Guanajuato, Gto., 2 de abril.- La Comisión de Justicia se reunió este día con representantes de la Coordinación General Jurídica, de la Fiscalía General y del Instituto de Acceso a la Información Pública a fin de revisar lo relativo a la implementación de aparatos biométricos en casas de empeño y chatarreras.
Dicha propuesta surge de la iniciativa de reforma a la Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios; y de la Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores de Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje, para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Raquel Barajas Monjaraz, titular de la Coordinación General Jurídica, señaló que con la propuesta se busca desincentivar diversos actos delictivos y que está orientada a la prevención. Además, comentó que con el aviso de privacidad se salvaba lo relativo a protección de datos personas, y se atendió el tema de los derechos ARCO.
Por su parte, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña señaló que dentro de los datos sensibles estaban incluidos los genéticos y biométricos, y que el tratamiento debía darse con total exactitud, ya que un mal uso de esos podría atentar contra a la integridad y la vida misma de una persona.
En ese sentido, apuntó que el aviso de privacidad que presenten los establecimientos en comento deben ser tanto los simplificados como los integrales y estar homologados; que debía señalar la forma en cómo se realizará el tratamiento de los datos y que se hará la transferencia a la Fiscalía General; que se tenía que contar con una solicitud de conocimiento expresa del titular de los datos; que la transferencia de datos se debe hacer de manera concreta y bien señalada; que el uso correcto de los datos lo vigilaría el INAI y el IACIP tendría que hacer verificaciones permanente sobre el uso y tratamiento de los mismo; entre otros aspectos.
En su intervención, Elizabeth Durán Isaís, coordinadora general jurídica de la Fiscalía General, externó que en lo general coincidía con la iniciativa, sin embargo, dijo, temían la expectativa que se podía generar; en qué momento se iban a dar la autorización judicial que planteaba la iniciativa; y que se debía establecer la obligación de los establecimientos para hacer el refrendo anual.
El diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas refrendó el apego irrestricto a los derechos humanos y protección de datos personales que tenían, y que se tenía que poner el centro de atención en una perspectiva de prevención social ya que, dijo, era fácil poner en diferentes comercios los bienes que son robados.
La diputada Vanessa Sánchez Cordero indicó que en lo general estaba de acuerdo con la iniciativa planteada y cuestionó qué pasaría si las personas no firmaran el consentimiento de uso de datos personales.
Mientras que, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo indagó sobre por qué tenían que comprar los dueños de los establecimientos los aparatos biométricos si era obligación del estado la seguridad, quién haría las visitas de verificación y auditorías, las medidas para garantizar el debido uso de los datos personales, entre otras cosas.
La legisladora Jéssica Cabal Ceballos se pronunció por que se revise el perfil que debe cubrir la personas o personas que se encarguen de recabar y dar tratamiento a los datos personales, por la delicadeza de los datos y el temor que vaya a parar a manos de la delincuencia.
En su participación, la congresista Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que con esta iniciativa se busca fortalecer instituciones en aras de mejorar la seguridad, y que se había ido solventando las inquietudes de que se encontraran debidamente preservados los derechos humanos.
En una segunda intervención, la diputada Vanessa Sánchez Cordero solicitó información sobre si ha sido útil o no el reporte que las casas de empeños y chatarreras deben enviar a la Fiscalía General para resolver algún delito y si se han detectado artículo robados en estos establecimientos.
El legislador Ernesto Alejandro Prieto Gallardo pidió que la Comisión se pudiera reunir con el asesor legal de los chatarreros de Irapuato y con el propietario del Yonke más grande de la ciudad de León para que compartieran su punto de vista y visión de la iniciativa que se analiza. Al respecto, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá indicó que en lo económico revisaban la fecha para poder llevar a cabo la reunión.
Otros temas
También se radicó la iniciativa por la que se busca crear Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y se aprobó la metodología de estudio, la cual consiste en remitir la propuesta para opinión a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, y la Coordinación General Jurídica, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles para enviar sus comentarios.
Además, se habilitará una liga en el portal de internet para consulta y participación ciudadana, por el mismo plazo, y se pedirá a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas, en estudio de impacto presupuestal.
De igual manera, se acordó que para estudiar la propuesta legal para reformar el Código Penal e incorporar un capítulo relativo al «Uso Indebido de Información y Colaboración Delictiva», el llamado comúnmente “halconeo”, se enviaría para opinión al Supremo Tribunal de Justicia, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Coordinación General Jurídica, quienes contarán con un término 10 días hábiles para remitir sus comentarios. También se subirá al portal del Congreso, para consulta y participación ciudadana, bajo el mismo plazo.
Asuntos generales
La diputada Vanessa Sánchez Cordero pidió se revisará la posibilidad de llevar a cabo una mesa de trabajo con el Fiscal General del Estado, a fin de dialogar sobre la situación de seguridad de la entidad, los avances del programa de procuración de justicia y conocer la estrategia o cómo pueden abonar al tema de seguridad para que regrese la paz y seguridad a los guanajuatenses en el menor tiempo posible.
En la sesión estuvieron presentes la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, Vanessa Sánchez Cordero, Jéssica Cabal Ceballos y Alejandra Gutiérrez Campos; así como el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Los acompañó el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.
Además, participaron María de los Ángeles Ducoing Valdepena, comisionada presidenta del IACIP; Elizabeth Durán Isaís, coordinadora general jurídica de la Fiscalía General, y Raquel Barajas Monjaraz, titular de la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado.
