Cuando el poder público le pierde respeto a la sociedad comienzan a darse actos de corrupción en prácticamente todas partes de la administración.
En León dichos actos se han vuelto cada vez más evidentes debido a que, después de 30 años en el gobierno, el PAN consideró que la sociedad solo es el vehículo para el acceso al beneficio de unos cuantos y no el motivo para promover un cambio que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.
La definición más pura de corrupción es que esta es una acción en cuyo proceso se quiebra deliberadamente la ley y los reglamentos, además que se sobaja la ética, para el beneficio personal o de unos cuantos. Esta acción ilegal ocurre mientras se cuenta con información privilegiada o con la posibilidad de acceder a los beneficios mediante alguna “palanca”.
¡Cuánto daño le ha hecho a nuestra sociedad leonesa que los actos de corrupción estén en prácticamente todos rincones de este gobierno!
Y no hace falta solo un botón pues casos donde las dudas son muchas y las respuestas son pocas, se descubren todos los días en este gobierno.
Por ejemplo la pérdida de 2 mil metros del Parque Chapalita que tras la omisión -que también es corrupción- pasaron a manos de particulares cuando era un espacio público.
O qué decir de ese fallido proyecto de bicicletas públicas donde se utilizaron 7.7 millones de pesos para la generación de una infraestructura que está en desuso y prácticamente vandalizada.
También la ocurrencia de una ciclovía emergente y que, a final de cuentas, no logró ser más que un hoyo donde se depositaron 1 millón 800 mil pesos de los recursos de la ciudad.
Mientras Sapal ha operado como un gobierno paralelo donde consejeros y funcionarios, han hecho los negocios de su vida. No han tenido reparo en saquear al organismo de agua al que, miles de leoneses pagan su recibo so pena de quedarse sin servicio.
Negocios con el internet en las orugas, con la Feria de León, la destrucción del entorno ecológico para la generación de negocios inmobiliarios, negocios con el presunto “transporte público” que es más bien un negocio privado que no se ha cansado de recibir el subsidio gubernamental sin ningún beneficio para los usuarios.
Con esa tendencia este gobierno, que ha sido omiso en el cuidado de los recursos de las y los leoneses, abre la puerta y la ventana para el llamado “Año de Hidalgo”.
Esa tradición en la política mexicana corrupta de los años 70 y 80 hoy está más vigente en León, no es una suposición, sino es la tendencia de los hechos y los actos.
Temas siguen abundando: la pérdida del estadio León y la insistencia para que se repare el daño con recursos públicos. Una omisión que costaría 800 millones de pesos y que desde hace mucho hemos advertido como una estrategia que se avizoraba.
La constitución de redes para lograr beneficios con la obra pública, el pago de las luminarias e, incluso, no descarte usted que en el vivero municipal, el zoológico y hasta en los estacionamientos y baños públicos, esté la marca de la ilegalidad.
Amable lectora o lector, estas situaciones aquí expuestas no son acusaciones en ocurrencias. Se tratan de las evidencias que este gobierno no ha logrado aclarar y que solo pretenden responder denostando a quienes piden una explicación.
¿Por qué no hay una transparencia total del gasto público?, ¿Por qué los consejos ciudadanos son ocupados solo por los mismos ciudadanos?, ¿Por qué no existe una verdadera vocación por el servicio público?, ¿Por qué privilegiar los negocios por encima de privilegiar una mejor calidad de vida?
La omisión también es corrupción y, frente al Año de Hidalgo, nadie debe ser omiso en la responsabilidad de vigilar, fiscalizar, observar y transparentar.
