Guanajuato, Gto., 5 de noviembre de 2026.- Ante los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en su tránsito por Guanajuato, en el Congreso local se presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Protección y Atención de las Personas Migrantes, con el fin de evitar que menores de edad sufran explotación infantil, sean obligados a pedir dinero o terminen reclutados por el crimen organizado.
La propuesta, impulsada por la bancada del PRI y expuesta en tribuna por el diputado Alejandro Arias Ávila, parte de una realidad apremiante: la entidad se ha convertido en un corredor migratorio clave donde la infancia en movilidad queda expuesta a condiciones de alta vulnerabilidad.
El legislador advirtió que es común ver a menores en cruceros, semáforos y espacios públicos pidiendo dinero —en ocasiones impulsados por adultos de su propio entorno—, lo que los somete a peligros como accidentes viales, deshidratación, inclemencias del tiempo y abusos que atentan contra su desarrollo físico y emocional.
¿Qué contempla la reforma?
Para frenar estas prácticas, la iniciativa propone un protocolo de acción rápida entre las autoridades locales:
-
Atención directa: La Secretaría de Derechos Humanos del Estado deberá dar orientación y acompañamiento inmediato al detectar a menores migrantes en situación de riesgo.
-
Alertamiento institucional: La dependencia deberá notificar de inmediato a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como al DIF estatal o a los sistemas municipales correspondientes.
-
Suspensión de abusos: Las autoridades tendrán que actuar de forma coordinada para detener en el acto cualquier actividad que explote a los menores o ponga en peligro su dignidad.
-
Mecanismos de resguardo: Se busca dotar a las instituciones de facultades claras para intervenir, resguardar y proteger a la infancia en movilidad bajo el principio del interés superior de la niñez.
Con esto se pretende coordinar esfuerzos entre el gobierno estatal y los municipios para que la respuesta no se quede en burocracia, sino en una protección efectiva.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado para su posterior análisis y dictamen.
