Agencias, 05 de Noviembre de 2026.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar una serie de presuntas irregularidades en contrataciones que suman más de 1,173 millones de pesos. Los expedientes bajo sospecha involucran procesos clave para el organismo, como la fabricación de credenciales de elector y los servicios contratados para la elección del Poder Judicial.
La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que los diez integrantes del Consejo General acordaron instruir a sus equipos jurídicos para estructurar la denuncia formal. El objetivo es que las autoridades federales investiguen a fondo las omisiones, faltas administrativas y posibles delitos en los que hayan incurrido servidores o exservidores públicos.
¿Qué se investiga?
De acuerdo con reportes del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, las anomalías detectadas van desde inconsistencias fiscales en las empresas contratadas hasta la entrega de documentación apócrifa para obtener las licitaciones.
Entre los puntos centrales bajo la lupa destacan:
-
Producción de credenciales de elector: Convenios millonarios donde se identificaron anomalías en las declaraciones presentadas ante el SAT por parte de proveedores.
-
Organización de la Elección Judicial: Procesos de contratación acelerados y con fallas en la supervisión de servicios.
-
Deslinde de responsabilidades: La indagatoria no señalará a personas de forma directa de origen, sino que dejará en manos de la FGR la identificación de culpables. La revisión abarca desde mandos medios y direcciones ejecutivas hasta la gestión de la expresidenta Guadalupe Taddei.
Operación del INE no se detendrá
A pesar del proceso penal en puerta, las autoridades del órgano electoral enfatizaron que la producción de credenciales de elector y los compromisos operativos rumbo a los próximos procesos no se verán frenados ni suspendidos, ya que una cancelación abrupta de contratos generaría afectaciones legales y logísticas mayores.
“Si se derivan investigaciones y hay responsabilidades de cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el instituto, será la autoridad competente quien lo determine”, puntualizó Cruz García, al dejar en claro que el organismo busca transparentear sus finanzas y cerrar el paso a cualquier red de complicidad.
