Les platicaré de una entrevista que escuche entre Pedro Ferriz de Con (Ferriz) y Pedro Aspe Armella (Aspe) secretario de hacienda en los tiempos de Salinas, le dice Ferriz, a ver tocayo platícame como se va a resolver la evasión fiscal en México.
Aspe a todo lo que da le dijo, mira le vamos a entregar a cada contribuyente una Cédula de Identificación fiscal (CIF), sin ella no podrás realizar operaciones mercantiles, porque tu proveedor para venderte te va a exigir su (CIF) y tampoco podrás vender, pues tu cliente te dirá para venderte necesito tu (CIF) pues si no se la entregas el gasto será no deducible para efectos del ISR, ni para el IVA será acreditable para ti.
Luego entonces la (CIF) sera necesaria para las operaciones, y estarás fuera de mercado, Ferriz, con la labia y alabanzas que le hacía a Salinas y a su gente: querido tocayo tan fácil que era resolver el problema y solo a un gran cerebro como el tuyo, eres un sabio.
Hoy nos damos cuenta que esa no fue la solución pues quienes no pagaba impuestos seguía la evasión a todo lo que da.
Hoy nuevamente nos están diciendo las autoridades fiscales van resolver el tema de la evasión fiscal a través de programas informáticos profundos y complejos, incluso con la garantía de que no van a poderse clonar ni intervenir por cyberpiratas.
Quizá en cualquier escenario fiscal, pero muy particularmente en aquellos que pudieran catalogarse como “de bajo cumplimiento” o de “incumplimiento generalizado”, el grupo de obligados tributarios que cumpla cabalmente sus deberes –sea cual sea su magnitud— debería originar mayor atención administrativa. Ese colectivo constituye una auténtica “punta de lanza” cuya preservación, primero, y eventual aumento, después, podría revestir importancia estratégica en la lucha contra el incumplimiento tributario.
No solo por el cumplimiento del deber material de ingresar las cuotas tributarias que correspondan, sino, también, por el obligado cumplimiento de una serie de deberes formales que, en definitiva, lo encarecen, los contribuyentes cumplidores se encuentran en una situación desventajosa frente a los incumplidores, con frecuencia concretada en una significativa desventaja competitiva. Todo en un contexto, al menos en medios de incumplimiento fiscal generalizado, de nulo reconocimiento social, por no decir que de cierta estigmatización, al percibirse el incumplimiento como un acto de inteligencia o de habilidad de quien lo comete.
Frente a este panorama, la sostenibilidad del grado positivo de cumplimiento alcanzado, independientemente de su magnitud, aparece como extremadamente frágil. Y, los efectos indeseables, en torno a la meta –no por difícil, menos válida— de aumentar el cumplimiento voluntario o, si se quiere, de reducir el incumplimiento –al fin, dos caras de la misma moneda— son fácilmente advertibles. Algo debe intentarse para eliminar o disminuir ese riesgo. Más precisamente, algún o algunos incentivos deben pensarse para apoyar esos comportamientos positivos.
Podría parecer extraño pensar, siquiera, en que el cumplimiento cabal del deber constitucional de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, deba ser premiado. Si eso fuera válido, ¿no lo sería, también, premiar la honradez? Se trata, en ambos casos, de comportamientos que fundamentan y hacen posible la convivencia armónica y, como corolario, la viabilidad de la organización y permanencia de nuestras sociedades
Los mecanismos antes señalados no deben verse como un producto finalizado, sino como un esfuerzo dentro de un proceso de búsqueda de auténticos medios que marquen una diferencia positiva a favor de los buenos contribuyentes.
Personalmente sostengo que mientras haya corrupción en los gobiernos, difícilmente habrá disminución a la evasión, pareciera que estamos en un circulo vicioso, y quizá si, pero quien debe romper este circulo es el gobierno que lejos de tener esquemas que eviten la evasión, deberá erradicar la evasión fiscal.
