Guanajuato, Gto., 1 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado de Guanajuato comenzó el análisis formal de una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impulsada desde el Ejecutivo estatal y respaldada por la Fiscalía General del Estado.
La propuesta busca modificar el esquema actual de justicia penal para permitir que los gobiernos locales y sus fiscalías tengan facultades legales de investigar, perseguir y procesar delitos vinculados a la delincuencia organizada cometidos en su territorio, una atribución que hasta ahora recae de forma exclusiva en la Federación.
En la mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, sostuvo que la propuesta busca transitar hacia un modelo de colaboración para sumar capacidades ante la alta demanda social de justicia.
El titular del organismo procurador de justicia señaló que las instituciones federales se encuentran rebasadas en su capacidad de respuesta para atender la totalidad del flagelo no por falta de eficacia, sino por la limitación de sus estados de fuerza.
Por su parte, la representación de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo enfatizó que la distancia y la centralización de investigaciones en dependencias con sede en la Ciudad de México dificultan la atención oportuna de delitos que afectan de forma directa el orden público y la economía de las regiones.
La propuesta plantea un esquema de concurrencia y federalismo cooperativo donde las fiscalías locales puedan actuar en su jurisdicción, manteniendo la Fiscalía General de la República el conocimiento de los casos y su derecho de atracción en asuntos de impacto nacional o transnacional.
Dentro del debate legislativo, las posturas de las bancadas parlamentarias evidenciaron matices frente a la viabilidad de la reforma.
Mientras legisladores del bloque oficialista local respaldaron el fortalecimiento de la proximidad y la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades estatales frente a la urgencia de pacificar el territorio, la oposición parlamentaria advirtió sobre la saturación actual que enfrentan las fiscalías locales y el riesgo de diluir la especialización en la persecución de estos delitos, además de señalar los elevados costos presupuestales que requeriría la protección de juzgadores, fiscales y testigos en los estados.
