, a fin de mantener el control y la vigilancia del uso de los bienes.
“Con la nueva ley, refrendamos nuestro compromiso para fortalecer a nuestras instituciones y, en este caso, en el patrimonio que es de todos los guanajuatenses para de que se manejado con total transparencia y que represente un auténtico beneficio social”, finalizó el legislador.
