Es un político profesional, pero muy ineficiente como gobernador.
Es un abogado egresado de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón con larga carrera: fue regidor, funcionario estatal, secretario particular de José Francisco Ruiz Massieu, presidente municipal de Chilpancingo, diputado local y senador de la República.
Fue electo en medio del escándalo de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (el 26 de septiembre de 2014), y después de la renuncia del gobernador Ángel Aguirre Rivero (23 de octubre de 2014). Y claro, el mandato de la urnas fue investigar qué sucedió, y castigar a los culpables.
Ni ha investigado su gobierno, ni nadie ha pagado por tan atroz acto criminal. Se escudan diciendo que es un asunto de la Fiscalía General de la República, antes PGR. Pretextan que la “verdad histórica” fue lo que pasó, aunque nadie les crea: elementos de la policía de Igual, tras arrestar a los 43, siguieron instrucciones del presidente municipal Abarca y entregaron a los jóvenes a oficiales de la policía de Cocula. Ellos, a su vez, los entregaron al Cártel Guerreros Unidos, porque trabajaban para la banda contraria, Los Rojos. Los asfixiaron, los incineraron, y las cenizas fueron aventadas en bolsas de plástico al río San Juan.
Con el reciente video, difundido por Noticiero Televisa (en el telediario de Denisse Mearker) donde aparece uno de los detenidos relacionado con la desaparición de los 43, sufriendo tortura, una vez más se pone en entredicho la investigación local y federal.
¿Qué esconden? ¿A quién protejan? ¿Qué intereses hay atrás de todo ésto, que no nos ofrecen la verdad? ¿Cómo es posible que una administración local corra el riesgo de transitar en completa impunidad? ¿A cambio de qué?
Y mientras buscamos las respuestas a todas estas interrogantes, el estado que administra el priísta Héctor Astudillo vive en medio de la tragedia constante: el pasado fin de semana 31 personas fueron asesinadas.
Petatlán (región de la Costa Grande), Taxco, Tlapa, Zihuatanejo, Chilapa, Chilpancingo y Acapulco están sencillamente en llamas.
Los gobernadores tienen ya que asumir su responsabilidad por los altos índices de criminalidad, pero sobretodo tiene que reflexionar Héctor Astudillo que si sigue así de mal, volverá a entregarle a la oposición el poder.
Obviamente Pablo Amílcar Sandoval (el delegado federal), Nestora Salgado (senadora) y Félix Salgado Macedonio (senador) se frotan las manos, porque el fracaso del tricolor es un trampolín para su candidatura, y un dique enorme para su correligionario, Manuel Añorve Baños.
También crece cada día la carrera de los diputados Rubén Cayetano, Manuel Huerta, Abelina López, Javier Manzano, María del Rosario Merlín, Víctor Adolfo Mojica, Araceli Ocampo, Idalia Reyes, Carlos Sánchez, Ma del Carmen Cabrera y Raymundo García Gutiérrez, porque en sus respectivos distritos y circunscripciones electorales, aseguran que Astudillo, no más, no puede.
Las 8 regiones están viviendo una emergencia; Costa Chica, Costa Grande, Centro, Montaña, Norte, Tierra Caliente, Sierra y Acapulco y lo sabe el diputado Rene Juarez Cisneros, que por cierto no participará en la elección para renovar la dirigencia nacional de su partido.
Urge un golpe de timón en la forma de hacer política y de gobernar en Guerrero, donde la gente está cansada de promesas, y no ven en su gobernador a un representante fuerte. Si alguien tiene dudas, lo discutimos en una columna después de las elecciones de 2021.
