Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- En un acto de protesta pública, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y del Frente Amplio de Unidad (FAU) decapitaron y vandalizaron la estatua de bronce del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ubicada en el Complejo Cultural Los Pinos.
El suceso se registró en la histórica Calzada de los Presidentes dentro del reciento cultural. La escultura monumental de Calderón ya se encontraba en el suelo desde julio de 2025, cuando un árbol cayó sobre ella producto de fuertes tormentas registradas en la capital. Aprovechando que la figura permanecía arrumbada sin que las autoridades hubieran procedido a su restauración o retiro formal, los manifestantes ingresaron a las instalaciones y utilizaron herramientas pesadas para cercenar la cabeza del monumento de bronce, golpeando la figura con la propia placa conmemorativa del exmandatario.
¿Por qué lo hicieron?
El acto simbólico responde al rechazo sistemático del gremio electricista hacia el expresidente panista. La manifestación estalló tras la reaparición pública de Calderón Hinojosa y su intervención en el evento político «Foro América Libre». Los inconformes señalaron que el exmandatario es responsable directo del decreto emitido en octubre de 2009 que extinguió a la compañía estatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), acción que dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores y fracturó la estabilidad económica de sus familias. Con este acto, los exprecarizados buscaron expresar un reproche histórico por las políticas de su sexenio, la violencia generada durante su administración y el despido masivo.
Implicaciones legales y posibles delitos
Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado detenidos por los hechos. Sin embargo, en el marco legal mexicano, la acción podría encuadrarse formalmente dentro del delito de daño a la propiedad (en este caso, bienes del dominio público), contemplado en el Código Penal Federal.
No obstante, al tratarse de un bien mueble del Estado que ya presentaba colapso previo y al encontrarse en un espacio público bajo un acto de manifestación social, la calificación jurídica del hecho queda a interpretación de la Fiscalía General de la República (FGR), que tendría que determinar si existió intencionalidad de dolo patrimonial o si se cataloga como un acto de protesta con daño colateral sobre mobiliario público.
