Agencias, 5 de noviembre de 2026.- En un operativo conjunto coordinado con agencias de Estados Unidos, autoridades colombianas detuvieron a Luis Benítez Alcántara, juez de distrito del Poder Judicial de la Federación en México. La justicia estadounidense lo requiere en extradición tras acusarlo de aceptar un soborno de 2 millones de dólares para favorecer a la cúpula de una red transnacional de narcotráfico.
De acuerdo con la acusación formal radicada en el Distrito Central de California (Los Ángeles) e impulsada por el FBI, Benítez Alcántara habría utilizado su cargo judicial para ordenar la liberación de Andrew Clark. Clark es identificado por las autoridades norteamericanas como el principal socio de Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense catalogado como uno de los principales proveedores de cocaína para Norteamérica en alianza con el Cártel de Sinaloa.
¿Quién es el juez Luis Benítez Alcántara?
Antes de su detención en el extranjero, Benítez Alcántara se desempeñaba como Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.
En el ámbito nacional, su nombre cobró notoriedad pública al ser exhibido en repetidas ocasiones durante las conferencias matutinas del gobierno federal en la sección “Cero Impunidad”. En ese espacio se le cuestionó por otorgar suspensiones definitivas y amparos a presuntos integrantes de la delincuencia organizada y personajes de perfil alto, situación por la que el Ejecutivo lo incluyó mediáticamente dentro del grupo de juzgadores señalados de beneficiar a imputados mediante resoluciones cuestionables.
Los cargos en Estados Unidos
La investigación desarrollada por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional sostiene que el juzgador incurrió en los siguientes actos:
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Pago millonario: Recibir un soborno de 2 millones de dólares a cambio de otorgar resoluciones de amparo que permitieron la liberación o protección legal de operadores clave.
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Acusación federal: Un gran jurado estadounidense le formuló cargos por actuarse como cómplice después de los hechos, conspiración para obstruir la justicia e interferencia con procedimientos judiciales.
Tras su aprehensión en territorio colombiano, el gobierno de Estados Unidos inició formalmente los trámites para su extradición hacia Los Ángeles, donde deberá comparecer ante una corte federal. En tanto, el Poder Judicial de la Federación no ha emitido pronunciamientos sobre el estatus de sus derechos laborales o procedimientos disciplinarios internos.
