Guanajuato, Gto., a 13 de junio de 2023.– En mesa de trabajo, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizaron tres iniciativas de reforma que buscan suspender los derechos de quienes tengan el carácter de deudores alimentarios o violentadores y pretendan ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
La magistrada del Poder Judicial del Estado, Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, señaló que los objetivos de las reformas son legítimos, pues además de que vigilan las cualidades de las personas que pretenden acceder a un cargo público, protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes; a la par de que contribuyen a frenar la desigualdad estructural que históricamente ha afectado los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, Carolina Gasca Arriaga, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y Luis Alberto Estrella Ortega, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, coincidieron en que la reforma es necesaria en tanto que representaría un beneficio para los grupos vulnerables antes mencionados.
En la mesa de trabajo se informó que con las reformas Guanajuato añadiría un requisito de elgibilidad para que quienes hayan sido condenados por ejercer violencia política en contra de las mujeres no puedan ocupar candidaturas a cargos de elección popular por 36 meses.
Al respecto, tanto Carlos Manuel Torres Yáñez, representante de la Coordinación General Jurídica del Estado, como Isis Nevai Albarrán García, del Tribunal Estatal Electoral, señalaron la necesidad de analizar la duración de la suspensión de este requisito con el objeto de que sea acorde con las sanciones que les impongan las autoridades jurisdiccionales.
La diputada Susana Bermúdez Cano explicó que la temporalidad de 36 meses deberá ser analizada por parte de las personas que integran la comisión con base en la proporcionalidad de las conductas; en concordancia la magistrada Amezcua Rodríguez indicó que dicho período es adecuado porque va en consonancia con las fechas de elecciones; en complemento, Estrella Ortega propuso plasmar dicho punto en las consideraciones del proyecto de dictamen.
Por último, se instruyó la generación de un proyecto de dictamen que considere las tres iniciativas que refieren a la suspensión de derechos y deudores alimentarios.
A la reunión acudieron la diputada Susana Bermúdez Cano (presidenta), Briseida Anabel Magdalena González, Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Yulma Rocha Aguilar; así como el diputado Gerardo Fernández González.
Todos ellos acompañados por personal de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado; el Poder Judicial del Estado de Guanajuato; la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.
