Guanajuato, Gto., a 12 de junio de 2023.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que pretende sancionar con la suspensión de sus derechos políticos, electorales y civiles a quienes hayan sido encontrados, por resolución judicial firme, como violentadores de otras personas.
Al hacer uso de la voz, Emmanuel Jaime Barrientos, representante del Partido Acción Nacional, señaló que es fundamental que los violentadores señalados en procesos administrativos por autoridades electorales también les sea limitada su participación y así se permita que las mujeres participen de manera libre y real en la política.
Por su parte, Claudia Gabriela Estrada de la Cruz, miembro de MORENA, indicó que no se encuentran observaciones relevantes, al coincidir en que se garantice la idoneidad de los aspirantes y de los futuros gobernantes.
Al emitir opinión, Paulo Edgar Ramírez Noguez, del Partido Revolucionario Institucional, externó que es adecuada la propuesta, sin embargo precisó que la temporalidad de no poder registrarse por 36 meses pudiese traer algunos inconvenientes que puede ser excesiva e ir más allá de los límites constitucionales lo que conllevaría a tener una norma inconstitucional o pudiera ser considerada como mínima dependiendo de cada caso específico de violencia de género que se esté sancionando.
Para Norma López Zúñiga, representante del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa manda un buen mensaje a la ciudadanía por la búsqueda de un favorable impacto social, sin embargo, argumentó que en la propuesta no se menciona la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos siendo conveniente incluir en dicha norma causales que atenten contra las mujeres.
Asimismo, Mauricio Cordero, miembro de Movimiento Ciudadano, dijo que desde su grupo se está de acuerdo con la iniciativa por el beneficio de la población guanajuatense y de las mujeres de la entidad.
Finalmente, la diputada Susana Bermúdez Cano refirió que las sanciones en materia electoral no conllevan la garantía del arrepentimiento de las conductas reprochadas siendo importante que el legislador establezca un margen de temporalidad que permita valorar que el infractor ya no cometerá conductas violentas. Agregó, que la fijación de la temporalidad es de la libre configuración del legislador local toda vez se cumpla con los requisitos de razonabilidad y de no discriminación.
En la reunión estuvo presente la diputada Susana Bermúdez Cano; acompañada por representantes del Partido Acción Nacional, MORENA, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano.
