Agencias.-El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo Federal de la Judicatura (CFJ) investigar a un juez que suspendió la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Juan Pablo Gomez Fierro, titular del juzgado segundo, especializado en competencia económica, concedió un amparo contra la nueva Ley y que extendió a todas las empresas participantes del sector, el pasado 11 de marzo de 2021.
“Si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Juicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, mencionó el político tabasqueño durante su conferencia matutina
El mandatario mencionó que alrededor de los frenos legales actúan personas, organizaciones y empresas afines al “antiguo régimen”, que en función de sus intereses, tenían como modus operandi la “corrupción e influyentismo”.
López Obrador señaló que la empresa española Iberdrola incorporó a su nómina a la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, y al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa.
También a acusó que Claudio X. González Guajardo, hijo del empresario mexicano Claudio X. Gonzalez Laporte, está en contra de la nueva Ley porque su familia tiene acciones en empresas de energía afectadas por los cambios legislativos, y su familia se benefició de la política de privatización impulsada por el gobierno del priista de Carlos Salinas de Gortari.
López Obrador añadió que José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte hasta 2018, legalizó “injusticias de grupos minoritarios o guardó silecio cómplice ante corruptelas y arbitrarierades”.
“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país sigamos permitiendo el abuso y prepotencia bajo la excusa del Estao de Derecho”, agregó el presidente.
Las empresas Eoliatec del Pacífico y Zuma Energía obtuvieron una suspensión temporal por parte de Gomez Fierro para detener los impactos de la nueva Ley, durante la semana pasada.
La reforma a la Ley privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el despacho prioritario de su electricidad mientras restringe la producción de energía por parte de la iniciativa privada.
