Alertadores contra actos de corrupción, deben ser protegidos por Ley: Éctor Jaime

El diputado local Éctor Jaime Ramírez Barba y el coordinador de diputados Juan Carlos Romero Hicks en el Congreso federal.

Ciudad de México, 26 de Junio.- El Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, propuso reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para proteger a quienes alerten o sean testigos de actos de corrupción en los diferentes ámbitos de gobierno.

Ramírez Barba consideró que uno de los grandes pendientes que se tiene en el país, es garantizar los derechos de quienes tienen el valor de denunciar un delito cometido por servidores públicos, puesto que es común que reciban intimidaciones, amenazas o incluso pierdan su empleo.

Recordó el caso de la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn, a quien despidieron de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), después de sacar a la luz el desvío de recursos públicos conocidos como “la Estafa Maestra”, operación en la que dependencias federales “desaparecieron” más de siete mil 700 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto.

Si bien el Sistema Nacional Anticorrupción ha resultado ser un gran avance para el país, Ramírez Barba mencionó que no han incrementado las denuncias de testigos, puesto que se tiene temor a una represalia.

Por ello, dijo, la reforma que propone el Grupo Parlamentario del PAN, establece que de manera inmediata a la presentación de una denuncia, la autoridad otorgue al denunciante las siguientes medidas de protección: asistencia legal, la reserva de su identidad, garantizar su integridad personal, protección de sus condiciones laborales al no poder ser despedido o removido de su cargo a consecuencia de la denuncia, e incluso traslado de área o licencia con goce de sueldo si sufre acoso”.

El legislador guanajuatense señaló que el combate a la corrupción es una tarea de todos, y “tanto servidores públicos como los ciudadanos tenemos la responsabilidad de declarar, al observar actos como el desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, sobornos a funcionarios, o cualquier otra conducta ilegal.