El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los gobernadores entrantes que, sin afán de venganzas, auditen a sus antecesores, y denuncien en caso de hallarse irregularidades.
Lo que hizo el titular del Ejecutivo fue darles una orden a los 11 gobernadores electos que protagonizarán la transición política, es decir estados que perdieron el PRD, PAN y PRI y pasarán a manos del movimiento que el encabeza, el de Regeneración Nacional.
Seguirán la instrucción al pie de la letra: en sus discursos de rendición de protesta y toma de posesión, advertirán que iniciarán auditorias y que irán a la cárcel aquellos que saquearon al estado.
Pero más rápido cae un hablador que un cojo: la oferta por más de 25 años del entreno candidato de Macuspana fue acabar con la corrupción, meter a la cárcel a los corruptos y lograr la reparación del daño. Ese fue el mandato de 30 millones de mexicanos.
Pero ni se acabó con la corrupción (prácticamente todas las compras del Gobierno Federal son por adjudicación directa); nadie está en la cárcel por robarse el dinero público y nadie a regresado un solo peso.
Es más, se percibe un acuerdo con el ex presidente Peña Nieto, y la consulta popular para investigar los ilícitos del pasado fue, para decirlo de manera elegante, un fracaso.
Algunos delitos ya prescribieron, y cada día que pasa, prescriben otros. Muchos fueron a las urnas pensando que miles de millones de pesos regresarían de paraísos fiscales, y otros tantos se depositaron en las cuentas de la Secretaría de Hacienda, después de vender las mansiones, aviones, joyas y obras de arte de los “rateros del pasado.”
Pero viene el 2024 y se necesitan algunos personajes en la cárcel, o al menos en entredicho para “jalar votos para su molino.” Los gobernadores serán blanco perfecto de la 4T.
En la mayoría de los casos hay muchísima tela de donde cortar; salvo honrosas excepciones todos, podrían ir a la cárcel.
Se dice que Claudia Pavlovich de Sonora ha dejado muy satisfecho al equipo de transición del gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; y que Silvano Aureoles, antes de pensar si quiera en denunciar la “narco-elección” en Michoacán, advirtió a cada uno de sus colaboradores que respondería si hicieron negocios al amparo del poder. El se siente tranquilo, y podrá demostrar cada peso en sus chequeras, y cada ladrillo de su propiedad.
Pero, quienes deben estar muy nerviosos son: Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur; Javier Corral Jurado de Chihuahua; Nacho Peralta de Colima; Héctor Astudillo de Guerrero; Antonio Echeverría de Nayarit; el Bronco de Nuevo Léón; Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa; Marco Mena de Tlaxcala y Carlos Miguel Aysa de Campeche.
Víctor Castro, María Eugenia Campos, Índira Vizcaíno, Evelyn Salgado, Miguel Ángel Navarro, Samuel García, Ricardo Gallardo, Rubén Rocha Moya, Lorena Cuéllar y Layda Sansores segurián (insistimos) al pie de la letra la orden, y con permiso desde Palacio Nacional, actuarán.
La percepción que hay de la 4T, como gobierno que protege a los corruptos, no retorna dinero robado y no toca ni con el pétalo de una carpeta de investigación a los opositores, podría revertirse con denuncias, persecuciones, capturas y sentencias contra gobernadores opositores al régimen lopezobradorista. Así llegarán con argumentos a los debates presidenciales.
Los primeros serán Ignacio Peralta (Colima), el Bronco (Nuevo León), Marco Mena (Tlaxcala) y Carlos Miguel Aysa González (Campeche).
