Guanajuato, Gto., a 19 de abril de 2023.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó dos mesas de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios y la propuesta de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Ampliación de licencia de paternidad
La primera iniciativa puesta a discusión fue la referente a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de ampliar la licencia de paternidad a 15 días hábiles.
Al hacer uso de la voz, Luis Alberto Estrella Ortega, perteneciente a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, señaló que el incremento de los días en la licencia de paternidad es considerado como una ampliación de un derecho social que beneficia no solo a los padres, sino también a la familia de estos. También comentó que se estima como positiva la iniciativa por incidir en la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, transformado los roles y estereotipos tradicionales de madres y padres.
En su intervención, Alfredo Israel Barrón Durán, representante del Tribunal de Justicia Administrativa, coincidió en que el derecho a gozar de una licencia de paternidad debe ampliar su marco temporal, por la razón de promover la igualdad sustantiva y la paridad de género, junto a romper con estereotipos que delegan únicamente a las mujeres a las labores de crianza.
Por su parte, Jorge Luis García Gómez de la Fiscalía General del Estado refirió que la participación de los padres de familia favorecerá un mejor desarrollo en el crecimiento de los hijos, sin embargo se precisó que existen casos particulares que se deben contemplar como lo es cuando se trate de un escenario de adopción.
Para Carmen Lucía Reyes Campos, integrante del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, expresó que la reforma contribuye a la disminución de los sesgos laborales y el fortalecimiento equitativo de las tareas de cuidados; también agregó que la propuesta debe atender el no generar una regresión en el avance, por lo que se debe hacer un análisis de la afectación individual con relación a las implicaciones colectivas de la reforma.
Al hacer uso de la voz, Vicente Vázquez Bustos representante de la Coordinación General Jurídica manifestó que se coincide con el objeto de la iniciativa porque se permite fomentar la observancia de la igualdad sustantiva de la mujer y el hombre, así como cambiar patrones socioculturales en los roles y estereotipos en la crianza de los menores y se tendría un mayor involucramiento en la fase temprana por parte de los padres.
En su intervención, la diputada Briseida Anabel Magdaleno González resaltó la importancia de la propuesta por tomar en cuenta el bien superior del menor, junto a la necesidad de conocer los impactos presupuestarios de las licencias de paternidad otorgadas en los últimos años y el costo estimado por nivel tabular para goce de licencias por paternidad y tener un listado de los empleadores que carecen de información o sean omisos a proporcionar la información de este derecho.
Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano externó que queda pendiente el sentido del dictamen con la finalidad de hacer las modificaciones con base en las opiniones plasmadas en la mesa de trabajo, al igual que solicitar el impacto financiero y las opiniones de instituciones que se relacionan con el tema de adopción de menores.
Violencia política contra las mujeres
La segunda mesa de trabajo analizó la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a fin de establecer como requisitos de elegibilidad el que las personas candidatas no estén condenadas mediante sentencia ejecutoriada por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En su intervención, la magistrada Ruth Alejandra Yáñez Trejo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado señaló que la iniciativa puesta en análisis representa una estrategia legislativa que se adecua a la convicción de que las personas que ocupen cargos públicos sean individuos con conductas dirigidas hacia los valores de respeto a los derechos fundamentales, además de que se atiende la transversalidad de la perspectiva de género.
Al hacer uso de la voz, Carlos Manuel Torres Yáñez, representante de la Coordinación General Jurídica, indicó que se coincide en realizar acciones que prevengan y erradiquen la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos y manifestaciones; asimismo indicó que es importante prever en la norma que la persona que tenga interés en ocupar un cargo de elección popular demuestre que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias o que la cancelación de la suscripción se encuentra en trámite y ponderar la reincidencia en el caso de incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Por su parte, Viviana Cifuentes Adon, integrante del Instituto de la Mujer Guanajuatense, precisó que hace falta analizar en los distintos ámbitos de poder y en las instituciones del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y de los Organismos Autónomos que los funcionarios públicos no tengan la posibilidad de ejercer este tipo de violencia contra las mujeres, al existir la posibilidad de que existan en dichas organizaciones deudores alimentarios o con antecedentes de violencia contra las mujeres ocupando cargos públicos.
Al emitir opinión, Carla Gasca Arriaga, del Instituto Electoral del Estado, comentó que se está de acuerdo con la propuesta, pero que en los supuestos de inelegibilidad se agreguen los casos en la que las personas hayan sido sentenciadas por las autoridades electorales en materia de violencia política en razón de género y que se encuentren sancionadas en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de genero y en su similar del estado de Guanajuato.
Asimismo, Daniel Ricardo Martínez Domínguez, representante del Tribunal Estatal Electoral, dijo que no existe impedimento legal para llevar a cabo las reformas planteadas en a iniciativa, puesto que se encuentra dentro de las facultades y libertad de configuración legislativa del estado de Guanajuato.
En su intervención, la congresista Yulma Rocha Aguilar externó que es indispensable que esta reforma sea aplicable en el siguiente proceso electoral, toda vez que existen antecedentes en otras regiones del país que facilitan al Congreso de Guanajuato tomar una decisión a favor de la propuesta, al igual que es importante ampliar el alcance de la iniciativa a todos los funcionarios públicos y no solo a los cargos de elección popular.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano coincidió con el objetivo central de la iniciativa, indicando que cada uno de los comentarios recogidos en la mesa de trabajo será tomado en cuenta para crear una normativa más completa por lo que se tendrá que esperar al análisis de las opiniones mostradas para indicar el sentido del dictamen.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano, Laura Cristina Márquez Alcalá, Briseida Anabel Magdaleno González y Yuma Rocha Aguilar, en compañía de los asesores de los distintos grupos parlamentarios y personal de las distintas áreas del Congreso.
También estuvieron presentes representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Instituto Estatal Electoral, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Tribunal Estatal Electoral, de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de la Mujer Guanajuatense.
