La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara es una advertencia que Guanajuato no debe ignorar. Miles de familias han denunciado agua turbia, malos olores y riesgos sanitarios; las protestas crecen mientras las autoridades reconocen deficiencias en la infraestructura, la potabilización y la conducción del líquido. El problema dejó de ser solamente de abastecimiento: ahora compromete la salud pública y la confianza en el gobierno.
Jalisco enfrenta hoy las consecuencias de años de omisiones. Resulta paradójico que, cuando Guanajuato buscaba garantizar el suministro para León mediante el proyecto de El Zapotillo, las resistencias sociales y políticas en Jalisco contribuyeran a frenar aquella solución. Hoy, la zona metropolitana de Guadalajara padece su propia emergencia. No se trata de celebrar desgracias ajenas, sino de comprender que el agua no admite triunfalismos regionales ni decisiones aplazadas.
Guanajuato tiene ante sí el proyecto del Acueducto Solís-León, con una inversión estimada de 15 mil 718 millones de pesos, una conducción de 201 kilómetros y un caudal proyectado de 3 mil 800 litros por segundo. La obra contempla abastecer a León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao, municipios estratégicos para la población y el desarrollo industrial del estado.
Las protestas sociales en contra del Acueducto Solís, ponen en riesgo su realización.
Pero construir un acueducto no equivale a resolver definitivamente la crisis hídrica. ¿Qué ocurriría si las ciudades reciben más agua, pero continúan perdiéndola por redes deterioradas, descargando aguas residuales sin tratamiento suficiente o desperdiciando el recurso en actividades productivas? La experiencia de Guadalajara demuestra que la cantidad no sustituye la calidad ni la buena administración.
Por eso, los municipios beneficiarios deben actuar desde ahora, sin esperar a que el destino nos alcance. Es urgente ampliar el saneamiento, reutilizar aguas tratadas, rehabilitar las redes de distribución y establecer programas permanentes de ahorro. En el campo, la tecnificación del riego resulta indispensable: cerca del 80 por ciento del agua disponible en México se destina a la agricultura, según cifras nacionales que obligan a revisar cómo se utiliza cada volumen.
La responsabilidad también corresponde a las autoridades estatales, federales y a los organismos operadores. Deben fijarse metas verificables, publicar resultados, vigilar la calidad del agua y garantizar que los ahorros obtenidos se traduzcan en beneficios para la población y los acuíferos. A los ciudadanos nos corresponde evitar el desperdicio, pero no cargar exclusivamente con una responsabilidad que también exige inversiones y decisiones gubernamentales.
La esperanza está en que Guanajuato todavía puede prevenir una crisis como la de Guadalajara. El Acueducto Solís-León puede formar parte de la solución, pero necesita acompañarse de una política hídrica integral, sustentable y transparente.
El agua no reconoce fronteras partidistas ni respeta discursos de prosperidad. Prevenir hoy es evitar que mañana las protestas por el agua limpia y suficiente se conviertan en el retrato de un gobierno que llegó tarde..
