Guanajuato, Gto. a 5 de octubre de 2022.– Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobaron el dictamen del punto de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de León, a fin de que instruya a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana para que remita un informe integral sobre las acciones correctivas y preventivas implementadas o que se van a implementar para garantizar la salvaguarda de la integridad, libertades y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes por parte del personal de esa secretaría.
De igual manera, para que informe sobre las medidas que ha tomado para garantizar la no repetición de los hechos descritos en la propuesta de punto de acuerdo y si se ha efectuado alguna acción reparatoria.
También se tomaron acuerdos sobre dos propuestas de punto de acuerdo. La primera para exhortar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que lleve a cabo las acciones necesarias en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, en relación con los casos de violencia escolar reportados por la Secretaría de Educación de Guanajuato
La congresista Janet Melanie Murillo Chávez se refirió a las situaciones que motivaron la propuesta, entre las que dijo que en julio la Secretaría de Educación estatal emitió un comunicado en el que reportó 37 casos de violencia escolar, 17 de los cuales fueron de índole sexual.
En ese sentido, reiteró que la escuela es un espacio de formación en el que debe garantizarse el desarrollo y bienestar de quienes forman parte de esa comunidad, y fundamental en el desarrollo social, afectivo e intelectual de las y los estudiantes. Murillo Chávez enfatizó que un solo caso de un menor agredido exige su atención urgente e inmediata.
Al respecto, el diputado David Martínez Mendizábal solicitó se elaborara el dictamen en sentido positivo, planteamiento que fue aprobado.
El segundo punto de acuerdo es para exhortar a los 46 ayuntamientos de los municipios que integran el Estado, para que elaboren un protocolo de protección a periodistas, que sirva para garantizar su libertad de expresión de informar; así como al Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato para que revisen y actualicen los protocolos de seguridad y autoprotección de los periodistas.
Al hablar a favor del dictaminar en sentido positivo, la congresista Briseida Anabel Magdaleno González mencionó que si bien en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato se establecer el responsable de elaborar los protocolos de seguridad y autoprotección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todo esfuerzo que se realice por las autoridades federales, estatales y municipales que esté orientado a proteger el derecho de los periodistas a realizar su trabajo los debe convocar a trabajar juntos.
Argumentó que, si bien había elementos en el exhorto que posiblemente en temas de naturaleza jurídica habría sido oportuno precisar, como Congreso en esta materia debe existir una sola voz, aquella que garantice la labor de periodistas, la libertad de expresión y el fortalecimiento de las instituciones garantes de esos derechos.
El presidente de la Comisión, diputado David Martínez Mendizábal manifestó que era un tema de enorme transcendencia porque los periodistas no solo son un puente entre la sociedad y el estado, sino que son personas, y pidió se elaborara el dictamen en sentido positivo, propuesta que fue avalada.
Otros asuntos
En otros asuntos, se expuso la propuesta metodológica para la consulta a niñas, niños y adolescentes elaborada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).
Diana Arce Romero manifestó que el interés superior del menor es complejo, por lo que todos debían conocerlo y no era uno solo, ni una norma rígida establecida, sino que se tiene que prever cada caso, ya que todas las decisiones y actuaciones que se tomen desde el Estado tienen que asumir que de lo que se habla es de personas.
Apuntó que cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños debe tener como premisa fundamental el interés superior del menor, porque las normas los afectan de manera diferenciada al resto de la sociedad; y que la propuesta metodológica era una guía.
Por su parte, José de Jesús Daniel Ponce profundizó sobre las acciones que se deben llevar a cabo para consultar a los menores de edad. Mencionó que la metodología propuesta es una herramienta que pretende facilitar la expresión y escucha activas de niñas, niños y adolescentes, a través de consultas sobre diversas iniciativas durante el proceso legislativo.
Agregó que se propone dividir en cinco etapas: diseño de la consulta, conformación de la comisión implementadora, desarrollo de la consulta, proceso de devolución y elaboración del informe general del proceso y resultados.
Al hacer uso de la voz, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla señaló que se tienen que considerar los nuevos riesgos que enfrentan los menores como el bullying, y tener presente que cuentan con un amplio acceso a la información.
La congresista Janet Melanie Murillo Chávez agradeció los insumos que pueden dar para todas las acciones legislativas y agradeció la precisión en el trabajo que desarrollaron; mientras que la legisladora Briseida Anabel Magdaleno González coincidió en que debe ser una consulta simple y flexible, y dijo que los elementos recibidos sirven para contar con una consulta efectiva y que será relevante para todas las iniciativas que se tienen en análisis.
En su intervención, el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes agradeció la colaboración de la PRODHEG y el congresista David Martínez Mendizábal destacó la disposición del titular de la Procuraduría para apoyarlos con la metodología e indicó que lo están haciendo con mucha responsabilidad para, posteriormente, instruir a la secretaría técnica a que se conforme la Comisión Implementadora.
En otro punto del orden del día, el legislador David Martínez Mendizábal propuso una metodología para atender la agenda común en materia de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual consiste en llevar a cabo mesas de trabajo con familiares de víctimas, colectivos, especialistas y autoridades, las cuales se realizarán el mismo día y se abrirá un registro en línea para quienes deseen participar.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla, Briseida Anabel Magdaleno González y Janet Melanie Murillo Chávez; así como los diputados David Martínez Mendizábal (presidente) y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes. Además, los acompañó la legisladora Martha Guadalupe Hernández Camarena.
Por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato participaron Diana Arce Romero y José de Jesús Daniel Ponce.
