Entra el 2025 con las reformas constitucionales, en materia de seguridad pública, que se encaminan a una idea totalmente distinta entre la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la de su antecesor, López Obrador.
Sheinbaum sólo conservará la idea de los abrazos de AMLO, pero en el sentido de atender las causas de la violencia y la inseguridad, “abrazando a los jóvenes”, (pero no a los delincuentes, aunque no los refiera).
La ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva incluye la extorsión, el feminicidio, el homicidio doloso, la delincuencia organizada, la producción, transporte y comercio ilegales de fentanilo, entre otros.
La reforma no ha sido bien vista por la ONU-DH porque presupone un castigo previo, sin considerar la posible inocencia. Pero otros lo vemos como un aviso determinante en contra del crimen organizado.
Este año nuevo también entra con la reforma que crea una “Supersecretaría” para Omar García Harfuch, porque le confiere literalmente el mando y la coordinación en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que incluye la del Centro Nacional de Inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.
Lo positivo para la percepción en materia de seguridad pública del país, es que Claudia, en la persona de Harfuch, arrancó y continúa con acciones directas y no solo palabras, como lo son los operativos Enjambre y el ataque al crimen organizado.
Mientras que en el sexenio pasado se eliminó el Fortaseg, que era el apoyo económico para estados y municipios en materia de seguridad, ahora la reforma contempla recursos federales en ese sentido, pero acota que se deberán usar para ese fin solamente.
El mando en materia de seguridad de la Supersecretaría contempla a las fuerzas federales como son la Sedena y que ahora por ley tiene anexada a la Guardia Nacional, pero debemos agregar a la Semar (Secretaría de Marina).
La seguridad nacional de México está ligada, queramos o no, con la de Estados Unidos por ser nuestros vecinos y todo lo que se haga allá repercute aquí y viceversa.
Más vale una verdadera coordinación entre países y nunca una subordinación, como lo ha dicho Claudia. Es el mensaje a Donald Trump, que inicia su nuevo mandato el 20 de enero próximo.
Con los atentados terroristas recientes ocurridos en Nueva Orleans y en Nueva York, todo el mundo vio y señaló que Trump deberá atender el tema a nivel doméstico antes de emprender acciones contra terroristas de otros países, como pudieran ser los cárteles del crimen organizado en México.
Tamaño problema tiene que resolver también Trump respecto de las masacres que ocurren en su país, porque tan solo en 2024 fueron 585 tiroteos masivos los perpetrados, en los que murieron 711 personas y otras dos mil 363 resultaron heridas.
¿Qué hará el gobierno de Trump respecto del “derecho sagrado” a la posesión de armas de fuego que tienen los norteamericanos y que es una de las causas principales de dichas masacres?
Todo en el tema de seguridad pública se relaciona también con hechos y expectativas que tenemos en el estado de Guanajuato, cuando estamos en la víspera del nombramiento del nuevo Fiscal General que sustituya al ya no sempiterno Carlos Zamarripa.
En unos días (8 de enero) el Congreso local debe tener ya una quinteta de candidatos para enviarla a la Gobernadora, Libia García, de la cual ella elegirá una terna para regresarla a los legisladores y que determinen al ganador.
Las reformas aprobabas por la Legislatura guanajuatense ahora sí permiten cosas que no se podían hacer antes: una, el candidato puede ser una persona nacida (y formada) o no en la entidad; dos, en el cargo durará siete años; y tres, el Gobernador (a) en turno podrá remover de su cargo al Fiscal con la anuencia de mayoría simple del Congreso.
Una nueva era arranca en materia de seguridad en el ámbito internacional (relación con EU), y en los planos regional y estatal, esperando que todo sea para bien.
