Guanajuato, Gto., 8 de noviembre de 2026.- En el ámbito de la desaparición de personas, las tareas de localización y la procuración de justicia no pueden seguir tratándose como un trámite administrativo sujeto al vaivén del personal institucional. Así lo sentenció la diputada Rocío Cervantes Barba al presentar una iniciativa de reforma a la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la que busca prohibir la rotación constante de los agentes adscritos a las fiscalías especializadas y garantizar la continuidad en las carpetas de investigación.
Al hacer uso de la tribuna, la legisladora fue contundente al señalar el desgaste emocional y operativo que sufren los colectivos y familiares directos cada vez que se remueve a un funcionario de su caso: “La búsqueda debe ser permanente, la investigación debe ser continua y la justicia debe ser una obligación del Estado, no una carga adicional para las familias”, afirmó.
Un freno a la burocracia que frena la justicia
Cervantes Barba desmitificó que el cambio de ministerios públicos sea un simple ajuste interno de organización. Explicó que sustituir al personal al frente de un expediente significa, en la práctica, un freno absoluto al acceso a la justicia que obliga a las víctimas indirectas a reconstruir la confianza desde la nada.
“Un cambio de persona significa volver a empezar, explicar nuevamente años de búsqueda, reconstruir desde cero una relación de confianza con la autoridad, volver a compartir información sensible y esperar meses para que conozca el contexto del caso. El problema es que, mientras las instituciones vuelven a comenzar, las familias siguen esperando respuestas”, resumió.
La diputada recordó que los medios de comunicación han documentado casos críticos de madres buscadoras que han lidiado con múltiples agentes del Ministerio Público para una misma carpeta de investigación, fragmentando los avances y diluyendo las responsabilidades.
Contradicción institucional y desperdicio de recursos
Al dimensionar la crisis, la congresista expuso que México registra más de 135 mil personas desaparecidas, de las cuales 5 mil 652 corresponden a nuestra entidad. Frente a este panorama, evidenció una contradicción estructural en el aparato gubernamental: por un lado, el Estado invierte recursos públicos en capacitar y especializar a ministerios públicos, peritos y policías de investigación; por el otro, ese capital humano es reubicado o removido con frecuencia.
Esta falta de estabilidad institucional no solo vulnera la eficiencia de las investigaciones, sino que contraviene los criterios de organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los cuales señalan la permanencia del personal especializado como un factor clave para preservar la memoria institucional.
Una reforma estructural
La propuesta legislativa plantea que la Fiscalía General del Estado (FGE) diseñe de forma obligatoria una política pública orientada a minimizar la rotación de su personal en esta materia, fortaleciendo su permanencia.
Rocío Cervantes reconoció que la reforma no resolverá por sí sola la crisis generalizada de desapariciones en el país, pero defendió que es un paso crucial para subsanar las fallas de origen que retrasan los procesos jurídicos.
“Si las madres no abandonan la búsqueda de sus seres queridos, las y los legisladores tampoco debemos abandonar la obligación de perfeccionar las instituciones competentes”, concluyó.
