No basta con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ni con la salida de funcionarios bajo sospecha. La dimisión no es sanción y el relevo de nombres no repara el daño. Si se acreditan conductas ilícitas, debe haber consecuencias administrativas y judiciales. La democracia no puede conformarse con una renuncia como punto final.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una investigación de oficio por indicios de conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Reforma reportó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos: operaciones observadas, no un daño patrimonial definitivamente cuantificado. La precisión importa; investigar no es condenar, pero tampoco puede ser pretexto para la inacción.
La Jornada documentó que empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas obtuvieron al menos 49 contratos del INE y organismos electorales locales, entre 2018 y 2025, por mil 450.4 millones de pesos. El País reportó 853 millones en 21 licitaciones con indicios de competencia simulada. Son montos contratados, no recursos acreditados como desviados. También se reportó una adjudicación directa de hasta 198.7 millones a Cajas Graf y Tol Producciones.
El Financiero documentó contratos de Corporativo Zeg con organismos electorales de 14 estados. Y este 30 de octubre, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, informó que hay 18 expedientes: cinco pasaron a procedimientos de responsabilidad administrativa y 13 siguen en investigación. La pregunta es por qué la respuesta penal no avanza con igual fuerza.
La Contraloría y la ASF deben integrar y remitir hallazgos; la Unidad de Inteligencia Financiera debe seguir las rutas del dinero y la Fiscalía General de la República determinar si hay elementos para investigar delitos federales.
¿Peculado, ejercicio abusivo de funciones, documentación falsa, operaciones con recursos ilícitos o delincuencia organizada? Son hipótesis que exigen pruebas y encuadre jurídico, no etiquetas al aire.
También debe cuantificarse el daño al erario, distinguirlo del valor total de los contratos y procurar la recuperación de recursos. Las sanciones pueden incluir inhabilitación, multas, reparación del daño y prisión si se acredita responsabilidad penal. La prisión preventiva no es consigna: la Constitución la contempla para supuestos específicos, entre ellos delincuencia organizada y ciertos delitos de corrupción. En otros casos debe justificarse ante un juez.
Los primeros en responder ante la justicia deben ser la expresidenta del INE y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, junto con quienes autorizaron, operaron o encubrieron las contrataciones.
Si hubo responsabilidades desde la presidencia de Lorenzo Córdova o antes, que se investigue y se proceda con pruebas. Pero los antecedentes no absuelven a Taddei: su gestión también debe esclarecerse. La renuncia no puede convertirse en inmunidad.
Morena y sus aliados le dieron respaldo político; eso jamás debió significar carta blanca.
Si la red alcanzó a los OPLE, las investigaciones deben llegar a cada entidad y a cada servidor público o particular involucrado. El contralor señaló antecedentes desde 2014; se requiere una revisión integral, no una disputa partidista para repartir culpas. La ciudadanía exige conocer avances, montos observados, denuncias y resultados.
Está en juego mucho más que el prestigio del INE. El instituto organiza el proceso electoral en marcha y deberá conducir la elección del año entrante, cuando se renovarán cargos de enorme relevancia. ¿Con qué autoridad exigirá confianza y certeza si sus contrataciones permanecen bajo sospecha? Sin castigo a los responsables y transparencia, lo que se arriesga no es sólo el dinero público: es la credibilidad del voto.
