San Miguel de Allende, Gto. 6 de octubre de 2022.- Los sanmiguelenses fueron advertidos que serán multados si bloquean los espacios públicos en las calles.
A través de una campaña de liberación de vialidades, se pretende que el Municipio evite que la gente utilice las banquetas y/o cocheras para su beneficio particular.
Los casos detectados como problema van desde apartar el lugar de estacionamiento público con objetos particulares, habilitar su cochera como negocio para vender sus vehículos, invadir las banquetas con sus mercancías, hasta bloquear el paso de la gente al usar la banqueta como taller mecánico.
Las principales acciones sancionables que se establecen en el Reglamento de Tránsito Municipal son vehículos abandonados, zonas de estacionamiento público apartadas, venta de productos o servicios sobre banqueta, uso inapropiado de cocheras e inclusive utilizar la calle como taller de trabajo, entre otras.
El abandono de autos genera «hogares» para personas indigentes y escondites para delincuentes; la venta de autos en vía pública se presta para disfrazar el narcomenudeo; utilizar la calle como taller genera problemas de estacionamiento, contaminación de la calle y de las banquetas por derrame de aceites y grasas.
La intención es evitar que se obstruya el paso peatonal, además de que es parte del cuidado del paisaje urbano, ya que es una obligación municipal al ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad y se tienen que prevenir conductas antisociales como estos casos.
Actualmente hay varios puntos ya identificados en el municipio con esta problemática, principalmente en las calles de ingreso al centro histórico, aunque también ocurre en varias colonias junto al libramiento Manuel Zavala e inclusive las calles principales de algunas comunidades.
Dicha campaña está siendo difundida por la Comisaría municipal de Tránsito y Movilidad, llamada como «Recuperación de Vialidades», donde advierten que estas malas prácticas generan una sanción, que va desde la advertencia para que la gente se abstenga de volverlo a hacer hasta el retiro del vehículo o la mercancía y el pago de multas y servicios generados, como la multa administrativa, el arrastre de la grúa y la pensión en el corralón municipal, además de tener que acreditar ser el dueño de dicho vehículo o comprobar la adquisición de los objetos decomisados.
